La dimensión ambiental en el TPC de EE.UU y Panamá

La dimensión ambiental en el TPC de EE.UU y Panamá

Burica Press – 19 de julio de 2011. Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 18 de noviembre de 2003 la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) notificó al Congreso de Estados Unidos la intención del Gobierno de iniciar negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Panamá. Las negociaciones comenzaron en la Ciudad de Panamá, Panamá el 26 de abril de 2004. En febrero de 2006, a solicitud del Gobierno de Panamá, los Estados Unidos accedieron a una revisión técnica del servicio de bromatología de Estados Unidos. El 30 de marzo de 2007 se notificó al Congreso la intención de firmar el acuerdo de libre comercio. El TLC se firmó el 28 de junio de 2007.

Mining environmental problems

Escorrentía producto de la minería a cielo abierto en climas tropicales lluviosos. Se prevé que empresas mineras y similares, aprovechen los TLC para intensificar sus exploraciones y explotaciones en los países latinoamericanos, amparados por el texto legal de dichos Tratados. Foto: http://www.bananamarepublic.com

Fue ratificado por el Estado panameño el 4 de julio de 2007 en sesiones extraordinarias. De acuerdo a registros de La Prensa de esa fecha, cincuenta y ocho diputados votaron a favor, tres en contra y uno se abstuvo. Los políticos de oposición que manifestaron su rechazo al TPC fueron Mireya Lasso, Enrique Garrido y Miguel Fanovich, mientras que Wigberto Quintero fue el único que se abstuvo.

Elías Castillo, presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, negó que el proyecto de ley 336 haya sido aprobado a “tambor batiente”, ya que en las 10 rondas de negociaciones participaron tanto diputados oficialistas como de oposición. Castillo agregó que durante los debates cada uno de ellos pudo expresar su opinión sobre el TPC. Sin embargo, se deduce que de la fecha del tratado a la fecha de aprobación, nunca hubo un real debate de la sociedad panameña en relación a este trascendental tema, que literalmente, pone a Panamá bajo el regimen jurídico de Estados Unidos en cualquier tema que los Estados Unidos de América, decida que afecta las relaciones comerciales sujetas por este tratado.

La aprobación de este tratado fue duramente cuestionado por el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, quienes rechazaron el acuerdo comercial suscrito entre ambos países el 28 de junio pasado. Este Frente, que fue el más beligerante nunca tuvo acceso a una discusión de dicho tratado.

Según La Prensa (12/07/2007) una hora después de haberse marchado los diputados,luego de haber aprobado el TPC con Estados Unidos, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y otras organizaciones como Conusi, FER-29, Frente Campesino contra los Embalses, Frente de Campesinos e Indígenas de Veraguas y de la Organización Nacional Agropecuaria (Onagro) se concentraron en los predios de la asamblea, donde participaron como oradores líderes sindicales y gremiales como Gabriel Castillo, de Conusi; Enrique Athanasiadis, de Onagro, y Genaro López, del Suntracs, quienes denunciaron la “cobardía” de los diputados que aprobaron el tratado a gran velocidad para no dar la cara a los reclamos populares.

Por su parte, también hubo proclamación de cautela con respecto a este tratado de parte de los ambientalistas. En una información que recopiló Prensa Latina (PL), se observa que ellos denunciaron, previo a la aprobación del Parlamento panameño, las consecuencias para el ecosistema que tendría un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre su país y Estados Unidos.

Como nuestra economía es pequeña, ese pacto implica muchos aspectos que deben ser divulgados, señaló Ariel Rodríguez, Secretario de Asuntos Ambientales de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo en una carta dirigidas al gobierno.

De aprobarse en la Asamblea Nacional (parlamento), el TLC sería improcedente legalmente, si no se somete antes a la nueva norma ambiental, aprobada este año, subraya. Rodríguez recordó, de acuerdo al cable de PL, que el Decreto Ejecutivo 209, del 5 de septiembre de 2006, establece que este tipo de convenios comerciales deben ser sometidos a un proceso de gestión ambiental, que incluye amplias consultas ciudadanas. Sostuvo que “este tratado conlleva riesgos para la ecología y puede amenazar el patrimonio común de los panameños y crear dificultades sociales que deben ser mitigadas o manejadas adecuadamente”, adviertió.

