UNESCO a un paso de incluir al PILA como Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro

UICN recomienda a UNESCO inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro.

Burica Press –19 de junio de 2012. La próxima semana (Junio 24 a julio 6 de 2012) se realiza en San Petersburgo, Federación de Rusia el Trigésimo sexto período de sesiones del comité de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para discutir los informes del Estado de Conservación de los bienes inscritos como Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Para esta reunión la UNESCO ha publicado el Estado de conservación de los bienes del Patrimonio Mundial inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial e incluye el informe sobre el Sitio binacional denominado Cordillera de Talamanca-Reserva La Amistad/ Parque Internacional La Amistad (Costa Rica / Panamá), conocido por siglas PILA.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está recomendando a la UNESCO la posible inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro. Esto se debe a que desde el año 2008 la UNESCO a través de sus cuerpos científicos asesores, como es el caso de la UICN, ha estudiado los peligros ambientales que tiene el PILA tanto del lado de Costa Rica como de Panamá y todavía visualizan los mismos problemas de esa época y se añaden nuevas amenazas al sitio.

El informe a discutir destaca que todavía el sitio sigue amenazado por tres grupos de amenazas que afectan o pueden afectar su integridad:

  • Construcción de represas hidroeléctricas, cerca de la propiedad en Panamá y los efectos asociados (mayor presencia humana cerca de la propiedad, interrupción de las especies acuáticas del corredor migratorio que ocurre en el Río Changuinola);
  • La invasión (nuevos asentamientos humanos y la cría de ganado);
  • Planificación de la construcción de carreteras que atraviesan la propiedad en el lado de Panamá.

El 22 de marzo de 2012, un informe conjunto sobre el estado de conservación de la propiedad fue presentada por los Estados Partes de Costa Rica y Panamá. El Comité había pedido a los Estados Partes a invitar a una misión de monitoreo reactivo del sitio para realizar el informe que debe presentarse en su 36 ª reunión. Destaca la UNESCO que “aunque se recibió una invitación del Estado Parte de Costa Rica, no hubo tal invitación del Estado Parte de Panamá. Por esta razón, no se llevó a cabo la misión.”

Los Estados Parte explican que la estructura para la cooperación transnacional ha estado en vigor durante muchos años, iniciada por un acuerdo formal de cooperación transfronteriza en 1992, cuyos mayores resultados sólo ha sido el desarrollo de cuatro misiones conjuntas de seguimiento sobre el terreno que se lleva a cabo anualmente con patrullajes conjuntos de los guardaparques de ambos Estados Partes.

Los informes oficiales de Costa Rica y Panamá sobre el avance de la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza (EAE) de las represas en el sitio el PILA indican que está en revisión interna y supuestamente lo esperan completar pronto.

Costa Rica destaca que en sus planes hidroeléctricos en el sitio incluyen cinco proyectos en estudios de viabilidad y varias en etapas conceptuales, sin evidencia de un mayor desarrollo. Sin embargo en Panamá el informe destaca que Panamá ha indicado que desconoció la decisión Comité del Patrimonio Mundial en el 2010 (Decisión 34 COM 7B.32) sobre detener la construcción del Changuinola 75 (CHAN 75) debido a lo avanzado del proyecto en términos de construcción y a que ya contaba con una evaluación de impacto ambiental aprobada y una resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el 2010 que declaró al proyecto de utilidad pública y urgente.

Parque Internacional La Amistad en Cerro Punta. Foto: Biota Panamá

En cuanto al proyecto Bonyic, en el territorio Naso Teribe, igualmente Panamá se refiere a una serie de obligaciones contractuales y resoluciones del Gobierno, entre ellos uno para la aprobación de una evaluación de impacto ambiental categoría III en 2005. Con base en lo anterior, el Estado Parte de Panamá sostiene que es la obligación legal de realizar estas presas y sólo se puede cancelar los contratos en caso de guerra, perturbación grave del orden público o de interés social urgente, y que tendría que compensar a la concesionaria del proyecto, en tal caso.

El Estado de Panamá añade que la evaluación ambiental estratégica de las represas hidroeléctricas a lo largo de la zona transfronteriza de la propiedad todavía no está terminado, y hasta que no concluya, es prematuro determinar la amenaza a la propiedad que representan estos proyectos.

Por su parte la UNESCO advierte que a pesar de los proyectos hidroeléctricos y la construcción de represas en el lado costarricense de la propiedad no son tan extensas como se había considerado, se mantiene la preocupación sobre el potencial debilitamiento de Valor Universal Excepcional de la propiedad derivados de los proyectos existentes.

La UICN ha recibido informes de que la presa CHAN-75 fue terminada, sin facilidades de paso para peces, a pesar de los reiterados llamamientos de la UNESCO que las medidas de mitigación se implementaran.

Alega la UNESCO que “la información recibida por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN confirma que es probable que tengan un grave impacto negativo en el conjunto único de peces y especies de camarones diádromos en la mayoría de la costa caribeña de Panamá, la porción de la propiedad en el corto plazo, que en a su vez es probable que haya efectos en cascada sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la propiedad que dependen de estas especies.”

Además, la UICN ha recibido informes acerca de la creciente presión de la caza y el uso de otros recursos por las comunidades indígenas que fueron desplazadas por la construcción de Chan-75. Si bien estas comunidades no están actualmente dentro de la propiedad, se vieron obligados a trasladarse más cerca de sus fronteras, y algunas tierras, se reportan, estar completamente deforestadas hasta el límite con el Parque Internacional La Amistad.

Las concesiones mineras en o cerca de la propiedad (Costa Rica)

El Estado Parte de Costa Rica ha indicado que las solicitudes de permisos de exploración minera, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas Bribri cerca de la propiedad han sido rechazadas, excepto tres que quedan en suspensión hasta que se desarrollen los criterios de la declaración de impacto ambiental. El Estado Parte observa que sólo la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica tiene la autoridad para aprobar dichas solicitudes, y que tal petición no se ha concedido en la historia moderna del país.

Carretera Boquete (Chiriquí) Changuinola (Bocas del Toro) por el Parque Internacional La Amistad (Panamá)

El Estado Parte de Panamá indica que si bien este camino fue propuesto en el Plan de Gobierno 2010-2014, no se han tomado medidas en este sentido hasta la fecha, incluyendo la convocatoria de una evaluación de impacto ambiental que obligatoriamente precedería a la decisión de seguir adelante con la idea de la carretera.

