63 proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Chiriquí

Hidroeléctricas

Ríos de Chiriquí con 63 proyectos

Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.

La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.

Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.

El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.

En el río Chiriquí Viejo, el 98% de las aguas ha sido concesionadO para el uso de hidroeléctricas, según un estudio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO realizado en 2008

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas

Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.

PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.

Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.

Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.

Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.

El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.

La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.

En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.

Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.

Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.

La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.

En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.

El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.

Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.

El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.

Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.

DAÑO ECOLÓGICO

Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.

Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.

La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.

“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.

El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.

DISPUTA LEGAL

Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.

Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.

A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.

PUEBLO PARTIDO EN DOS

Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.

Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.

El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.

¿PLAGIO DE EIA?

Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.

Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.

Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.

En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.

Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.

El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.

Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.

Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.

Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.

Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.

¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?

Auditarán proyectos hidroeléctricos

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.

POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HíDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Exigen estudio acumulativo

La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.

Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.

La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.

En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.

Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.

“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.

Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.

“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.

Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.

“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.

Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.

REALIZARÁN AUDITORÍA

El administrador de la Anam, Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.

“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.

En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.

ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.

“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.

Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.

A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.

Destrucción gráfica del Parque Nacional Soberanía (sector este) desde Chilibre hasta Colón

Exigen castigo por daños al manglar de Juan Díaz

MANGLARES DE JUAN DÍAZ.

Ambientalistas exigen castigo

Las autoridades ambientales investigan qué sustancia química contaminó la zona costera.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un grupo de ambientalistas exigió a las autoridades vinculadas a la protección del ambiente aplicar sanciones enérgicas a los responsables de la contaminación de un área de manglar en Juan Díaz.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) investiga a la empresa Gases Industriales por el derrame de una sustancia química que supuestamente ha causado serios “daños al ecosistema” en esa zona.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, consideró que las autoridades deben ser rigurosas en la aplicación de las normas ambientales.

Mir Rodríguez y Ariel Rodríguez, biólogos de profesión y ambientalistas, dijeron que lo sucedido en Juan Díaz es un reflejo de la debilidad que hay en cuanto a vigilancia ambiental, y exigieron la recuperación del ecosistema dañado por la sustancia química.

Proceso de una investigación

. 26 DE FEBRERO DE 2008: La Anam recibe una denuncia por daño ambiental.

. 3 DE MARZO: La Anam inspecciona el lugar y empieza una investigación administrativa.

. 21 DE ABRIL: Emite un informe que señala daños ambientales.

juan díaz. preocupación por los ecosistemas marino costeros.

Piden sanción por daños a manglares

ANCON exige que se detengan las actividades que afectan los ecosistemas marino costeros.

La Anam investiga a Gases Industriales por derrame de sustancia química en los manglares de Juan Díaz.

LA PRENSA/Carlos Lemos
irresponsabilidad. Un químico está destruyendo parte del ecosistema marino.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varios ambientalistas mostraron su preocupación por los daños ocasionados a los manglares de Juan Díaz, y piden a las autoridades la aplicación rigurosa de las leyes. La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, dijo que este tipo de actividades no se puede permitir.

Lucía Lasso, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que el problema es que los manglares son vistos como un lugar “cochino” que no se debe conservar.

Estas declaraciones surgen luego de que residuos químicos fueran vertidos en los manglares de Juan Díaz, y que la Dirección Regional de Panamá Centro de la Autoridad Nacional del Ambiente empezara una investigación contra la empresa Gases Industriales como la posible responsable del daño ecológico.

“Hay que parar este tipo de cosas”, dijo Spadafora, quien además pidió a las autoridades ambientales llegar “hasta las últimas consecuencias” para hacer que los culpables paguen por los daños ocasionados al ecosistema.

Lasso insistió en que es el momento de cambiar la percepción sobre los manglares.

Mina, a toda marcha, fuera de las leyes ambientales

PETAQUILLA. LA MINERA INTERPUSO UN RECURSO LEGAL PARA EVITAR UNA SANCIÓN.

Mina, a toda marcha

La Anam sostiene que la empresa no tiene los permisos para haber empezado la construcción.