Citó como ejemplo “temas como depósitos de materiales peligrosos, pesticidas, organismos genéticamente modificados, derecho de propiedad intelectual sobre recursos bióticos e introducción de especies de plagas”. Según el activista, el TLC firmado la pasada semana por ambos gobiernos carece de una evaluación en esa materia y por tanto no puede ser presentado al legislativo panameño para su ratificación”.

La iniciativa, de ser sancionada, alegó el experto ambientalista, tiene la posibilidad de causar daño a la salud humana, al entorno y a los ecosistemas, lo cual amerita saber con certeza los alcances de estos potenciales impactos, recalcó en su misiva. Igualmente solicitó “todas las actas, acuerdos, y documentos que sustentaran que el Estado panameño ha estado discutiendo seriamente el tema ambiental dentro del contexto de las negociaciones” y demandó con urgencia notoria una amplia consulta ciudadana, una evaluación ambiental estratégica del tratado, hechos que nunca se dieron, dado la rapidez de la aprobación en la Asamblea Nacional, sin atender cuestionamientos de la sociedad civil.

Activistas políticos latinoamericanos han cuestionado la existencia de este tipo de tratados, firmado por Panamá, al igual que los otros tratados de comercio pactados por Estados Unidos, forman parte de la estrategia del gobierno de Washington para la liberalización del comercio, a falta de un consenso regional sobre un ALCA. Ellos argumentan que destruye la producción primaria, a los pequenos productores y aumenta el desempleo, además que pierden casi toda la posibilidad de arbitrio sobre sus recursos naturales, humanos y financieros.

DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL TPC ESTADOS UNIDOS – PANAMÁ

A continuación reproducimos tal cual quedó el capítulo 17 – Ambiental. Se sugiere leerlo concienzudamente y analizar el alcance jurídico del mismo. Evidentemente quedan muchos temas abiertos al margen de este texto, que podrían ser vistos como caballos de Troya, tales como la industria agrícola con transgénicos u organismos genéticamente modificados, a la cual Panamá, poco puede defenderse luego que entre el ejecución dicho Tratado. Probablemente tampoco intentará defenderse dado que evitarán confrontar el poder político, jurídico y económico que representa dicho tratado para un país pequeño y de economía dependiente como Panamá.

Según el consenso de críticas políticas al Tratado éstas indican que para los políticos tradicionales panameños y los pensadores pragmáticos, ellos ven fácil y positivo para la economía la implementación de este tratado, ya que lo ven como una gran oportunidad de comercio y realmente les preocupa muy poco los detalles legales del texto. Es allí donde EE.UU. aprovechará al detalle dicho tratado y con dicho texto logrará imponer por la fuerza de la ley un flujo norte sur más fuerte que el actual y Panamá tendrá realmente pocas oportunidades de superar los “handicap” que le impone el Tratado, máxime cuando Panamá, tiene un sistema de gobierno y de justicia, mancillado por la corrupción institucionalizada, unido a que tampoco es un país productor. En este escenario, muchos críticos visualizan una economía totalmente amarrada a un Tratado desfavorable a los intereses panameños, cosa que no le ocurre a EE.UU con el mismo Tratado.

TRADUCCIÓN AUTORIZADA

Borrador de 19 de enero de 2007
Sujeto a revisión legal para exactitud, claridad y consistencia

Capítulo Diecisiete

Ambiental

Artículo 17. 1: Niveles de Protección

Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como de adoptar o modificar, consecuentemente, sus leyes y políticas ambientales, cada Parte garantizará que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y deberán esforzarse en mejorar esas leyes y políticas.

Artículo 17. 2: Aplicación de la Legislación Ambiental

1. (a) Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental, a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

(b) Las Partes reconocen que cada Parte mantiene el derecho de ejercer su discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de regulación y de observancia de las normas, y de tomar decisiones relativas a la asignación de recursos destinados a la cumplimiento de otros asuntos ambientales a los que se haya asignado una mayor prioridad. En consecuencia, las Partes entienden que una Parte está cumpliendo con el subpárrafo (a) cuando un curso de acción o inacción refleje un ejercicio razonable de tal discrecionalidad, o derive de una decisión adoptada de buena fe respecto de la asignación de recursos.

