Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

PNUD y ANAM

Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

Panamá (La Prensa) – Los constantes cambios de uso de suelo, la contaminación en todas sus formas y el crecimiento urbano desordenado, son las presiones ambientales más relevantes que sufre Panamá, según los indicadores ambientales, sociales y económicos dados a conocer ayer por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Los datos revelan que en el período analizado -de 1990 a 2000-, la calidad de los suelos del país ha desmejorado 5.8%. Además, hay 41.9% menos bosques y montes, mientras que los suelos utilizados para cultivos temporales y permanentes han bajado 9.7% y 5.1%, respectivamente.

La cobertura boscosa ha disminuido de 49% en 1992 a 45% en 2000, lo que es calificado como “grave” por expertos, ya que aproximadamente el 75% de la superficie total de los suelos del país tiene vocación forestal.

El informe de la Anam y del Pnuma advierte que la pérdida de la productividad y el deterioro de los suelos hace más costosa la producción agropecuaria, encareciendo con ello la canasta básica de alimentos.

Con estos indicadores, que se publicarán de manera bianual, Panamá se convirtió en la séptima nación en América Latina en recopilarlos, señaló Mara Murillo Correa, directora regional adjunta de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pnuma.

Salud ambiental preocupante

En el informe Indicadores de seguimiento Panamá 2010, de la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, dado a conocer ayer, se destaca que los suelos del país han sufrido cambios importantes que han afectado la cobertura boscosa y contribuido a la degradación de la calidad de la tierra.

El informe, preparado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), indica que en el país se ha dado un proceso de “potrerización”, toda vez que la cantidad de tierras usada por la ganadería aumentó 178% en los últimos cinco años.

En el período comprendido entre 1990 y 2000, por su parte, las tierras con bosques o montes, y los cultivos temporales y permanentes registraron una disminución de su superficie de 41.9%, 9.7% y 5.1%, respectivamente.

Esto se presenta con marcada presencia en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá.

Javier Arias Iriarte, administrador general de la Anam, informó que para contrarrestar esta realidad se planean inversiones en proyectos ambientales con fondos internacionales que suman entre 50 millones y 200 millones de dólares.

Dichas inversiones, agregó, servirán para impulsar la fase inicial del proyecto de Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque (Redd, por su sigla en inglés).

El informe también destaca que el país presenta “problemas serios” de erosión y deterioro de la calidad de los suelos y del agua, debido al paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que sufren “casi todas las cuencas hidrográficas”.

Al hacer un diagnóstico de las tierras secas y degradadas del país, el documento señala que hay cuatro áreas críticas ubicadas en el Arco Seco -Chame, Capira y Coronado en la provincia de Panamá, así como las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos-, la sabana veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y la comarca Ngäbe-Buglé. Juntas comprenden una superficie aproximada de 2 millones 78 mil 757.60 hectáreas, o sea, un 28% de la superficie total del país.

Bajo escrutinio

El informe evidencia un dato positivo: desde 1960 a marzo de 2009 se dio un “incremento considerable” en la superficie protegida, de aproximadamente 3 millones 578 mil 479 hectáreas, según dijo Neyra Herrera, coordinadora técnica del informe, presentado ayer. Sin embargo, la protección legal no se ha traducido necesariamente en una protección efectiva.

En tanto, Mara Murillo, directora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe del Pnuma, explicó que el documento “contiene una base probada y validada, que da cuenta de la situación y tendencia de los principales componentes ambientales del país e interrelacionados con distintos campos socioeconómicos”.

La funcionaria internacional agregó que esta información técnica puede ser utilizada y comparada entre los diferentes países que han hecho estudios similares, tales como México o Costa Rica.

La batalla para salvar el planeta no es solamente contra el dióxico de carbono (CO2).

En el afán de reducir el calentamiento global, los científicos tienen también en la mira los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), dos gases refrigerantes que se utilizan en los equipos de acondicionador de aire y de refrigeración.

Desde 1987, cuando se firmó el Protocolo de Montreal, se acordó que a partir de 1989 -año en el que entró en vigencia el acuerdo- se iría reduciendo el uso de las sustancias que deterioran la capa de ozono.

En 2009, en Panamá se eliminó el uso de los CFC -un año antes de la fecha límite- y ahora el país se prepara para eliminar los HCFC.

Contra capa de ozono

Con esta meta como objetivo, el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Miguel Quintero, estuvo en Panamá la semana pasada conversando con autoridades y empresas comercializadoras de los HCFC.

Quintero explicó, por ejemplo, que si en 2009 Panamá usó 900 toneladas de este gas y en 2010 el consumo fue de mil 200, para 2013 no puede estar consumiendo más de mil.

En el Protocolo se estableció que para 2015 la reducción del consumo debería ser del 10%, para pasar a un 35% en 2020 y a un 62.5% en 2025. Para el año 2030, el uso de los HCFC debe haberse eliminado.

Esta reducción conlleva, por supuesto, la disminución gradual de la fabricación de equipos que usan estos gases. “Para el año 2030 no debe haber países que consuman estos gases ni países que los fabriquen”, recalcó el experto.

En Panamá, la principal misión de Quintero es efectuar el inventario de consumo de los HCFC, para que luego el país establezca una estrategia para disminuir su consumo.

“Verificaremos los datos de Aduanas sobre el ingreso de productos que usan estos gases, y los cotejaremos con la información que manejan las empresas”, explicó.

Fuente: La Prensa  19/09/2010

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