La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Gobierno intenta restituir integridad de Ley de Coiba pero con excepciones

El próximo lunes podría restituirse un área de exclusión de pesca de atún

Artículo 11, entre avance y sospechas

La subcomisión de ambiente pide restituir la prohibición de pesca con redes de cerco, pero el informe no convence a los ambientalistas.

ambiente. Vitelio Ortega y Enrique Castillo, de la subcomisión que presentó el informe ayer. LA PRENSA/ Jorge Fernández1138198

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Los grupos conservacionistas y defensores del Parque Nacional Coiba recibieron ayer una de cal y otra de arena en su lucha para que se mantenga la prohibición del uso de redes de cerco en el Pacífico panameño, tal como lo establecía el artículo 11 de la Ley 44 de 2004 (Ley de Coiba).

Después de cuatro meses de haber sido derogado el artículo, ayer la subcomisión de ambiente de la Asamblea Nacional recomendó restituirlo totalmente. Incluso pidió que se incluya en la prohibición la pesca con palangre.

Hasta allí, para los grupos conservacionistas el panorama estaba despejado. Sin embargo, empezaron a ver nubarrones cuando descubrieron en el informe de los diputados suplentes –que integraron la subcomisión– que durante el debate “se pudo constatar que no hay argumento técnico científico o de otra índole que sirviera de base para la creación de la línea de exclusión…”.

Para Gabriela Etchelecu, directora de la Fundación Marviva, durante el debate se sustentó “muy bien” sobre la necesidad de contar con esa zona de exclusión.

Luis López, de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva, dijo que el informe señala todo lo contrario a lo que se expuso en el debate.

Para ambos, es claro que con esa conclusión pueden restituir el artículo 11, pero con excepciones para permitir la pesca con redes de cerco con el fin de proveer a las granjas atuneras.

Esa es la iniciativa que impulsa la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP). Reynaldo Pérez Guardia, administrador de la ARAP, prefirió no opinar por el momento sobre el informe, hasta que lo haya analizado.

El artículo 11 de la Ley de Coiba creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño, en la que se prohibía el uso de redes de cerco para la pesca de atún. Sin embargo, los diputados –aprovechando el debate de un proyecto de ley sobre comercio marítimo– lo derogaron el pasado 30 de junio.

Enrique Castillo, presidente de la subcomisión, dijo que se trató de ser lo más “objetivo posible” con el informe, porque hay “demasiados intereses” en el tema.

Etchelecu pidió al presidente, Martín Torrijos, restituir el artículo 11 mediante un decreto ejecutivo, para que no quede duda de que, tal como lo admitió públicamente, fue “un descuido” de su parte sancionar la ley sobre comercio marítimo.

El próximo lunes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea tiene previsto reunirse para aprobar en primer debate el proyecto de ley que restituye el artículo 11.

El temor que hay entre los ambientalistas es, por el momento, que el proyecto pase a segundo debate y se enfrente a los 78 diputados. Dos de ellos –Freidi Torres y Yassir Purcait– impulsaron la derogación del artículo 11.

Afectaron Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta

La Barqueta.

Afectan área protegida

José Arcia
jarcia@prensa.com

La construcción de un canal en la playa La Barqueta, en la provincia de Chiriquí, afectó parte de un área protegida, zona de manglar y humedales costeros. Así lo determinó una inspección de la Unidad Ambiental de la Autoridad Marítima de Panamá.

Según el informe de la unidad ambiental, fechado el 18 de junio pasado, se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema. Las obras de canalización son parte del proyecto turístico Las Olas, propiedad del empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

TALA DE MANGLES.

AMP estima que puede haber delito

José Arcia
jarcia@prensa.com

Tres especies de árboles que estaban dentro del Refugio de Vida Silvestre playa La Barqueta fueron talados para la construcción de un canal que forma parte del proyecto turístico Las Olas, que desarrolla el empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

Lo anterior forma parte de un informe de la Unidad Ambiental de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en el que, además, se concluye: “podemos estar ante la comisión de un presunto delito contra el ambiente”.

