Panamá: De facto gobierno debilita normas de Estudios de Impacto Ambiental

Panamá: De facto, gobierno debilita normas de evaluación de Estudios de Impaco Ambiental (EIA)

Ciudad de Panamá, 10 de agosto de 2011. Veintinueve organizaciones ambientalistas se pronunciaron sobre la sorpresiva publicación en la Gaceta Oficial el pasado viernes a las 7:11 p.m. del Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, por el cual se modificó el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Las organizaciones advierten a la ciudadanía que este decreto es un esfuerzo más por debilitar la legislación ambiental del país, permitiendo el desarrollo apresurado y no planificado de múltiples actividades altamente impactantes a los recursos naturales, poniendo en peligro la salud y la calidad de vida de los panameños.

La publicación del nuevo decreto se da luego que estas organizaciones se mantuvieran durante meses a la espera de que la actual administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpliera el compromiso adquirido de revisar lo avanzado por la administración anterior para una adecuada modificación del reglamento, generando un nuevo borrador que se sometería a consulta pública de conformidad con la Ley de Transparencia.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo debe incluir ineludiblemente las consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, y la realización propia del EIA a cargo del promotor y su presentación a la autoridad reguladora. Estos EIA suponen un proceso de participación pública que garantiza transparencia y poder decisorio colectivo ante obras que pueden afectar el ambiente y sus respectivas medidas de compensación, manejo del impacto. Foto: Burica Press

Sin embargo, una vez más y tal como ocurrió con la expedición arbitraria del Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y la Ley 30 de 2010 (mejor conocida como Ley Chorizo), las autoridades disminuyen garantías básicas del derecho humano a un ambiente sano, haciendo inoperante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

El nuevo decreto debilita la participación ciudadana, dándole sólo 10 días a los ciudadanos para dar sus comentarios a Estudios de Impacto Ambiental que usualmente tienen más de 300 páginas, cuando aún con los 20 días que daba la regulación anterior no era suficiente para vencer los obstáculos al acceso a la información pública, conseguir los documentos, generar comentarios y remitirlos a la Dirección correspondiente dentro de la ANAM. A su vez, la modificación del artículo 46 pretende hacer facultativa la consulta pública, que hasta ahora era obligatoria para los estudios categoría II y III.

Aún más, la nueva regulación exige, a los 14 evaluadores técnicos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) -7 permanentes y 7 transitorios según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo-, culminar la fase de análisis de cada estudio en 20 días hábiles para aquellos de categoría II y 40 días hábiles para aquellos de categoría III. La regulación anterior ya había reducido arbitrariamente estos términos, de 45 y 65 días, a 35 y 55 días respectivamente.

Pero no son los evaluadores de ANAM los únicos afectados, ya que los responsables de las Unidades Ambientales Sectoriales de los distintos ministerios y entidades tendrán ahora sólo 8 días para estudios categoría II y 12 para estudios categoría III, cuando antes contaban con 15 y 20 días respectivamente para un examen concienzudo de la información brindada por el promotor del proyecto y la determinación de la información adicional que debía ser requerida. Según la página web de la ANAM, en los primeros tres meses del año en curso ingresaron al proceso de evaluación unos 226 estudios: 186 categoría I, 39 categoría II y 1 categoría III.

Ahora más que nunca, es de crucial importancia dotar de personal y recursos suficientes tanto a la ANAM como a las unidades ambientales sectoriales de las instituciones públicas para que puedan cubrir a cabalidad con sus funciones, en especial la evaluación de impacto ambiental.

1. Alianza Ambiental Pro Desarrollo Integral “Unidos Por Panamá” (AAPRODIUPA)
2.  Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
3.  Asociación Agroambientalista Macho de Monte
4.  Asociación Agroecoturística La Amistad
5.  Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
6.  Asociación Conservación de la Biosfera
7.  Asociación de Productores Agroecologistas de Candela
8.  Asociación de Productores Agroecologistas La Amistad (ADPAELA)
9.  Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
10.  Asociación de Productores de Renacimiento
11.  Asociación Ecológica de Productores Orgánicos de Rovira
12.  Centro Misionero de la Concepción
13.  Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
14.  Comité por la Defensa del Río Gariché y sus Afluentes
15.  Comité Pro Rescate del Río Escarrea
16.  Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
17.  Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA
18.  Grupo Expedición Natural Agro Turística
19.  Grupo Orgánico de Agricultores Cerro Punteños
20.  Reciclaje, Ambiente y Limpieza de Boquete (RAL Boquete)
21. Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
22. Alianza Pro Ciudad
23. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
24. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
25. Colectivo Voces Ecológicos (COVEC)
26. Fundación Almanaque Azul
27. Fundación Panamá Sostenible (PASOS)
28. Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)
29. Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos presentaron nuevos alegatos contra la Ley 30 de 2010 -que entre otras cosas, flexibilizó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental- en apoyo a las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas en junio pasado por sindicatos, abogados litigantes y otros grupos organizados.

El escrito de 51 páginas fue presentado por los abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en representación del propio CIAM, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación Almanaque Azul, la Fundación Panamá Sostenible (PASOS, en formación) y Human Rights Everywhere (HREV).

Esta semana el Órgano Ejecutivo y Legislativo de Panamá por la presión de la ciudadanía está intentando subrogar La Ley 30 y dividirla en seis leyes de acuerdo a los puntos acordados en una mesa de discusión que mantuvo el gobierno con  algunos miembros de la sociedad civil. Por parte del Órgano Judicial se espera la declaratoria de ilegalidad por inconstitucional de la mencionada ley.

“Optamos por presentar nuevos alegatos en lugar de una séptima demanda, la cual habría retrasado todo el proceso”, aclaró Félix Wing Solís, Director Ejecutivo del CIAM, quien añadió que “la Corte tiene el deber moral de declarar inconstitucional la Ley 30, en vez de utilizar su subrogación como excusa para declarar la sustracción de materia. Ello sería eludir su responsabilidad como custodia privativa del orden constitucional.”

Los ambientalistas alegaron que la Ley 30 incurrió en 6 vicios de forma -que el gobierno se negó a discutir en la Mesa de Diálogo- y 7 violaciones de fondo a la Constitución y a convenios ambientales y de derechos humanos ratificados por Panamá, para un total de 18 normas constitucionales y 14 normas internacionales violadas.

El texto completo de los alegatos está disponible en el siguiente enlace:

ALEGATOS INCOSTITUCIONALIDAD LEY 30

A continuación, se resumen las violaciones de forma y de fondo alegadas por los ambientalistas:

Violaciones de forma:

1) que el tema ambiental no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias;

2) que los diputados no actuaron en interés de la Nación;

3) que la Asamblea Nacional tiene prohibido expedir leyes contrarias a la letra o el espíritu de la Constitución;

4) que la Comisión de Transporte no es competente para discutir reformas a la legislación ambiental;

5) que el Ministro de Seguridad Pública no era competente para refrendar una Ley sobre aviación comercial; y

6) que todos los actos anteriores constituyen desviación de poder.

Violaciones de fondo:

1) el principio de separación de los poderes, esencial a toda democracia formal;

2) 11 convenios ambientales que obligan a Panamá a realizar estudios de impacto ambiental;

3) el desmejoramiento de la protección del derecho a un ambiente sano, tutelado por el Régimen Ecológico de la Constitución y por 3 convenios de derechos humanos;

4) el principio de estricta legalidad, según el cual los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente autoriza;

5) el principio de acceso público a la información, garantizado por los estudios de impacto ambiental;

6) la primacía del interés público sobre el interés privado; y

7) la obligación del Estado de reglamentar las actividades económicas mediante organismos especializados, de modo tal que beneficien a las mayorías.

Continúa pulseo entre gobierno y ambientalistas en la Mesa del Diálogo

Continúa pulseo entre gobierno y ambientalistas en la Mesa del Diálogo

Por segundo día consecutivo se reunió la Subcomisión Ambiental nombrada por la Mesa de Diálogo sobre la Ley 30, cuya sesión inició a las 10:30 a.m. con la presencia por parte del gobierno de Javier Arias, Administrador General de la ANAM, y la Asesora Legal, Carmen Luz Urriola-Villalaz, quienes se opusieron inicialmente a que la sesión fuese filmada por los ambientalistas, pero luego cedieron.

En representación del Gobierno Nacional, el Subsecretario General de la Asamblea Nacional, Luis Camacho, presentó una nueva propuesta de modificación a los artículos ambientales de la Ley 30, según la cual los proyectos de bajo y moderado impacto (Categoría I y II) podrían acogerse a Guías de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA), mas no así los de alto impacto (Categoría III).

Las organizaciones ambientalistas presentaron a su vez una contrapropuesta, aceptando únicamente que los proyectos de bajo impacto (Categoría I) puedan acogerse a GBPA, tal como recomienda técnicamente la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), que ha iniciado la elaboración de estas guías en Centroamérica.

Los ambientalistas se mantuvieron firmes en su posición de ayer, al no aceptar que las GBPA puedan reemplazar a los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), sino únicamente complementarlos, excepto el caso de los proyectos Categoría I, y que las GBPA sean sometidas a un proceso de elaboración participativa con todos los sectores, y a una consulta pública cuyos resultados serán vinculantes.

Finalmente, los ambientalistas propusieron restablecer el artículo 115, que establecía incentivos para los denunciantes de delitos o infracciones ambientales, el cual fue derogado por la Ley 30.

PROPUESTA DE LOS AMBIENTALISTAS

Artículo 33. Se adiciona el artículo 23-A a la Ley 41 de 1998, así:

Las actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos y que con base en los criterios ambientales de las normas vigentes deban someterse a un Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, o cualquier otra categoría equivalente que se creara en el futuro, podrán acogerse a Guías de Buenas Prácticas Ambientales que le sean aplicables siempre y cuando las mismas hayan sido previamente aprobadas y reglamentadas por la Autoridad Nacional del Ambiente con base en un procedimiento participativo. El contenido mínimo de estas guías no podrá ser menor de lo que actualmente se contempla para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I.

Las obras, proyectos o actividades que deban someterse a un Estudio de Impacto Ambiental Categoría II y/o III no podrán sustituir el Estudio por las Guías de Buenas Prácticas Ambientales.

La Autoridad Nacional del Ambiente deberá elaborar las Guías de Buenas Prácticas Ambientales con la participación de todos los sectores representados en la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente y someterlas a un proceso de participación, mediante la modalidad de consulta pública, la cual será vinculante, que consiste en el acto mediante el cual la entidad pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de personas naturales o jurídicas.

Para los efectos del párrafo anterior, la Autoridad Nacional del Ambiente deberá publicar, con suficiente antelación, al menos tres veces consecutivas, en un medio escrito de circulación nacional un aviso que contendrá lo siguiente:

1. Identificación de la actividad que será sujeta a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

2. Oficina y horario para retirar la información base correspondiente.

3. Plazo mínimo de 20 días hábiles para que las personales naturales y jurídicas presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias y lugar en que se recibirán.