La compañía recurre a su contrato y sostiene que no está obligada a cumplir con las nuevas normas.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

MAQUINARIA. Personal de Petaquilla durante la construcción de las tinas y sistemas de refinación de los minerales que saldrán de la mina de oro.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) afirma que Petaquilla Minerals no tiene los permisos para construir su mina de oro y la planta de refinación del metal; pero eso no ha evitado que la empresa continúe las obras en medio del bosque del distrito de Donoso, en Colón.

Anam intentó frenar la construcción de las obras, levantando un proceso por daños ambientales, pero Petaquilla se le adelantó interponiendo un recurso de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo que paró por el momento cualquier acción en su contra. Le corresponde al magistrado Adán Arnulfo Arjona procesar esta polémica ambientalista.

Natalia Young, directora de Calidad Ambiental de la entidad, señaló que Petaquilla ni siquiera cuenta con los permisos para la construcción de la carretera que une al distrito de La Pintada, en Coclé, con el área de la mina de oro en Colón. Sin embargo, el representante legal de Petaquilla dijo que la empresa está amparada en un contrato ley que le permite realizar esta construcción, a pesar de la nuevas normas ambientales.

MEDIO AMBIENTE. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MINERA AFECTARÁN UNAS 3 MIL 100 HECTÁREAS DE BOSQUE nativo.

Petaquilla: casi todo por un dólar

La firma pagará un dólar de canon anual –por cada hectárea– en los primeros años de la concesión.

Petaquilla admitió que el material residual que dejará en el área, tendrá restos de cianuro.

La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Petaquilla Minerals firmó un contrato con el Estado que por sí solo es un gran negocio: la empresa tiene el aval legal para hacer y deshacer en las 13 mil 600 hectáreas que le otorgaron para la explotación y extracción de materiales metálicos como oro, plata y cobre. Tiempo le sobra: la concesión es por 20 años, con derecho a una prórroga por 40 años más.

El Estado de Panamá recibirá, por la explotación de la tierra, un dólar anual por hectárea durante los primeros años del contrato.

Pero, para la compañía, se trata de un negocio que les dejará altos dividendos a sus principales accionistas, las empresas canadienses Mining Corporation y Teck Cominco.

La propia Petaquilla Minerals informó que espera extraer en 12 años unas 893 mil onzas de oro como mínimo de la mina de Molejón, ubicada en el distrito de Donoso (Colón).

Si se toma como referencia el el precio actual del oro en el mercado internacional, el valor del metal que extraerá la empresa sería de 536 millones de dólares.

Para Petaquilla Minerals, empresa presidida por Richard Fifer, la mina de oro solo representa el 20% de su negocio. La mina de cobre es el “fuerte” del negocio y su explotación está programada para iniciarse en mayo próximo.

En total, la empresa proyecta que tendrá que intervenir y afectar unas 3 mil 100 hectáreas de bosque nativo.

Pero el atractivo negocio para los accionistas no se refleja en los dividendos que recibirá Panamá. El acuerdo –Ley 9 de febrero de 1997– establece que el Estado empezará a recibir en concepto de cánones superficiales un dólar por cada hectárea dada en concesión, un monto que subirá gradualmente hasta llegar a 3 dólares con 50 centésimos. Pero la empresa tiene la potestad de deducir de estos pagos, los gastos que tenga en exploraciones.

En los impuestos que debe pagar la empresa también se establecieron topes. En el impuesto de inmuebles, Petaquilla Minerals no pagará más de 100 mil dólares al año, al igual que en los impuestos municipales. Si se sobrepasa en el tope de los impuestos municipales, la empresa recibirá créditos fiscales contra el pago de impuesto sobre la renta.

La empresa se defendió: aseguró que su proyecto está basado en un “modelo de minería sostenible” que incluye la activación económica de lugares cercanos al proyecto, como los distritos de Donoso y La Pintada. Esto abarca la construcción de escuelas, carreteras, centros de salud, infraestructura gubernamental, electrificación, apoyo al sector agropecuario del país, becas estudiantiles, y la generación de más de mil 600 empleos solo en su primer proyecto, la mina de oro.