En el informe –realizado por Alexis Sandoval y Kendal Montalvo– se señala que el canal tiene una longitud de cuatro kilómetros y que las dimensiones varían. En un tramo tiene 15 metros de ancho y en otro, tiene 35 metros, ambos con profundidad de 10 metros.

Los trabajos fueron aprobado por la Dirección Regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente sin un estudio de impacto ambiental. Así lo ha reconocido el director regional de la Anam, Mario Gómez, al explicar que se trataba de un trabajo de limpieza del estero. La misma explicación dio el representante legal de la empresa, Enoch Rodríguez, a este diario.

La Fiscalía Superior de Chiriquí adelanta una investigación por delito ecológico.

 

Investigan destrucción ambiental y corrupción en Playa Barqueta

PROYECTO TURÍSTICO PLAYA BARQUETA, en CHIRIQUÍ.

Investigan destrucción ambiental y anomalías en cobro de impuestos

La Contraloría objetó los beneficios que otorgó el Consejo Municipal a la empresa dueña del proyecto.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

alanje. Brisas del Mar Development draga actualmente un canal que ha afectado áreas del Refugio Agrícola Playa La Barqueta, donde llegan a anidar tortugas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Ministerio Público investiga irregularidades en el cobro de impuestos municipales a un proyecto turístico y residencial en playa La Barqueta, distrito de Alanje, sobre el cual también pesan denuncias de destrucción de manglares y apropiación de servidumbre pública.

La empresa Brisas del Mar Development –cuyo propietario es la familia Araúz Anguizola–, que desarrolla un proyecto residencial de siete edificios, declaró en su estudio de impacto ambiental una inversión de 3 millones de dólares, pero el Municipio de Alanje solo le cobró impuestos por la mitad de ese valor, lo que fue objetado por la Contraloría.

Además de haber declarado un monto de inversión inferior, el Consejo Municipal rebajó a la empresa a 1%, el cobro del 2% de impuesto que exige la ley. Tras denuncias de anomalías, el Consejo se vio obligado a rectificar. El alcalde, Carlos Justavino, quien defiende la legalidad de lo actuado, firmó el permiso de construcción de los edificios estando de vacaciones.

AMBIENTE.EL MINISTERIO PÚBLICO BUSCA PROBAR CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MANGLARES EN CHIRIQUÍ.

Investigación ecológica

La Barqueta, una tormenta en la playa

Tras denuncias de moradores del área, la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí inició una investigación para determinar si hubo delito ecológico en un millonario proyecto que se levanta en las costas del distrito de Alanje, en Chiriquí. La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, investiga la participación de funcionarios en la confección de planos para beneficiar a un grupo empresarial sin cumplir con todos los procedimientos que exige la ley.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

CANAL. El permiso de limpieza para esta zanja sirvió para hacer un dragado, según la denuncia de los residentes.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una tormenta sacude la playa La Barqueta, en el distrito de Alanje en Chiriquí. En el centro están autoridades municipales, el Gobierno Central y el empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.

Se trata de denuncias por supuesto delito ecológico y corrupción de funcionarios, que hablan de la destrucción de manglar en área protegida y edificaciones dentro de los 22 metros de servidumbre pública.

El Ministerio Público investiga ambas denuncias a través de la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí y de la Fiscalía Anticorrupción.

Tres empresas: Brisas del Mar Development Group, A.R Siyex, y Arkansas Valley Feathers Inc., relacionadas con el empresario Araúz Anguizola, construyen un complejo residencial de siete edificios, venden lotes para residencias y desde hace cuatro años operan el hotel Las Olas.

UNA LIMPIEZA PROFUNDA

El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de Vida Silvestre La Barqueta.

La autorización de estos trabajos ha sido la génesis de la investigación que realiza la Fiscalía Segunda Superior de Chiriquí por el supuesto delito ecológico, atendiendo una denuncia de los moradores.

La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 de profundidad que ha afectado parte del manglar de un área protegida, denunciaron el representante del corregimiento de Guaramal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio.

