Ngobes no quieren hidros, ni minas en sus tierras

Cuál fue la verdad de lo que paso un día de protesta en Horconcitos, Chiriquí el día 8 de mayo de 2008 cuando más de un millar de Ngobes bajaron desde sus tierras para hacer una protesta pacífica en la Vía Interamericana.  El video es lo suficiente claro y lo invitamos a verlo.

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Ecologistas marcharon por sus ríos y ecosistemas en peligro

ECOLOGISTAS MARCHARON POR SUS RÍOS Y ECOSISTEMAS EN PELIGRO

Burica Press, David, 29 de junio de 2008.

Aproximadamente 1,500 personas de todos los rincones de la Provincia de Chiriquí y de la Comarca Ngobe Bugle acudieron a la cita ecologista denominada Marcha Verde en defensa de las cuencas hidrográficas de los magníficos ríos que están amenazados por 51 proyectos hidroeléctricos.  También los manifestantes mostraron preocupación por otros temas que pueden tener profundos efectos ambientales negativos como son la venta de las costas e islas y las refinerías de petróleo.

Esta marcha de acuerdo al reconocido Periodista Juan B. Gómez, es un hito en la historia de Chiriquí, donde de manera genuina y espontánea la ciudadanía está denunciando el asalto al que están sometidas las fuentes de agua de la Provincia de Chiriquí. Indicó que la demostración de civismo ambiental de esta marcha hace que sin lugar a dudas Chiriquí sea llamada la altiva por la clase de ciudadanos comprometidos que tiene para con las causas que ameritan de mucho valor, civismo y altivez.

Desde las 9:00 de la mañana del sábado 28 de junio centenares de personas fueron llegando a las inmediaciones del Hospital Regional de David, como hormiguitas desde diversos sectores como Paso Canoas, Barú, Sortová, Gariché, Bugaba, Volcán, Dolega, Boquete, Tabasará, Comarca Ngobe Bugle, Chorcha,  San Lorenzo, Gualaca, Río Sereno, Piedra Candela, etc.  También participó una pequeña delegación de la ciudad de Panamá y ciudadanos de diferentes grupos de la urbe chiricana. Todos traían diversas maneras de expresarse tales como cartulinas, telas, pañoletas, sombreros, disfraces, parlantes.  La jornada transcurrió de manera amena y cívica sin ningún tipo de incidentes.

La marcha fue cubierta por todos los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos  residentes en la capital provincial y donde dicha marcha verde mostró una fortaleza admirable dado la naturaleza del problema y empatía hacia esta causa, donde usualmente ni siquiera las personas afectadas toman parte de este tipo de actos cívicos, sin embargo en esta marcha se demostró que las comunidades afectadas y los ciudadanos de la ciudad están en una excelente mancuerna de no permitir que sus ríos sean concesionados y acaparados para medio centenar de proyectos hidroeléctricos planteados en Chiriquí, indicó un vocero de una ONG ecologista capitalina que participó de dicho acto.

Decenas ecologistas adultos mayores y jóvenes tomaron parte de la actividad, como son Raúl Montenegro, Raquel Coba, Demetrio Miranda, Damarís Sánchez, David Samudio, Ezequiel Miranda, Carmen Tedman, Dimas Ortega, Lucho Gerviz, Edidio Bonilla, Jorge Moreno, entre otros.

Por tus hijos y los míos defendamos nuestros ríos; aguas para la vida no para la muerte; Martín Torrijos dónde está, está vendiendo nuestros ríos; y la ANAM dónde está, está vendiendo a Panamá; qué hace Chiriquí en  la calle, defendiendo sus ríos; y así una veintena más de frases coreadas fueron desplegadas a lo largo de la ruta de poco más de tres kilómetros de recorrido que culminó en un mitin cívico cultural que duró una hora después de arribada la marcha al Parque de Cervantes en el centro de la ciudad de David.

Se observó la satisfacción de todos los participantes y organizadores que con sus palabras de despedida en el mitín así lo hicieron saber.

Fotos: Burica Press

Ambientalistas se toman capital chiricana en protesta pacífica

Los “Verdes” se tomaron la capital chiricana…

Junio 28, 2008

Por: Milagros Sánchez Pinzón (Semanario Culturama)
Email: mspinzon@gmail.com

“Tan solo después de que el último árbol sea derribado,
el último pez muerto, el último río envenenado, usted se dará cuenta
que el dinero no se come” (Indígena del Amazonas)

Reflexiones como éstas exhibían las pancartas portadas por las casi tres mil personas (según TVN-Canal 2) que inundaron las principales calles de la ciudad en la Gran Marcha Verde “Por la vida y el agua”, convocada para el sábado 28 de junio de 2008 por todos los grupos ambientalistas de la región.

La protesta pacífica que avanzó desde la Vía Interamericana, a la altura del Hospital Regional de David, culminó en el anfiteatro del Parque de Cervantes, donde se congregaron los manifestantes para plantear sus exigencias a las autoridades encargadas de otorgar las concesiones a los proyectos que atentan contra el equilibrio del ecosistema y reducen con sus acciones las fuentes hídricas de Chiriquí y el país en general.

Estudiantes universitarios y de secundaria, grupos religiosos con sus sacerdotes a la cabeza; niños, jóvenes y adultos de familias enteras; agrupaciones cívicas y delegaciones de los trece distritos: Alanje, Barú, Boquete, Boquerón, Bugaba, Dolega, Gualaca, David, Remedios, Renacimiento, San Lorenzo, San Félix y Tolé, unieron sus voces parar corerar:

¿Dónde está Torrijos?… Vendiendo nuestros ríos…

¿Dónde está la ANAM?… Vendiendo a Panamá….

Por tus hijos y los míos… Defendamos nuestros ríos…

Hidroeléctricas para qué…Si la rebaja no se ve.

La disconformidad por el otorgamiento excesivo de concesiones para el establecimiento de hidroeléctricas fue la más evidente en los mensajes plasmados por los manifestantes, en su mayoría vestidos de verde y, que a simple vista, pertenecían a distintas clases sociales.

Ricos y pobres, indígenas, empresarios y profesionales, elevaron su clamor para que el gobierno priorice la calidad de vida de los panameños (sobre todo el abastecimiento permanente de agua para las necesidades básicas) antes que la explotación desmedida de los recursos naturales.