Mientras dure la consulta la Autoridad Nacional del Ambiente deberá mantener en su página web toda la información relacionada con las Guías de Buenas Prácticas Ambientales sometidas al proceso de consulta.

Artículo 34. Se restaura la vigencia del artículo 115 de la Ley 41 de 1998.

PROPUESTA DEL GOBIERNO / TEMA AMBIENTAL

Artículo 33. Se adiciona el artículo 23-A a la Ley 41 de 1998, así: Artículo 23-A. Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 23, con excepción de los categoría III, las actividades, obras o proyectos públicos o privados, que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas ambientales que les sean aplicables, siempre que las mismas hayan sido previamente reglamentadas a través de Decreto Ejecutivo, el cual contendrá los requisitos, trámites necesarios para la aprobación. La Autoridad Nacional del Ambiente, elaborará dichas Guías.

Previo a su aprobación, las Guías de Buenas Prácticas Ambientales deberán ser sometidas al proceso de participación, mediante la modalidad de consulta pública, que consiste en el acto mediante el cual la entidad pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos u organizaciones sociales.

Artículo 34. Se deroga el artículo 115 de la Ley 41 de 1998.

Artículo 31 Se adiciona un término al artículo 2 de la Ley 41 de 1998, así: Artículo 2. La presente Ley y su reglamentación, para todos los efectos legales, regirán con los siguientes términos y significados:

Guía de Buenas Prácticas Ambientales: Herramientas de gestión ambiental para la evaluación de proyectos, obras o actividades elaboradas por la Autoridad Nacional del Ambiente y según estándares definidos en convenios nacionales e internacionales donde Panamá es signatario que amplian las regulaciones ambientales vigentes referentes a acciones de prevención, corrección y/o compensación que los promotores de un proyecto, obra o actividad de desarrollo implementen, a fin de promover la protección y prevenir daños en los factores ambientales.

RESULTADOS

Según La Prensa, el tema ambiental no registró avances ayer. El lunes (5 de noviembre de 2010), una subcomisión llegó a un acuerdo en dos de los cuatro artículos ambientales: el que agrega a la Ley de Ambiente la definición de las “Guías de buenas prácticas ambientales” y el que elimina la frase “público o privado” a los proyectos que requerían estudio de impacto ambiental.

En el artículo 33, que convierte en opcionales los estudios de impacto ambiental para los proyectos que el Ejecutivo determine, el Gobierno accedió a que las obras de riesgo ambiental estuvieran obligadas a este análisis. Sin embargo, los ambientalistas piden que los proyectos turísticos en áreas costeras también se sometan a este estudio. La discusión está trancada.

Video: High hopes Panamá

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Colaboraron con esta nota: Félix Wing del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Sanción de la “Ley Chorizo” causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

Gobierno panameno desmonta Estudios de Impacto Ambiental, Derechos humanos y laborales

BANCADA OFICIALISTA IGNORA REPUDIO NACIONAL

Proyecto 9 en 1, a punto de ser ley

Ni los discursos de los diputados opositores ni los llamados de atención de los grupos civiles impidieron la aprobación de la polémica propuesta.

APROBADO. Oficialistas celebran el ‘sí’ dado al proyecto del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

A puertas cerradas y con policías dentro del edificio de la Asamblea Nacional –por orden del presidente, José Luis Varela–, la mayoritaria bancada oficialista aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley sobre aviación comercial que además reforma los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, y otras seis leyes.

42 votos a favor y 17 en contra fue el resultado de la votación, que deja el proyecto a un paso de convertirse en ley, a pesar del rechazo de los diputados de oposición y de decenas de grupos de la sociedad civil organizada que durante toda la semana acudieron a la Asamblea para exigir que se eliminaran de la propuesta de ley los temas de ambiente, derechos humanos y sindicalismo.

Miembros de grupos como MarViva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción no ingresaron al hemiciclo legislativo ayer, porque el presidente de la Asamblea así lo ordenó.

Tras conocer que el proyecto había sido aprobado, los grupos convocaron a una reunión en la Universidad de Panamá, mañana lunes, a las 5:00 p.m., para analizar las medidas que tomarán para que el presidente, Ricardo Martinelli, quien estuvo fuera del país los últimos cinco días, lo vete.

PROPUESTA ENVIADA POR EL EJECUTIVO PASA EL TERCER DEBATE

Diputados le dan otro ‘sí’ al polémico proyecto 9 en 1

Por segundo día consecutivo, la Asamblea sesionó a puertas cerradas. Esta vez lo hizo, además, rodeado de policías.

AMBIENTE. Mientras en la parte exterior del Palacio Justo Arosemena la policía impedía la entrada a los opositores del proyecto, dentro los diputados votaban a favor de esta iniciativa del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

El rechazo de los trabajadores, ambientalistas y aviadores comerciales al proyecto 9 en 1 fue ignorado por los 42 diputados oficialistas que participaron ayer del debate en la Asamblea Nacional.

Tras cuatro horas de discusión (a la 1:00 p.m.), la bancada oficialista aprobó en tercer debate el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que promueve la aviación civil, reformando de paso el Código Penal, el Código Judicial y el de Trabajo, además de seis leyes.

Si el presidente, Ricardo Martinelli, le da el visto bueno a esta propuesta, los policías no serán detenidos por la comisión de un delito en sus horas laborales. Además, las obras que el Gobierno declare como de “interés social” no deberán someterse al estudio de impacto ambiental; y cuando los trabajadores declaren una huelga, no podrán cerrar la empresa.

Los anteriores aspectos son los que más preocupan a grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), MarViva y la Alianza Ciudadana pro Justicia.

Miembros de estos grupos –como Raisa Banfield, Gabriela Etchelecu, Alida Spadafora y Saúl Méndez– trataron de entrar a la Asamblea para repudiar la ley.

Sin embargo, todas las puertas de acceso estaban cerradas. No les quedó otra opción que gritar consignas desde la Plaza 5 de Mayo.

En tanto, en el hemiciclo, los diputados oficialistas y los opositores seguían enfrentados. Los primeros buscaban que la ley fuera aprobada lo antes posible, mientras que el otro bando quería dilatar el debate.

De la bancada de oposición hicieron uso de la palabra 10 diputados, entre ellos Juan Carlos Arosemena, Raúl Pineda, Leandro Ávila y Benicio Robinson.

De los oficialistas, pocos pidieron la palabra. Pero hubo quienes –como Miguel Fanovich y el presidente de la Asamblea, José Luis Varela– defendieron con elocuencia la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, recibió 42 votos a favor y 17 en contra.

Las reacciones de la sociedad civil no se hicieron esperar. Banfield dijo que, si el Ejecutivo sanciona el documento, lo demandarán.

Saúl Méndez también advirtió que no se quedarán de brazos cruzados. “Llamamos al pueblo a una resistencia social”, anunció.

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, aceptó que “faltó divulgación y una mejor exposición del contenido de la ley”. Sin embargo, no explicó por qué razón se incluyeron nueve temas tan variados en una sola propuesta de ley.

¿Qué poder tienen los obreros?

El movimiento sindical está en alerta. La reciente reforma parcial al Código de Trabajo incluyó cambios a las convocatorias a huelga, y a la formación de nuevos gremios de trabajadores. Estas nuevas disposiciones no fueron del agrado del sector obrero, uno de los más beligerantes del país. Por ello, dicen, no descartan convocar a una huelga general en rechazo a estos y otros cambios que ha anunciado el Gobierno para julio próximo. Pero, ¿qué poder tienen los obreros?, sector que en los últimos años ha mostrado tantas divisiones.

EL PANORAMA

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) es el gremio que aglutina la mayor parte de los sindicatos del país.

En la actualidad está integrado por 10 grupos de todo el país, con un total de 180 mil trabajadores. Están en el Conato, la Confederación de Trabajadores de la república de Panamá (CTRP), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Confederación Gremial de Trabajadores de la República de Panamá (CGTRP), la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (Fenasep), la Federación Sindical de los Trabajadores de Panamá, la Confederación Gremial de Trabajadores, la Confederación Gremial, Convergencia Sindical, la Unión General de Trabajadores y la Casa Sindical.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), una de las más fuertes, formaba parte de Conato, pero fue expulsada justo cuando se discutían las polémicas reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en 2005.

Conusi es el grupo más poderoso, porque tiene en sus filas al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Además, cuenta con ocho federaciones, tres sindicatos regionales y cuatro sindicatos nacionales.

“Fuimos expulsados de Conato porque en ese momento el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) así lo quiso”, aseguró Gabriel Castillo, secretario general de la Conusi.

Conusi está formada, en su mayoría, por trabajadores del comercio, de la agricultura, de la industria del papel y de la telefonía. En total, son unos 52 mil empleados, calculó Castillo.

SUS RECURSOS

En 2005, cuando se discutieron las reformas a la ley de la CSS, el movimiento sindical se fue a huelga general, en medio de la pelea interna entre los dirigentes.

A pesar de las divisiones, lograron su objetivo: presionar al Gobierno mediante la paralización laboral, para que estableciera una mesa de diálogo por el Seguro Social. A ellos se les unió el sector de los médicos, el de los educadores y el de los profesionales del país. La huelga duró un mes.

Según Castillo, en estos momentos están preparados para resistir nuevamente un mes de huelga, para enfrentar lo que ellos califican como las “nefastas” reformas laborales que impulsa el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

La Conusi maneja su propio presupuesto. Cada trabajador le aporta 10 centésimos mensuales (lo que suma 62 mil 400 dólares cada año), explicó Castillo. Además, Suntracs, recauda una cuota de dos dólares por cada obrero de la construcción. “Lógicamente, el sindicato más fuerte económicamente es Suntracs”, reconoció Castillo.

Rafael Chavarría, dirigente de Conato, aseguró que esta agrupación también está preparada para resistir un mes de huelga, aunque sostuvo que cuentan con una mejor estrategia para no llegar a ese extremo. Se trata, explicó, de lograr el apoyo de todos los sectores del país para que la huelga solo dure un día. “Así la presión es más fuerte para el Gobierno”, adujo.

LA LUCHA VA

Los líderes sindicales aún tienen diferencias. Sin embargo, han lanzado puentes para lograr una unidad, con el objetivo de crear un frente común en contra de las anunciadas reformas laborales. Genaro López, secretario general del Suntracs, indicó que aún desconfían de la cúpula del Conato –luego de que aprobaran la expulsión de Conusi en 2005–, aunque anunció que están dispuestos a dialogar con dirigentes intermedios.

Por su lado, Castillo informó que esa posibilidad está sobre el tapete y la analizarán. “La división no es un secreto, pero el movimiento sabe dejar aparte esas diferencias para luchar unidos”.

