Panamá: Sociedad civil ambientalista alerta sobre estado de los humedales

Día Mundial de los Humedales

(2 de Febrero de 2013)

Panamá, 1 de febrero de 2013

Mientras que globalmente se celebra el Día Mundial de los Humedales, su destrucción continúa en Panamá. Estas áreas cruciales para la economía local, la pesca y la biodiversidad, reservorios de agua dulce, asi como de agua limpia para el mantenimiento de nuestro recurso alimentario, tanto en tierra como en el mar, y proveedores de protección contra desastres como las inundaciones, son destruidas por la maquinaria pesada, por las malas prácticas productivas y por la contaminación industrial y doméstica cada día. Su degradación pone en peligro el bienestar de la nación en tanto las autoridades no asuman sus responsabilidades de protegerlas. Por otra parte es importante recordar que la protección de los humedales es una responsabilidad internacional, donde el país ha asumido compromisos de designar y proteger Sitios Ramsar, así como todos sus humedales, según establece la Convención Ramsar, de la cual Panamá es signataria.

Mediante este comunicado, una gran alianza de organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, hacemos un llamado al Estado panameño a que reconozca el valor de los múltiples beneficios y servicios ambientales, sociales y económicos que proveen los humedales y que a su vez tome acciones concretas para detener su destrucción y degradación. Es el deber de las diferentes instancias gubernamentales el hacer valer las normativas de conservación, evaluación de impacto ambiental y ordenamiento territorial para conservar y proteger el patrimonio nacional, sin olvidar que pertenece y además protege a todos sus habitantes.

Restablecer la protección de los humedales

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) cuentan con las herramientas para restablecer la protección de los humedales en el país. Sólo deben tener la voluntad de tomar acción inmediata para hacer valer las regulaciones existentes de protección y sancionar las infracciones ambientales .

Ambas Autoridades tienen la oportunidad, en este Día Mundial de los Humedales, de enviar un mensaje fuerte y claro a la nación y a la comunidad internacional de su compromiso de proteger todos sus humedales, como patrimonio natural invaluable.

Hacemos un llamado al Estado panameño para que restituya la protección de los humedales y detenga su destrucción.

Grupos Ambientalistas de Panamá

Caso 1: Bahía de Panamá

Uno de los casos más ilustrativos de la situación crítica de los humedales en Panamá es Bahía de Panamá. Este humedal emblemático ha venido obteniendo reconocimiento por sus extraordinarias características, cuando desde 1980 fue designado como un área restringida para el desarrollo urbano metropolitano y posteriormente otras normas ratificaron la necesidad de su protección. En 2003 la República de Panamá reconoce su valor ante el mundo y lo propone como un humedal de importancia internacional, siendo así aceptado mediante su designación como Sitio Ramsar por los 160 países que son parte de la Convención Ramsar. Y aún más, en 2005, se designa a estos humedales como un sitio de importancia hemisférica, por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, reconociéndose así el rol fundamental que tienen para garantizar migraciones exitosas de muchas especies de aves en el hemisferio.

De este modo, los panameños hemos reconocido con mucho orgullo su importancia ecológica y sus valores culturales, sociales y económicos en el contexto no solo nacional sino internacional; y el país adquirió compromisos tanto en su legislación nacional, como en el marco de tratados internacionales ambientales y comerciales para conservar las extensiones de manglares y fangales que componen la Bahía.

Sin embargo, la suspensión provisional por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del estatus de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá (Sitio Ramsar No. 1319) y la Resolución de la ARAP que redujo tanto las tarifas de multas por tala ilegal como los permisos de corte de manglares, han abierto las puertas para la destrucción y tala de los manglares, propiciando la proliferación de nuevos rellenos sobre áreas inundables. Esto aumentará la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en buena parte de la Ciudad de Panamá y particularmente en el Corregimiento de Juan Díaz y causara un desequilibrio hídrico y hábitat que afectara los ciclos de vida de las especies que dependen de estos humedales, entre estas las que conforman el recurso pesquero alimentario para nuestro país. Este hecho no solo atenta contra la seguridad humana, sino también contra la seguridad jurídica, ecológica, alimentaria y económica del país. La función de ‘barrera natural’ se pierde por completo, poniendo de esta forma en peligro a numerosas comunidades de la Ciudad de Panamá. Asimismo, se pone en riesgo millones de dólares de inversión en infraestructura privada y pública, tales como el Aeropuerto Internacional Tocumen, el Corredor Sur y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

¡La destrucción de los humedales pone en peligro el bienestar de la nación!