Aunque las agrupaciones ambientalistas citaron en el Parque de Cervantes a todos los alcaldes de la provincia para hacerle entrega del Manifiesto, solamente se presentó el alcalde Boquete, Manolo Ruiz y los representantes de los corregimientos de San Andrés, Luis López; de Rovira, Noriel Morales y de Dolega, Maxi Barría. Para los defensores del ambiente, corresponde a los detentadores del poder la decisión de suspender todos los proyectos que atenten contra la naturaleza y, en directa proporción, contra las formas sustentadoras de vida del panameño.

Fotos siguientes: Eduardo Espinosa (Diario La Prensa)

Vea además: La marcha verde por las aguas y los ríos

Manifiesto al país de los ecologistas chiricanos

GRAN MARCHA VERDE EN DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA Y
LOS RECURSOS NATURALES EN LAREPÚBLICA DE PANAMÁ

“Manifiesto al País”

David, 28 de junio de 2008.

El poder ciudadano, representado en el liderazgo de organizaciones ambientalistas, grupos cívicos y ciudadanos patriotas manifestamos lo siguiente:

1. El despiadado despilfarro y abuso del patrimonio de los panameños: ríos, reservas naturales, reservas minerales, suelos, costas, islas, montañas, terrenos nacionales, manglares y la biodiversidad, ante la actitud indiferente y cómplice de la explotación y saqueo de los recursos antes mencionados, por parte del Gobierno Nacional; cuya responsabilidad recae en el Presidente de la República, Ministros de Estado, Diputados y funcionarios comprometidos bajo la Constitución Nacional, leyes y convenios que salvaguardan y regulan el uso adecuado de los recursos naturales, y además los obliga a garantizar la conservación de los mismos; en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

2. La irresponsabilidad de los gobernantes, autoridades y funcionarios en la administración y cumplimiento de lo estatuido en la Constitución Nacional que rige para todos los panameños sin fueros ni privilegios.

3. El abuso de poder que se les ha dado y tolera a los inversionistas nacionales e internacionales, quienes han recibido concesiones del gobierno para proyectos de hidroeléctricas, minerías, oleoductos, refinerías y el mal llamado turismo residencial destructivo, en complicidad con las entidades gubernamentales, lo que ha causado desplazamiento forzoso de comunidades campesinas e indígenas sin consideración a las mismas: vejándolas en sus más íntimos sentimientos, derechos humanos y de panameños.

4. La riqueza natural (en la que destaca el agua, esencial fundamento de la vida) ha sido concedida, privatizada de manera arbitraria e irresponsable, causando mayor sufrimiento y empobrecimiento. Por consiguiente se está provocando en nuestro país la escasez acelerada de la producción alimenticia, que traerá como consecuencia hambruna y violencia generalizada.

5. La exclusión, por parte del Gobierno Nacional, en el uso de fuentes inagotables de energía limpia – no destructivas — como lo son: la energía solar, eólica, geotérmica, marina. Su explotación industrial, no generaría serios daños irreversibles al planeta, como lo hace la energía hidroeléctrica.

6. Denunciamos y responsabilizamos al Gobierno Nacional, funcionarios, empresarios e inversionistas por cualquier daño moral, emocional, físico, económico u otro, presente y futuro; como resultado directo-indirecto de cualquier acción, intento, que se cometa o pudiera cometerse contra campesinos, indígenas, ambientalistas y organizaciones que luchan por sus Derechos Humanos y protección a la Naturaleza.

Por la paz social, equidad, justicia, conservación de la naturaleza, la vida y el agua, exigimos:

1. Que el Gobierno Nacional de Panamá y otros responsables, detengan y cancelen inmediatamente la construcción presente y futura de todo proyecto de HIDROELÉCTTRICAS en la Provincia de Chiriquí y en la República de Panamá.

2. Asegurar agua, no contaminada, para abastecer los acueductos rurales y las potabilizadoras en todo el territorio nacional, en toda época, invierno y verano.

3. Cancelar toda concesión de agua para futuros proyectos hidroeléctricos y otros que atenten contra la seguridad de la vida y la producción de alimentos para los panameños y residentes en el territorio.

4. Asegurar la autosuficiencia en el uso de las energías alternas (solar, mareomotriz, energía del viento, geotérmica, biomasa etc.) para la construcción de futuros proyectos – de cualquier tipo— que se pretenda instalar en la Provincia de Chiriquí y en la República de Panamá.

5. Vigilar para que los proyectos de todo tipo, incorporen una planta para el tratamiento de aguas residuales.

6. Igualmente rechazamos y exigimos el cese de todo tipo de proyecto que contamine el ambiente y atente contra la salud humana, como lo son los proyectos para la exploración y explotación minera, proyectos de refinería, de petroleras y el mal llamado turismo residencial.

7. Reclamamos, al Gobierno Nacional del Señor Martín Torrijos Espino, respeto a los derechos humanos y constitucionales de los panameños.

Asociaciones Ambientalistas, Grupos Cívicos y patriotas de la Provincia de Chiriquí y la República de Panamá.

C. c.

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP),Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Ministerio de Comercio e Industria (MICI). Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Panameño de Turismo (IPAT), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), BANCO NACIONAL., BANCOS Y FINANCIERAS PRIVADAS, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), OILWATCH Internacional, Greenpeace Internacional, Organización Panamericana de Salud (OPS), Instituto Indigenista Americano, Indian Law Resources, Organización Interamericana de los Derechos Humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión para los Derechos Humanos en Centro América – (CODEHUCA), Federación Internacional de Derechos Humanos – (FIDH), Corte Internacional de Justicia (CIJ), Organización de los Estados Americanos, Banco Mundial, Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano Desarrollo (BID), Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura –UNESCO– Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP) – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) -Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) – Fondo Monetario Internacional (FMI), Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, Dependencia Común de Inspección (DCI), Coordinadora contra la Represión Policial e institucional (ORREP), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), Brigadas Internacionales de Paz, La Iglesia Católica, La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, Equipos NIZKOR, Centro de Comercio Internacional (CCI), Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas (CINU), Grupos de apoyo a ONGs, Acción Ecológica, Grupo ADELA; OILWATCH Mesoamérica y otros Organismos Internacionales, medios de comunicación nacional e internacional.