El fiscal segundo superior, José Antonio Henríquez, dijo que en una inspección con peritos de la Autoridad Marítima de Panamá, como parte del proceso de investigación, se determinó que los trabajos de dragado afectaron el ecosistema. Además, comprobaron que se estaba talando manglar que era rellenado con material que sacaba la pala mecánica e, incluso, con arena.

También se ha afectado el humedal de playa La Barqueta. Todo esto, sin estudio de impacto ambiental y con el aval de la dirección regional de la Anam.

Cortesía

PALA MECÁNICA.Los trabajos de ‘limpieza’ incluyeron el uso de retroexcavadoras.

Pero no todos cuentan la misma historia. El director regional de la Anam, en Chiriquí, Mario Gómez, y el abogado del empresario Juan Gabriel Araúz, Enoch Rodríguez, alegaron, por separado, que esos trabajos de limpieza se realizan como parte del proyecto ‘Remigio Rojas’ que desarrolla el Gobierno con una inversión de 58 millones de dólares.

El proyecto ‘Remigio Rojas’ consiste en la construcción de un canal que nace en las márgenes del río Chico y se extiende por unos 30 kilómetros entre pueblos y pequeñas fincas de Alanje para llevar agua dulce a los sembradíos.

Gómez dijo que después de varios estudios técnicos se comprobó que el proyecto ‘Remigio Rojas’ podría inundar el área del hotel Las Olas y del proyecto residencial Condominio Brisas del Mar. “Decidimos otorgar un permiso de limpieza a Araúz como una extensión al proyecto ‘Remigio Rojas’’, dijo Gómez.

Rodríguez, por su parte, alega que el trabajo que se realizó consistió en abrir un estero que había sido cubierto de sedimento, malezas y mangle.

Pero el director del proyecto ‘Remigio Rojas’, Jorge Arosemena, niega que esta obra esté conectada con los trabajos que realizó el empresario Araúz.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) inspeccionó el lugar y determinó que se ha afectado área de manglar. La directora regional de la Arap de Chiriquí, Jessica Chávez, dijo que en los próximos días se estará emitiendo un informe sobre el asunto.

¿SIN SERVIDUMBRE?

LA PRENSA/Víctor Arosemena

SERVIDUMBRE.El proyecto residencial es investigado por supuesta apropiación de espacio público.

Los problemas de La Barqueta no terminan en el manglar. Se extienden hasta la misma playa. Las investigaciones judiciales intentan demostrar que hubo construcciones en la servidumbre pública. Incluso, sale a relucir una denuncia por falsificación de planos.

Alexis Aparicio y Octavio Sánchez denunciaron al empresario Araúz por construir sobre los 22 metros de servidumbre pública sin concesión. La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto delito contra la propiedad del Estado o contra la fe pública en contra de funcionarios que se prestaron supuestamente a la aprobación de planos ficticios.

Por este caso, la Oficina de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Chiriquí fue allanada por la fiscal Mercedes de Mendizábal, el pasado mes de febrero.

Dos meses más tarde, el 9 de abril, el topógrafo Ricardo Sanjur y el ingeniero civil Jorge Ureta, peritos de la Fiscalía, realizaron una inspección ocular y determinaron que los planos de uno de los proyectos de Araúz incluían 12 metros que estaban dentro de los 22 establecidos por ley como tierras inadjudicables.

Sin embargo, el director de Catastro de Chiriquí, Cristóbal Tolato, dijo que su despacho inspeccionó el lugar y corroboró que los tres proyectos que se desarrollan en el lugar cumplen con los 22 metros de servidumbre.

Enoch Rodríguez, representante de la empresa, dice no entender las denuncias y las investigaciones, máxime cuando ellos pretenden invertir un total de 100 millones de dólares que ayudarían a la economía del área.

(Con la colaboración de Sandra Alicia Rivera)

Un pueblo costanero sin salida a la playa

El alcalde de Alanje, Carlos Justavino, defiende al empresario Juan Gabriel Araúz.