Panamá no protege adecuadamente los humedales. La declaratoria como áreas protegidas no ha sido suficiente para disminuir la presión destructiva sobre los mismos. Muchos humedales de gran extensión e importancia no tienen protección oficial. La sociedad civil le recuerda al Estado la obligación de proteger los bienes naturales que dan protección a la biodiversidad y que protegen el recurso agua. Un evento central conmemorará este día internacional en Panamá.

Caso 2: Laguna de Matusagaratí

La laguna Matusagaratí está registrada como el humedal más grande de la República de Panamá. Abarca 49 mil 422 hectáreas, en los distritos de Chepigana y Pinogana, provincia de Darién. Sólo una pequeña parte de este humedal forma parte del área protegida Reserva Forestal de Canglón, a partir del año 1984.

Este humedal ha sido ocupado durante mucho tiempo por campesinos, que practican actividades agrícolas de subsistencia. Las primeras denuncias ciudadanas sobre la intención de darle uso comercial privado a estas tierras datan de 2006. Esas denuncias fueron el primer paso en el proceso de organización comunitaria para la defensa del humedal. Así, quien interpone nuevas denuncias en 2009 ya es una organización constituida con el nombre de “Alianza por un Mejor Darién”.

Hoy, aquellos temores se han convertido en realidad. A la fecha, unas 9 mil hectáreas del Humedal ya están en manos de diferentes usuarios e intereses privados, que prevén utilizar esas tierras para la siembra de palma aceitera y otros cultivos.

Las amenazas que esto plantea para el humedal son graves. Desde hace 2 años, por ejemplo, el Humedal Laguna Matusagaratí está siendo afectado por profundas zanjas, de varios kilómetros de longitud, que construye la empresa Agse Panamá S.A. (Agricultura y Servicios S.A.), con un proyectod de siembra de 2 mil 7 héctareas de arroz bajo sistema de riego, cuya aprobación del respectivo EsIa se dio en 2009. Con dicho proyecto se realizan adicionalmente fumigaciones aéreas con agroquímicos, cuyas afectaciones deben ser identificadas e investigadas. Exijimos a la ANAM que supervise el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de dicho proyecto y presente los resultados a la comunidad.

La enorme cantidad de peces muertos que han bajado por el río Tuira y el Balsa en determinados momentos, lo cual ha sido identificado por sus habitante y verificado por la ARAP, dan muestra que el humedal está siendo afectado.

Caso 3: Río San Pablo, Veraguas

Tres proyectos hidroeléctricos sobre el río San Pablo en la provincia de Veraguas amenazan el bienestar de los habitantes de las comunidades de San Bartolo y de Cañazas, quienes se han opuesto rotundamente a estos proyectos sin resultado alguno.

Los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) omiten los impactos a los ríos y la sedimentación que impactará al Golfo de Montijo, el cual es un Humedal de Importancia Internacional (Sitio Ramsar). El Río San Pablo es uno de los principales afluentes de este Humedal, por lo que cualquier modificación a su régimen hidrológico puede afectar gravemente las características ecológicas del Sitio Ramsar, así como los servicios ambientales de los cuales depende la población local.

Las organizaciones y líderes de las comunidades de Veraguas han expresado sus preocupaciones al Comité Nacional de Humedales y solicitan a la Autoridad Nacional del Ambiente subsanar las fallas en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes.