La presencia de ganado y la integración de las tierras privadas dentro de la propiedad

El Estado Parte de Costa Rica informa que no ha habido ningún cambio en la presencia de ganado dentro de la propiedad, e indica que menos del 1% de la propiedad se ve afectado por el ganado o cualquier otro tipo de uso de la tierra incompatibles. Costa Rica desestima este tema como uno que es marginal y pequeña escala, con efectos sólo muy localizadas y no ofrece ninguna respuesta a la petición del Comité para desarrollar e implementar un plan conjunto con Panamá para controlar y manejar el ganado dentro de la propiedad y la integración de las tierras privadas en la propiedad en 2018 (Decisión 32 COM 7B.35), pidiendo además que el ganado se elimina completamente (Decisión 35 COM 7B.39). Añade que debido a la crisis financiera mundial, no se ha avanzado en la integración de las tierras privadas en la propiedad.

El Estado Parte de Panamá indica que la presencia de ganado en pequeñas propiedades dentro del Parque se ha señalado en su propuesta original (1990), y agregó que la resolución que creó el Parque Nacional La Amistad llama por estas tierras para ajustar el plan de uso de la tierra que se establezca por la agencia de gestión del Parque, aunque ninguna indicación sobre lo que esto podría ser que se proporcionan. El Estado Parte indica que los pequeños propietarios están legalmente establecidas dentro de la propiedad, cerca de su frontera sur-oriental.

Estas propiedades y la presencia de ganado fueron reconocidos en la evaluación de la UICN (1990). La UICN también señaló en su evaluación de que el ganado se está moviendo a través de la parte sur de la propiedad y, en ocasiones hacinados allí. El Estado Parte de Panamá señala en sus informes que un vuelo de monitoreo en octubre 2011 sobre la porción sur-oriental de la propiedad donde había estado la ganadería extensiva informado en la misión de 2008, no reveló evidencia de pastoreo de ganado.

En sus conclusiones a discutir la próxima semana en San Petersburgo, Rusia, la UNESCO muestra preocupación por las otras dos represas planteadas en el río Changuinola (CHAN-140 y CHAN-220) y destaca que la ubicación de las presas fuera de la propiedad no implica automáticamente que no tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad de la propiedad, sabiendo que las cuencas hidrográficas aguas arriba de las represas hidroeléctricas se ubican dentro de la propiedad.

Critican fuertemente la falta de una invitación para una misión de monitoreo reactivo por parte del Estado Parte de Panamá no ha permitido recopilar la información necesaria para determinar el estado de conservación esta propiedad y que el Estado de Panamá tiene toda la intención de permitir la construción de la represa Bonyic sin un examen previo de los resultados de la evaluación ambiental estratégica, como se indica en el informe conjunto de los Estados Partes, y esto es motivo de grave preocupación.

La UICN recomienda al Comité la posible inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, de conformidad con el párrafo 180 (b) (ii) de las Directrices Prácticas.

El Centro del Patrimonio Mundial y la UICN recomienda además que el Comité pida a los Estados Partes de Costa Rica y Panamá, invitar, en forma conjunta, a una misión de monitoreo reactivo, a ejecutarse por la UICN, a la propiedad, para evaluar las amenazas que plantean la construcción en curso de represas en Panamá, las existentes y las represas propuestas, así como la minería en Costa Rica, el proyecto de la carretera proyectada para atravesar la propiedad de Boquete a Bocas del Toro, los efectos del ganado en la propiedad, y para hacer una recomendación sobre la posible inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial Patrimonio en Peligro.

Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Gobierno de Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Burica Press, 20 de noviembre de 2011. El gobierno de Panamá ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que desista de imponer medidas cautelares al Estado Panameño sobre el caso de los indígenas ngabes afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, ejecutado por la empresa AES Corporation con sus filiales locales AES Panama y AES Changuinola.

Según la nota del gobierno panameño, ellos ahora están desarrollando la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como un asunto de Estado y una política pública de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Según la cancillería panameña, en la actualidad el Gobierno Nacional está procurando la búsqueda de consenso y el rescate de la confianza de las poblaciones originarias a través de escenarios propicios para el diálogo.

En marzo de 2008, durante la administración de Martín Torrijos, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ante la OEA, la violación flagrante de los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en el valle medio del Río Changuinola. La denuncia se sustentó en que el Estado panameño, de facto, adjudicó estas tierras indígenas dentro de una concesión otorgada a AES Corporation para que desarrollaran el proyecto hidroeléctrico Chan 75. Los indígenas fueron desalojados poco a poco del área a la fuerza o con intimidaciones y con otras acciones contrarias al reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas, con tal de avanzar sin contratiempos en el proyecto hidroeléctrico en cuestión.

Ante tal situación en junio de 2009 y luego de un estudio exhaustivo del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares al Estado panameño. Tanto la administración de Martín Torrijos, como la de Ricardo Martinelli han ignorado dichas medidas e hicieron avanzar el proyecto y el desalojo completo y sin opciones a los indígenas residentes de la zona de construcción, operación e inundación del gran complejo hidroeléctrico denominado Chan 75.

La administración de Martinelli argumenta en su solicitud a la CIDH que al dictarse las medidas cautelares, no se cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 25.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana ni con el inciso 8 de este mismo artículo 25, que faculta a la Comisión para “requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares”, no sólo por una vez, sino cuantas veces lo requiera a fin de verificar específicamente, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e inmediatez de violaciones a derechos fundamentales y así evitar daños irreparables a las personas.

Las medidas cautelares solicitadas en el año 2009 fueron:

1-) Suspender las obras de relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola en la provincia de Bocas del Toro,
hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5,7,8,13,19,21,23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

Presa Chan 75 en el noroccidente de Panamá. En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas. Foto: ACD

Según las organizaciones peticionarias de la intervención de la CIDH en este caso de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas, el sólo hecho de haber tenido que recurrir a la CIDH demuestra hasta la fecha, que en realidad el Estado Panameño nunca le ha garantizado los derechos a las personas afectadas, tanto así que sigue negando que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos. Argumentan que la Corte Suprema de Panamá, todavía mantiene engavetado el caso, a pesar de tener varios años para dilucidar las demandas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha indicado que las medidas cautelares impuestas carecían de urgencia, pero ello no implica la negación de la validez del argumento de fondo planteado por los afectados y las organizaciones demandantes.