Rafael Chavarría, por su lado, dijo que esperan la respuesta de Conusi.

José González Pinilla

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ASAMBLEA NACIONAL

Aprueban proyecto 177

Un grupo de defensores del ambiente se manifiestan afuera del Palacio Legislativo, mientras se discutía a puerta cerrada el polémico proyecto de aviación número 177.

PANAMÁ. El proyecto de ley de aviación número 177 llegó a la Asamblea Nacional con la pretensión de regular la actividad aérea y comercial de Panamá. El pasado lunes 7 de junio fue presentado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Para sorpresa de muchos, el proyecto estaba cargado de otras reformas. Modificaciones a tres códigos y seis leyes que nada tenían que ver con la aviación comercial fueron aprobadas a puerta cerrada, el sábado 12 de junio a las 12:57 del mediodía en tercer debate con 42 votos a favor y 17 en contra.

En su trayecto, la ley de aviación perdió su identidad y hoy es conocida como: ‘ley langosta’, ‘ley chorizo’, ‘ley 9 en 1’ y hasta ‘ley golazo’, en alusión a que por estos días se inauguró el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Desde las nueve de la mañana del sábado, a la Asamblea Nacional llegaron defensores del medio ambiente y trabajadores de la construcción.

Mientras dentro del Palacio los diputados —tanto de oposición como oficialistas— discutían el polémico proyecto, afuera un grupo de trabajadores protestaban jugando fútbol en medio de la calle y otro grupo de defensores del ambiente con pancartas en mano gritaban consignas como ‘allí están, esos son los que venden la nación’ y ‘sin lucha no hay victoria’.

Genaro López, del Suntracs, reaccionó a lo aprobado por los diputados señalando que no se quedarán cruzados de brazos y demandarán el proyecto por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Fernando Arango, pidió al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que considere vetar esta ley por considerar que debió ser más discutida y conversada por todas las partes. Arango también crítico que el proyecto de ley de aviación haya servido para aprobar otras leyes, como las normas penales, laborales y ambientales.

LO APROBADO

En el tema laboral, fue aprobado el artículo número 12, que contempla que el empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores cuotas sindicales y dispone que aquel trabajador que decida afiliarse a un sindicato deberá pagar las cuotas por voluntad propia.

Otro de los artículos que fue aprobado en el paquete del proyecto de aviación es el que establece que cuando un miembro de la Policía Nacional sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el servicio o cumplimento de su deber, por motivo de uso de la fuerza excesiva, no se ordenará su detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional de su cargo.

Del Código Penal se aprobaron disposiciones en materia de penas a quienes falsifiquen o alteren, total o parcialmente, un pasaporte panameño, cédula, licencia de conducir o visa, y se aplicará una pena de 5 a 10 años.

Uno de los temas más discutidos fueron las normas de impacto ambiental, se estableció en el artículo 32 que las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza o características puedan generar riesgo ambiental requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución.

Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, incluso aquellos que se realicen en la cuenca del Canal de Panamá y las comarcas indígenas.

EN PIE DE GUERRA

El proyecto 177, aprobado en tercer debate, ha servido para unir más a los panameños, así lo aseguró la defensora del medio ambiente Raisa Banfield, quien indicó que esperarán la decisión que tome Martinelli, sancionar o vetar la ley.

Banfield dijo que, de no vetarse esta ley, ellos acudirán a todas las instancias legales que tengan a su alcance, en la justicia, debido a que Panamá se perfila como un defensor de derechos ambientales y lo aprobado por los diputados es un retroceso a los logros alcanzados por ellos, explicó.

Los diputados de oposición se manifestaron en contra de la aprobación en tercer debate de la ley. Leandro Ávila, del PRD, afirmó que ‘la asamblea solamente trabaja sábado cuando se trata de aprobar leyes impopulares’.

RECURSO. Grupos que la adversan amenazan con demandarla

Aprueban “Ley Chorizo” bajo estricto cerco policial

Quienes se oponen al proyecto convocaron a una reunión mañana y a una marcha desde la Iglesia del Carmen el próximo martes.

Carlos Anel Cordero

PA-DIGITAL

Golazo. Mientras el dirigente obrero Saúl Méndez dominaba un balón, los diputados daban tercer debate a la “Ley Chorizo”.

Ambientalistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que un grupo de asesores legales evaluarán el denominado proyecto de “Ley Chorizo”, aprobado ayer en tercer debate, a fin de determinar las posibilidades de demandarlo por “ilegal e inconstitucional”.

Al mismo tiempo, solicitaron al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no lo sancione y que haga uso de su facultad constitucional de vetarlo. Amenazaron con demandarlo en tribunales nacionales e internacionales.

Hay que reconocer que este Gobierno ha logrado que grupos de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios y sindicatos se unan en contra de una iniciativa que los afecta a todos, dijo Raisa Bandfield, vocera de los grupos ecologistas.

El proyecto fue aprobado ayer en medio de extremas medidas de seguridad en el Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea.

Leandro Ávila, de la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que ni en la época de la dictadura, la Asamblea Nacional había sido “sitiada” por la Policía Nacional, al punto que hasta a los diputados y periodistas les dificultaron el acceso al recinto legislativo.

José Luis Varela, presidente de la Asamblea, justificó el hecho alegando que en los días anteriores, grupos sindicales y ambientalistas se negaron a abandonar el recinto y que al día siguiente, un grupo de activistas ambientalistas estuvo a punto de romper la lámina transparente que separa las gradas del Pleno.

Sectores opositores calificaron el proyecto como “Ley Chorizo”, por la diversidad de materias que incluye.

La iniciativa modifica los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, las leyes Ambiental, de Contrataciones Públicas, Aeronáutica Civil, la de la Fiscalía de Cuentas y del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En esta última materia, la ley dispone que cuando se construya un proyecto y haya que remover postes de cableado de servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios tendrán un plazo para removerlos y en el caso de que no lo hagan, se ordenará su remoción y luego se pasará la cuenta a la empresa propietaria.

OPINIONES

EDITORIAL DE EL PANAMÁ AMÉRICA
La falsa democracia

Con el proyecto de ley, llevado hace unos días a la Asamblea Nacional, el Gobierno ha creado tal confusión en la sociedad panameña, que hace dudar de las intenciones oficialistas. Es fácil creer que se trata de enmarañar el sistema normativo que nos rige con el objetivo de revolver el río y obtener las ganancias de pescadores tan famosas. El grupo en el poder debe (y puede) cambiar de métodos de gobierno, pues están destruyendo la democracia al simplemente ignorarla.

¿Quiénes deberían alertar sobre lo que está ocurriendo? Nada menos que los diputados. Pero éstos –sin ninguna preocupación ni autonomía de pensamiento- no hacen nada. O no se enteran. Quizá no les importa, lo cual es todavía peor. Hay más indiferentes y apáticos en la Asamblea que en las calles de Panamá, y por eso quizá no miden las consecuencias de sus actos.

Todo indica que la intención del Presidente Martinelli es seguir ignorando a la sociedad civil. Y ante la resistencia de los grupos de oposición, resulta triste el espectáculo de aquellos diputados que acusan a estos panameños organizados de violentar sus rejas, cuando ellos son quienes violentan de la peor manera el ambiente político del país donde a todos nos toca vivir.

EDITORIAL LA PRENSA

Hoy por Hoy

Un claro ejemplo de que la sociedad civil organizada y el Gobierno pueden trabajar juntos y lograr importantes avances en distintos temas de interés nacional, es la labor que se viene realizando desde hace casi un mes en materia de seguridad. En esta ocasión, los resultados de las reuniones efectuadas entre el Gobierno y las distintas organizaciones de la sociedad civil ya tienen resultados, al menos en lo teórico.

Lastimosamente, esta reflexión no puede más que dejar un sabor agridulce, pues la convivencia pacífica entre el Gobierno y los gobernados se ha visto, en repetidas ocasiones, alterada por las arbitrariedades cometidas por la administración del presidente Martinelli.

Tal vez otra hubiera sido la historia si la opinión de la sociedad civil hubiese sido tomada en cuenta al momento de elegir a los nuevos magistrados de la Corte, cuando se destituyó a la Procuradora de la Nación, o cuando se aprobaron los coloquialmente llamados “proyecto de los carcelazos” y recientemente el gran “golazo legislativo”. La administración Martinelli tiene que recapacitar y entender que las leyes hay que cumplirlas, que la opinión de quienes lo eligieron merece ser escuchada, y que la arbitrariedad no es la forma de gobierno que los panameños nos merecemos.

OPINIÓN DEL ÁTICO (ESTRELLA DE PANAMÁ)

LO QUE HACEN CON LAS MANOS. .. … lo destruyen a patadas. Definitivamente, los dirigentes del Gobierno no tienen una mano limpia de Pocker. Esconden en sus mangas todos los ases que les viene en gana. Señores, se están equivocando garrafalmente, están irrespetando al pueblo, a la vez que lo amenazan con leyes traídas de los cabellos y que atentan contra el aún débil Estado de Derecho. El voto no es una carta en blanco para que hagan y deshagan a su antojo, son apenas una junta directiva del Estado, no se confundan.

OPINIÓN DEL DIRIGENTE DEL SINDICATO MÁS GRANDE DE PANAMÁ

Otro exabrupto gubernamental

GENARO LÓPEZ*
rologe54@yahoo.com

Si las sesiones extraordinarias son convocadas para temas específicos, ¿cómo se explica que se reformen el Código Penal, Laboral y Judicial si esto no estaba en agenda, además de seis leyes adicionales: Ley General del Ambiente, Ley Orgánica de la Policía, la que crea el Tribunal de Cuentas, la Ley marco de Servicios Públicos, etc? ¿Cómo la Comisión de Transporte puede aprobar un anteproyecto de ley sin consultar al resto de las comisiones en temas que le compete? Tal como han señalado juristas del país, se entremezclan materias que debieran ser discutidas en forma separada por su especialidad.

No cabe duda de que esta actuación se suma a la larga lista de exabruptos del gobierno de Ricardo Martinelli, donde la Asamblea Nacional se convierte en cómplice del atropello contra el supuesto ‘Estado de Derecho’.

Lo actuado por la Asamblea, en la aprobación a tambor batiente del proyecto de Ley 177, que supuestamente promueve la aviación comercial, se convierte en una violación más a convenios internacionales y aspectos constitucionales en materia de derecho laboral, derechos humanos y ambientales. La forma en que se apresta a discutir y aprobar el proyecto es violatoria al reglamento de este órgano del Estado y a las normas constitucionales. De esta forma también se aprobó la denominada Ley Carcelazo, misma que ha sido demandada por inconstitucional.