Dado a los 28 días del mes de junio de 2008, en el anfiteatro del Parque de Cervantes Saavedra, en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá.

CIDH abre caso de denuncia de violación a los derechos humanos en Panamá

Miembros de la La Comisión Interamericana de Derechos Humanos/Foto Archivo.

Redacción de la Estrella Online
online@estrelladepanama.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido “abrir el caso” de violación a los Derechos Humanos a los ciudadanos Ngobes del Río Changuinola, por parte del Estado Panameño. Los indígenas están siendo desalojados de manera forzosa y con coacción de sus territorios, con tal de permitir la construcción de un juego de tres represas en el Valle de dicho río por parte de AES Corporation (AES Panamá y AES Changuinola en Panamá).

Hasta el momento la CIDH ha considerado que en Panamá los demandantes han agotado las instancias jurisdiccionales sin una respuesta que defienda los derechos humanos de los Ngobes asentados en estas áreas protegidas de Panamá.

Esta petición fue presentada por Cultural Survival, una organización sin fines de lucro de Cambridge, Massachusetts, EE.UU., que promueve los derechos, voces y visiones de pueblos indígenas alrededor del mundo, y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización panameña sin fines de lucro, que ha trabajado con las comunidades indígenas ngöbe en Bocas del Toro, Panamá, por varios años.

Asalto del gabinete al Archipiélago de Bocas del Toro

Esta nueva Resolución de Gabinete es violatoria de la Ley de Urbanismo que define cómo y quienes intervienen en el ordenamiento territorial de una municipalidad.  Además esta política supuesta promoción turística, si la fuera requiere por Ley una evaluación ambiental estratégica que defina el impacto de tal política.

Esta Resolución le quita de facto el derecho al Municipio de Bocas del Toro la potestad constitucional y legal de ordenar su territorio.

Es una resolución de gabinete típica de países corruptos, donde impera el interés privado por el interés nacional.  Prácticamente alguien con intereses e influencias en Palacio están asaltando al Archipiélago de Bocas del Toro.

El señor Presidente sabe de toda esta corrupción y es parte por acción y omisión.  La peor corrupción es la del uso del gobierno para hacer leyes en nombre del Estado para favorecer propios intereses.

El gobierno actual no quiere dejar un sólo recurso libre para los panameños en Bocas del Toro.  Qué barbaridad!

Burica Press

He aquí la resolución de gabinete de marras.

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RESOLUCIÓN DE GABINETE No. 95

(de 18 de junio de 2008)

Que declara Área de Desarrollo Especial para su aprovechamiento turístico, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro

EL CONSEJO DE GABINETE,

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones, establece que el Consejo de Gabinete, por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Panameño de Turismo, podrá declarar como áreas de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, las áreas del territorio insular que reúnan especiales condiciones para la atracción turística, en atención a lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, siempre que la inversión por realizarse, aparte de su impacto económico, garantice la generación de un número de empleos significativos para el área;

Que, mediante la Resolución de Gabinete No.41 de 13 de febrero de 1996, se declaró constituida en Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional el área denominada Zona 2, Bastimentos;

Que, desde la declaratoria de dicha área como Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional, no se ha logrado fomentar el desarrollo de facilidades e infraestructuras turísticas en toda la región del Archipiélago de Bocas del Toro;

Que dentro del Archipiélago de Bocas del Toro existen islas, islotes y cayos, que contienen atractivos y recursospatrimoniales, a partir de los cuales se pueden fomentar importantes desarrollos turísticos, teniendo como premisa el desarrollo de productos de ecoturismo, bajo criterios de desarrollo sostenible;

Que las zonas turísticas distinguidas en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, entre ellas la Zona 2, Bastimentos, así como la Región del Archipiélago de Bocas del Toro, reúnen las condiciones especiales para la atracción turística; sin embargo carecen de la infraestructura básica para el desarrollo de dicha actividad;

Que tanto el Instituto Panameño de Turismo, como el Ministerio de Economía y Finanzas, han recomendado al Consejo de Gabinete, conforme al artículo 19 de la Ley 2 de 2006, la declaración como área de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico en la República, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro;

Que es interés primordial del Consejo de Gabinete, la promoción de empleos, el desarrollo económico y la conservación del ambiente;

Que posterior a un análisis técnico y de consultas realizados con otras entidades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Panameño de Turismo, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Educación, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Nacional de Cultura, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y Autoridad de Aeronáutica Civil, se considera conveniente para la adecuada promoción del Desarrollo Turístico, dentro del Archipiélago de Bocas del Toro, la declaratoria como Área de Desarrollo Especial, la delimitación poligonal que a continuación se detalla: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167, Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2, . No 26069 Gaceta Oficial Digital, miércoles 25 de junio de 2008 1

RESUELVE:

Artículo 1. Declarar Área de Desarrollo Especial para su Aprovechamiento Turístico en la República de Panamá, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro, localizado dentro del siguiente polígono: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167 Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2 .

Artículo 2. Los proyectos que se realicen en el área declarada de desarrollo especial, se ajustarán a las políticas del Instituto Panameño de Turismo y del Ministerio de Economía y Finanzas, y se  implementarán dentro de las áreas específicas determinadas para tal efecto, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial para Áreas de Desarrollo Urbano, que se elabore para tal efecto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 3. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Panameño de Turismo establecerán, en conjunto con las entidades competentes, un plan de monitoreo que involucre sendas inspecciones a todos los proyectos que se realicen en el área, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones y plazos pactados en los contratos correspondientes, acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 4. Esta Resolución reconoce la existencia de áreas anexas insulares establecidas en la Ley 10 de 1997, siempre que éstas hayan sido aceptadas por las comunidades indígenas a través de los organismos tradicionales locales y comarcales. En aquellas tierras comunales con una población de más de trescientos indígenas y no descrita en la Ley 10 de 1997, se aplicarán los criterios de derechos posesorios ejercidos previos a la Ley 2 de 2006, sin perjuicio de la declaratoria de tierras colectivas basadas en la propiedad colectiva indígena.