2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su legislación ambiental interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación, como una forma de incentivar el comercio con la otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.

3. Ninguna disposición en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación ambiental en el territorio de la otra Parte.

Artículo 17. 3: Reglas de Procedimiento

1. Cada Parte garantizará que los procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos, de acuerdo con su legislación, se encuentren disponibles, para sancionar o reparar las infracciones a su legislación ambiental.

(a) Dichos procedimientos serán justos, equitativos y transparentes y para este fin, deberán cumplir con el principio del debido proceso y estar abiertos al público, excepto en los casos en que la administración de justicia requiera lo contrario.

(b) Las partes en dichos procedimientos tendrán el derecho de apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de información o pruebas.

(c) Cada Parte establecerá sanciones y reparaciones apropiadas y efectivas por las infracciones de su legislación ambiental, que:

(i) tomen en consideración, según sea apropiado, la naturaleza y la gravedad de la infracción, cualquier beneficio económico obtenido por el infractor, su condición económica y otros factores pertinentes; y

(ii) podrán incluir sanciones y acciones civiles y penales tales como acuerdos de cumplimiento, penas, multas, medidas precautorias, suspensión de actividades y requerimientos para tomar medidas correctivas o pagar por el daño ocasionado al ambiente.

2. Cada Parte garantizará que las personas interesadas puedan solicitar a las autoridades competentes de la Parte, que investiguen supuestas infracciones de su legislación ambiental y que las autoridades competentes de cada Parte le deberán dar consideración a tales solicitudes de acuerdo con su legislación.

3. Cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a su derecho interno sobre un determinado asunto, tengan acceso adecuado a los procedimientos referidos en el párrafo 1.

4. Cada Parte otorgará acceso apropiado y efectivo a reparaciones de acuerdo con su legislación, las cuales podrán incluir derechos, tales como:

(a) demandar por daños a otra persona bajo la jurisdicción de esa Parte, de conformidad con la legislación de esa Parte;

(b) solicitar sanciones o medidas de reparación, tales como multas, clausuras de emergencia o suspensión temporal de actividades, u órdenes para mitigar las consecuencias de las infracciones de su legislación ambiental;

(c) solicitar a las autoridades competentes de esa Parte que adopten acciones adecuadas para el cumplimiento de su legislación ambiental, con el fin de proteger o evitar el daño al ambiente; o

(d) solicitar medidas precautorias en casos en que una persona sufra o pueda sufrir pérdidas, daños o perjuicios como resultado de la conducta de otra persona que se encuentre bajo la jurisdicción de esa Parte y que sea contraria a la legislación ambiental de esa Parte; o que viole un derecho legal bajo la legislación de esa Parte relacionada con la salud humana o el medio ambiente.

5. Cada Parte garantizará que los tribunales que realizan o revisan los procedimientos referidos en el párrafo 1 sean imparciales e independientes y no tengan ningún interés sustancial en el resultado del asunto.

6. Para mayor certeza, nada en este Capítulo se considera que faculta a examinar bajo este Tratado si los tribunales judiciales, cuasijudiciales o administrativos de una Parte han aplicado apropiadamente su propia legislación ambiental.

Artículo 17.4: Mecanismos Voluntarios para Mejorar el Desempeño Ambiental

1. Las Partes reconocen que los incentivos y otros mecanismos flexibles y voluntarios pueden contribuir al logro y mantenimiento de la protección ambiental, en complemento de los procedimientos estipulados en el Artículo 17.3. Según sea apropiado y de conformidad con sus leyes, cada Parte estimulará el desarrollo y uso de tales mecanismos, los cuales pueden incluir:

(a) mecanismos que faciliten la acción voluntaria para proteger o mejorar el ambiente, tales como:

(i) asociaciones involucrando la participación del sector empresarial, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales u organizaciones científicas;

(ii) lineamientos voluntarios para el desempeño ambiental; o

(iii) compartir información y experiencia entre las autoridades, partes interesadas y el público, relacionado con métodos para lograr altos niveles de protección ambiental, auditorias ambientales voluntarias y reportes ambientales voluntarios, formas para usar los recursos más eficientemente o reducir los impactos ambientales, monitoreo ambiental y la recolección de datos para establecer líneas base; ó

(b) incentivos, incluyendo incentivos basados en el mercado cuando sea apropiado, para estimular la conservación, restauración y protección de los recursos naturales y el ambiente, tales como: reconocimiento público de instalaciones o empresas que sean actores ambientales superiores, o programas para intercambiar permisos u otros instrumentos para ayudar a alcanzar las metas ambientales.