Como en los mejores tiempos de la dictadura de Noriega, la Asamblea tiene que sesionar bajo el amparo de la llamada Policía Nacional, a la misma que le otorgan el derecho a la ‘Pena de Muerte’ al otorgarse impunidad a los policías asesinos y abusadores, quedará en las manos de estos el futuro de la vida de los ciudadanos panameños.

¿Cómo es posible que se le otorgue al Ejecutivo la potestad de prescindir de los estudios de impacto ambiental? En el mencionado proyecto, se pretende borrar gran parte del marco de protección que garantiza la Ley General de Ambiente, al excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a ‘aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete’. ¿Cuál será la actuación de estos mercaderes sobre la apertura del Tapón del Darién, la explotación minera, la venta de los ríos, playas y costas del país?

Ya la realidad ha demostrado que en ellos prevalecen sus intereses empresariales sobre el bienestar social de los panameños. Es decir, se pretende legalizar las catástrofes ecológicas, al colocar a la población en un estado de total indefensión, al atentarse contra el derecho a la vida.

El proyecto involucra reformas al Código de Trabajo, pretendiendo conculcar el derecho a huelga consagrado en la Constitución Política. Se elimina el derecho a arbitraje cuando los trabajadores salen en minoría en el conteo a favor de la huelga, la minoría que está en contra de la huelga podrá seguir laborando, afectando de esta forma el derecho a huelga.

Esta es la segunda oleada de reformas laborales bajo la conducción de Alma Cortés, pero ya está anunciada una tercera oleada.

Todo ello bajo el cinismo de Alberto Vallarino, quien ha señalado que en el debate a la reforma al Código de Trabajo nunca ha estado en la mente del Gobierno perjudicar a los trabajadores.

En un total irrespeto y menosprecio al pueblo, los diputados pretendía negar la participación de las diversa organizaciones, es a través de los esfuerzos de los obreros de la construcción, que se logra cinco minutos por grupo para plantear nuestras objeciones al proyecto de los mercaderes del gobierno.

Panameño, es hora de que expreses tu descontento ante la política del gobierno represor. El mismo se ha dedicado desde su arribo a imponer leyes antipopulares, como la del ITBMS, que desde julio incrementa en un 40% la carga impositiva al pasar de 5 a 7%, reduciendo el poder de compra de nuestros salarios.

No te dejes confundir, no se trata de actuaciones aisladas de ministros (Mulino, Molinar, Cortés, Vallarino, etc.), se trata de una política de gobierno, concebida bajo los intereses empresariales del grupo de poder económico que actualmente encabeza Martinelli, quien, al igual que lo hiciera Noriega, prefiere estar fuera del país (viaje 18 en 11 meses de gobierno) cuando se imponen leyes represivas, antipopulares y antidemocráticas.

*SECRETARIO GENERAL DEL SUNTRACS.

Almirante en grave riesgo por trasiego de cemento para hidroeléctrica Chan 75

TRASIEGO DE TONELADAS DE CEMENTO HACE PELIGRAR SALUD DE 16 MIL HABITANTES DEL PUERTO

Almirante, riesgo sanitario

El técnico en salud ocupacional Vidal Frutos asegura que, de seguir estos escapes, provocarán silicosis en la población.

BOMBEO. La barcaza bombea cemento y otros aditivos a los silos de AES Changuinola en el puerto de Almirante, sin las debidas precauciones. La población está preocupada por el silencio de Anam y del Minsa. ESPECIAL PARA LA PRENSA/P. Rodríguez

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
ALMIRANTE, BOCAS DEL TORO
nacionales@prensa.com

Moradores del corregimiento de Almirante, distrito de Changuinola, están preocupados y hacen un llamado de auxilio al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ante el riesgo inminente en que está su salud por el trasiego de cemento y ceniza volátil.

El problema surgió hace varios meses cuando las firmas Changuinola Civil Works (CCW) y AES Changuinola anclaron una barcaza en el puerto de Almirante para recibir toneladas de cemento y ceniza volátil, transportadas por barcos desde Tampa.

Estos materiales en polvo son bombeados a tierra firme y almacenados en silos para luego proveerlos a camiones que los transportarán a las obras del proyecto hidroeléctrico Chan 75.

Ricardo Qwiman, dirigente comunitario, denunció que la preocupación aumentó luego de que el pasado 5 de febrero ocurrió un escape del aditivo de cemento de los silos ubicados en el muelle de Almirante, propiedad de la Bocas Fruit Company.

Ese día, recuerda, todas las casas alrededor del muelle se llenaron de un fino polvo blanco que llenó de angustia a todos los residentes.

Según Qwiman, el aditivo de cemento es bombeado y su trasiego contamina la atmósfera, como también la salud de los residentes, ya que se han presentado problemas respiratorios y alergias en la piel.

Ello arroja afectaciones pulmonares que pueden empeorar en los próximos meses. “Lo peor del caso es que nuestras autoridades, tanto en el ámbito nacional como provincial, no están dando atención al problema”, dijo.

Admitió que el proyecto está generando plazas de trabajo, pero expone la salud de 16 mil habitantes, puesto que estas instalaciones deben ser reubicadas en otro punto.

ESCAPE PELIGROSO

Para Vidal Frutos Martínez, técnico en salud ocupacional, la población de Almirante sí está en riesgo, porque pueden suscitarse casos de silicosis o contaminación por polvo de silicio, que inflama los pulmones y dificulta la respiración.

Los residentes se preguntan por qué la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Almirante no ha dado un informe al respecto.

Otra que guarda silencio es la Anam, cuyos funcionarios visitaron el área, pero no han comentado nada, mucho menos la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, que no dice nada sobre el derrame que hubo en la bahía, lo que provocó la muerte de especies marinas.

NO HAY QUE TEMER

Tras el escape del material, la firma AES Changuinola, S.A. aseguró que este fue contenido y mitigado de inmediato, y dijo que le exigió a su contratista CCW realizar una investigación inmediata y la implementación de medidas de seguridad para evitar un nuevo derrame, lo que calificó como un “hecho aislado”.

Además, AES Changuinola asegura que el aditivo de cemento no representa peligro para la salud ni para el medio ambiente, y está calificado como no peligroso por la Organización Mundial de la Salud.

ANAM juega con evaluación ambiental de proyectos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La Anam juega a las carreras

Joana A. Ábrego G.
opinion@prensa.com

Cada vez que una comunidad se queja de la construcción de algún proyecto en su “patio trasero” sin considerar las verdaderas afectaciones a su calidad de vida, se quejan implícitamente de dos factores fundamentales: la pobre ejecución de las leyes vigentes y la falta de eficacia de dichas normas para prevenir y/o solucionar estos conflictos.

En estos casos, la norma ambiental es una protagonista obligada, particularmente aquella sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), llamado a ser, según nuestra propia Ley General de Ambiente, un sistema de advertencia temprana para la protección del ambiente.

Volviendo a esas cuestiones fundamentales, el llamado EIA ha sufrido de ambas falencias. La primera ha sido demostrada por recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque el grueso de sus ocurrencias jamás llegaría a ser ventilado ante esta esfera. La segunda se entreveía frente a las ventanas abiertas dejadas por el Decreto 209 de 2006, que reglamentaba este proceso.

La posibilidad de aprobar estudios de impacto ambiental condicionados, que no es más que código para “aprobación de EIA insuficientes”; la confusa descripción de criterios para establecer su categoría, es decir, la profundidad requerida del estudio; la utilización de contenidos mínimos empleados como un llenar espacios, donde cualquier elucubración poética del consultor vale para cumplir el requisito; y la permisividad para la segmentación de proyectos en múltiples estudios de distintas categorías, sin consideración de los impactos acumulativos o sinérgicos de su totalidad, son sólo los más destacados ejemplos.

En días pasados, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó los decretos ejecutivos que vienen a sustituir al 209, Decretos Ejecutivos 122 y 123 de 2009. Las intervenciones de los asistentes al evento orbitaron sobre la necesidad de un espacio para un mayor análisis de las nuevas normas. La idea fue prontamente acogida por su nuevo administrador general, sin embargo, la pregunta subyace: ¿Por qué no fue este magnífico espacio de participación previo a la promulgación de los referidos decretos? Por el contrario, se ha perdido una oportunidad de oro para, a través de los aportes de todos los actores, lograr un instrumento de gestión ambiental renovado y fortalecido.

En su lugar contamos con una norma (ahora llamada “en un dos por tres”) que, aunque incluye ciertas precisiones necesarias, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas y en su apuro por reducir los tiempos de trámite para los promotores, no considera los verdaderos recursos humanos y técnicos de la institución, que ahora tendrán que encargarse, no en la prevención sino en la remediación, de daños ambientales que quizás nunca puedan subsanarse, a pesar de los prometidos pero ya conocidos graves castigos para los responsables.

Aún es muy pronto para presumir menos que las mejores intenciones de nuestras nuevas autoridades, pero ojalá no sea muy tarde cuando quieran corregir los errores que la fiebre de la desburocratización llevada a la locura pueda acarrear, porque entonces ni la Corte Suprema podrá corregir sus mea culpa, y mucho menos “en un dos por tres”.

La Evaluación Ambiental Estratégica

La Evaluación Ambiental Estratégica: Compendio Básico

Ariel R. Rodríguez Vargas (Editor)
Universidad de Panamá

A continuación desarrollamos un compendio de información recopilada de publicaciones de la UICN, el Banco Mundial y la OCDE sobre la evaluación ambiental estratégica con información útil para el aprendizaje y desarrollo del mismo en nuestros países.

INTRODUCCIÓN

La EAE no es un instrumento ambiental nuevo. En algunos países ha existido desde hace 20 ó 25 años; como en Estados Unidos, Canadá y Holanda. Otros países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda lo incorporaron hace unos 15 años. Un número un poco más grande de países empezó a trabajar en la EAE hace unos 10 años, pero en la mayoría de los países en todo el mundo apenas están empezando a desarrollarla.

La AE se refiere a una gama de “enfoques analíticos y participativos que buscan in­tegrar las consideraciones ambientales en los planes, políticas y programas, y evaluar las interconexiones con las consideraciones económicas y sociales”. La EAE puede describirse como una familia de enfoques que utiliza una variedad de herramientas, en lugar de un único enfoque, fijo y que prescribe. Una buena EAE se adapta y configura de acuerdo al contexto en que se aplica. Puede pensarse como un continuum de creciente integración: en un extremo del continuum, el fin principal es integrar el medioambiente junto con las preocupaciones económicas y sociales—en la toma estratégica de decisiones; en el otro extremo, el énfasis recae sobre la plena integración de los factores ambientales, sociales y económicos en una evaluación “holística” de la sostenibilidad.