Llamado a las autoridades nacionales

Por lo tanto las organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, exigimos que:

1. La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) restablezca las tarifas anteriores de multas y permisos por tala de manglares, que fueron fundamentadas sobre argumentos técnicos debidamente sustentados.
2. La Corte Suprema restituya el estatus de área protegida del Sitio Ramsar Bahía de Panamá, para devolver a los ciudadanos la protección que estas áreas brindan para su seguridad y bienestar.
3. El Ministerio Público brinde a través del debido proceso legal, la tutela judicial efectiva de los recursos naturales, en especial los manglares y otros humedales, en particular en el caso de la denuncia interpuesta contra la posible comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial en el área del Humedal Bahía de Panamá.
4. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) mantenga la integridad del Sitio Ramsar Bahía de Panamá revocando su solicitud de disminuir los límites establecidos oficialmente ante la Convención de Ramsar en el año 2009.
5. La ANAM vele y actúe para que todos los proyectos que pretendan destruir humedales no sean admitidos con una Categoría de Estudio de Impacto Ambiental inferior a Categoría III, considerando que los humedales son áreas críticas sobre las que se pueden producir impactos ambientales negativos directos e indirectos, acumulativos y sinérgicos, de significación cuantitativa y cualitativa, se generan impactos acumulativos y sinérgicos que ameritan un análisis más profundo.
6. La ANAM contemple en el proceso de Evaluación de Impactos Ambientales medidas que exijan que se muestren efectivamente los alcances y amenazas de los proyectos sobre los humedales o en sus zonas de amortiguamiento, así como que se determinen los efectos sinérgicos y acumulativos de los proyectos como por ejemplo, el régimen hidrológico que afecta a los humedales en la cuenca baja, como en la Cuenca 118 del Río San Pablo, el cual aporta agua dulce al Sitio Ramsar Golfo de Montijo.
7. La ANAM garantice que se realice adecuadamente la consulta ciudadana, y no se repitan casos como por ejemplo el de la construcción de dos (2) proyectos hidroeléctricos, cuyos EsIA omitieron la consulta a las comunidades de la provincia Veraguas.
8. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cumpla lo establecido en las normas existentes que protegen los humedales de la Bahía de Panamá y otros del territorio nacional, y no apruebe Esquemas de Ordenamiento Territorial que van en contra de las mismas ni aquellos que destruyen manglares y otros humedales.

9. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) determine claramente y divulgue ampliamente los riesgos a los que se expone la población con la destrucción de los manglares y otros humedales y la construcción de proyectos urbanos sobre áreas inundables y que además, no dilate más la expedición de la Resolución que declara los humedales de Juan Díaz zona de alta vulnerabilidad a desastres por inundaciones. La Ciudad no espera menos de la institución que por ley debe proteger la vida de todos los residentes del país.

10. La ANAM y ARAP coordinen el trabajo en documentar una lista de posibles nuevas designaciones de Áreas Protegidas de humedales costeros en Panamá.
11. La Alcaldía de Panamá actúe con coherencia luego de un largo período de consultas y análisis realizado de junio a septiembre de 2012 en conjunto con organizaciones no gubernamentales, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Universidad de Panamá, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y otras instituciones del gobierno. La Sra. Alcaldesa emitió un decreto en junio de 2012 que prohíbe efectuar trabajos de movimiento de tierra, rellenos o construcción, dentro del área que conforma el humedal Bahía de Panamá. Además, se comprometió a ‘fortalecer las acciones de conservación, protección, uso racional y manejo de ecosistemas a efecto de evitar daños ecológicos que se pudiesen causar con la construcción en el área de humedal en la Bahía de Panamá‘. A pesar de que la Sra. Alcaldesa pudo comprobar los riesgos a desastres que se exponen las poblaciones vecinas al humedal Bahía de Panamá de continuar la construcción de rellenos y que se comprometió en establecer una zona de protección, los grupos que atendieron su llamado de consultas aún esperan que la propuesta de conservación del humedal que se le presentó sea elevada a una declaratoria de protección. Hasta el día de hoy el Municipio de Panamá ha permitido el avance de la destrucción desenfrenada de los humedales de Juan Díaz uniéndose así a la ya larga lista de autoridades que no han logrado hacer valer la autoridad que tienen de cumplir sus propias normas.

Esperamos que el Estado panameño – en este Día Mundial de los Humedales – asuma su responsabilidad internacional respetando la Convención Ramsar y la normativa nacional protegiendo adecuadamente y jurídicamente el patrimonio natural, que pertenece y protege a todos los panameños.