Artículo 5. El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, declarado área protegida mediante Resolución No.022-88 publicada en la Gaceta Oficial No.21,129 de 6 de septiembre de 1988, con una superficie de trece mil doscientas veintiséis hectáreas (13,226 ha.) queda excluido de la zona de desarrollo especial para aprovechamiento turístico establecida en la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 6. Las áreas urbanizadas, según los parámetros establecidos en el artículo 16  del Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006, identificadas en la zona de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, quedan excluidas de la aplicación de la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 7. La expresión gráfica de las áreas excluidas en los artículos 5 y 6 que anteceden, quedan debidamente establecidas en el Mapa Temático PRONAT No. 1, que contiene una representación gráfica del Plano No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008, y ambos forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 8. Esta Resolución empezará a regir desde su aprobación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de la Ley 2 de 2006, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006 y la Ley 10 de 1997.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 18 días de mes de junio de dos mil ocho (2008).

MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República

El Ministro de Gobierno y Justicia,

DANIEL DELGADO-DIAMANTE

El Ministro de Relaciones Exteriores,

SAMUEL LEWIS NAVARRO

El Ministro de Educación, SALVADOR A. RODRÍGUEZ G.

El Ministro de Obras Públicas,

BENJAMÍN COLAMARCO PATIÑO

La Ministra de Salud,

ROSARIO TURNER MONTENEGRO

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral,

EDWIN SALAMÍN JAÉN

La Ministra de Comercio e Industrias,

CARMEN GISELA VERGARA

El Ministro de Vivienda, GABRIEL DIEZ P.

El Ministro de Desarrollo Agropecuario,

GUILLERMO SALAZAR NICOLAU

La Ministra de Desarrollo Social,

MARÍA ROQUEBERT LEÓN

El Ministro de Economía y Finanzas,

HÉCTOR E. ALEXANDER H.

El Ministro para Asuntos del Canal,

DANI KUZNIECKY

DILIO ARCIA TORRES

Ministro de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gabinete.

Fuente oficial: Gaceta Digital Oficial No. 26069, miércoles 25 de junio de 2008.

CIDH abre caso de denuncia de violación a los derechos humanos en Panamá

CIDH abre caso de denuncia de violación a los derechos humanos en Panamá

Burica Press, Panamá, 26 de junio de 2008.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido “abrir el caso” de violación a los Derechos Humanos a los ciudadanos Ngobes del Río Changuinola, por parte del Estado Panameño, ya que están siendo desalojados de manera forzosa y con coacción de sus territorios, con tal de permitir la construcción de un juego de tres represas en el Valle de dicho río por parte de AES Corporation (AES Panamá y AES Changuinola en Panamá).

Hasta el momento la CIDH ha considerado que en Panamá los demandantes han agotado las instancias jurisdiccionales sin un respuesta que defienda los derechos humanos de los Ngobes asentados en estas áreas protegidas de Panamá.

Esta petición fue presentada por Cultural Survival, una organización sin fines de lucro de Cambridge, Massachusetts, EE.UU., que promueve los derechos, voces y visiones de pueblos indígenas alrededor del mundo, y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización panameña sin fines de lucro, que ha trabajado con las comunidades indígenas ngöbe en Bocas del Toro, Panamá, por varios años.

La presente petición está hecha en nombre de varias comunidades indígenas ngöbe, totalizando aproximadamente 5 000 personas que viven a lo largo del río Changuinola, en el distrito del mismo nombre.  Las comunidades sufren violaciones de sus derechos garantizados por los Artículos 5, 7, 13, 21 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como resultado de la concesión que el gobierno de Panamá dio a AES-Changuinola, una compañía privada, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

Foto: ACD. Policías armados en tierras indígenas para que no impidieran la toma forzada de sus tierras.

Antes de interponer el amparo, miembros de la comunidad ngöbe hicieron numerosos intentos de buscar reparaciones a sus derechos dentro de Panamá, inclusive ante algunos órganos ministeriales responsables por la protección de los pueblos indígenas de Panamá: el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Defensoría del Pueblo.  Estas comunidades ngöbe también han pedido ayuda a las autoridades gubernamentales responsables de la adjudicación de concesiones a AES-Changuinola: la Autoridad Nacional de Servicios Públicos y la Autoridad Nacional del Ambiente.  En todas las instancias, las peticiones de los ngöbe han sido ignoradas o rechazadas, alegando que el ministerio o entidad no posee autoridad para examinar quejas de individuos o de pueblos indígenas contra AES-Changuinola.

Dado el retraso de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en determinar si el amparo es admisible – mucho menos tomar una decisión al respecto – y la clara urgencia de intervención en este asunto para evitar posibles daños irreparables, los peticionarios respetuosamente sostienen que no resta ningún recurso efectivo en Panamá para las comunidades indígenas ngöbe.

Hasta el momento el gobierno de Panamá ha presentado una respuesta, sólo a las medidas precautorias solicitadas. Al parecer la respuesta ha sido muy breve aduciendo que no habría un daño irreparable si se continúan construyendo las represas en las áreas protegidas y territorios indígenas de Panamá dado su largo período de construcción y que el gobierno ha previsto disposiciones adecuadas para reubicar a las miles de personas Ngobes afectadas.

Sin embargo, Cultural Survival y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, han indicado que existen suficientes evidencias jurídicas y testimoniales para que la CIDH adopte las medidas cautelares solicitadas. Argumentan que los daños causados a los Ngobes son evidentemente irreparables, ya que no sólo implican desarraigo de tierras, sino un cambio forzado de valores culturales y formas de vida.

La denuncia ante la CIDH se realizó el 7 de marzo de 2008 y luego de varios meses de investigaciones preliminares la CIDH ha admitido para investigación profunda estas serias denuncias de violación a los Derechos Humanos de pueblos indígenas so pretexto de obras de desarrollo para el país.

Entre las medidas cautelares que tendría que acatar el Estado Panameño están las siguientes:

1.  Restitución

• Debe declarar nulos e inválidos los acuerdos hechos entre AES-Changuinola y jefes de familia ngöbe individualmente y restablecer la posesión pacífica de todas las tierras y otras propiedades a cada ngöbe y a la comunidad como un todo.
• Debe restablecer una entidad confiable e independiente para investigar las violaciones de derechos humanos contra los ngöbe individualmente y como comunidad, cometidos entre diciembre de 2005 hasta el presente, proporcionando las reparaciones para tales violaciones.
• Debe establecer una entidad confiable e independiente con capacidad técnica para investigar daños ambientales causados por el proyecto de la represa hasta el presente, y reparar los ambientes degradados por causa de las carreteras en construcción.