La EAE se aplica en las más tempranas etapas del proceso de toma de decisiones, tanto para ayudar a formular las políticas, planes y programas, como para evaluar la potencial efectividad y sostenibilidad de los mismos. Esto diferencia a la EAE de las herramientas de evaluación más tradicionales, tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con un historial comprobado en la identificación de las amenazas y oportunidades ambien­tales de proyectos específicos, pero que se aplican menos fácilmente a políticas, planes y programas. La EAE no sustituye, sino que complementa, a la EIA y a los demás enfoques y herramientas de evaluación.

LOS BENEFICIOS DE USAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

La aplicación de la EAE a la cooperación para el desarrollo tiene beneficios tanto para los procesos de toma de decisiones, como para los resultados en el marco del desarrollo. Aporta aspectos claves ambientales para apoyar una toma de decisiones más consistente e identificar nuevas oportunidades, ya que insta a un examen sistemático y completo de las opciones de desarrollo. La EAE ayuda a asegurar que la gestión racional de los recursos na­turales y el medioambiente, sea un fundamento para el crecimiento económico sostenible, que a su vez apuntala la estabilidad política. La EAE puede también ayudar a estimular la participación de los actores de la sociedad civil de manera que se mejore la gobernanza[*], se facilite la gestión transfronteriza de los recursos ambientales compartidos, y se contribuya a prevenir conflictos.

HACIA LAS BUENAS PRÁCTICAS

La EAE es un proceso continuo, iterativo y de adaptación, que se concentra en forta­lecer las instituciones y la gobernanza. No es un sistema aislado, ni un enfoque simple, lineal y técnico. Por el contrario, fortalece el sistema institucional de los países, y refuerza su efectividad, al evaluar y construir capacidades para las instituciones y los sistemas de gestión ambiental.

Cuando la EAE se aplica a planes y programas, puede usarse un enfoque estructurado para integrar las consideraciones ambientales. Las etapas clave para hacer una en el nivel de planes o programas incluyen: analizar el contexto, hacer el análisis necesario con los interesados implicados; informar sobre la toma de decisiones, e influenciar en su proceso y hacer monitoreo y evaluación. La EAE, aplicada a nivel de las políticas, requiere particular concentración en el contexto político, institucional y de gobernanza que subyace bajo los procesos de toma de decisiones.

Los puntos de ingreso para la EAE pueden agruparse así:

1. Procesos estratégicos de planificación liderados por un país en desarrollo: Estos incluyen las estrategias, programas y planes más generales; las reformas de las políticas nacionales y los programas de apoyo para el presupuesto; las políticas, los planes y programas sec­toriales; los planes y programas de inversión en infraestructura; los planes y programas nacionales y subnacionales de ordenamiento territorial, y los planes y programas trans­nacionales.

2. Los procesos propios de las agencias de desarrollo: incluyen las estrategias y planes de asistencia de los países donantes; los acuerdos de asociación con otras agencias do­nantes, las políticas sectoriales específicas de los donantes, y los recursos financieros y programas de apoyo para la infraestructura, públicos-privados y apoyados por donantes.

3. Otras circunstancias relacionadas: Éstas incluyen las Comisiones de Revisión independien­tes y los grandes proyectos y planes privados.

COMO EVALUAR UN EAE

El resultado clave de una EAE es un proceso con resultados en el desarrollo; no se trata de un producto. El control de calidad considera la buena ejecución de los procedimientos. Sin embargo, a largo plazo, obtener los resultados de desarrollo y a la vez asegurar el man­tenimiento de la sostenibilidad ambiental, será el indicador clave del éxito.

Al revisar los procesos de la EAE, las preguntas clave conciernen: la calidad de la informa­ción, el nivel de participación de los interesados, los objetivos definidos para la evalua­ción de impactos ambientales, las actividades de seguimiento previstas y las limitaciones.

Las preguntas clave para ayudar a los evaluadores a concentrar su atención en los resultados de desarrollo de una EAE se relacionan con: la exactitud de las hipótesis formu­ladas en el curso de la EAE; su influencia sobre el proceso de Plan de Participación Pública (PPP), el proceso de implementa­ción, las metas de desarrollo y la rendición de cuentas; y el resultado de las actividades de construcción de capacidad.

CÓMO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE USAR LA EAE DE MANERA EFECTIVA

Las experiencias de aplicar la EAE han llevado una y otra vez a subrayar dos importan­tes carencias: la falta de conciencia sobre el valor y la importancia de la EAE; y cuando su valor sí se aprecia, la falta de conocimientos sobre cómo implementar la EAE. Es posible confrontar estos retos significativamente desarrollando capacidad para la EAE, tanto en las agencias para el desarrollo como en los países socios.

Para el desarrollo de capacidad en los países socios, el primer paso es hacer una eva­luación de necesidades de capacidad. El apoyo incluye actividades como capacitación téc­nica, talleres para elevar la concienciación, apoyo para la institucionalización del proceso de la EAE y sus sistemas de evaluación, y creación de redes para compartir las experiencias.

El desarrollo de capacidad en las organizaciones donantes puede incluir actividades de capacitación sobre pautas y apoyo para la EAE, así como revisiones y evaluaciones sistemáticas.

LA EAE COMO UN INSTRUMENTO ANALÍTICO

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se constituye en un instrumento analítico y un proceso muy importante para lograr los resultados deseados en el campo del desarrollo sostenible, al evaluar los posibles impactos ambientales en las etapas iniciales de la elaboración de políticas, planes y programas.  La EAE comparte muchos de los principios del Análisis Institucional, Político y Social (AISP); por ejemplo, un alto grado de participación de las partes interesadas, la transparencia, la rendición de cuentas y los enfoques interdisciplinarios.

En términos generales, se considera que la EAE es un proceso para identificar y abordar la dimensión ambiental (y, cada vez más, los aspectos sociales y económicos relacionados con la misma), los efectos y las repercusiones de políticas, planes y programas. Este tipo de evaluación tiene varios propósitos, tales como asegurarse que los aspectos ambientales se incorporen eficazmente al proceso de toma de decisiones estratégicas desde sus etapas iniciales, de manera que puedan incidir en tales decisiones; entender y abordar con mayor eficacia los vínculos existentes entre los factores ambientales, sociales y económicos y, de esa manera, procurar que los resultados de las políticas, planes y programas tengan una mayor posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible mediante la reducción de la pobreza.

En estos países, la EAE fue aceptada como una herramienta para la planificación de proyectos puntuales como carreteras, puertos y estaciones de energía, pero también para la planificación de planes regionales o políticas agrícolas. En la mayoría de estos países ha habido una preocupación creciente por los asuntos ambientales y la EAE es vista como un instrumento que permite analizar los impactos de manera integral, no sólo enfocados en lo ambiental sino también en lo económico y lo social, con una visión de desarrollo sostenible. De hecho, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo en el 2002, fue muy clara en señalar que la mayor parte de la planificación en el mundo no es sostenible y se remarcó a la EAE como una estrategia efectiva que puede ayudar a mejorar esta situación.

En los países en desarrollo, el panorama es un poco diferente. La Evaluación Ambiental Estratégica se ha empezado a aplicar un poco más tarde (a final de los ochenta o principios de los noventa). Es ahora cuando la EAE empieza a ser aceptada en el mundo en desarrollo y hay interés por implementarla. Según algunos expertos esto obedece a dos razones: la primera es que cada vez se presentan más planes que tienen carácter regional o que involucran a un grupo de proyectos, y la segunda razón es que se ve a la EAE como un paso lógico en la evaluación ambiental de este tipo de planes o proyectos complejos. La EAE facilita las decisiones que se deban tomar sobre la ubicación, la cantidad o el tipo de proyectos que se pueden desarrollar, desde un punto de vista integral, estratégico, no para reemplazar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sino para complementar todo el proceso de planificación y evaluación ambiental.

La EAE también permite coordinar esfuerzos que a lo mejor están separados. Muchas veces, los expertos trabajan en evaluaciones separadas, no hablan entre sí y no coordinan. El resultado es que surgen planes y situaciones confusas. La EAE brinda la posibilidad de trabajar en conjunto y este es uno de los aspectos más importantes de esta herramienta: sentar en una misma mesa a planificadores de distintos sectores y con diferentes perspectivas en torno a un mismo proceso de toma de decisión. Es un proceso en el que se puede conocer lo que piensa la gente, lo que piensan las ONG,s o lo que piensan los científicos respecto al plan, política o programa que se esté evaluando. Esto ayuda a tomar mejores decisiones.

En el caso de Centroamérica, aún hay un poco de confusión sobre cuál es la diferencia entre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), pero hay un buen grupo de especialistas que están trabajando en el tema de la evaluación ambiental y que constituyen un grupo de expertos importantes como punto de partida. También hay limitaciones de tipo técnico que se podrán ver muy claramente en los primeros dos años de aplicación de la EAE. Por ejemplo, para desarrollar una buena Evaluación Ambiental Estratégica es necesario conocer a fondo la situación actual del ambiente en cada país, y algunos países no cuentan con bases de datos actualizadas; algunos las están desarrollando apenas. Los mapas digitales, por ejemplo, son muy necesarios. Los expertos deben tener acceso a ellos y manejarlos fluidamente. Por otro lado, aún hay porciones de población que no tienen acceso a periódicos, a televisión o a computadoras, por lo que tampoco tendrían acceso a las bases de datos.

Para desarrollar un buen trabajo en EAE en Centroamérica, es sumamente importante establecer buenas líneas de comunicación entre departamentos, países y gobiernos a nivel regional y nacional. Esos mecanismos de comunicación no existen en la actualidad y el nivel regional no está trabajando necesariamente en conjunto. De igual forma, a nivel nacional, distintos sectores planifican separadamente sobre aspectos que deberían tratarse coordinadamente. Claro que ni la planificación conjunta ni la comunicación del trabajo hecho son cuestiones fáciles. Los gobiernos y los países requieren practicar y trabajar sostenidamente en ello para empezar a tener buenos resultados.

Otro de los problemas con que Centroamérica debe lidiar es con la falta de recursos. En este punto, hay que tomar en cuenta que hay diferentes maneras de lograr cosas con pocos recursos. Una de las cosas que se puede hacer es poner a trabajar en grupo a expertos en lo económico, lo social y lo ambiental, alrededor de temas muy relevantes para el país o para la región. Estos grupos pueden, al menos, discutir con la gente sobre los aspectos sociales y ambientales de determinado plan, política o programa; y sobre las opciones o alternativas a estos planes.

En definitiva, la Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento más de la gestión ambiental (no el único) que, en conjunto con la EIA y otras herramientas, puede facilitar el análisis ambiental, social, económico y político, para mejorar los procesos de planificación y decisión en los países.

Diferencias entre la EIA y la EAE

Los pasos y los principios de la EAE son los mismos que los de la EIA, según hemos visto. Sin embargo, a la hora de poner estos principios en práctica es cuando encontramos las diferencias reales.

En la EAE, hay mucho más espacio para utilizar la opinión de los expertos y menos para valoración cuantitativa.