Este comunicado fue suscrito por más de una veintena organizaciones ambientalistas de todo Panamá:

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) – Alianza por un Mejor Darién – Almanaque Azul – Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA) – Asociación Agroecologista Macho de Monte – Asociación Agroecoturística La Amistad (ASAELA) – Asociación de Productores Agroecologista La Amistad (ADPAELA) – Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE) – Asociación de Productores de Renacimiento (APRE) – Asociación de Derecho Ambiental – Asociación Ecologista Panameña – Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira  (ASEPOR) – Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) – Centro de Estudios y Acción Social Panameña (CEASPA) – Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Conservación Internacional (CI) – Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUNDESPA) – Fundación Marviva – Fundación Panamá Sostenible (PASOS) – Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) – Fundación para la Protección del Mar – Fundación Wetlands International – Grupo Ecologista para la Protección del PILA (GERPROPILA) – Grupo Orgánico de Productores Cerropunteños  (GORACE) – REAL BOQUETE – Sociedad Audubon Panamá   – WWF

UNESCO a un paso de incluir al PILA como Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro

UICN recomienda a UNESCO inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro.

Burica Press –19 de junio de 2012. La próxima semana (Junio 24 a julio 6 de 2012) se realiza en San Petersburgo, Federación de Rusia el Trigésimo sexto período de sesiones del comité de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para discutir los informes del Estado de Conservación de los bienes inscritos como Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Para esta reunión la UNESCO ha publicado el Estado de conservación de los bienes del Patrimonio Mundial inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial e incluye el informe sobre el Sitio binacional denominado Cordillera de Talamanca-Reserva La Amistad/ Parque Internacional La Amistad (Costa Rica / Panamá), conocido por siglas PILA.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está recomendando a la UNESCO la posible inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro. Esto se debe a que desde el año 2008 la UNESCO a través de sus cuerpos científicos asesores, como es el caso de la UICN, ha estudiado los peligros ambientales que tiene el PILA tanto del lado de Costa Rica como de Panamá y todavía visualizan los mismos problemas de esa época y se añaden nuevas amenazas al sitio.

El informe a discutir destaca que todavía el sitio sigue amenazado por tres grupos de amenazas que afectan o pueden afectar su integridad:

• Construcción de represas hidroeléctricas, cerca de la propiedad en Panamá y los efectos asociados (mayor presencia humana cerca de la propiedad, interrupción de las especies acuáticas del corredor migratorio que ocurre en el Río Changuinola);
• La invasión (nuevos asentamientos humanos y la cría de ganado);
• Planificación de la construcción de carreteras que atraviesan la propiedad en el lado de Panamá.

El 22 de marzo de 2012, un informe conjunto sobre el estado de conservación de la propiedad fue presentada por los Estados Partes de Costa Rica y Panamá. El Comité había pedido a los Estados Partes a invitar a una misión de monitoreo reactivo del sitio para realizar el informe que debe presentarse en su 36 ª reunión. Destaca la UNESCO que “aunque se recibió una invitación del Estado Parte de Costa Rica, no hubo tal invitación del Estado Parte de Panamá. Por esta razón, no se llevó a cabo la misión.”

Los Estados Parte explican que la estructura para la cooperación transnacional ha estado en vigor durante muchos años, iniciada por un acuerdo formal de cooperación transfronteriza en 1992, cuyos mayores resultados sólo ha sido el desarrollo de cuatro misiones conjuntas de seguimiento sobre el terreno que se lleva a cabo anualmente con patrullajes conjuntos de los guardaparques de ambos Estados Partes.

Los informes oficiales de Costa Rica y Panamá sobre el avance de la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza (EAE) de las represas en el sitio el PILA indican que está en revisión interna y supuestamente lo esperan completar pronto.

Costa Rica destaca que en sus planes hidroeléctricos en el sitio incluyen cinco proyectos en estudios de viabilidad y varias en etapas conceptuales, sin evidencia de un mayor desarrollo. Sin embargo en Panamá el informe destaca que Panamá ha indicado que desconoció la decisión Comité del Patrimonio Mundial en el 2010 (Decisión 34 COM 7B.32) sobre detener la construcción del Changuinola 75 (CHAN 75) debido a lo avanzado del proyecto en términos de construcción y a que ya contaba con una evaluación de impacto ambiental aprobada y una resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el 2010 que declaró al proyecto de utilidad pública y urgente.