2. Según sea apropiado y viable y de acuerdo con sus leyes, cada Parte estimulará:

(a) el mantenimiento, desarrollo o mejora de las metas e indicadores utilizados para medir el desempeño ambiental; y

(b) la flexibilidad en los medios para alcanzar dichas metas y cumplir con tales estándares, incluyendo los mecanismos identificados en el párrafo 1.

Artículo 17. 5: Concejo de Asuntos Ambientales

1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Ambientales, compuesto por representantes de las Partes de nivel ministerial o su equivalente, o quienes éstos designen. Cada Parte deberá designar una oficina en su ministerio correspondiente que sirva de punto de contacto para llevar a cabo el trabajo del Consejo.

2. El Consejo se reunirá dentro del primer año de la entrada en vigor de este Tratado y anualmente después de ello, a menos que las Partes acuerden lo contrario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo con este Capítulo y considerar el estado de las actividades de cooperación desarrolladas de conformidad con el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de Estados Unidos y Panamá. A menos que las Partes acuerden lo contrario, cada reunión del Consejo incluirá una sesión en la cual los miembros del Consejo tengan la oportunidad de reunirse con el público para discutir asuntos relacionados con la implementación de este Capítulo.

3. El Consejo establecerá su propia agenda. Al establecer la agenda, cada Parte buscará los puntos de vista de su público relacionados con posibles temas de discusión.

4. Con el propósito de compartir enfoques innovadores para tratar asuntos ambientales de interés del público, el Consejo asegurará que exista un proceso para promover la participación pública en su labor, que incluya la realización de un diálogo con el público acerca de estos asuntos.

5. El Consejo buscará oportunidades adecuadas para que el público participe en el desarrollo e implementación de actividades de cooperación ambiental, incluyendo a través del ACA.

6. Todas las decisiones del Consejo serán tomadas por consenso, excepto lo dispuesto en el Artículo 17.8. Todas las decisiones del Consejo se harán públicas, a menos que se disponga lo contrario en este Tratado o a menos que el Consejo decida otra cosa.

Artículo 17. 6: Oportunidades para la Participación Pública

1. Cada Parte establecerá disposiciones para la recepción y consideración de las comunicaciones del público sobre asuntos relacionados con este Capítulo. Cada Parte pondrá, sin demora, a disposición de la otra Parte y del público, todas las comunicaciones que reciba, y las revisará y responderá de acuerdo con sus procedimientos internos.

2. Cada Parte realizará sus mejores esfuerzos para atender las peticiones de las personas de esa Parte para intercambiar puntos de vista con esa Parte relacionados con la implementación de este Capítulo por esa Parte.

3. Cada Parte convocará un nuevo consejo o comité, o consultará un consejo nacional consultivo o comité asesor existente, integrado por miembros de su público, incluyendo representantes de sus organizaciones empresariales y ambientales, que presenten puntos de vista sobre asuntos relacionados con la implementación de este Capítulo.

4. Las Partes deberán tomar en consideración los comentarios del público y las recomendaciones relacionadas con las actividades de cooperación ambiental emprendidas bajo el Artículo 17.9 y el ACA.

Artículo 17.7: Comunicaciones Relativas a la Aplicación de la Legislación Ambiental

1. Cualquier persona de una Parte podrá remitir comunicaciones que aseveren que una Parte está incumpliendo en la aplicación efectiva de su legislación ambiental. Dichas comunicaciones serán dirigidas a una secretaría u otro organismo apropiado (“secretariado”), que las Partes designen. [Las Partes designarán al secretariado y establecerán los asuntos relativos al mismo a través de un intercambio de cartas].