Los moradores del corregimiento de Palo Alto amanecieron hace un año sin camino para llegar a la playa La Barqueta. La razón: el empresario Juan Gabriel Araúz decidió cerrar la carretera de acceso a la playa. Así lo han denunciado ante las autoridades municipales y ante los medios de comunicación los residentes del área.

Hasta la fecha no han recibido repuesta, a pesar que tienen como prueba un informe del director regional del Ministerio de Obras Públicas, Luis Fernández, que certifica que es una vía de acceso público que ha sido utilizada por equipo agrícola y personas para comunicarse de un poblado a otro.

Los moradores le solicitaron al alcalde de Alanje, Carlos Justavino, ordenar la apertura de la carretera. Pero aún no lo ha hecho.

Justavino le restó importancia a la nota de Fernández y defendió a la empresa al alegar que esa carretera no es servidumbre pública. Enoch Rodríguez, representante de Araúz, alegó que los terrenos por donde pasa la carretera son de propiedad de su cliente. “El error de Araúz fue permitir que los moradores utilizaran esa calle por muchos años”, dijo Justavino, quien espera un informe del Instituto Tommy Guardia sobre el tema para tomar la decisión.

Fuente: La Prensa, 17 de junio de 200o7.

 

 

Proyecto turístico construido en servidumbre pública

COSTA CARIBEÑA.PROYECTO TURÍSTICO CONSTRUÍA SOBRE LA MISMA PLAYA.

Técnicos piden frenar la obra

El informe de la Anam señala que la empresa Tropical Marina Inc. incumplió estudio ambiental.

La Anam inspeccionó la obra el pasado 9 de mayo y determinó que se incumple con la servidumbre marina.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La dirección de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón recomendó la suspensión del proyecto turístico Tropical Marine Inc, que se construye en playa Blanca, en la comunidad de Mechi de María Chiquita, en Colón.

La medida se debe a que la empresa empezó el proyecto, que consiste en la construcción de cuatro cabañas y una marina, sin contar con la aprobación de los planos de concesión de ribera y fondo marino. Tampoco tenía los planos de la construcción de las cabañas .

La información se desprende de un informe emitido el pasado 29 de mayo cuando se abrió el proceso administrativo. En este momento, las autoridades de la Anam analizan los linderos del proyecto para tomar la decisión de suspender o no los trabajos de construcción, explicó ayer Daniel Chen, administrador regional de la entidad en Colón.

El informe, elaborado tras una inspección del 9 de mayo, dice que la empresa incumple con la servidumbre de ribera marina que establece la ley (las servidumbres de playa no podrán ser inferiores a 22 metros, contados a partir de la línea de alta marea). Otra de las anomalías que se mencionan es que la empresa Tropical Marine, cuyo presidente es el danés Niels Sundel, incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental al empezar la obra sin los permisos de los ministerios de Salud, de Vivienda y de Obras Públicas.

Este diario llamó a la oficina del representante de la empresa, Andy Dinger, pero se informó que está de viaje. En una entrevista previa para una noticia publicada el pasado 24 de mayo, Dinger alegó que contaba con todo los permisos, con excepción de la concesión de mar que otorga la Autoridad Marítima de Panamá.

La Prensa, 6 de junio de 2007.

AMP, ANAM y ARAP no están protegiendo el ambiente

Los recursos naturales en Panamá son abundantes… todavía. Son tal fuente de riqueza, que han despertado una inimaginable y desmedida codicia entre pseudo empresarios locales y extranjeros que especulan con el valor de la tierra, atropellan, trafican influencias, hacen todo lo que esté a su alcance para lograr su objetivo: llenarse los bolsillos.

Mientras tanto, nuestros guardianes de esos recursos –la Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos y la Autoridad Marítima de Panamá– parecen estar durmiendo una larga y profunda siesta, pues los medios les llevan una clara ventaja.

No ha terminado de secarse la tinta de una denuncia, cuando ya hay dos o tres más en el tintero. Devastación de bosques, venta de islas y qué hablar de manglares, que el solo mencionar la palabra pone de mal humor a esos que se rasgan las vestiduras mientras prometen el progreso y miles de empleos. Pareciera que hay una fiesta en el patio de todas estas instituciones y nadie allí se ha enterado. Para cuando despierten, no habrá nada que proteger.