El gobierno panameño al no acatarlas, hizo avanzar de facto con la obra, a pesar de las numerosas irregularidades ambientales, sancionadas parcialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente, y de la violación a los derechos humanos que ha sido corroborado por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que han estudiado el problema, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas.

Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

Coiba, Panama, Corredor Marino
La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Parque La Amistad sí está en peligro, dice la Unesco

Unesco alerta que el PILA peligra por hidroeléctricas

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en ríos que forman parte del Parque Internacional La Amistad (PILA) y de una carretera para conectar Boquete con Bocas del Toro, preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por las afectaciones que causará en el área protegida. El PILA corre el riesgo de entrar en una lista negra.

LEA EL INFORME COMPLETO: Talamanca Range 2010 state of conservation report (En inglés)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Parque La Amistad está en peligro, dice la Unesco

El último informe de la Unesco cuestiona la decisión del Gobierno de construir hidroeléctricas en ríos que corren por el Parque Nacional La Amistad (PILA).

INFRAESTRUCTURA. La construcción de represas sobre ríos afecta la vida acuática. Científicos y ambientalistas han manifestado su preocupación por el tema. LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) fue clara en su último informe sobre el estado del Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado Patrimonio de la Humanidad.

Es “posible”, dijo la organización, que el PILA sea inscrito en la lista de patrimonio en peligro, porque la construcción de hidroeléctricas sobre ríos y la propuesta del Gobierno de hacer una carretera que conecte Boquete con Bocas del Toro (Punta Robalo) podrían comprometer su biodiversidad.

El informe señala que será “extremadamente” difícil, sino imposible, mitigar adecuadamente los efectos de la pérdida de hábitat por las construcciones de hidroeléctricas sobre ríos que corren por el área protegida.

El organismo internacional recomienda al Gobierno panameño detener todas las obras para salvaguardar la integridad del área e insta a realizar, en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, una evaluación ambiental estratégica para examinar los impactos.

Las intenciones de construir una carretera entre Boquete y Volcán -a través de la ruta sur (Cuesta de Piedra), también resultan nefastas para la Unesco, según se lee en el informe.

La obra, que forma parte del plan estratégico quinquenal del Gobierno, degradaría el valor universal excepcional del PILA, señala el documento.

La Unesco cuestionó además el informe que enviaron las autoridades panameñas el pasado mes de febrero. De acuerdo con el organismo, el documento enviado parece haber sido traducido en una computadora y sin una revisión posterior. “El informe es muy difícil de entender”, señala el documento del organismo internacional.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez, el informe de la Unesco sienta un precedente positivo porque le exige a los Gobiernos hacer una evaluación ambiental de los efectos que ocasionarán las hidroeléctricas.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), encargada de velar por las áreas protegidas, dijo a través de su oficina de Relaciones Públicas que las hidroeléctricas se construyen fuera del área protegida. Comentaron, además, que se hacen los planes de mitigación para salvaguardar los recursos naturales.

El informe de la Unesco fue presentado en la reunión recientemente celebrada en Brasilia, Brasil, del 25 de julio al 3 de agosto.

Inquietud por base aeronaval

La instalación de una base aeronaval en el Parque Nacional Coiba sería un retroceso en la conservación del área protegida, declarada Patrimonio de la Humanidad. Así lo expresó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en una carta enviada a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), el pasado 9 de abril. En la misiva, el organismo manifiesta su preocupación por esta iniciativa que impulsa el Ministerio de Seguridad.

“Es importante recordar que la isla de Coiba se encuentra aún en fase de recuperación a consecuencia de la existencia de un establecimiento penitenciario”, señala la carta. La Unesco menciona varios factores negativos, entre ellos el aumento de población en la zona. La oficina de Relaciones Públicas del ministerio informó que no se afectará el parque porque no habrá nuevas construcciones.

Atentado contra el Parque Internacional La Amistad

anam investiga violación de la ley ambiental

Atentado contra el PILA

Dos alcaldes, el de Renacimiento y el de Changuinola, otorgaron permisos para abrir una carretera.

CARRETERA. 400 metros del Parque Internacional La Amistad fueron devastados. Gracias a la acción de los guardaparques un tractorista, que abría un paso, no logró derribar más bosque. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez

Boris Gómez
Río Sereno, Chiriquí

nacionales@prensa.com

En la tarde del 27 de enero pasado, el tractorista costarricense Elvin Barrantes fue sorprendido con una pala mecánica en el Parque Internacional La Amistad (PILA) mientras cortaba el vientre de la montaña.

Fue en la zona conocida como Jurutungo. El plan de manejo del PILA indica que este es un sector de protección absoluta, por lo que la construcción o corte de carreteras está prohibida.

Barrantes fue detectado por ambientalistas de la Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (Adpaela), quienes habían montado un operativo de vigilancia con 48 horas de antelación para lograr que la Anam detuviera los trabajos.

Un guardaparque de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) levantó un expediente por delito ecológico y advirtió al tractorista que suspendiera el corte.

Cledis Amado Pittí, de Adpaela, dijo que la comunidad vio entrar la pala mecánica a territorio panameño y advirtió inmediatamente a la Anam.

La Anam le advirtió al tractorista que si iba a hacer trabajos tenía que ser fuera de los límites del parque. El costarricense sabía que era una violación ingresar a la zona protegida y en la inspección que se registró en la tarde del 27 de enero se le encontró con las manos en la masa, dijo Pittí.

Alcaldes serán investigados

Pero el tractorista no actuó solo. Llevaba el permiso de dos autoridades administrativas.

Harmodio Cerrud, director regional de la Anam, declaró que el tractorista mostró permisos para hacer supuestas mejoras al sendero que comunica a Nueva Zelandia (distrito de Changuinola) con los límites del distrito de Renacimiento. Este sendero se usa para colonos de zonas montañosas y como ruta ganadera.

Los permisos que mostraba el tractorista los firmaron los alcaldes de Renacimiento y Changuinola, Onelio Guerra y Lorenzo Luis Baker, respectivamente.

“Aquí se quiere hacer ver que lo que se quiere es limpiar un camino cuando en realidad lo que se quiso hacer fue partir la montaña y por eso los alcaldes serán investigados”, dijo Cerrud.