2. El secretariado podrá considerar una comunicación bajo este Artículo, si el secretariado encuentra que:

(a) se presenta por escrito ya sea en inglés o español;

(b) identifica claramente a la persona que presenta la comunicación;

(c) proporciona información suficiente que permita al secretariado revisarla, e incluyendo las pruebas documentales que puedan sustentarla;

(d) parece encaminada a promover la aplicación de la ley y no a hostigar una industria;

(e) señala que el asunto ha sido comunicado por escrito a las autoridades pertinentes de la Parte y, si la hay, la respuesta de la Parte; y

(f) la presenta una persona de una Parte.

3. Las Partes reconocen que el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (“ACAAN”) establece que una persona u organización que resida o esté establecida en el territorio de los Estados Unidos puede presentar una comunicación bajo ese acuerdo al Secretariado del ACAAN Comisión para Cooperación Ambiental que asevere que los Estados Unidos está incumpliendo en la aplicación efectiva de su legislación ambiental [Se llevarán a cabo arreglos de tal forma que de manera oportuna los Estados Unidos ponga a disposición de Panamá todas las comunicaciones, las respuestas de Estados Unidos, los expedientes de hecho que se desarrollen con relación a dichas comunicaciones. La República de Panamá podrá enviar comentarios a los Estados Unidos sobre las comunicaciones y a solicitud de cualquier Parte el Comité deberá discutir dichos documentos]. En vista de la disponibilidad de este procedimiento, una persona de los Estados Unidos que considera que los Estados Unidos está incumpliendo en aplicar efectivamente su legislación ambiental no podrá presentar una comunicación de conformidad con este Artículo. Para mayor certeza, personas de la República de Panamá que consideren que Estados Unidos está incumpliendo en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, podrán presentar comunicaciones ante el secretariado.

4. Cuando considere que una comunicación cumple con los requisitos estipulados en el párrafo 2, el secretariado determinará si la comunicación amerita solicitar una respuesta de la Parte. Para decidir si debe solicitar una respuesta, el secretariado se orientará por las siguientes consideraciones:

(a) si la comunicación no es frívola y alega daño a la persona que la presenta;

(b) si la petición, por sí sola o conjuntamente con otras, plantea asuntos cuyo ulterior estudio en este proceso contribuiría a la consecución de las metas de este Capítulo y del ACA, tomando en consideración los lineamientos en relación con dichas metas dispuestas por el Consejo y la Comisión de Cooperación establecida en el ACA;

(c) si se ha acudido a los recursos al alcance de los particulares conforme a la legislación de la Parte; y

(d) si la petición se basa exclusivamente en noticias de los medios de comunicación.
Cuando el secretariado solicite una respuesta, remitirá a la Parte una copia de la comunicación, así como cualquier otra información de apoyo que la acompañe.

5. La Parte notificará al secretariado en un plazo de 45 días o, en circunstancias excepcionales y notificando al secretariado, en un plazo de 60 días posteriores a la entrega de la solicitud:

(a) si el asunto particular es materia de un procedimiento judicial o administrativo pendiente de resolución, en cuyo caso el secretariado no continuará con el trámite; y

(b) cualquier otra información que la Parte desee presentar, tal como:

(i) si el asunto en cuestión ha sido previamente materia de un procedimiento judicial o administrativo;

(ii) si hay recursos al alcance de los particulares relacionados con el asunto que estén al alcance de la persona que presenta la comunicación y si se ha acudido a ellos; ó
(iii) información relativa a actividades de creación de capacidades de relevancia desarrolladas bajo el ACA.

Articulo 17.8: Expediente de Hechos y Cooperación Relacionada

1. Cuando el secretariado considere que, a la luz de la respuesta dada por la Parte, la comunicación amerita que se elabore un expediente de hechos, el secretariado lo informará al Consejo e indicará sus razones.

2. El secretariado elaborará un expediente de hechos, si el Consejo le ordena hacerlo mediante el voto de cualquiera de sus miembros.

3. La elaboración del expediente de hechos por el secretariado, de conformidad con este Artículo, se hará sin perjuicio de cualesquiera medidas ulteriores que puedan adoptarse respecto a una comunicación.