Parque Internacional La Amistad en Cerro Punta. Foto: Biota Panamá

En cuanto al proyecto Bonyic, en el territorio Naso Teribe, igualmente Panamá se refiere a una serie de obligaciones contractuales y resoluciones del Gobierno, entre ellos uno para la aprobación de una evaluación de impacto ambiental categoría III en 2005. Con base en lo anterior, el Estado Parte de Panamá sostiene que es la obligación legal de realizar estas presas y sólo se puede cancelar los contratos en caso de guerra, perturbación grave del orden público o de interés social urgente, y que tendría que compensar a la concesionaria del proyecto, en tal caso.

El Estado de Panamá añade que la evaluación ambiental estratégica de las represas hidroeléctricas a lo largo de la zona transfronteriza de la propiedad todavía no está terminado, y hasta que no concluya, es prematuro determinar la amenaza a la propiedad que representan estos proyectos.

Por su parte la UNESCO advierte que a pesar de los proyectos hidroeléctricos y la construcción de represas en el lado costarricense de la propiedad no son tan extensas como se había considerado, se mantiene la preocupación sobre el potencial debilitamiento de Valor Universal Excepcional de la propiedad derivados de los proyectos existentes.

La UICN ha recibido informes de que la presa CHAN-75 fue terminada, sin facilidades de paso para peces, a pesar de los reiterados llamamientos de la UNESCO que las medidas de mitigación se implementaran.

Alega la UNESCO que “la información recibida por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN confirma que es probable que tengan un grave impacto negativo en el conjunto único de peces y especies de camarones diádromos en la mayoría de la costa caribeña de Panamá, la porción de la propiedad en el corto plazo, que en a su vez es probable que haya efectos en cascada sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la propiedad que dependen de estas especies.”

Además, la UICN ha recibido informes acerca de la creciente presión de la caza y el uso de otros recursos por las comunidades indígenas que fueron desplazadas por la construcción de Chan-75. Si bien estas comunidades no están actualmente dentro de la propiedad, se vieron obligados a trasladarse más cerca de sus fronteras, y algunas tierras, se reportan, estar completamente deforestadas hasta el límite con el Parque Internacional La Amistad.

Las concesiones mineras en o cerca de la propiedad (Costa Rica)

El Estado Parte de Costa Rica ha indicado que las solicitudes de permisos de exploración minera, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas Bribri cerca de la propiedad han sido rechazadas, excepto tres que quedan en suspensión hasta que se desarrollen los criterios de la declaración de impacto ambiental. El Estado Parte observa que sólo la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica tiene la autoridad para aprobar dichas solicitudes, y que tal petición no se ha concedido en la historia moderna del país.

Carretera Boquete (Chiriquí) Changuinola (Bocas del Toro) por el Parque Internacional La Amistad (Panamá)

El Estado Parte de Panamá indica que si bien este camino fue propuesto en el Plan de Gobierno 2010-2014, no se han tomado medidas en este sentido hasta la fecha, incluyendo la convocatoria de una evaluación de impacto ambiental que obligatoriamente precedería a la decisión de seguir adelante con la idea de la carretera.

La presencia de ganado y la integración de las tierras privadas dentro de la propiedad

El Estado Parte de Costa Rica informa que no ha habido ningún cambio en la presencia de ganado dentro de la propiedad, e indica que menos del 1% de la propiedad se ve afectado por el ganado o cualquier otro tipo de uso de la tierra incompatibles. Costa Rica desestima este tema como uno que es marginal y pequeña escala, con efectos sólo muy localizadas y no ofrece ninguna respuesta a la petición del Comité para desarrollar e implementar un plan conjunto con Panamá para controlar y manejar el ganado dentro de la propiedad y la integración de las tierras privadas en la propiedad en 2018 (Decisión 32 COM 7B.35), pidiendo además que el ganado se elimina completamente (Decisión 35 COM 7B.39). Añade que debido a la crisis financiera mundial, no se ha avanzado en la integración de las tierras privadas en la propiedad.

El Estado Parte de Panamá indica que la presencia de ganado en pequeñas propiedades dentro del Parque se ha señalado en su propuesta original (1990), y agregó que la resolución que creó el Parque Nacional La Amistad llama por estas tierras para ajustar el plan de uso de la tierra que se establezca por la agencia de gestión del Parque, aunque ninguna indicación sobre lo que esto podría ser que se proporcionan. El Estado Parte indica que los pequeños propietarios están legalmente establecidas dentro de la propiedad, cerca de su frontera sur-oriental.