Añadió que hace seis meses se les dijo a las autoridades del municipio de Renacimiento que no se podía hacer esta obra, aunque hubiese solicitudes de la comunidad.

“Las autoridades administrativas deben saber que cuando hay una zona protegida ellos no tienen jurisdicción para dar permisos para carreteras. La Anam es la que otorga los permisos y para acciones como esta se necesita un estudio de impacto ambiental (EIA)”, explicó Cerrud.

La Anam abrió un expediente en el que se investigará a cada alcalde por su supuesta responsabilidad en un delito ecológico dentro del PILA.

Cuestionan a ambientalistas

Por su parte, el alcalde Onelio Miranda dijo que no le preocupa la denuncia, pero sí el doble discurso de los grupos ambientalistas.

“Los ambientalistas respaldan la gestión y esconden la mano. Ellos les ofrecieron su respaldo a los productores de la montaña y no se opusieron a la limpieza del camino”, dijo Miranda.

Los productores están organizados en un grupo denominado Comité Pro Camino Público de Nueva Zelandia en los límites del distrito de Renacimiento. Los permisos fueron otorgados en Changuinola mediante la resolución 29 del año 2009 y en Renacimiento por la resolución 01 de 2010.

Según Miranda, más de 300 productores sufren el mal estado del camino y les es muy difícil el traslado de productos desde sus apartadas zonas.

Abuso contra la naturaleza

Para los ambientalista de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata) la construcción de una carretera en medio del PILA se convierte en un atentado contra la integridad del parque.

El PILA es considerado por la Unesco como patrimonio mundial, sin embargo, la ganadería dentro del parque, la creación de asentamientos humanos, cacería y la deforestación atentan contra esta calificación, aseguró David Samudio de Adata.

Damaris Sánchez, también de Adata, señala que es inadmisible que un alcalde viole la Ley General de Ambiente y espera que haya seriedad en las investigaciones y sanciones ejemplares.

“Quienes tengan terrenos dentro de áreas protegidas deben tener claro que es importante conservarlas y buscar alternativas de desarrollo sostenible y recuperación de estas zonas boscosas. No es violando normas y leyes como se puede contribuir al desarrollo”, dijo Sánchez.

6 mil personas se quedan sin agua

El delito fue detectado a tiempo, pero el tractorista dañó un acueducto de agua potable. Solo pudo cortar 400 metros de carretera, pero a los usuarios del acueducto de Monte Lirio les queda la molestia de reparar la línea de distribución de agua.

José María Saldaña, fiscal del Comité de Acueducto de Monte Lirio, dijo que desde el 27 de enero estaban sin agua en la comunidad y que le pide tanto a las autoridades como a quienes contrataron el tractor que den la cara ante el daño perpetrado.

Resolución amenaza integridad del Parque Nacional Volcán BarúB

recursos naturales, inversión hotelera y denuncia de ambientalistas

La sentencia de muerte del Parque Volcán Barú

Una resolución de la Anam permitirá a un inversionista construir un hotel en áreas del parque.

DISPUTA. Este es el área de Paso Ancho en el Parque Nacional Volcán Barú, sitio exacto que pelea el empresario Enrique Morales para construir su hotel turístico. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez

Boris Gómez
Cerro Punta, Chiriquí

nacionales@prensa.com

La creación de la resolución AG-0911-2009 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que modifica la zonificación del Parque Nacional Volcán Barú (Pnvb), abrió una caja de Pandora y ha provocado una tormenta de denuncias contra la institución que debe proteger la ecología en el país.

Mientras que los ambientalistas chiricanos aseguran que la resolución no es más que una sentencia de muerte al Parque Nacional Volcán Barú, el empresario Enrique Luis Morales, representante legal de la empresa Stash Investment Inc., y supuesto beneficiado con el cambio de zonificación, aseguró que fue víctima de extorsión por funcionarios de la Anam, a los que no identificó.

“Hubo incongruencias en la zonificación que mantenían nuestros terrenos en una zona de recuperación y nosotros pedimos la rectificación, pero ellos estaban interesados en que les diéramos dinero y no aceptamos esa presión”, dijo Morales.

Por su parte, al referirse al tema en otro medio de comunicación, el administrador general de la Anam, Javier Arias, negó que la resolución sea para favorecer a una empresa en particular.

Esta resolución, aprobada el 30 de octubre pasado, modifica la zonificación del Pnvb y, según los grupos ambientalistas, deja desprotegidas, de un plumazo, alrededor de 800 hectáreas de bosques en recuperación y se ha hecho para beneficiar a Morales, sin tomar en cuenta el daño que viene como secuela de la decisión.

Si se cambia el estatus de los territorios de Morales, entonces cualquier empresario puede habilitar sus territorios para acciones económicas y eso incluye 800 hectáreas que están hoy dentro de la zonas de protección absoluta o de recuperación y pasarán a la categoría de uso extensivo, explicó Damaris Sánchez de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata).

Daños al parque

“Es una acción temeraria el cambiar las zonas del parque. Los ríos más importantes de la provincia nacen allí y el avance de proyectos hacia los únicos bosques vírgenes que nos quedan es ponernos la soga al cuello”, aseguró el ambientalista y biólogo Demetrio Miranda.

El daño se extenderá a bosques vitales para los principales ríos del occidente del país cuando empresas privadas sepan que pueden explotar de diversas maneras los territorios del parque, dijo Sánchez.

Las zonas del parque

El plan de manejo del Pnvb fue aprobado en el año 2004. Los estudios se hicieron al iniciar la década.

En este plan se delimitan 6 subzonas que son: de protección absoluta; subzona de recuperación; de uso extensivo; subzona de uso intensivo y dos subzonas especiales.

Las zonas especiales dentro del plan de manejo son la del camino ecoturístico Cerro Punta, Boquete y la zona de amortiguamiento que incluye un cinturón de 10 kilómetros de ancho a partir de los límites del Pnvb y en el que hay varios asentamientos humanos.

En el plan de manejo del parque se explica que las subzonas de protección absoluta están prohibidas las edificaciones. Ambas, según los ambientalistas, abarcan alrededor del 80% del parque que tiene una extensión de 14 mil 322 hectáreas.

En la subzona de uso intensivo, afectada en alguna medida por la mano del hombre, se permitirá la ubicación de áreas de acampar, miradores, senderos y caminos de acceso peatonal.