Editorial Hoy x Hoy de La Prensa, 31 de mayo de 2007.

Rellenos en Amador deben desaparecer

Vista de Amador sin rellenos hechos por asesinos urbanísticos y complicidad gubernamental de todos los gobiernos, incapaces de defender el patrimonio del país.

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La Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad de Recursos Acuáticos y la Autoridad Marítima de Panamá deben solicitar sin dudas que este relleno de Figali y otros rellenos que se han dado irregularmente en las islas Naos, Perico y Flamenco sean eliminados.

No hacerlo sería falta de autoridad y falta de compromiso generacional con el patrimonio natural, paisajístico y urbanístico de todos los panameños.

Burica Press
30 de mayo de 2007
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AMADOR | Solo tenía permiso para construir una marina
Relleno de Figali podría desaparecer, según la ANAM

AMPLIAR

Trabajadores protestaron por la paralización de la obra. [ Foto: Jorge Silot / EPASA ]

Luis Alberto Castillo C.

PANAMA AMERICA

SI LA Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio Público determinan que los trabajos de relleno que adelanta el Grupo F Internacional S.A., en el sector de Amador, se hacen de forma irregular, la empresa deberá retirar todo el material vertido en las aguas de la bahía de Panamá.

Lo anterior fue planteado por el asesor legal de la ANAM, Harley Mitchell, quien agregó que el estudio de impacto ambiental presentado por el Grupo F Internacional S.A., para la construcción de una marina no implicaba el relleno que se lleva a cabo en el área.

Por su parte, el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Carlos Ernesto González de La Lastra explicó que sobre las áreas concesionadas al Grupo F. Internacional S.A., “no existe ningún otro interés por parte del Estado panameño que el de proteger los intereses de la sociedad frente a los abusos que realiza un particular en el ejercicio de un supuesto derecho”.

Recordó que hasta el momento esta empresa adeuda más B/.8 millones al Estado. “No ha pagado lo que le corresponde por los espacios que ocupa, a pesar que se le ha dado todas las oportunidades”, agregó.

Al tiempo que los directivos de la AMP emitían sus comentarios, un grupo de trabajadores del Grupo F Internacional S.A., protestaba por la paralización de las obras.

La vocera del grupo de más de 30 personas Fátima Soto afirmó que estaban en el lugar cuidando de sus plazas de trabajo.

Los manifestantes gritaban consignas contra el presidente de la República, Martín Torrijos y contra los directivos de la AMP, a la vez que cuestionaban con esta acción el mandatario contradice su lema de campaña de “Más Empleos”, pues con esta acción les eliminan sus plazas de trabajo.

Al Grupo F Internacional S.A., se le concesionaron dos parcelas que sumaban siete hectáreas para la construcción de una marina en el área de Amador.

Manglares de Colón serán patios de contenedores

COSTA ATLÁNTICA. AMPLIACIÓN DE PUERTO.

CCT exige permiso de tala a la Arap

El vicepresidente de CCT conminó a la Arap a que le apruebe ‘lo antes posible’ la tala de manglar.

La empresa apela a un Contrato de Concesión para exigir los permisos para rellenar zona costera.

Foto: zlc

COLÓN. La ampliación que Colon Container prevé en Coco Solo afectará manglares cercanos a isla Galeta.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Otras 18.3 hectáreas de manglar en Colón se tambalean. La empresa Colon Container Terminal S.A. (CCT), del grupo Evergreen, intimó al director de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Richard Pretto, para que le otorgue “lo antes posible” el permiso de tala del área, como parte de las 50 hectáreas que usará para la expansión del puerto que mueve casi medio millón de contenedores al año.

Así consta en una carta que le envió el vicepresidente de CCT, Lloyd Luh, a Pretto, con copia al presidente, Martín Torrijos, en la que habla de dilaciones injustificadas e incluso amenaza con el uso de “todos los recursos legales” a nivel local e internacional.

coco SOLO.