2.  Compensación

• Debe compensar todas las violaciones que no puedan ser restituidas, incluyendo daños morales y pecuniarios resultantes de detenciones y arrestos injustos; daños irreparables a la propiedad y el ambiente, y sufrimiento, humillación y dolor.

3.  Guarantías de no repetición:

• Debe efectuar un EIA y un Análisis Ambiental Estratégico, para asegurar que proyectos futuros sean consistentes con la protección de tierras, recursos y el ambiente de los ngöbe.
• Debe investigar, demarcar, y nombrar todas las tierras indígenas antes de iniciar negociaciones para proyectos de desarrollo en esas tierras.
• Debe adoptar leyes que aseguren que todas las tierras indígenas sean protegidas de usurpación a menos que las comunidades indígenas hayan participado del proceso de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, que les permite dar su consentimiento libre, previo y bien informado sobre el desarrollo de represas hidroeléctricas en sus territorios.

Conmemoran creación del Parque Nacional Volcán Barú

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACION DE LA BIOSFERA

CONMEMORACIÓN DE LOS 32 AÑOS DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN BARÚ (PNVB)

Hoy, al celebrarse los 32 años de la creación del PNVB mediante Decreto Ejecutivo No.40 del 24 de junio de 1976 y a dos años de haber salvado el PNVB de una destrucción eminente, al detenerse el proyecto carretero denominado “Camino Ecológico”. Todo indicaba que el peligro sobre el área de conservación crítica del Parque nacional Volcán Barú estaba desapareciendo, pero hoy vemos como nuevos destructores están apareciendo con propuestas de destrucción tangibles como son, el aumento de la frontera agrícola, las fincas cafetaleras, la propuesta de carretera a la cima, el aumento indiscriminado de torres de comunicación, que destapa nuevos frentes de problemas ambientales severos como son la fragmentación de los ecosistemas, la alteración radical del hábitat, la magnificación del efecto borde y la contaminación de las fuentes de agua pura. Sin embargo con el apoyo de la ciencia como fundamento y la ética como proceder, seguiremos insistiendo que el PNVB es una de las áreas protegidas de Panamá con mayor riqueza ecosistémica, belleza paisajística y reservorios de agua dulce, que alimenta más de una decena de cuencas y micro cuencas prioritarias para la actividad productiva de la Provincia de Chiriquí y por ende del país.

Foto: BDPanamá. Cima del Volcán Barú, sector noroeste. Parque Nacional Volcán Barú

Este valioso recurso que ha sido salvado en más de una ocasión por esfuerzos colectivos de la sociedad panameña y la comunidad científica nacional e internacional, es hoy por hoy un símbolo de sabiduría de la administración del estado a finales de la década de los 70, que protegieron legalmente, de cara a las futuras generaciones. Hoy de incalculable valor de conservación a pesar de ser un área protegida de tan solo 14,000 hectáreas. Tan importante y única es su riqueza que este parque es una de las principales áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá.

La unión física y clave para mantener la biodiversidad y la dinámica ecosistémica a través de centenarios bosques nubosos con el Parque Internacional La Amistad hace que la lucha que ha llevado a cabo la sociedad panameña especialmente los ambientalistas rinda frutos positivos en la elevación de la moral y el conocimiento ambiental a todos los niveles de edades.

Hoy cabe señalar que para la toma de decisiones se hace eminente que para todos los proyectos que se considere como desarrollo en las áreas de influencia del las áreas protegidas legalmente se tome en consideración la Evaluación Ambiental Estratégica y que sean realmente sometidas al escrutinio público.

Agradecemos también a las miles de personas científicos y activistas ambientales nacionales e internacionales que se preocupan día por día por los desastres ambientales que alteran nuestro entorno y que se atreven a ejercer el poder ciudadano para denunciar y combatir los desnaturalizados proyectos violatorios de leyes, decretos y acuerdos internacionales de los que Panamá es signatario.

Finalmente agradecemos de manera muy especial a los periodistas y medios de comunicación por haber elevado el nivel de conocimiento, la moral y cultura ambiental que hoy por hoy tiene nuestro país.

Boquete, Chiriquí, 24 de junioi de 2008

Inicia división Ngobe sobre proyectos en la Comarca

ANTAGONISMO. Cuestionan legitimidad de líderes Ngöbe.

Los proyectos de la discordia

Indígenas se oponen a una serie de proyectos como medida de protección del medio ambiente.Otro grupo argumenta que el desarrollo de obras traerá beneficios económicos para la región.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Ney Castillo

Protestas. El movimiento contra los proyectos en la comarca lleva años luchando en las calles.1047271

Ney Abdiel Castillo
ÑURÜM, Ngöbe Buglé.

En la comarca Ngöbe Buglé se escuchan criterios encontrados sobre los proyectos hidroeléctricos, los mineros y turísticos. Están los que se oponen, pero también hay quienes están a favor.

Los que están en contra mantienen un firme movimiento que plantea el rechazo por el temor a la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de las poblaciones indígenas, mientras que los a favor conforman un naciente grupo que expone como justificación a los proyectos las oportunidades económicas.

Este enfrentamiento llega hasta las autoridades comarcales que han tomado caminos distintos: El cacique general, Máximo Saldaña, está a favor de los proyecto siempre que se cumpla con ciertas condiciones sobre el cuidado del medio ambiente, mientras que el presidente del Congreso General, Pedro Rodríguez, está en contra, de plano.

El enfrentamiento llega a poner en duda la legitimidad de los líderes. Saldaña argumenta que el congreso general del 11 de marzo de 2006, que eligió a Rodríguez, fue anulado.

Rodríguez a su vez plantea que en ese mismo congreso se emitió la resolución número uno a través de la que se rechaza toda actividad minera e hidroeléctrica en la comarca y se desconoce la autoridad del cacique Saldaña.

Pero estas posturas encontradas generan polémica más allá de las simples discusiones, pues se han registrado retenciones, quema de vehículos, empujones y hasta persecuciones.

También hay un incontable número de protestas que se han escenificado en las calles por ambos grupos; muchos de estas culminaron en enfrenamientos con las autoridades.