La zona de uso extensivo ha sufrido un alto grado de alteración humana y en ella se permite la agricultura, ganadería y proyectos de desarrollo.

La historia de Morales

Morales adquirió más de 160 hectáreas a principios de le década. Fue promotor de actividades de mejoras al ambiente y de control de incendios forestales.

Planificaba un desarrollo ecoturístico en la región y al aprobarse el plan de manejo del parque en el año 2004 sus territorios quedaron dentro de la zona de recuperación.

“Acudimos a funcionarios de alto nivel que vieron el error en la zonificación, pero no quisieron hacer la rectificación, pues no quisimos aceptar presiones económicas. Con el nuevo gobierno, vieron la injusticia que se hizo y se ha rectificado el error”, aseguró Morales.

Morales dijo que el plan de manejo se mantiene y que los ambientalistas que están cuestionando la rectificación nunca han combatido desastres naturales. Aseguró que el proyecto ecoturístico de su empresa Stash Investment, Inc. solo va a realizarse con el apoyo constante de la nueva Anam.

“Estas zonas no pueden ser usadas para residencias, sino para hotelería y senderismo, donde se puedan demostrar a estas nuevas generaciones de panameños los recursos naturales que nos quedan y debemos proteger”, dijo Morales.

Por su parte, el director regional de la Anam, Harmodio Cerrud, dijo que el tema se discute en la Dirección de Áreas Protegidas de la sede central de la institución en ciudad de Panamá.

“Solo podemos decir que la resolución cumple con el plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú”, sostuvo Cerrud.

El río que no existe

David Samudio, de Adata, confirmó que en el mapa de zonificación, en efecto, hubo errores, pero de nomenclatura y no de posicionamiento.

Explicó Samudio que en el informe se registra un río llamado Aguacate, pero en la realidad lo que hay es un cerro Aguacate.

Esta definición se ha prestado, desde hace ya varios años, por propietarios de terrenos, para intentar cambiar los límites de las subzonas marcadas en el mapa número siete. “Nos hemos opuesto los grupos ambientalistas a este cambio”, agregó.

De hecho, el Departamento Nacional de Áreas Protegidas de la Anam y las organizaciones ambientalistas ya habían frenado alguna modificación al mapa de las subzonas.

Mañana, lunes 4 de enero, los organismos ambientales inician acciones contra la resolución de la Anam.

“Nuestra primera tarea es la de demostrar que la resolución es una sentencia de muerte”, añadió Cerrud.

Los grupos ecologistas entregarán formalmente a la Anam la solicitud de reconsideración y no descartan presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal contra la resolución, dijo David Samudio, también de Adata.

Autoridad del Ambiente de Panamá es inoperante

ANAM, Panama, Javier Arias

Desde que fue mencionado el nombre del Lic. Javier Arias, un financista, vendedor de bienes raíces, los ambientalistas solicitaron por su falta de competencia y experiencia en temas ambientales, que no nombraran en ANAM a este ciudadano. Por supuesto el gobierno ignoró las voces expertas. Imagen: La Estrella de Panamá (4 de diciembre de 2009)

AMBIENTALISTAS VS ANAM

¿Vuelve la calma al tema ambiental?

Foto: Bienvenido Velasco
Javier Arias, Director General de la Autoridad Nacional del Ambiente, aspira a ser el próximo presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
Ante las críticas y el malestar interno, Javier Arias se defiende y el gobierno cierra filas a su alrededor

PANAMÁ. Son las 3:00 p. m. En la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hay cierta inquietud. Cerca de una docena de organizaciones ambientalistas exigieron al gobierno acciones concretas e inmediatas para la protección de los recursos naturales. En palabras de Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) “las diferencias políticas y la falta de conocimientos del personal nuevo dentro de la entidad ”es lo que ha provocado una debilidad en la entidad. Además, Banfield culpa al Gobierno Central por no establecer políticas claras para la defensa del medio ambiente.

Por eso, hay que hablar con el director de la institución, Javier Arias. Intentamos concertar una entrevista personal con él; pero, no fue posible. La misma llegó por email más tarde.

PUGNAS POLÍTICAS

En los corrillos de la institución, el ambiente también está enrrarecido. Tras la destitución de 25 panameñistas, entre ellos varios directores, la sensación que reina en el edificio de Albrook es que la política se tomó la institución.

Fuentes internas han asegurado a La Estrella que el nombramiento de algunos perredés en los cargos vacantes, no ha caído bien. Según las fuentes, la lucha entre panameñistas, militantes de Cambio Democrático y PRDs se ha incrementado.

Entre los trabajadores el descontento con la gestión de Arias y la sensación de inestabilidad ronda por cada esquina.

Entre los nombramientos que han ocasionado mayor malestar se mencionan los de Mario Medina y Philip Lee como asesores. Lo que se dice es que el PRD ha trasladado los antiguos funcionarios de Juan Carlos Navarro en la Alcaldía a la ANAM.

La presidencia desmiente los amagos de crisis. Alfredo Prieto, secretario de Comunicación del Estado es contundente: “Al día de hoy, Javier Arias goza de la confianza del gobierno. Lo que se dice son sólo rumores.

Arias, por su parte, asegura que las relaciones con Martinelli “son muy buenas. Él hizo un llamado a servir y yo acepté 100%. Por eso nos llevamos siempre bien”.

Aún así, el ambiente es tenso tanto al interior de la institución como afuera.

LA ENTREVISTA

¿Hubo destituciones en la ANAM?

La Autoridad Nacional del Ambiente ha hecho ajustes en su estructura de personal en atención a una evaluación, producto de los cien primeros días de gestión de la presente administración.

¿Cómo evalúa a su personal de trabajo?

Por las condiciones eminentemente técnicas de la ANAM y los compromisos de metas del Gobierno Nacional, el personal de la institución está en constante evaluación en atención a resultados.

¿Cómo evalúa su relación con Ricardo Martinelli?

Las relaciones son muy buenas. Él (me) hizo un llamado a servir y yo acepté 100%. Por eso nos llevamos siempre bien.

¿Es la ANAM una entidad débil e inoperante?

No lo es. Entidades internacionales con las que tenemos proyectos de impacto positivo profundo en comunidades y nuestras áreas protegidas nos han felicitado y por nuestra ejecución están aumentado su compromiso por vernos como una institución sólida y que puede llevar estos a una nueva cultura ambiental.

¿Por qué se han aumentado los contratos mineros?