4. Para la elaboración del expediente de hechos, el secretariado tomará en cuenta toda la información proporcionada por una Parte y podrá tomar en cuenta toda información pertinente, de naturaleza técnica, científica o de otra índole que:

(a) esté disponible al público;

(b) sea presentada por personas interesadas;

(c) sea presentada por comités nacionales consultivos o asesores;

(d) sea elaborada por expertos independientes; o

(e) sea desarrollada bajo el ACA.

5. El secretariado presentará al Consejo un proyecto del expediente de hechos. Cualquier Parte podrá hacer comentarios sobre la exactitud del proyecto en un plazo de 45 días posteriores a su presentación.

6. El secretariado incorporará, según corresponda, los comentarios en el expediente final de hechos y lo presentará al Consejo.

7. El Consejo, mediante el voto de cualquiera de las Partes, podrá hacer público el expediente final de hechos, normalmente en un plazo de 60 días a partir de su presentación.

8. El Consejo considerará el expediente final de los hechos, a la luz de los objetivos del Capítulo y el ACA. El Consejo proveerá, según sea apropiado, recomendaciones a la Comisión de Cooperación Ambiental relacionadas con asuntos abordados en el expediente de hechos, incluyendo recomendaciones relacionadas con el ulterior desarrollo de los mecanismos de la Parte referentes al monitoreo de la aplicación de la legislación ambiental.

Artículo 17.9: Cooperación Ambiental

1. Las Partes reconocen la importancia de fortalecer la capacidad para proteger el ambiente y para promover el desarrollo sostenible en conjunto con el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión.

2. Las Partes se comprometen a expandir su relación de cooperación, reconociendo que la cooperación es importante para el logro de los objetivos y metas ambientales comunes, incluyendo el desarrollo y mejoramiento de la protección ambiental, tal y como ha sido establecido en este Capítulo.

3. Las Partes reconocen que el fortalecimiento de sus relaciones de cooperación en materia ambiental permite mejorar la protección ambiental en sus territorios y puede favorecer el crecimiento del comercio e inversión en bienes y servicios ambientales.

4. Las Partes han negociado un ACA. Las Partes han identificado ciertas áreas prioritarias en cooperación ambiental tal y como han sido reflejadas para el desarrollo de actividades en materia ambiental en el Anexo 17.9 y establecidas en el ACA. Las Partes también han establecido una Comisión de Cooperación Ambiental a través del ACA responsable del desarrollo, revisión periódica y actualización de un programa de trabajo que refleje las prioridades de cada Parte para el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades de cooperación en materia ambiental.

5. Las Partes además reconocen la continua importancia de las actuales y futuras actividades de cooperación ambientales en otros foros.

Artículo 17.10: Consultas Ambientales Colaborativas

1. Una Parte podrá solicitar la realización de consultas con otra Parte respecto de cualquier asunto que surja de conformidad con este Capítulo, mediante la entrega de una solicitud escrita al punto de contacto que la otra Parte haya designado conforme al Artículo 17.5.1.

2. Las consultas iniciarán sin demora, una vez entregada la solicitud. La solicitud deberá contener información que sea específica y suficiente que permita responder a la Parte que recibe la solicitud.

3. Las Partes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria del asunto, tomando en cuenta las oportunidades de cooperación relacionadas con el asunto y al intercambio de información por las Partes, y podrán requerir asesoría o asistencia de cualquier persona u organismo que estimen apropiado con el fin de examinar plenamente el asunto de que se trate.

4. Si las Partes no logran resolver el asunto de conformidad con el párrafo 3, una Parte podrá solicitar la convocatoria del Consejo para considerar el asunto, para lo cual entregará una solicitud escrita a los puntos de contacto de la otra Parte.[Para efectos de los párrafos 4, 5 y 6, el Consejo estará compuesto por representantes de nivel ministerial de las Partes consultantes o sus designados de alto nivel.]

5. El Consejo será convocado sin demora y procurará resolver el asunto inclusive recurriendo, cuando corresponda, a consultas con expertos externos y a procedimientos tales como buenos oficios, conciliación y mediación.