Contenedores contra manglares

La Autoridad Nacional del Ambiente ya aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La intención de Colon Container Terminal S.A. (CCT) de talar 18.3 hectáreas de mangle en Coco Solo de Colón, para la cual exigió a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) el permiso de tala, mantiene preocupados a los ambientalistas y a las autoridades de la provincia.

Ayer el gobernador de Colón, Julio Kennion, se reunió con grupos ambientalistas del área para analizar el tema.

En el encuentro también participó la gerente general de la Zona Libre de Colón, Nilda Quijano. Hoy se hará un pronunciamiento formal. Una de las alternativas que se analizó fue que la empresa corriera el proyecto unos 300 metros para que quede ubicado en una zona que no afecte, explicó.

Lloyd Luh, vicepresidente de CCT, envió el 15 de mayo una carta al administrador de la Arap, Richard Pretto, en la que exige el permiso para la tala sin más dilación, ya que cuenta con el estudio de impacto ambiental. La misiva fue enviada con copia al presidente, Martín Torrijos, y a sus dos vicepresidentes.

Luh basa su petición en la Ley No. 57 de 28 de diciembre de 2005 que modificó el contrato entre el Estado y CCT y que, según dice, el área está destinada para el desarrollo portuario.

Consultado al respecto, Pretto dijo que ayer se incorporaba a su trabajo, después de estar fuera del país, y que aún no ha tomado una decisión. Explicó que cualquier determinación debe hacerse basada en análisis científicos sobre la conveniencia o no de devastar manglar en un área que científicos del Smithsonian consideran clave para la protección de los ecosistemas e incluso de la ciudad.

Reforma agraria no puede vender manglares y ciénagas marinas

PUNTA CHAME. JEFE DE ANÁLISIS Y AVALÚOS DE REFORMA AGRARIA ESTÁ SORPRENDIDO.

El informe con el que sí se pudo

Un mes después de que Charro Espino exigiera un segundo informe, Reforma Agraria accedió.

El nuevo informe en que se fija el precio contradice el primero, y fue hecho cuando Bernal estaba de vacaciones.

José Arcia José Otero
panorama@prensa.com

Rolando Bernal, jefe del Departamento de Análisis y Avalúo de Reforma Agraria, labora en la institución desde 1976. En sus 30 años de servicio nunca había visto que se hiciera un segundo informe para fijar precio a un terreno, como ocurrió en enero de 2007 con el proceso que adelantaba Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, para comprar 26 hectáreas en Punta Chame.

Así lo declaró Bernal ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, que adelanta una investigación de oficio para determinar si hubo o no delito en la transacción.

Ya la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático que lidera Torrijos, estudió el caso y determinó que no hubo irregularidad. Pero Bernal tiene poderosas razones para estar sorprendido. En su primer informe –del 13 de julio de 2006– concluyó que Reforma Agraria no podía fijar precio para la adjudicación de 26 hectáreas requeridas por Espino, porque la zona estaba formada por ciénagas marinas y manglar.

Espino no estaba contento con Bernal y objetó su opinión. En una carta enviada el 28 de diciembre de 2006 a Nadia Moreno, jefa de Reforma Agraria, exigió celeridad en el proceso y dio lecciones de cómo deben actuar los funcionarios públicos: “Que en dicha diligencia no participe ni tenga injerencia de ningún tipo Rolando Bernal, toda vez que ha quedado en evidencia que su proceder [...] dista mucho de los elementos de objetividad y transparencia que deben caracterizar el accionar de todo funcionario”.

En enero de ese año, Bernal tomó vacaciones. Y según su declaración, fue su subalterno Rommel López quien elaboró el informe. A su regreso al puesto, se enteró del sorpresivo informe, porque López se lo mostró y le contó, según explicó, que había recibido instrucciones de la directora encargada de Reforma Agraria de elaborar otro documento.

Sobre este tema, Guillermo Salazar, ministro de Desarrollo Agropecuario, del cual depende Reforma Agraria, ha declarado que no ha habido nada anómalo ni ilegal. Pese a las insistentes llamadas de este diario, Moreno ha evitado explicar por qué en el segundo informe sí se pudo fijar el precio que Bernal se negó a calcular.