Conclusión

Como conclusión de EAE deducida por la UICN podemos decir que:

1. La EAE mejora el proceso de planificación.

2. La EAE añade transparencia, participación y control de calidad a los planes y políticas.

3. La EAE debe ser específica para el país.

4. La EAE está pleno y rápido proceso de desarrollo.

5. Hay gran cantidad de información sobre EAE disponible.

REFERENCIAS

UICN-ORMA. 2002. Evaluación Ambiental Estratégica: Capacitación para Centroamérica / UICN. Oficina Regional para Mesoamérica; Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. San José, Costa Rica.

OCDE. 2007. La Evaluación Ambiental Estratégica. Una Guía de Buenas Prácticas en la Cooperación para el Desarrollo. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.162 pp.

Banco Mundial. 2008. En línea: http://go.worldbank.org/4XJX1OK9P0

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[*] Gobernanza es el concepto de reciente difusión para designar a la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una “nueva forma de gobernar”

Exigen castigo por daños al manglar de Juan Díaz

MANGLARES DE JUAN DÍAZ.

Ambientalistas exigen castigo

Las autoridades ambientales investigan qué sustancia química contaminó la zona costera.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un grupo de ambientalistas exigió a las autoridades vinculadas a la protección del ambiente aplicar sanciones enérgicas a los responsables de la contaminación de un área de manglar en Juan Díaz.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) investiga a la empresa Gases Industriales por el derrame de una sustancia química que supuestamente ha causado serios “daños al ecosistema” en esa zona.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, consideró que las autoridades deben ser rigurosas en la aplicación de las normas ambientales.

Mir Rodríguez y Ariel Rodríguez, biólogos de profesión y ambientalistas, dijeron que lo sucedido en Juan Díaz es un reflejo de la debilidad que hay en cuanto a vigilancia ambiental, y exigieron la recuperación del ecosistema dañado por la sustancia química.

Proceso de una investigación

. 26 DE FEBRERO DE 2008: La Anam recibe una denuncia por daño ambiental.

. 3 DE MARZO: La Anam inspecciona el lugar y empieza una investigación administrativa.

. 21 DE ABRIL: Emite un informe que señala daños ambientales.

juan díaz. preocupación por los ecosistemas marino costeros.

Piden sanción por daños a manglares

ANCON exige que se detengan las actividades que afectan los ecosistemas marino costeros.

La Anam investiga a Gases Industriales por derrame de sustancia química en los manglares de Juan Díaz.

LA PRENSA/Carlos Lemos

irresponsabilidad. Un químico está destruyendo parte del ecosistema marino.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varios ambientalistas mostraron su preocupación por los daños ocasionados a los manglares de Juan Díaz, y piden a las autoridades la aplicación rigurosa de las leyes. La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, dijo que este tipo de actividades no se puede permitir.

Lucía Lasso, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que el problema es que los manglares son vistos como un lugar “cochino” que no se debe conservar.

Estas declaraciones surgen luego de que residuos químicos fueran vertidos en los manglares de Juan Díaz, y que la Dirección Regional de Panamá Centro de la Autoridad Nacional del Ambiente empezara una investigación contra la empresa Gases Industriales como la posible responsable del daño ecológico.

“Hay que parar este tipo de cosas”, dijo Spadafora, quien además pidió a las autoridades ambientales llegar “hasta las últimas consecuencias” para hacer que los culpables paguen por los daños ocasionados al ecosistema.

Lasso insistió en que es el momento de cambiar la percepción sobre los manglares.

Concluyó primer monitoreo al Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad Panamá- Costa Rica

Bocas del Toro, BURICA PRESS, 25 de febrero de 2008

La misión de la UNESCO, concluyó este sábado su misión a Panamá. La última reunión fue celebrada en la noroccidental provincia de Bocas del Toro, área más cercana al Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad que comprende el Parque Internacional La Amistad (PILA) tanto de Costa Rica como de Panamá.

En esta última reunión participaron decenas de organizaciones y grupos comunitarios tanto de Panamá y Costa Rica, donde se hizo nuevamente una recopilación de evidencias que puedan dar luces a la UNESCO del verdadero estado de conservación del Sitio de Patrimonio Mundial en los dos países. En Costa Rica se desarrollaría la sesión final de la misión de la UNESCO antes de partir a París.

En esta última reunión plenaria en Panamá, los temas que pudieran afectar el Sitio de Patrimonio Mundial fueron discutidos en grupos de trabajo durante una hora y luego se hizo una plenaria breve. Se espera que la UNESCO incorpore estos hallazgos a los que ya ha encontrado en los días previos de reuniones con diferentes grupos gubernamentales y no gubernamentales y empresa privada, más los reconocimientos de campo que también realizaron. Los temas considerados fueron: Represas, gestión institucional, Plan de Manejo, pueblos indígenas, pueblos campesinos, Minería e hidrocarburos, tala y cacería ilegal, entre otros. Cabe destacar que fueron detectados muchos impactos ambientales y sociales en cada uno de estos rubros analizados por los diferentes grupos de trabajo.

Entre los grupos indígenas y comunitarios de Panamá, asistentes al evento hubo un rechazo al informe de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá que en contraste con el informe del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, fue un informe ajeno a la realidad e intentaba sólo desestimar la petición realizada por los ambientalistas a la UNESCO. “No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír” en relación a la postura “inmadura” de la ANAM ante la visita de la UNESCO durante la semana del 19 al 23 de febrero en Panamá, argumentó el profesor universitario y ecologista Ariel Rodríguez de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

La comunidad de Charco La Pava, área sitiada por la policía nacional de Panamá desde el 6 de enero de 2008 con tal que la empresa AES Changuinola siga construyendo los primeros avances de la represa de Chan 75, esperaron con ansias a la misión de la UNESCO para que constataran las condiciones de violencia con la que se les está imponiendo a la fuerza un proyecto hidroeléctrico, indicó el dirigente Ngobe Florencio Quintero. “La empresa AES con la ayuda de la policia han ingresado a la fuerza a cuanta finca les ha dado la gana contra nuestra voluntad y las han destruido”. “Lamentamos que la UNESCO no haya sido testigo directo en Charco… de la violación de nuestros derechos fundamentales” acotó.

Los detractores de los grupos ambientales y la empresa AES insisten que las obras de las tres represas planteadas sobre el cauce del río Changuinola no están localizadas dentro del PILA, sino el en área de amortiguamiento denominado Bosque Protector Palo Seco y que por tanto esta área prístina no será afectada, sin embargo los ambientalistas argumentan que las represas en áreas protegidas de Panamá son inaceptables e ilegales y que serán un fuerte detonante para invadir nuevas áreas del sitio de Patrimonio Mundial y realizar actividades lesivas a la integridad del mismo, pero el principal argumento ambientalista es el efecto barrera aguas arriba y aguas debajo de las represas y los embalses que cambiarían drásticamente la biodiversidad acuática del PILA, ya que la mayor parte de la cuenca de este río nace en esta área protegida.

El elemento social y cultural que está en juego con las amenazas tiene en jaque al pueblo Naso Teribe y a un sector Ngobe de las riberas del Río Changuinola.

En abril de 2008 la misión que vino a Panamá debe entregar al Comité de Sitios de Patrimonio de la UNESCO los hallazgos obtenidos en la gira que han realizado al Sitio en Panamá y Costa Rica. Marck Patrick, jefe de la Misión de la UNESCO indicó que ellos verán todo la información que han recopilado para hacer las recomendaciones a los gobiernos de Panamá y Costa Rica sobre el manejo del PILA, con tal que se respeten los parámetros de gestión ambiental de los Sitios de Patrimonio Mundial de Humanidad, en el caso que sus hallazgos así lo constaten.

El Center for Biological Diversity, quien fue una de las organizaciones líderes en lavantar la petición ante la UNESCO manifestó total complacencia por la visita de la UNESCO en Panamá e indicaron a través de sus voceros Jason Gray y Linda Barrera que “Como lo han expresado varios líderes ambientales de Chiriquí, aún sin saber si el PILA será declarado sitio de Patrimonio Mundial en Peligro, como individuos y asociaciones ambientalistas preocupados por el legado del PILA, hemos obtenido un nivel de participación en el futuro del PILA sin precedencia. Por primera vez, un grupo muy grande y diverso ha podido exigir una mejor gestión y protección del PILA.”

Los ambientalistas panameños han solicitado debido a los inminentes proyectos hidroeléctricos y a la evidente ausencia de gestión ambiental adecuada en el PILA y áreas protegidas circunvecinas, que el PILA sea declarado por la UNESCO como Sitio de Patrimonio de la Humanidad En Peligro, con tal que esta alerta detenga proyectos que afectan la integridad del Sitio y por otro lado mejore substancialmente la gestión de manejo que impida que el PILA sea un territorio propenso a ser degradado significativamente en un futuro cercano.

Misión de la UNESCO sigue evaluando manejo del Parque Internacional La Amistad

Misión de la UNESCO empieza evaluación del Parque Internacional La Amistad La ANAM descarta riesgos. Ambientalistas esperan informe

La reunión se desarrolló en la sede de la ANAM. / Foto Raúl Valdés

Irlanda Sotillo / Raúl López
periodistas@estrelladepanama.com

Un grupo de organizaciones ambientalistas del país elevaron ayer una petición a representantes de la UNESCO (organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para que declaren el Parque Internacional La Amistad como Sitio de Patrimonio de la Humanidad en Peligro, ante la amenaza de la posible construcción de proyectos hidroeléctricos.
La misión de la UNESCO integrada por Mark Patry, Jim Barborack y Alberto Salas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lleva tres días en Panamá y culmina hoy con la visita de la UNESCO al parque. Patry principal encargado de la misión aclaró que “no llegó a Panamá para declarar o no el sitio en peligro, sino con el objetivo de evaluar la calidad y recabar información científica sobre el lugar”.

Por ello, los organismos ambientales presentaron sus solicitudes por escrito ante los representantes para que sean materia de estudio en la UNESCO.

A la reunión asistieron representantes de Fundación Natura, Audubon Panamá, Hotel Ecológico Los Quetzales, Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), ANCON, Fundación Smithsonians, Marviva, The Nature Conservancy (TNC), Center for Biological Diversity (CBD), Asociación de Derecho Ambiental (CIAM), entre otras.

Mientras la Autoridad Nacional del Ambiente, (ANAM) insistentemente ha rechazado la solicitud de los ambientalistas, emitió un boletín de prensa en el que deja saber la posición de las autoridades de Costa Rica sobre el tema.

El documento da a conocer que el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, Roberto Dobles Mora, afirma que no existe ninguna razón de preocupación sobre el parque, gracias a la coordinación conjunta e intercambio de información que se viene dando entre ambos países, al mismo tiempo que manifiesta que están interesados que eso se compruebe por la UNESCO.

¿Cuál es la política energética de Panamá?