6. Si el asunto se refiere a si una Parte está cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el Artículo 17.2.1 (a), y las Partes no han logrado resolverlo dentro de 60 días siguientes a la entrega de una solicitud de consultas conforme al párrafo 1, la Parte reclamante podrá solicitar la realización de consultas en virtud del Artículo 20.4 (Consultas), o una reunión de la Comisión en virtud del Artículo 20.5 (Comisión – Buenos Oficios, Conciliación y Mediación) y, según lo dispuesto en el Capítulo Veinte (Solución de Controversias), recurrir en lo sucesivo a las otras disposiciones de ese Capítulo. El Consejo podrá, según considere apropiado, proporcionar información a la Comisión sobre las consultas celebradas en la materia.

7. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Tratado, por ningún asunto que surja en relación con lo dispuesto en este Capítulo, salvo con respecto al Artículo 17.2.1(a).

8. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Tratado, por un asunto que surja de conformidad con el Artículo 17.2.1(a) sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo.

9. En los casos en que las Partes acuerden que un asunto que surja bajo este Capítulo, podría ser manejado de manera más apropiada en el ámbito de otro acuerdo del que sean parte las Partes consultantes, remitirán el asunto para realizar las acciones que procedan conforme a dicho acuerdo.

Artículo 17.11: Lista de Árbitros Ambientales

1. Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de hasta 11 individuos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para desempeñarse como árbitros en controversias que surjan de conformidad con el Artículo 17.2.1(a). A menos que las Partes acuerden otra cosa, hasta cuatro integrantes de la lista serán nacionales de cada Parte y hasta tres integrantes de la lista serán seleccionados de entre individuos que no sean nacionales de ninguna de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros ambientales serán designados de común acuerdo y podrán ser reelectos. Una vez establecida la lista de árbitros, ésta permanecerá vigente por un mínimo de tres años, y permanecerá posteriormente en vigencia hasta que las Partes constituyan una nueva lista. Las Partes podrán designar un reemplazo para el caso que un miembro de la lista de árbitros no esté disponible para ejercer su función.

2. Los integrantes de la lista deberán:

(a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho ambiental o en su aplicación, en comercio internacional, o en solución de controversias derivadas de tratados comerciales o ambientales internacionales;

(b) ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio;

(c) ser independientes, no estar vinculado con las Partes y no recibir instrucciones de las mismas; y

(d) cumplir con el código de conducta que establezca la Comisión.

3. Cuando una Parte reclame que surge una controversia conforme al Artículo 17.2.1(a), deberá aplicarse el Artículo 20.9 (Selección del Grupo Arbitral) excepto que el grupo arbitral deberá estar integrado exclusivamente por árbitros que reúnan los requisitos del párrafo 2.

Artículo 17.12: Relación con los Acuerdos Ambientales

1. Las Partes reconocen que los acuerdos ambientales multilaterales, de los cuales ambos sean parte, juegan un papel importante en la protección del ambiente a nivel global y nacional, y que la importancia de la implementación respectiva de estos acuerdos es fundamental para lograr los objetivos ambientales contemplados en estos acuerdos. Las Partes además reconocen que este Capítulo y el ACA pueden contribuir para alcanzar los objetivos de esos acuerdos. En este sentido, las Partes continuarán buscando los medios para aumentar el apoyo mutuo entre los acuerdos ambientales multilaterales de los cuales ambos forman parte y los acuerdos comerciales de los cuales ambos forman parte.

2. Las Partes podrán consultar, según sea apropiado, sobre las negociaciones en curso dentro de la OMC sobre los acuerdos ambientales multilaterales.

Artículo 17.13: Definiciones

1. Para los efectos de este Capítulo:

legislación ambiental significa cualquier ley o regulación de una Parte, o disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana, animal o vegetal, mediante:

(a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales;

(b) el control de químicos, sustancias, materiales y desechos ambientalmente peligrosos o tóxicos y la diseminación de información relacionada con ello; o

(c) la protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial, en áreas con respecto a las cuales las Partes ejercen soberanía, derechos de soberanía, o jurisdicción, pero no incluye ninguna ley o regulación, o ninguna disposición en las mismas, relacionadas directamente a la seguridad o salud de los trabajadores.