Las pesquisas siguen. Espino ha dado poder a Oswaldo Fernández, Gilberto Bósquez y Dionisio Alvarado para que lo representen en este caso, que él califica de “patraña del diario La Prensa“.

La Prensa, 28 de mayo de 2007.

Denuncian destrucción en Bocas del Toro, Panamá

Foto: Angel González en blog de Carlos Camarena

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Denuncias irregularidades ambientales que afectan ecología y etnias del Archipiélago de Bocas del Toro

Los ecologistas Lauren Batista del Grupo Activista Ambiental de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá y el biólogo Ariel Rodríguez de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, han denunciado esta semana la destrucción inminente, progresiva, pero definitiva, del Parque Nacional Marino Isla Batimentos (PNMIB), debido a la construcción desordenada y fuera de planes de uso de suelo y carente de visión ecológica y paisajística con la que se están implementando numerosos proyectos del mal llamado turismo residencial en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

Los ecologistas le recuerdan a la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente –ANAM–, Ligia Castro, que el Archipiélago de Bocas del Toro es un joya de biodiversidad del Caribe y área núcleo de la Reserva de la Biósfera de La Amistad, que ha atraído la atención de numerosos organizaciones científicas y conservacionistas a nivel nacional e internacional que han aportado fondos para el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en su área de amortiguamiento y que por tanto, mal puede ANAM favorecer proyectos lesivos a la conservación integral de toda esta área como una región de gran fragilidad por ser sistemas ecológicos insulares terrestres y marinos.

Los ambientalistas consideran que los impactos ambientales combinados y sinérgicos de todos estos proyectos “turísticos”, afectarán los procesos evolutivos y los servicios ambientales que ofrece este parque nacional, comprometiendo de manera irreversible tanto la viabilidad ecológica de esta área protegida como la calidad de vida de las poblaciones indígenas y afro descendientes que viven en sus alrededores.

Denunciaron específicamente algunos casos como los daños causados por el Proyecto Inmobiliario Red Frog Beach Resort (Fase 1) y los inminentes impactos si se aprueba la fase 2 de este mismo proyecto. Igualmente denunciaron afectaciones al arrecife y a la playa de Punta Vieja (Old Point) en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, y contiguo al límite oriental del parque en el sector de Playa Larga.

Para otro sector de Isla Bastimentos denunciaron extracción de arena en Playa Polo, colindante con el límite occidental del Parque en el sector de Playa Larga y un nuevo proyecto inmobiliario en Playa Primera, o Wizard’s Beach, hasta el área cercana a la población de Bastimentos, afectando así otra playa para la anidación de tortugas en esta Isla.

Igualmente denunciaron que en la primera semana de mayo de 2007, guardias privados de seguridad de la promotora inmobiliaria que construye Red Frog Beach, Fase I, han comenzado a utilizar caballos por los senderos del extremo noroeste del Parque Nacional Marino de Bastimentos, los cuales han dañado dicho sendero en un buen tramo desde Playa Larga a Bahía Honda, especialmente en el área boscosa de dicho sendero.

Finalmente denunciaron el inicio, sin anuncio de aprobación de un EsIA de un proyecto que está talando algunos árboles grandes y está podando radicalmente las palmeras de coco con el fin de ser taladas, para construir una enorme marina en medio del arrecife, la playa y la tierra firme en el extremo oeste de la Isla de Bastimentos, muy cercano al pueblo Old Bank (Bastimentos). Igualmente denunciarion la extracción de sustrato de las playas para hacer senderos, que son evidentes. También han drenado los humedales de este sector.

Ante toda esta serie de amenazas ambientales, ligadas a la especulación inmobiliaria, más que turismo, los ecologistas le recuerdan a la Administradora de ANAM, Ligia Castro, que las playas de la Isla de Bastimentos han sido reconocidas como sitios importantes para la anidación de tortugas del Caribe. “Si seguimos permitiendo la construcción de estos proyectos de –turismo residencial– y la extracción no controlada de arena (Wizard’s Beach, Red Frog Beach y Playa Polo), la única playa que quedara para la anidación de estas especies será Playa Larga, que es la única que se encuentra dentro del límite del área protegida.