Bernardo Jiménez, comisionado de derechos humanos del Congreso General Ngöbe Buglé, comentó que ninguno de los proyectos tiene la aprobación de las autoridades de la comarca.

Pedro Rodríguez estimó que la única forma en que se puedan desarrollar proyectos hidroeléctricos o mineros es que la población de la comarca los apruebe a través de un referéndum, y que sea esta consulta pública la que determine el futuro de estas inversiones.

Residentes de La Trinidad piden cese de la violencia

Fermín Franco, morador de La Trinidad, quien está a favor de los proyectos, entregó un comunicado a la Gobernación de Veraguas, a través del cual pide que se suspendan todos los actos de violencia y que reine la paz y tranquilidad.

Apuntó que se está buscando que las opiniones se puedan expresar libremente sin que alguien trate de imponer sus criterios. Dijo que igual continuarán viviendo en las mismas comunidades, por lo que hay que buscar las buenas convivencias, sin necesidad de tomar acciones de violencia.

Explicó que se le está pidiendo a las autoridades que atiendan los llamados, para evitar derramamientos de sangre innecesarios, que más que ayudar, perjudicarán la vida en la comarca.

Burbuja inmobiliaria comienza a desinflarse

Factores externos impactan en el sector inmobiliario Venezolanos y los norteamericanos figuran como los mayores compradores

El precio por metro cuadrado asciende a 3 mil 600 dólares en las zonas exclusivas. /Foto Edward Ortíz

Johanna M. Camargo
jcamargo@estrelladepanama.com

El barril del crudo alcanzó ayer los 138 dólares, luego del incremento de las tensiones en el Medio Oriente y los temores por la interrupción de suministros desde Nigeria, que es uno de los mayores productores de petróleo de África.

Estas constantes alzas desencandenan nuevos aumentos en los insumos de la construcción, por ende en los precios de los bienes inmuebles, que llegan a oscilar entre los mil 800 y 3 mil 600 dólares por metro cuadrado en las zonas exclusivas de la ciudad capital.

Pero, no sólo el alza del crudo está impactando en el mercado hipotecario.

La derrota del presidente Hugo Chávez en el pasado referéndum donde el pueblo venezolano dio un rotundo no a la reelección y la crisis económica en los Estados Unidos han afectado de alguna manera las inversiones de los venezolanos y los babyboomers en el sector inmobiliario de Panamá.

Es un mercado variable, pero en los últimos cuatro meses la actividad se ha enfriado, reveló el corredor de bienes raíces, Héctor Chong.
El sector inmobiliario movió el año pasado unos 2 mil millones de dólares .
De acuerdo con Chong los venezolanos se sienten más seguros de que Chávez dejará la silla presidencial, lo que significaría el fin de su proyecto socialista, lo que ha provocado que muchos venezolanos decidan quedarse en su país.

José Boyd, presidente de la Asociación de Promotores y Corredores de Bienes Raíces (acobir), considera que el mercado imobiliario mantiene su dinamismo, sólo que ahora la nueva tendencia apunta hacia la adquisición de locales comerciales, casas de playas y residencias de campo, y los apartamentos como inversión han quedado como segunda opción.

Los venezolanos, estadounidenses, europeos y los canadienses son los mejores clientes inmobiliarios, sostiene Boyd.

“Es una industria que no se está cayendo, no se está acabando, contrario a esto está generando muy buenos resultados económicos para los panameños”, afirma.

En lo que va del año, el 80% de los locales y galeras comerciales han sido comprados por venezolanos y un 20% en el área de apartamentos.

El año pasado los venezolanos adquirieron el 40% de los nuevos apartamentos en zonas más exclusivas del país.
El 60% del total de las ventas de los megaproyectos provienen de extranjeros, el otro 40% de panameños.

Solicitud de ahorro energético era una farsa

ENERGIA

ASEP levanta restricción temporal

REDACCION

PA-DIGITAL

Encienden letreros.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó ayer levantar la restricción temporal que se había aplicado para el uso de los letreros luminosos.

Luego de analizar el comportamiento de las principales represas de las hidroeléctricas Fortuna y Bayano, que elevaron sus niveles para la generación de electricidad con la llegada de la temporada lluviosa, la autoridad reguladora procedió a emitir la Resolución AN No. 18-04 de 17 de junio de 2008 que ordena el levantamiento de la restricción temporal en mención.

Altos funcionarios de la ASEP recordaron que durante le período crítico, se emitieron dos resoluciones relacionadas a los letreros luminosos.

En la primera de ellas, se ordenó un horario para el uso y en la segunda se exigió encenderlos ni de día ni de noche, sin embargo, que se levanta la restricción se exhorta a los usuarios a mantener patrones de ahorro.

La ASEP recomienda a los usuarios adoptar una cultura de ahorro permanente.

Asimismo, las autoridades agradecen los esfuerzos que realizan los usuarios para hacer uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

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En vez de generar más energía con las hidros para aumentar la proporción hidro sobre térmica ahorra de nuevo invocan al derroche para darle cabida a las térmicas.

Todo es un farsa.

Burica Press

Especuladores controlan el mercado del petróleo

Especuladores controlan el mercado del petróleo el mercado del petróleo

Washington, EEUU/ EFE- Los especuladores controlan el 70% del petróleo que se intercambia en la bolsa de Nueva York, reveló una investigación del Congreso de EE.UU., que sopesa medidas para atarles las manos. La presencia de los especuladores ha dado un vuelco al negocio de la compra-venta de crudo, pues en 2000 sólo controlaban un 37% del mercado, según datos que la Comisión Mercantil de Futuros de Materias Primas dio al Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja.

Los futuros nacieron como un mecanismo para que refinerías, aerolíneas y otros grandes compradores de petróleo pudieran firmar contratos a un precio fijo por cierto tiempo y evitar así la volatilidad a corto plazo. Sin embargo, el mercado está ahora dominado por especuladores como fondos de pensiones y bancos de inversión que no llegan nunca a tomar posesión del crudo. Ellos ven el hidrocarburo como una inversión tan atractiva como las acciones de una empresa y muy resistente frente al efecto corrosivo de la inflación.

¡Presupuesto del Canal financia ampliación!