¿Cuál es la política energética de Panamá?

Ariel R. Rodríguez V.*

Dice el gobierno nacional, de manera unilateral y al margen de los principios democráticos de amplia participación ciudadana libre e informada en los temas sensibles del país, que ante los retos del país por efecto de la globalización y la subida de los precios internacionales del petróleo se hace urgente una “política energética coherente” en la que han definido una — Política energética del Estado– dividida en dos componentes: la Política Nacional del Sector Eléctrico y la Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas.

Línes de transmisión de alto voltaje, líneas de distribución al fondo y usuarios conectados al servicio en la ciudad de Panamá. Foto: A. Rodríguez.

El supuesto propósito primordial de esta política del Estado “es propiciar el abastecimiento de las necesidades energéticas del país bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, aumentando la cobertura de los servicios, desarrollando los recursos naturales de manera sustentable, promoviendo el uso racional y eficiente de la energía y respetando el medio ambiente.” Esta terminología y escenario suena muy bien como toda política de papel.

Siguen diciendo maravillas: “La promoción de las energías renovables y limpias tiene el objetivo de estabilizar el precio de la energía, ahorrar divisas mediante la disminución de la generación eléctrica a base de combustibles y por consiguiente mitigar el impacto ambiental reduciendo las emisiones. Esta política es cónsona con el Protocolo de Kyoto del cual Panamá es signataria por lo cual tiene acceso a los créditos de carbono que coadyuvarán al desarrollo de los proyectos de energías renovables y limpias mediante el mecanismo de desarrollo limpio, atrayendo divisas al país”, lo cual no deja de crear expectativas de avance hacia un país de estadistas civilizados y ambientalmente responsables.

Y siguen diciendo palabras o frases aún más responsables y hasta progresistas: “Hay que recordar que por cada Megawatt de generación con energías renovables y limpias el país se ahorra aproximadamente 10,000 barriles de petróleo al año. No obstante, los desarrolladores de los proyectos energéticos deberán respetar los derechos de los afectados y contemplar la adecuada mitigación de los aspectos sociales como medida indispensable para lograr la armonía entre la población, el ambiente y los requerimientos del desarrollo nacional”, lo cual parece no dar cabida a malas interpretaciones y resultados contrarios a estos objetivos. Son palabras muy dulces y tentadoras para un ciudadano común e incluso para un ambientalista incauto. El asunto es que justo en este momento que escribimos este artículo, se cumple un mes que un contingente de policías antimotines golpearon y encarcelaron a 54 indígenas Ngöbes indefensos y sin armas que defendían sus tierras en Charco La Pava, sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en mero centro de un área protegida y Reserva de la Biosfera! Tuvieron el descaro de encarcelar a padres con niños menores de 12 años! Estuvieron encarcelados por 24 horas, sin comer y vilipendiados por la propia policía nacional y por los nuevos jefes de la Policía Nacional en Bocas del Toro: los señores de AES Corporation, filial AES Panama-Changuinola. En más de un mes tienen secuestrados y tienen en estado de sitio a todos los indígenas residentes en el área del proyecto de AES y simplemente en este país no pasa nada.

Siguen con el telón de la inversión y las catástrofes como planteamiento justificatorio de sus acciones o supuestas políticas: “La cobertura de la creciente demanda de energía eléctrica que asciende alrededor del 4% al 5% anual, es un reto y requiere la participación de inversionistas nacionales e internacionales para poder cubrir el programa de inversiones en este sector que asciende a más de B/. 1,000 millones durante los próximos 10 a 12 años. Para ello se están tomando medidas para lograr contratos de energía y potencia eficientes y a plazos razonables entre las empresas de generación y de distribución, mantener una reserva apropiada de generación y un adecuado balance hidro-térmico para evitar racionamientos cuando se produzca el fenómeno del Niño”. Aquí se les olvidó incorporar que hay que advertirle a las empresas promotoras de hidroeléctricas que no hagan propaganda engañosa diciendo que el precio de la energía al consumidor bajará por la puesta en funcionamiento de sus proyectos hidros, tal y como en su momento lo hizo AES para promocionar el proyecto de Estí y ahora lo hace para promocionar sus proyectos hidros en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, denominados por ellos, Chan 75, Chan 140 y Chan 220.

Lago Bayano fue lanzado como proyecto hidroeléctrico insignia de la política inconsulta de gobierno de la década de 1970, sin controles ambientales, ni mucho menos evaluaciones ambientales estratégicas. El daño ambiental y social causado fue y sigue siendo de consecuencias devastadoras, sin embargo las empresas están reídas lucrando de este desastre ambiental y social, digno de un país cuartomundista. Foto. A. Rodríguez (2007).

Luego mencionan los planes de interconexión regional eléctrica: “Las oportunidades que se le presentan al país de convertirse en un canal energético entre el Pacto Andino y Centroamérica, se evalúan bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, respetando las leyes y la normativa ambiental correspondiente y cualesquiera otros aspectos considerados de interés nacional. Se adelanta el estudio de factibilidad para la integración energética entre Colombia y Panamá en base al Memorando de Entendimiento celebrado el 1 de noviembre de 2004, que firmamos con el presidente Uribe”. Sin embargo, a continuación sigue otro párrafo que si no es leído con cautela es un párrafo inocente más: “Se avanzó en la integración con Centroamérica con el proyecto SIEPAC donde se recibirán ofertas durante este año para la construcción de 1830 kilómetros de línea de transmisión desde Panamá hasta Guatemala con una capacidad de intercambio de 300 MW entre países, basado en el Tratado Marco. También se licitó la línea de interconexión con Costa Rica a voltaje intermedio de 34.5 KV para suplir la provincia de Bocas del Toro y se avanza en la línea del Anillo de la Amistad de 230 KV para integrar a Costa Rica con una capacidad de intercambio de 120 MW y posibilitar el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos e integrar a la provincia de Bocas del Toro al Sistema Interconectado Nacional”. Este párrafo explica los apuros en desarrollar proyectos hidroeléctricos en las áreas indígenas y áreas protegidas de Bocas del Toro que son las áreas mejor conservadas del país. Entonces aquí comienzan las preguntas: ¿Estos parecen ser proyectos en proceso y no a políticas pre-establecidas? ¿Entonces dónde está el efecto de las políticas o es que las políticas solo son relatoras de lo que está ocurriendo independientemente de una política previamente establecida? Algo debió ser primero y es evidente que el albedrío ha sido la brújula que ha establecido rumbos a seguir. Esto significa que no hay política energética real, ni mucho menos efectiva.

¿Es la destrucción de un área protegida, Reserva de la Biósfera y área de amortiguamiento de un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad parte de la estrategia de la política energética de Panamá? En realidad todo suena a corrupción, libre albedrío y robo de los mejores bosques y aguas de Panamá para negocios de construcción y de exportación de energía a través del anillo de interconexión La Amistad. Foto: ACD.

Luego el discurso del Gobierno entra a otra etapa que confunde más a cualquier incauto y es la del ahorro energético en el consumo doméstico, comercial, gubernamental e industrial que como está planteado es una maravilla que todo ambientalista desea escuchar: “El uso eficiente y racional de la energía es otra prioridad donde se debe combatir el desperdicio de energía que se da en los distintos subsectores. Es necesario promover una cultura de ahorro y uso racional de la energía en todas sus formas. La cultura del ahorro energético se debe inculcar desde la edad escolar de manera organizada y que forme parte del programa de enseñanza adoptado de manera científica por el Ministerio de Educación. En este sentido todos los sectores incluyendo el sector público, privado y doméstico tienen un potencial de ahorro importante, que según los estudios desarrollados a la fecha representan entre el 10% y el 30% dependiendo de las medidas a implementar. Por otro lado, las normas técnicas y el diseño de edificaciones deben tomar en cuenta la eficiencia energética. El Gobierno Nacional debe dar el ejemplo con la implementación del Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PLANURE).”. Parecen haber atrapado en el aire el discurso ambientalista, para que no digan que no están sintonizados por los paradigmas esbozados por los activistas ambientales del mundo que defienden cuencas hidrográficas y biodiversidad y personas afectadas por proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos dependientes de carbón o petróleo; pero de allí a cambiar los planes y proyectos planteados en donde los amigotes de los estadistas del MEF y de la nueva Secretaría de Energía son arte y parte, nada. Todo sigue su curso, a pesar de incorporar tan loable discurso.

El loable discurso continúa y se profundiza aún más las alternativas energéticas y la soberanía: “La diversificación de la canasta energética como estrategia para mitigar los altos costos de los derivados del petróleo tradicionales y afirmar la seguridad del suministro es una prioridad donde se deben agilizar los estudios de factibilidad para la introducción del gas natural a la matriz energética de Panamá, sea por vía marítima y/o gasoducto, siendo un combustible más limpio que puede ser utilizado en plantas de generación térmica existentes y futuras con precios competitivos. Se debe promover el aprovechamiento de la energía biomásica para producir biogás en el caso de los municipios más populosos de manera sustentable, promover la cogeneración de energía aprovechando el bagazo de caña al final de la zafra, entre otras alternativas.” Qué maravilla hablar hasta de soberanía energética, pero el país ha perdido y sigue perdiendo su soberanía alimentaria. Esto sólo desnuda que efectivamente lo que se quiere es proseguir con el libre albedrío en los proyectos de generación eléctrica que impulsan los promotores privados, montados al margen de este discurso gubernamental no vinculante legalmente y que sólo sirve para agradar a los oídos del Banco Mundial y del BID para que le sigan desembolsando dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para gastos burocráticos diversos y para pagarle el insano e inmoral subsidio a las empresas generadoras y distribuidoras de Panamá, que nos sangran vilmente, a pesar que de un plumazo del gobierno nacional se puede evitar este sangrado irracional que a nombre del alza del combustible muchas empresas eléctricas térmicas e hídricas se ahogan en altos ingresos, como en ningún otro país sería posible.

Si las soluciones al asalto que nos hacen por igual las empresas hidroeléctricas, termoeléctricas y distribuidoras han sido planteadas desde hace mucho tiempo, tal y como lo esboza la propia Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) que consisten en las siguientes medidas o recomendaciones: “Que se adopten por las instancias correspondientes todas las medidas legales y de otra naturaleza indispensables para corregir las distorsiones del mercado eléctrico, a fin de proteger efectivamente los intereses de los clientes y personas beneficiarias del servicio público de electricidad.” ¿Por qué no se ha hecho nada, sin embargo, se siguen aprobando con urgencias evidentes en las madrugadas de los 31 de diciembres de todos los años muchas otras leyes contrarias a los intereses nacionales? ¿Por qué no aparece una ley madrugonazo que tumbe el negociado montado por la mafia de la industria energética que nos consume a todos por igual?