José Gabriel Carrizo –representante legal de Petaquilla Minerals– sostuvo que la empresa ha tenido fuertes gastos en estudios de impacto ambiental, viabilidad y contratación de fianzas que ascienden a 7 millones de dólares.

DEFORESTADO Este cerro, ubicado en medio del bosque, será ‘rebanado’ para extraer el material que contiene pequeñas partículas de oro y plata.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ente regulador de la actividad minera en el país, conoce de las grandes ventajas dadas a Petaquilla, pero actualmente no analiza renegociar el contrato. “Todas las ventajas, exoneraciones y beneficios que tiene esta concesión están descritas en una ley aprobada en 1997 y no en esta administración. En ningún momento se han otorgado nuevos beneficios”, explicó la institución que está a cargo de Alejandro Ferrer.

A través de un comunicado, el Mici indicó que solo intervino para garantizar que la empresa se sometiera a la supervisión de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y se estableciera, además, una fianza ambiental por 3 millones de dólares. “Esto no limita la compensación por daño ambiental, si lo hubiese. Es solo una garantía de pago para cubrir gastos inmediatos”, afirmó el Mici. Sin embargo, Petaquilla se ha resistido a la supervisión de la Anam.

Impacto ambiental

El estudio ambiental que presentó Petaquilla confirmó que con el desarrollo del proyecto minero se darán cambios en la composición de la fauna del lugar y se darán desvíos de quebradas. En total, se intervendrán de manera “directa y drástica” 160 hectáreas para la mina de oro. De esa superficie, un 80% perderá la cobertura boscosa y el 100% no tendrá la capacidad de mantener la biodiversidad original.

Ahora la empresa dijo que afectará 100 hectáreas como máximo en el primer proyecto (oro) y 3 mil más para la mina de cobre. La empresa ya deforestó el cerro de donde extraerá todo el material para refinarlo y sacar el oro. Por cada tonelada de tierra y piedra que se extraiga, quedarán 2.48 gramos de oro.

La empresa aceptó, en una entrevista con este diario, que se trata de una mina de cielo abierto como una cantera de tosca, pero aclaró que su sistema de procesamiento es cerrado y además contempla un proceso para neutralizar los efectos del cianuro.

El problema está en las tinas de relave: allí, al final de la refinación, se deposita todo el material de descarte junto con restos de cianuro producto de la actividad minera.

Los propios técnicos de la compañía admitieron que es imposible evitar el 100% de la salida del cianuro, una sustancia altamente contaminante.

Petaquilla Minerals aseguró, no obstante, que su planta de procesamiento de oro utiliza la tecnología más avanzada que hay en el mundo, y que el impacto al medio ambiente es mínimo.

Pero la relación entre la minera y la Anam no es la mejor. Natalia Young, directora de Calidad Ambiental del organismo, informó que se le inició a Petaquilla un proceso por daños a las aguas superficiales, suelos y vegetación. La Anam también acusó a la firma de empezar la construcción de una carretera y la planta de oro sin los permisos ambientales. Por ello, la empresa interpuso un recurso ante la Corte Suprema que logró frenar, por el momento, el proceso que adelanta la Anam (el caso lo tiene el magistrado Adán Arjona). Mientras tanto, la construcción del proyecto continúa.

Por su parte, Ramón Alvarado, consultor externo de Petaquilla, indicó que el plan de mitigación ambiental contempla un proyecto de cierre de la mina para dejar el área lo menos afectada posible. Agregó que en el futuro se contempla hacer un lago artificial en el cerro que explorarán.

Fiscal solicita investigar a la Anam

Fiscal solicita investigar a la Anam

CONTAMINACIÓN. Una investigación por el supuesto delito contra el abuso de autoridad o infracción de los deberes de los servidores públicos se podría iniciar en contra de funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Esto, luego que el fiscal Víctor Barrios solicitó la medida al considerar que la Anam “no le ha prestado la atención debida” a la contaminación del medio ambiente, por el derramamiento de aguas servidas provenientes de la laguna de oxidación del Hospital de Chepo y el matadero de ese distrito, en el área este de la provincia de Panamá.

José Arcia

La Prensa, 17 de septiembre de 2007.

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