Ariel Rodríguez Vargas
arielrdrz@yahoo.com

Indica el documento de la Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá (…) en el primer párrafo de la página 61 que el tercer juego de esclusas, además de ser técnicamente viable y ambientalmente responsable, es financieramente rentable. Además reza en su página 66 que el Programa de Ampliación es autofinanciable, y no endeudará al país, por razón de que su financiamiento no será parte de la deuda soberana del Estado. Los fondos para la construcción del tercer juego de esclusas serán obtenidos mediante aumentos de peajes. Los peajes serán la fuente para el pago de todas las inversiones del tercer juego de esclusas y para el pago de todos los financiamientos que al efecto se contraigan. El Estado no avalará los financiamientos de la ACP.

Sigue diciendo en la página 67 que el año 2005 el Canal de Panamá había realizado un programa propio de inversiones por un monto de $105 millones, financiado en su totalidad por los recursos internos de la ACP y que esa inversión de recursos propios se mantendrá, como mínimo, a lo largo del período de ejecución del Proyecto del tercer juego de esclusas. La ACP estimaba en este documento que el programa de inversiones del tercer juego de esclusas requerirá $650 millones por año, por siete años, lo que hacía un déficit de $500 millones de fondos adicionales que requerían ser obtenidos de financiamiento externo para completar a los aportes de $105 millones que se le pensaba extraer a los ingresos corrientes del Canal de Panamá.

Hoy, con la aprobación del presupuesto del Canal de Panamá para el año 2009, que sería el tercer año de ejecución del proyecto de ampliación que inició oficialmente en el 2007, esta es la situación: se espera generar un monto de ingresos totales por $2,105.7 millones, superior en 77.5 millones en relación al año fiscal 2008. El ejercicio fiscal contempla $1,456.1 millones de ingresos por peajes, $432.6 por servicios relacionados al tránsito, $179.2 millones por venta de energía eléctrica y agua potable, más $37,7 millones en intereses. De estos ingresos totales se destinará 765.6 millones para los trabajos de ampliación del Canal. ¿Cuál es la novedad hasta aquí? Bueno, sencillo, el proyecto de ampliación ha obtenido más de lo esperado de presupuesto por año para la ampliación, sin haber recurrido a financiamiento externo. Qué maravilla si no supiéramos que en realidad estamos erosionando de los ingresos que deben entrar al Fisco una friolera impresionante de cientos de millones que nos juraron y perjuraron que no saldrían de los ingresos corrientes del Canal de Panamá.

Según datos del Canal de Panamá, publicados en varios medios, se espera que los ingresos por peajes en el Canal pasen de $1,183.9 millones en el 2007 a $1,465.6 millones en el 2008 y se mantenga similar para el 2009. En todo caso, el aumento global por peajes sin especificar cuánto corresponde al aumento de las tarifas de peaje será de $281.7 millones, lo que por sí sólo no es suficiente para balancear la inyección necesaria del gran presupuesto anual, sólo para el proyecto de ampliación, que como vemos se devora sin ascuas un enorme capital necesario para el desarrollo humano en este país ahora, que va directo al abultado bolsillo de las compañías de construcción que se pelean como jauría de lobos los millones que les arroja el fisco del Canal.

La pregunta que nos hacemos ¿en que ha quedado la forma de financiamiento para la ampliación que se propuso para no erosionar los ingresos del Canal de Panamá?

Todo parece un gran negociado frente a una adormecida generación de panameños que no se da cuenta del fraude con los fondos del Canal. Insistimos, una vez más, en que la ACP y el gobierno no han podido desmentir, y los primeros indicios frente a hechos reales así lo están probando, que la propuesta de ampliación realmente no es viable técnicamente por sus altos costos más allá de lo dicho, ni ambientalmente, porque los altos costos de mitigaciones, que ni siquiera quieren considerar, y tampoco es financieramente viable dado que los supuestos costos y contingencias fueron incompletos, errados e irresponsables, sólo con el fin de vender un proyecto factible en un referéndum al pobre pueblo panameño.

-El autor es biólogo, académico y ecologista.

Publicado en La Estrella de Panamá, 24 de junio de 2008.

Gran Bretaña inicia revolución verde en energía

Gran Bretaña inicia revolución verde

LONDRES (Reuters) – El Gobierno de Gran Bretaña planea iniciar una “revolución verde” a partir de la semana próxima, con la cual un cuarto de las casas británicas podría instalar sistemas de calefacción solar y se instalarían miles de turbinas de vientos en todo el país.

El ministro de Energía Malcolm Wicks dijo que los planes, que podrían incluir medidas para obligar a los propietarios de viviendas a mejorar la eficiencia de la electricidad de sus hogares, tenían como objetivo aumentar drásticamente las fuentes renovables de energía británicas para el 2020.

“Esta semana verán una verdadera determinación del Gobierno de obtener el 15 por ciento de nuestra energía de fuentes renovables para el 2020,” afirmó. “Esta es una revolución verde,” agregó.

Gran Bretaña extrae menos del 5 por ciento de su electricidad de fuentes renovables, principalmente del viento. El Gobierno ha prometido llevar ese porcentaje al 10 por ciento para el 2010, y bajo un acuerdo de la Unión Europea firmado el año pasado también se comprometió a cuadriplicar esa cifra una década más tarde.

De acuerdo al diario The Guardian del sábado, que tuvo acceso a una copia del plan del Gobierno, las propuestas buscan aumentar 30 veces la generación de energía eólica marítima, otorgar nuevos préstamos y créditos a empresas para aumentar la provisión de energía alternativa e imponer una medida obligatoria a las viviendas para que aumenten la eficiencia.

Los planes admiten que la nueva política energética podría transformar grandes áreas del paisaje británico y tener “impactos significativos en nuestras vidas, no todos ellos positivos,” informó The Guardian.

Los planes, que se revelarán la próxima semana, llegan tras un informe del Parlamento publicado el jueves, en el que se alertó que Gran Bretaña no cumpliría con sus propias metas de energía renovable y tampoco con los requerimientos de la UE, a menos que avance con importantes medidas.

Phil Willis, presidente del comité de innovación, universidades y selección de habilidades del Parlamento, dijo que el grupo se había sentido “profundamente desilusionado por la falta de urgencia expresada por el Gobierno -y por momentos por la industria de la electricidad- en relación con el desafío futuro.”