La concesión minera en Panamá forma parte de las políticas del Ministerio de Comercio e Industrias. Los contratos de la Nación los aprueba la Asamblea de Diputados.

Los kunas quieren salir de las islas ¿ANAM los está asesorando?

Las poblaciones indígenas son conscientes de los incrementos del nivel de las aguas por el cambio climático. Contarán con el apoyo del gobierno en cualquier medida de adaptación a este cambio. Nosotros hemos traído este hecho a colación en las negociaciones como una situación urgente que debe ser atendida.

¿No cree que las denuncias de los ambientalistas afectarán la posición de Panamá en Copenhague?

Nuestra posición es una de las más fuertes. El PNUMA, UNREDD y el Banco Mundial nos han felicitado.

ASPIRACIÓN

A pesar de los rumores, Arias se siente seguro. Tanto así, que aspira a ser el próximo presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el más alto cargo que pueda ocupar un ministro de ambiente a nivel centroamericano. ¿Lo logrará?

ANTECEDENTES

Aún antes de su llegada a la dirección de la ANAM, Arias ha sido objeto de controversias. La primera de ellas por haber dicho en una entrevista a La Estrella, que si en Coiba se construía un resort ecoturístico “la isla se protege sola”. Los ambientalistas le cayeron encima. Aunque Arias hizo un esfuerzo por mejorar las relaciones con las ONGs. Ahora se le suman las disputas internas que originaron los cambios en la entidad.

MARLENE TESTA

ANAM juega con evaluación ambiental de proyectos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La Anam juega a las carreras

Joana A. Ábrego G.
opinion@prensa.com

Cada vez que una comunidad se queja de la construcción de algún proyecto en su “patio trasero” sin considerar las verdaderas afectaciones a su calidad de vida, se quejan implícitamente de dos factores fundamentales: la pobre ejecución de las leyes vigentes y la falta de eficacia de dichas normas para prevenir y/o solucionar estos conflictos.

En estos casos, la norma ambiental es una protagonista obligada, particularmente aquella sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), llamado a ser, según nuestra propia Ley General de Ambiente, un sistema de advertencia temprana para la protección del ambiente.

Volviendo a esas cuestiones fundamentales, el llamado EIA ha sufrido de ambas falencias. La primera ha sido demostrada por recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque el grueso de sus ocurrencias jamás llegaría a ser ventilado ante esta esfera. La segunda se entreveía frente a las ventanas abiertas dejadas por el Decreto 209 de 2006, que reglamentaba este proceso.

La posibilidad de aprobar estudios de impacto ambiental condicionados, que no es más que código para “aprobación de EIA insuficientes”; la confusa descripción de criterios para establecer su categoría, es decir, la profundidad requerida del estudio; la utilización de contenidos mínimos empleados como un llenar espacios, donde cualquier elucubración poética del consultor vale para cumplir el requisito; y la permisividad para la segmentación de proyectos en múltiples estudios de distintas categorías, sin consideración de los impactos acumulativos o sinérgicos de su totalidad, son sólo los más destacados ejemplos.

En días pasados, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó los decretos ejecutivos que vienen a sustituir al 209, Decretos Ejecutivos 122 y 123 de 2009. Las intervenciones de los asistentes al evento orbitaron sobre la necesidad de un espacio para un mayor análisis de las nuevas normas. La idea fue prontamente acogida por su nuevo administrador general, sin embargo, la pregunta subyace: ¿Por qué no fue este magnífico espacio de participación previo a la promulgación de los referidos decretos? Por el contrario, se ha perdido una oportunidad de oro para, a través de los aportes de todos los actores, lograr un instrumento de gestión ambiental renovado y fortalecido.

En su lugar contamos con una norma (ahora llamada “en un dos por tres”) que, aunque incluye ciertas precisiones necesarias, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas y en su apuro por reducir los tiempos de trámite para los promotores, no considera los verdaderos recursos humanos y técnicos de la institución, que ahora tendrán que encargarse, no en la prevención sino en la remediación, de daños ambientales que quizás nunca puedan subsanarse, a pesar de los prometidos pero ya conocidos graves castigos para los responsables.

Aún es muy pronto para presumir menos que las mejores intenciones de nuestras nuevas autoridades, pero ojalá no sea muy tarde cuando quieran corregir los errores que la fiebre de la desburocratización llevada a la locura pueda acarrear, porque entonces ni la Corte Suprema podrá corregir sus mea culpa, y mucho menos “en un dos por tres”.

Ventanilla única para Estudios de Impacto Ambiental

Gobierno modifica evaluación de Estudios de Impacto Ambiental

La ventanilla única agilizará trámites. El esquema aglutina competencias

PANAMÁ. Los trámites para obtener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se agilizarán con la creación de la ventanilla única dijo el director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Javier Arias.

El recurso creado mediante la implementación del Decreto Ejecutivo No. 122 del 14 de agosto de 2009 obedece a la mora de más de 600 expedientes, que dejó la administración anterior, que esperan por una evaluación. Además, de la necesidad de facilitar los trámites.

La nueva ley establece períodos relativamente cortos para la aprobar o negar las solicitudes. En el caso de los EIA categoría 1, que indican que no conllevan riesgos ambientales significativos, se constituirán a través de una declaración jurada notariada y son cinco los días establecidos para su aprobación o negación.

Mientras que los EIA dos y tres necesitarán de la presentación de documentos aplicables a los proyectos, obras o actividades. La documentación podrá presentarse digitalizada a través del sitio web de ANAM.

Con la iniciativa ANAM pretende desburocratizar el sistema anterior y optimizar, a través de un sólo despacho, la aprobación de los EIA.

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Nuevas especies registradas en la Reserva Forestal La Tronosa

A pesar de la deforestación, este paraíso terrenal sigue ofreciendo bellezas al visitante

Detectan nuevas especies en la reserva La Tronosa

El puerco de monte, saíno y conejo son las especies más amenazadas en esta zona, según estudio realizado por la Universidad de Panamá con apoyo de la JICA.

EXÓTICA. Orquídeas de rara belleza nacen en esta reserva de gran feracidad. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortez

ALCIBIADES CORTEZ
LA TRONOSA, LOS SANTOS

nacionales@prensa.com

Una evaluación de la biodiversidad en la Reserva Forestal La Tronosa, en la provincia de Los Santos, revela la existencia de nuevas especies de fauna y registra nuevos sitios de petroglifos en Panamá.