¿Por qué y me tomo las propias palabras de la CONAE, dado los indicios encontrados y la complejidad del tema, que afecta el interés público, el Gobierno no continúa y refuerza las investigaciones iniciadas por esta Comisión y adopta las medidas que se requieran para que estas empresas no sigan haciéndole daño al país a cambio de un lucro desmedido y ganancias desproporcionadas?

¿Por qué la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no realiza una investigación a fondo sobre las distorsiones del mercado eléctrico, que han ocasionado que un alto porcentaje de la energía sea vendida en el mercado ocasional, con una alta volatilidad, en vez de haber sido contratada de acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico?

¿Por qué el Ente Regulador de los Servicios Públicos o la Autoridad que corresponda, con fundamento en la Ley exija, mediante la resolución pertinente a las empresas distribuidoras el cumplimiento de la obligación de contratar oportunamente el suministro de sus clientes y sancione ejemplarmente cualquier incumplimiento?

¿Por qué el gobierno nacional impulsa generadoras eléctricas en áreas protegidas y áreas indígenas teniendo decenas de opciones que incluyen el uso de verdaderas energías alternativas y el uso adecuado de la interconexión internacional que hace que el mercado generación eléctrica sea abierto y no cerrado como han pretendido hacer ver?

El día que no exista corrupción en la protección de todas estas empresas que desangran al país con su negocio energético, entonces se acabará la fiebre especulativa que se ha montado en todo el país y que amenaza áreas protegidas, ríos, riachuelos, comunidades indígenas, especies endémicas, reservas biológicas, corredores biológicos, paisajes protegidos, especies migratorias, biodiversidad de sitios estratégicos, sitios de patrimonio mundial, etc.

¿Y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Ley General del Ambiente que ordena la evaluación ambiental estratégica y el estudio y áudito ambiental de los proyectos y las políticas nacionales donde están? Están como dicen los muchachos de la Universidad de Panamá: Están vendiendo a Panamá, con sus ríos, la biodiversidad y los pueblos indígenas incluidos.

¿Será que la ANAM tiene como excusa que los lineamientos sobre energía no son técnicamente una verdadera política nacional de energía y al no serlo no tiene, ni puede ser evaluada ambientalmente?

Corolario: Este país anda en caos ambiental y no por los ambientalistas. Anda en caos porque los gobernantes no saben lo que es una política de estado e impera el libre albedrío y la violación a las leyes. La ANAM que debe jugar un rol fundamental en detener este desorden desconoce sus deberes legales o simplemente los ignora a conveniencia de sus directores. Ante este escenario estamos viendo lo que estamos viendo: una piñata llamada Panamá que cumple años el 3 de noviembre bajo el signo de los escorpiones, que según la leyenda , los hijos se devoran a su propia madre.

Panamá, 4 de febrero de 2008.

* Biólogo y Académico, Presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Autoridades ambientales no están preparadas para fiscalizar actividades mineras

PREOCUPACION. Ambientalistas afirman que leyes sobre minería son obsoletas

Explotación de suelos sin regulación acabará con el medio ambiente

La directora ejecutiva de ANCON, señaló que las instituciones gubernamentales no están preparadas para fiscalizar la actividad.

Ohigginis Arcia

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Proyecto. La mina Petaquilla ha causado controversia.

Seis procesos de cancelar contratos y algunas empresas en investigación es el panorama actual de la actividad minera en Panamá.

Las cifras más recientes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sostienen que hay más de 25 contratos para exploración y explotación de los suelos, a nivel nacional.

No obstante, esta cantidad representa para La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), falta de planificación en el uso del territorio.

La directora ejecutiva de ANCON, Alida Spadafora, resalto que el marco legal que regula la actividad minera en el país está obsoleto.

Spadafora explicó que el código minero fue creado el 22 de agosto de 1963 y no fue hasta 1998 cuando sufrió algunas modificaciones, sin embargo no fueron sustanciales.

La ambientalista advirtió que el caso mas reciente se dio con la empresa minera Petaquilla, cuando se inició a explorar el suelo sin un estudio de impacto ambiental.

Sobre el tema gubernamental hizo énfasis en que las instituciones no están preparadas para fiscalizar una actividad como la minería, debido a que entidades como el MICI y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) no cuentan con geólogos suficientes.

“Necesitamos un marco legal moderno, planificación en el uso del suelo y más recurso humano, de lo contrario estamos atentando contra el ambiente, la salud de la personas y el propio país”, puntualizó.

Los problemas ambientales, sobre la minería, expuestos contrastan un poco con la actual designación de Panamá, como el quinto país de América más preocupado por su ambiente. En el aspecto ambiental el país fue bien calificado, pero para los miembros de ANCON esta realidad podría cambiar si no se regula la actividad.

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La reducci�n significativa de los bachilleratos ser� considerada para hacer una mayor concentraci�n en la formaci�n de la media hacia carrera que el pa�s necesita.

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• La autopista m�s costosa de Am�rica Latina y Europa
• M�dicos ahora quieren 30%
• Peajes del corredor

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Este es el t�tulo de esta peque�a noticia

Destaque Jos� Corpas (c), se ha destacado en el Gast�n. (Foto: Miguel Cavalli / EPASA)

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Aqu� debe venir una lista

• La autopista m�s costosa de Am�rica Latina y Europa
• M�dicos ahora quieren 30%
• Peajes del corredor

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Panamá todavía distante de un buen desempeño ambiental

Costa Rica y Colombia están mejor ubicados como países latinos en las posiciones 5 y 9 respectivamente

Panamá rezagada en el marcador ambiental mundial

Suiza encabeza la lista global de países que fueron evaluados con el Índice de Desempeño Ambiental 2008, EPI por sus siglas en inglés (Environmental Performance Index), producido por un grupo de expertos ambientales de Yale University y Columbia University.

El EPI 2008, presentado en el Foro Económico Mundial en Davos, lista149 países que fueron evaluados en 25 indicadores ambientales establecidos en seis categorías de política: salud ambiental, contaminación atmosférica, recursos hídricos, biodiversidad y habitat, recursos naturales productivos y cambio climático. El EPI identifica objetivos de desempeño ambiental, ampliamente aceptados, y mide que tanto los países se acercan a dichos objetivos. Como una medida cuantitativa del control de la contaminación y de los resultados de la gestión ambiental, el EPI brinda una herramienta útil para mejorar la política pública, y facilita la transición hacia la toma de decisiones basada en elementos analíticos sólidos.

El EPI 2008 sitúa a Suecia, Noruega, Finlandia y Costa Rica entre el segundo y quinto lugar, respectivamente. Mali, Mauritania, Sierra Leona, Angola y Níger se ubican en las últimas cinco posiciones. Panamá está en la posición número 32.

El índice brinda también un comparativo entre “grupos de pares” que muestra el desempeño ambiental de los países que enfrentan retos ambientales similares. Dichos comparativos permiten realizar de forma sencilla un seguimiento de los países líderes y retrasados tanto de forma puntual tema por tema, como de forma agregada. Asimismo, la información facilita los esfuerzos para identificar “las mejores prácticas” en el ámbito ambiental.

El análisis de las causas subyacentes a las mejores posiciones de desempeño ambiental sugiere que la riqueza es factor determinante del éxito ambiental. Sin embargo, en cada nivel de desarrollo, algunos países logran resultados que exceden en mucho al de sus similares, lo que demuestra que la elección de las políticas afecta el desempeño ambiental. Por ejemplo, Costa Rica (5^°), reconocido por sus sustantivos esfuerzos en materia ambiental, tiene un desempeño significativamente superior que su vecino Nicaragua (77^°). La historia de Nicaragua de una gobernanza pobre y de corrupción política, conflictos violentos, y presupuestos sesgados hacia el gasto militar en lugar de infraestructura ambiental, sin lugar a dudas contribuye a la disparidad en los resultados.

Los países mejor ubicados en el índice de desempeño ambiental han invertido en el control de la contaminación del agua y del aire y en otros elementos de infraestructura ambiental y han adoptado medidas de política pública para mitigar los daños que la actividad económica ocasiona. Los países con la peor calificación en el índice típicamente no han realizado las inversiones necesarias en salud pública ambiental y tienen regímenes débiles de política pública.

“Así como el sector corporativo ha desde hace tiempo entendido, la capacidad de realizar análisis comparativo del desempeño suministra un importante incentivo a los países más retrasados así como valiosas guías sobre donde buscar las mejores prácticas,” señaló Daniel C. Esty, Director del Centro de Legislación y Política Ambiental de Yale University y profesor de Legislación y Política Ambiental. “Cada país tiene algo que aprender del Índice de Desempeño Ambiental 2008. Incluso los países mejor ubicados tienen áreas en las que su desempeño no es óptimo.”

Los Estados Unidos se ubica en el lugar 39°, significativamente por debajo de otras naciones industrializadas como el Reino Unido (14°) y Japón (21°). Los Estados Unidos se ubicó en el lugar 11° en Americas, y 22 miembros de la Unión Europea sobrepasaron a la unión americana. La calificación de los Estados Unidos refleja su primer nivel de desempeño en varios indicares, tales como el suministro de agua potable, sanidad, y manejo forestal. Sin embargo, su calificación fue disminuida debido a su pobre desempeño en materia de gases de efecto invernadero y el impacto de la contaminación atmosférica en los ecosistemas.

“El desempeño de los Estados Unidos indica que la siguiente administración no debe ignorar los impactos ambientales en los ecosistemas así como en la política agrícola, energética y de gestión del agua” señaló Gus Speth, rector de la School of Forestry and Environmental Studies de Yale University. “El EPI sitúa a los Estados Unidos en materia de cambio climático a la par de países como India y China, en los lugares más bajos de desempeño en el mundo lo que es una vergüenza nacional.”

El Índice de Desempeño Ambiental, EPI, busca promover la toma de decisiones basada en elementos analíticos y datos rigurosos al utilizar las mejores bases de datos globales disponibles. Sin embargo, existen serias limitaciones en la capacidad para cuantificar el desempeño en un número importante de elementos, y en general la calidad y disponibilidad de datos en algunos países es pobre. Debido a falta de datos, 89 países fueron excluidos del EPI 2008. La ausencia de indicadores recopilados amplia y metodológicamente consistentes, incluso en temas básicos como calidad del agua- así como la falta de series de tiempo para la mayoría de los países- obstaculiza los esfuerzos por llevar el control de la contaminación y la gestión de los recursos naturales hacia fundamentos más empíricos.

“Para cubrir estos vacíos, los hacedores de políticas públicas deben de aumentar dramáticamente la inversión en información ambiental, monitoreo, indicadores y reporte” declaró Marc Levy, Director Adjunto del Columbia’s Center for Internacional Earth Science Information Network y uno de los líderes del proyecto EPI.

El texto completo del Indice de Desempeño Ambiental 2008, EPI 2008 por sus siglas en inglés, está disponible en el sitio http://epi.yale.edu

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