Por Kate Kelland

(Editado en español por Marion Giraldo)

Debate sobre el servicio eléctrico

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Contribución al Debate: Opinión del Defensor del Pueblo frente al incremento de las tarifas por el servicio eléctrico.

Aníbal Grimaldo Césoedes

Ingeniero consultor en el sector eléctrico

La crisis actual de los precios de la energía impacta no solo a nuestro país sino al conjunto de países importadores de petróleo. Algunos piensan que además de ser un problema de precios, es la manifestación de que estamos en el final de la era del petróleo barato en donde gravitan a su vez, la especulación, la caída del dólar y otros factores geopolíticos.

Se considera como un hecho cierto que la crisis energética tiene un carácter excepcional por lo que para su tratamiento los países recurren no solo a un enfoque nacional, sino regional y global. Es un momento en que el tema energético debe revisarse a profundidad y a la luz de la mejor información. Las medidas correctivas, la elaboración de propuestas y la elección de alternativas, así como la mejor utilización de nuestros recursos pasan por un debate informado del tema y han de incidir de manera determinante en nuestro devenir como país. Es por ello que consideramos que este debate debe ser a fondo. No podemos en este momento dejar fuera de la discusión la esencia de nuestras relaciones con las empresas que en su momento resultaron adjudicatarias de la compra venta de acciones del IRHE. Antes bien, se considera necesario examinar en primera instancia si hubo exceso o no, en la delegación por parte del estado de la conducción del sector eléctrico a los inversionistas de las empresas privatizadas. En consecuencia, determinar si este posible déficit de control sobre variables esenciales en el funcionamiento del sector eléctrico agrava el problema.

En este orden de pensamiento nos parece de particular interés la propuesta recogida en la Opinión del Defensor del Pueblo frente al incremento de las tarifas por el servicio eléctrico que plantea la revisión de los contratos de administración del estado con estas empresas, por cuanto éstos son uno de los secretos mejor guardados de la privatización. Revisarlos significa en primera instancia, conocerlos. Hasta ahora invocando su carácter de confidencialidad los mismos han evitado el escrutinio público y actualmente es difícil referirse a ellos con propiedad.

Algunos antecedentes sin embargo permiten inferir, aunque de manera aproximada, la naturaleza de los mismos. Al momento de la transformación del IRHE en empresas Distribuidoras, Generadoras y Transmisora para su posterior privatización, consumada en el año 1997, el estado panameño optó por vender a los nuevos inversionistas entre 49 % y el 51 % del patrimonio en las empresas distribuidoras y generadoras, y retener el 100 % de la empresa de transmisión. En esta operación los contratos de administración fueron el instrumento utilizado por el Estado para asegurarle a los inversionistas que mantendrían un control de las empresas eléctricas parecido al que tendrían si el Estado no fuera socio; es decir, el contrato de administración minimiza el rol del Estado al nivel de dueño pasivo que delega en el socio administrador la totalidad de las funciones inherentes a la conducción empresarial en el día a día y en la toma de decisiones estratégicas. Estos temas de gran trascendencia en el quehacer de la industria eléctrica solo se pueden conocer a cabalidad si se consulta la letra y el espíritu de estos contratos; de allí, la gran importancia que tiene la divulgación de los mismos. Aún si sobre estos existen compromisos de confidencialidad, el interés público para enfrentar la crisis energética justifica que se conozca el contenido de los mismos.

Opinamos que si en el estudio de estos contratos se confirma lo que arriba hemos supuesto, no cabe duda que el Estado debe abandonar su política de delegar en estas empresas la conducción estratégica del sector y asumirla en forma responsable, especialmente en estos tiempos de grandes retos.

Así mismo el análisis de los Estados Financieros de estas empresas, no solo para el presente año sino para estos diez años de funcionamiento permitiría conocer el desempeño de las mismas en la prestación del servicio público de electricidad, sus márgenes de utilidad en un ambiente de aumento de los precios de energía para los clientes y comprobar si sus políticas de inversión están destinadas a mitigar en forma adecuada el alza de los precios. Se podrá también comprobar si las operaciones realizadas por estas empresas responden en forma equitativa a los intereses del inversionista, sin menoscabo de los que corresponden al socio Estado.

Finalmente la construcción de alternativas y el mejor uso de nuestros recursos, están estrechamente ligados a la planificación que resulta de aplicar en forma concreta una política energética. En la construcción del sistema eléctrico intervienen aspectos tales como: mantener una adecuada mezcla de capacidad hidráulica, térmica, eólica y de otras fuentes renovables; la construcción de las obras de transmisión e interconexiones internacionales; las medidas de administración de la demanda y eficiencia energética; la utilización óptima del agua de las cuencas priorizando los requerimientos del medio ambiente y de sus habitantes. Todo esto considerando criterios de desarrollo y sostenibilidad, minimizando los costos de inversión, funcionamiento y mitigación de impactos que en su totalidad son afrontados por los usuarios a través de las tarifas eléctricas. La coordinación de estos aspectos muchas veces conflictivos requiere de la aplicación de técnicas de planificación tanto en la elaboración de los planes como en el seguimiento del equilibrio esencial del sistema. La planificación de la generación en el marco regulatorio vigente tiene solo un carácter indicativo; es el inversionista, quien bajo la influencia de las fuerzas de mercado, decide sobre el tipo, el momento y la dimensión de las obras de generación que se deben construir. Esta forma de proceder no garantiza la coordinación y el seguimiento de los aspectos antes mencionados y por el contrario, puede desembocar en desequilibrios importantes, falta de inversión y exacerbar conflictos entre diferentes grupos de interés.

Con lo anterior nuestro propósito es el de enfatizar sobre la importancia de los puntos enunciados por el Defensor del Pueblo ya que los mismos permiten orientar el debate hacia un análisis crítico del desenvolvimiento del sector eléctrico en aras de determinar las medidas correctivas que deban aplicarse al marco regulatorio vigente. Igualmente, buscar un mejor equilibrio en el sector eléctrico entre el papel rector del estado, las empresas prestadoras del servicio público, los usuarios, el medio ambiente y los pobladores afectados por la construcción de proyectos. Estos objetivos pueden lograrse devolviendo a la planificación su papel de herramienta indispensable en la elaboración de los lineamientos importantes en la construcción de alternativas de un sistema eléctrico eficiente.