Además, se advierte que el mono aullador de Azuero (Alouatta coibenisis), endémico en el área, es la especie en mayor riesgo de extinción en la península de Azuero.

La citada evaluación recopila investigaciones biológicas, ecológicas, socioeconómicas y culturales realizadas por el Proyecto de Estudio y Valoración para promover la Conservación de la Biodiversidad (Probio), en dicha reserva.

Las investigaciones fueron realizados por la Universidad de Panamá (UP), durante 2006 a 2008, con fondos aportados por el Gobierno nacional y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Esta reserva fue creada el 2 de diciembre de 1977. Su extensión original era de 22 mil hectáreas. A partir de 2007, sus limites fueron reducidos a una superficie de 16 mil 181 hectáreas, de las cuales 15 mil han sido taladas y el resto son bosques.

La principal amenaza de esta zona son la quema y tala, mientras que sus zonas más elevadas se han transformado paulatinamente en áreas deforestadas.

El inventario de flora y fauna muestra la existencia de 179 especies arbóreas, 140 de aves, 54 de mamíferos, 42 de anfibios y reptiles, 24 de escarabajos, 18 de abejas, 15 de peces y 173 de avispas, de las cuales tres especies son nuevas para la ciencia.

También se ampliaron sus registros arqueológicos, al identificarse 26 lugares, de los cuales 15 corresponden a sitios de asentamiento precolombino, y se descubrieron 13 nuevos petroglifos.

Mario Arosemena, coordinador de investigaciones de fauna de la UP, y quien participó en la investigación, afirmó que la densidad de abejas y otros insectos es baja frente a la densidad de aves y mamíferos que registran de media a una alta biodiversidad, pese a la intensa deforestación en la zona.

Añadió que en la investigación se detectaron guacamayas azules, jaguares, pumas, saínos, y en algunos reductos boscosos, en potreros, se escucha al mono aullador de Azuero (Alouatta coibenisis), una especie endémica en la región.

El objetivo de la investigación es determinar qué hay y qué se puede hacer para evitar la desaparición de algunas especies que son exclusivas de Panamá y otras únicas a nivel mundial.

Amable Gutiérrez, jefe regional de Áreas Protegidas de Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (Los Santos), coincidió con Arosemena en que desde que fue creada la Reserva, ha registrado variaciones negativas, pero aun así, el estudio demuestra que mantiene una rica biodiversidad.

Cristina Garibaldi, coordinadora del proyecto Probio, explicó que tras esta evaluación se hallaron especies de plantas y animales que están en peligro de extinción.

En el caso de la reserva La Tronosa, lo que resta son fragmentos de bosques en las partes más altas.

En la zona baja, su abundante vegetación ha sido eliminada por las quemas, talas y el avance de la ganadería extensiva, las tres actividades que más inciden negativamente en su contra.

ANAM denuncia contradicciones del sector industrial panameno frente a normas ambientales

ANAM denuncia contradicciones del sector industrial panameno frente a normas ambientales

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en un comunicado público ha indicado que el proceso de aprobación de las normas de calidad ambiental se realizan con base al mandato legal de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, donde establece que “la Autoridad Nacional del Ambiente dirigirá los procesos de elaboración de propuestas de normas de calidad ambiental, con la participación de las autoridades competentes y la comunidad organizada”. ANAM ha aclarado que las recientes normas de calidad ambiental aprobadas surgen de una amplia participación de todos los sectores y de un procedimiento con pasos y plazos claramente establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 2000.

Luego de 10 años un sector de empresarios industriales intentan desconocer la normativa ambiental e intenta debilitar los estándares ambientales de Panamá”

Natalia Young, Autoridad Nacional del Ambiente, Panamá

Según Natalia Young, Directora de Calidad Ambiental de la ANAM, las normas establecidas nacieron de un camino trazado a partir de la promulgación de la Resolución No. 003-01 de 19 de julio de 2001, publicada en Gaceta Oficial No. 24,396, que establece las normas ambientales a elaborar en los próximos años en materia de calidad ambiental.

Estas normas forman parte del Plan Trienal de Normas, un instrumento de planificación que priorizaba la elaboración y revisión de normas de calidad y emisión, y que pretendía la regulación de aspectos contaminantes como ruidos, vibraciones, emisiones de fuentes fijas y móviles, aguas residuales, entre otros, conforme a lo establecido en la Ley General de Ambiente.

En base a dicho mandato legal y siguiendo el procedimiento establecido, se desarrolló un amplio proceso de consulta pública en el que cualquier persona natural o jurídica, podía formular sus observaciones a los anteproyectos de normas publicados en la página web de la Institución en el transcurso de 4 años. Además, el expediente y su archivo son de carácter público y se mantienen en las oficinas de la ANAM, donde pueden ser consultados por la población, incluyendo los industriales que tienen representación en los Comités de Elaboración de Normas.

Producto de dicha evaluación, se ponderó los resultados elaborando la propuesta que se ajustó a los criterios técnicos para la protección ambiental, principal objetivo de una norma de calidad ambiental.

La ANAM reconoce que estos cambios requieren de un periodo de adaptación como lo exige la misma Ley General de Ambiente en su Artículo 33, por ello existe un cronograma de cumplimiento amplio que permite la aplicación gradual de la norma, y que la ANAM no ha pretendido el cumplimiento inmediato de los límites máximos permisibles, sino cuando corresponde.

Actualmente, existen empresas como Coca Cola, FEMSA, Nestlé, Enel Fortuna, AMANCO y TM Trading Inc., que van más allá del cumplimiento de la normativa ambiental destacándose como ejemplos exitosos en innovación tecnológica y eficiencia de sus procesos productivos, que disminuyen sus costos operativos e incrementa su competitividad en el mercado local e internacional.
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Creemos que es bastante claro que un sector de empresarios de la vieja guardia, pretenden levantar el ánimo de Ricardo Martinelli y sus nuevas fichas en ANAM para impulsar nefastos retrocesos ambientales, que tan caro ha pagado el país en costos sociales y ambientales.

Le corresponde a los ecologistas vigilar que se sigan implementando las normas establecidas y las nuevas normas ambientales que faltan.

Cabe amparos y recursos nacionales e internacionales para detener a los empresarios inescrupulosos que acumulan riqueza con la destrucción del país y la afectación a la salud y calidad de vida de todos los panamenos.