Estas propiedades y la presencia de ganado fueron reconocidos en la evaluación de la UICN (1990). La UICN también señaló en su evaluación de que el ganado se está moviendo a través de la parte sur de la propiedad y, en ocasiones hacinados allí. El Estado Parte de Panamá señala en sus informes que un vuelo de monitoreo en octubre 2011 sobre la porción sur-oriental de la propiedad donde había estado la ganadería extensiva informado en la misión de 2008, no reveló evidencia de pastoreo de ganado.

En sus conclusiones a discutir la próxima semana en San Petersburgo, Rusia, la UNESCO muestra preocupación por las otras dos represas planteadas en el río Changuinola (CHAN-140 y CHAN-220) y destaca que la ubicación de las presas fuera de la propiedad no implica automáticamente que no tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad de la propiedad, sabiendo que las cuencas hidrográficas aguas arriba de las represas hidroeléctricas se ubican dentro de la propiedad.

Critican fuertemente la falta de una invitación para una misión de monitoreo reactivo por parte del Estado Parte de Panamá no ha permitido recopilar la información necesaria para determinar el estado de conservación esta propiedad y que el Estado de Panamá tiene toda la intención de permitir la construción de la represa Bonyic sin un examen previo de los resultados de la evaluación ambiental estratégica, como se indica en el informe conjunto de los Estados Partes, y esto es motivo de grave preocupación.

La UICN recomienda al Comité la posible inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, de conformidad con el párrafo 180 (b) (ii) de las Directrices Prácticas.

El Centro del Patrimonio Mundial y la UICN recomienda además que el Comité pida a los Estados Partes de Costa Rica y Panamá, invitar, en forma conjunta, a una misión de monitoreo reactivo, a ejecutarse por la UICN, a la propiedad, para evaluar las amenazas que plantean la construcción en curso de represas en Panamá, las existentes y las represas propuestas, así como la minería en Costa Rica, el proyecto de la carretera proyectada para atravesar la propiedad de Boquete a Bocas del Toro, los efectos del ganado en la propiedad, y para hacer una recomendación sobre la posible inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial Patrimonio en Peligro.

Amnistía Internacional solicita investigar recientes crímenes políticos en Panamá

Documento – Panamá: Temor por los manifestantes después de la muerte de dos de ellos.

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Panamá Fecha: 7 de febrero de 2012 Date: 14 January 2011

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

Dos manifestantes murieron y, según los informes, más de 40 personas resultaron heridas cuando la policía dispersó una protesta de pueblos indígenas en Panamá el 5 de febrero. Es probable que las protestas continúen en todo el país, y se teme que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de fuerza excesiva.

El 30 de enero, los miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé salieron a la calle para protestar contra la enmienda de un proyecto de ley que, según creen, dejará sus tierras expuestas a la construcción de proyectos hidroeléctricos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en el norte del país. Desde entonces, las protestas han ido en aumento, y parte de la Carretera Panamericana ha sido cortada por miles de manifestantes. El 5 de febrero, un manifestante, Jerónimo Rodríguez Tugri, murió por disparos en San Félix, provincia de Chiriquí, y hay informes de que otro manifestante se encuentra en estado crítico. Otros más de 40 han resultado heridos, según los informes, entre ellos policías. El 7 de febrero, los medios de comunicación informaron de la muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Las circunstancias de su muerte aún no se han confirmado.

Se han recibido numerosas denuncias de grupos de derechos humanos, ecologistas y eclesiásticos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes, que provocó la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también han informado sobre el uso de gas lacrimógeno en las cercanías de centros médicos, sobre la negación a los detenidos de acceso a asistencia letrada, y sobre la falta de acceso de los heridos a atención médica. El gobierno, tras negar inicialmente los informes de que había cortado el acceso a las redes de telefonía móvil en las zonas de las manifestaciones, ahora ha confirmado el corte de dicho acceso. El 7 de febrero, las redes de telefonía se habían restaurado.