Lamentablemente, estas acciones se han dado con el agravante de que han sido reportadas oportunamente a la oficina local de ANAM en Isla Colon y parece ser que existe desidia y negligencia de algunos funcionarios para atender estas denuncias.

Los ecologistas terminaron la denuncia puntualizando las siguientes solicitudes:

1. No aprobar nuevos proyectos inmobiliarios o de los mal llamado turismo residencial en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, y detener de manera indefinida los trabajos de construcción de todos aquellos proyectos que ya hayan incurrido en violaciones a las leyes nacionales, hasta que se termine la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental para el Distrito de Bocas del Toro.

2. No aprobar ningún permiso para captura de delfines en aguas de la Reserva de la Biósfera, y áreas de amortiguamiento del Parque Marino de Isla Bastimentos, ni en ningún otro sector del Archipiélago, ya que evidentemente esta fauna de mamíferos marinos son parte de la fauna del Parque y además es fauna compartida con Costa Rica y esto sería deshonesto y no respetuoso con los recursos compartidos con el hermano país.

3. Solicitar financiamiento externo de manera urgente, posiblemente a las mismas organizaciones que han financiado la conservación del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, para la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del desarrollo turístico en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos. Este documento también serviría de insumo técnico para la elaboración del Plan de Ordenamiento, y guiaría las decisiones futuras de la Autoridad Nacional del Ambiente en esta área de tan alta diversidad y sensibilidad ecológica.

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Imágenes de la Isla Bastimentos en Bocas del Toro

Defoliando completamente las palmeras. Aquí iniciaba defoliarla una palmera.

Sustrato de guijarros de la playa para hacer veredas improvisadas.

Costa por donde se pretende hacer otra marina en Isla Bastimentos.

Privado. Cada día más los panameños no podremos ingresar a nuestras islas.

Una pareja de monos nocturnos, Aotus, en Punta Vieja, Isla Bastimentos.

 

Punta Vieja está siendo destruida por un descabellado proyecto residencial denominado Mar Caribe Beach and Resort.

Burica Press, 27 de mayo de 2007

Amador destruido, pero renacen esperanzas

Amador era una tacita de oro… ahora es de cobre. El espacio en las islas era escaso y, para suplir el “defecto”, a alguien le pareció brillante la idea de hacer rellenos. Lo peor es que hubo funcionarios a quienes la idea les fascinó. Así, lo que antes eran hermosas islas, hoy son “estacionamientos” de botes, extravagantes centros comerciales y proyectos de hoteles que no arrancan, pero que su invisible presencia riñe con la naturaleza, pues los terrenos donde supuestamente están han sido arrasados.

Menos mal que las autoridades recuperaron la cordura y –aunque el daño ecológico es irreversible– ansiamos ver que los concesionarios abusadores rindan cuentas por las “preciosidades” que han hecho en una zona donde lo que sobraba era eso, belleza. Y, por supuesto, uno de ellos es Figali, quien construía la más novedosa de todas las marinas, en la que, al parecer, los botes “flotarían” en una sólida superficie rellena de tierra y piedra.

Las autoridades han actuado sensatamente, pero todos sabemos que este caso terminará en la Corte Suprema de Justicia. ¿Actuarán los magistrados con la misma cordura?

La Prensa, 27 de mayo de 2007.

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Avalamos los puntos de vista ambientales y urbanísticos esbozados hoy por La Prensa.  Renacen esperanzas que los medios se están percatando de la profundidad y seriedad que requiere el debate urbanístico y ambiental y también renacen esperanzas que las autoridades, por fin parecieran invocar su autoridad para defender los caros intereses nacionales, que no son, ni nunca han sido los caros intereses de los inversionistas y especuladores que se mezclan o entretejen entre la gente seria que invierte y respeta la naturaleza y el ordenamiento jurídico de este país.

Burica Press.