Para mayor certeza, legislación ambiental no incluye ninguna ley ni regulación o disposición de los mismos, cuyo propósito principal sea la administración de la recolección o explotación comercial de recursos naturales, o la recolección con propósitos de subsistencia o recolección indígena, de recursos naturales;

Para los efectos de la definición de “legislación ambiental”, el propósito primario de una disposición particular de una ley o regulación se deberá determinar por referencia a su propósito primario en vez del propósito primario de la ley o regulación de la que es parte.
Ley o regulación significa:

(a) para la República de Panamá leyes de su órgano legislativo o regulaciones promulgadas conforme a un acto de su órgano legislativo que se ejecutan mediante acción del órgano ejecutivo; o regulaciones emitidas por la Autoridad del Canal de Panamá

(b) para los Estados Unidos, una ley del Congreso o regulaciones promulgadas conforme a leyes del Congreso que pueden ser ejecutadas mediante acción del gobierno federal.

2. Para los efectos del Artículo 17.7.5, procedimiento judicial o administrativo significa:

(a) una actuación judicial, cuasijudicial o administrativa realizada por una Parte de manera oportuna y conforme a su legislación. Dichas actuaciones comprenden: la mediación; el arbitraje; la expedición de una licencia, permiso, o autorización; la búsqueda de una promesa de cumplimiento voluntario o un acuerdo de cumplimiento; la solicitud de sanciones o de medidas de reparación en un foro administrativo o judicial; el proceso de expedición de una resolución administrativa; y

(b) un procedimiento de solución de controversias internacional del que la Parte sea parte.

Anexo 17.9

Cooperación Ambiental

1. Las Partes reconocen la importancia de proteger, mejorar y conservar el ambiente, incluyendo los recursos naturales en sus territorios. Las Partes resaltan la importancia de promover todas las formas posibles de cooperación, reafirmando que la cooperación en materia ambiental permite mejorar oportunidades para avanzar en compromisos comunes para lograr el desarrollo sostenible para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

2. Reconociendo los beneficios que pueden derivarse del establecimiento de un marco para facilitar cooperación efectiva, las Partes negociaron el ACA. Las Partes esperan que a través del ACA se fortalezcan sus relaciones de cooperación, tomando en consideración las diferencias existentes entre las Partes en sus respectivos contextos ambientales, condiciones climáticas y geográficas, capacidades económicas, tecnológicas y de infraestructura.

3. De acuerdo con lo establecido en el Artículo V del ACA, las Partes han identificado las siguientes prioridades para el desarrollo de las actividades de cooperación ambiental:

(a) fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental de cada una de las Partes, incluyendo el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales y la capacidad para desarrollar, implementar, administrar y aplicar la legislación ambiental, así como las regulaciones, estándares y políticas ambientales;

(b) desarrollo y promoción de incentivos y otros mecanismos voluntarios y flexibles a efecto de promover la protección ambiental, incluyendo el desarrollo de iniciativas de mercado e incentivos económicos para la gestión ambiental;

(c) fomento de asociaciones para tratar temas actuales y futuros de conservación y manejo ambiental; incluyendo capacitación del personal y creación de capacidades;

(d) conservación y manejo de especies migratorias compartidas y que se encuentren en peligro de extinción y son objeto del comercio internacional, el manejo de parques marinos y otras áreas protegidas;

(e) intercambio de información sobre la implementación a nivel nacional de acuerdos ambientales multilaterales que han sido ratificados por ambas Partes;

(f) promoción de mejores prácticas para lograr una gestión sostenible del ambiente;

(g) facilitar el desarrollo y transferencia de tecnología y la capacitación para promover el uso, el adecuado funcionamiento y mantenimiento de tecnologías de producción limpia;

(h) desarrollo y promoción de bienes y servicios ambientales beneficiosos;

(i) desarrollar capacidades para promover la participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental;

(j) intercambio de información y experiencias entre las Partes que deseen llevar a cabo revisiones ambientales, incluyendo revisiones de los tratados comerciales, a nivel nacional; y

(k) cualquier otra área de cooperación ambiental que las Partes puedan acordar.

4. Los mecanismos de financiamiento para las actividades de cooperación ambiental incluidas en el ACA son establecidos en el Artículo VIII del ACA.

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