Burica Press

Ambientalistas rechazan administrador de ANAM designado

POLÉMICA POR USO DE COIBA

Ambientalistas rechazan a Arias

05-26-2009 | MARLENE TESTA
mtesta@laestrella.com.pa

Javier Arias está en la mira. Ambientalistas piden su cabeza

Política PANAMÁ. La comunidad ambientalista está preocupada. Unas declaraciones del ministro designado de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Javier Arias, les resultan inconsecuentes con el cargo que pretende ocupar.

Arias en una entrevista con La Estrella dijo que en su opinión en la Isla Coiba podía construirse un “resort ecoturístico”. Las reacciones de los ambientalistas no se hicieron esperar.

Durante la mañana de ayer los líderes ambientalistas buscaban a Arias, no para pedirle las características del hotel ni menos la cantidad de habitaciones o los salones de eventos que se alzarían al borde de este Patrimonio de la Humanidad, lo cazaban para pedirle que se retractara de su pensamiento empresarial.

Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental, asegura que las declaraciones del financista Arias confirman su percepción del “errático nombramiento como ministro de la ANAM”.

No contenta con esto, Banfield, criticó la visión netamente “empresarial y la inexperiencia en el tema ambiental” del ministro.

Por otra parte, el ex fiscal en Asuntos Ambientales, Giovanni Olmos, quien estaba en la lista de los posibles ministros ambientales, demostró su preocupación por el tema del resort en medio de la isla de Coiba.

El abogado señaló que la isla es una zona frágil y construir representa “un peligro”, además este territorio fue declarado como Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO el 2005, “no se puede tocar, el lugar debe conservarse como un santuario”, aclaró Olmos.

Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación Ecologista Panameña, Asociación de Derecho Ambiental va más lejos: los ambientalistas y sus asociaciones estamos en reuniones para oponemos de manera firme a esta designación y apelaremos a todos los recursos para impugnarla.

Agrega que “por el momento desconocemos este nombramiento designado y no asistiremos ni participaremos a ninguna convocatoria que el señor Arias proponga y sugieren a Ricardo Martinelli que busque ingenieros ambientales y especialistas en recursos naturales con idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y el Consejo Técnico Nacional de Agricultura” y otros profesionales que califican según los requisitos que contempla el artículo 5 de la Ley 41 General de Ambiente.

Gabriela Etchelecu, de la fundación MarViva, señala que en todo caso -hotel- sería fomentar el desarrollo económico con actividades amigables al ambiente, de bajo impacto, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades.

Ricardo Martinelli tiene la decisión en sus manos. Ya uno de los nombres que sonaba con insistencia, Giacomo Tamburelli, un comerciante dueño de restaurantes y hoteles, fue tachado de la lista de aspirantes, la sola posibilidad levantó intensas críticas por parte de los ambientalistas.

En la página web de La Estrella , www. laestrellaonline.com.pa , encuentra el video con las declaraciones de Arias.


PENDE DE UNA RATIFICACIÓN

El nombramiento de Javier Arias, en el cargo de director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), debe ser ratificado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, después del 1 de julio de 2009. Este procedimiento se da conforme lo establecido en el artículo 155 de la Constitución Política y la Ley No.3 de 1987, donde se instruye que los nombramientos de directores generales, gerentes generales y presidentes de instituciones autónomas y empresas mixtas, en las que el Estado tenga la mayor parte de las acciones, deben ser avaladas por la Asamblea Nacional. Este proceso completa la formalidad de su nombramiento y sin esta ratificación ningún director o gerente puede firmar decretos, cheques o planillas. Previo a la aprobación se debe haber revisado su hoja de vida y demás documentación por los diputados miembros de la Comisión de Credenciales y tras ratificarlo se pasa al pleno para que le den concepto favorable.

MARA RIVERA

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PERCEPCIÓN DE ALGUNOS AMBIENTALISTAS

Hay que resaltar que ha sido consultor del PNUD acerca del TPC y del Programa de Desarrollo Sostenible del Darien con relacion a una hidroeléctrica. Igualmente, esta relacionado con el CEDIS y es miembro fundador de la Fundación Libertad… Ahora si nos la pusieron dificil!

Después de leer el currículum y de haberlo escuchado en su charla en el Smithsonian; después de advertir las políticas gubernamentales que ponen a un lado las consideraciones ambientales haciendo prevalecer el objetivo de desarrollo a cualquier costo. (Minería, desarrollo urbano, contaminación ambiental, etc. ¿Crees que puede liderizar la ANAM? ¿Crees que tiene la fortaleza para resistir las presiones dentro y fuera del gobierno?

Si ya las empresas mineras nos han llevado la delantera y han planteado su punto de vista en cuanto a las minería (todo bonito), nos están llevando la delantera y creo que la situación como se plantea necesitamos estar más unidos y convencidos de cuál es y será nuestro rol en el desarrollo del país con el panorama que tenemos.

Sin el ánimo de desinformar ni montar una cacería de brujas, a raíz de todo el revuelo que ha generado esta designación del señor Javer Arias, he podido conocer desde las mismas fuentes de donde supuestamente se genera la experiencia del Director designado, que más de la mitad de lo que expone en su hoja de vida ambiental es dudoso. Algunas de sus experiencias son parte de pasantías universitarias inconclusas, otros son proyectos de las instituciones para las que trabajó y no de su autoría como lo indica.

Lastimosamente toda la información que hemos recibido hasta la fecha nos la dan para que nosotros concluyamos y documentemos lo indicado, cosa que dificulta todo el proceso. Sin embargo más allá de lo que se puede demostrar, preocupa aún más la intención de fondo de instalar ante la ANAM una figura maquillada para luego sustentar posiciones que amenazan con retroceder en lo que se ha logrado, con mucha dificultad en el campo ambiental. Desde nuestra posición vamos a estar vigilantes de esta situación y si bien siempre con apertura al diálogo, no podemos dejarnos impresionar ante una fachada que de contenido tiene casi nada.

Teóricamente no puede ser administrador de ANAM ya que no tiene el perfil profesional para ello. Es un aberración siquiera pensar en este personaje para una entidad tan estratégica como lo es ANAM! Un libertario a ANAM. Sólo eso nos faltaba! Qué barbaridad!Yo espero que sea una broma. No se si estamos en los días de los inocentes.

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