Es probable que las manifestaciones continúen durante los próximos días, y se teme que pueda haber más muertos o heridos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

recordando a las autoridades que el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que dichos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”;

pidiendo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las muertes de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2012, A:

Ricardo Martinelli Berrocal

Presidencia de la República, Panamá 1,

Panamá

Fax: +507 527 9034

Correo-e.: prensa@presidencia.gob.pa

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

José Mulino

Ministro de Seguridad Pública

Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe

Ciudad de Panamá, Panamá

Fax: +507 512 6001

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

 

ONG

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Correo-e.: info@ciampanama.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Panamá acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

El año pasado, en febrero de 2011, los ngäbe-buglé organizaron protestas contra una ley de minería por considerar que facilitaba nuevos proyectos mineros en los territorios de los pueblos indígenas y que no incluía salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni consultas adecuadas con las comunidades locales. La ley fue aprobada en febrero pero derogada en marzo, después de que el gobierno y los ngäbe-buglé negociaran una solución a la crisis y llegaran a un acuerdo que, según grupos indígenas, incluía una disposición que protegería sus territorios de los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos.

El 27 de enero de 2012, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para la protección de los territorios de los ngäbe-buglé frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Durante el debate, los legisladores eliminaron el artículo 5 del proyecto de ley, y esa eliminación dio lugar a protestas masivas en todo el país. Los grupos indígenas y ecologistas afirman que el artículo 5 habría protegido las tierras indígenas frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos, unos proyectos que en el pasado han amenazado con inundar poblaciones indígenas. Los indígenas salieron a la calle el 30 de enero para protestar contra la enmienda en el proyecto de ley.

 

Nombre: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y manifestantes ngäbe-buglé

Sexo h/m Jerónimo Rodríguez Tugri (masculino), Mauricio Méndez (masculino), manifestantes (ambos)

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Fecha de emisión: 7 de febrero de 2012

Ni los niños se libraron de ser aprehendidos por la Policía Nacional de Panamá en el área de la protesta en San Félix, Provincia de Chiriquí en el Suroccidente de Panamá.

Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

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Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

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El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Estudio revela graves daños ambientales en Río Chiriquí Viejo por hidroeléctricas

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE HIDROELÉCTRICAS

BID alerta de daños en río Chiriquí Viejo

El gobierno ha otorgado 19 concesiones para el desarrollo de proyectos energéticos en esta cuenca. Los impactos ambientales son diversos y severos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Disminución del caudal y aumento en la concentración de sedimentos son dos de los impactos negativos que sobre el río Chiriquí Viejo causarán, al menos, siete de los proyectos hidroeléctricos que allí se desarrollan.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla los efectos de la construcción de las presas, y entre ellos destaca que debido a la sedimentación, la potabilizadora de Barú –que se abastece de esa cuenca– verá afectada la calidad del agua. El BID y el Banco Mundial prevén financiar algunos proyectos.

Energía a base de paneles solares y aerogeneradores

Una empresa liderada por el español Andrés Sánchez promueve el uso de aerogeneradores, pequeñas turbinas hidráulicas y paneles solares en las residencias para generar energía limpia. El proyecto se promueve en zonas apartadas del centro del país donde escasea el agua.

Además de beneficiar a las comunidades apartadas, también puede ser útil para los productores y ganaderos. Los equipos pueden generar hasta 10 kilovatios, energía suficiente para alimentar una residencia que tenga una televisión y cuatro focos.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO

BID estudió 5 hidroeléctricas

Según la agencia, los efectos de los proyectos sobre el río Chiriquí Viejo son mayores a lo descrito por las empresas.

BAJO de MINA. La cuenca del río Chiriquí Viejo es de mil 348 kilómetros cuadrados y actualmente se encuentra intervenida por actividades agrícolas y ganaderas. A los impactos ambientales que producen esas tareas se sumarán ahora los que generen los proyectos hidroeléctricos. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Un análisis técnico de siete proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, arrojó información que denota graves consecuencias ambientales y sociales.

El estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), midió los impactos acumulativos de poco menos de la mitad de proyectos energéticos que se adelantan en esta cuenca hidrográfica –19 concesiones otorgadas por el Estado–, específicamente los que hasta finales de 2009 tenían estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Y a pesar de lo que señalan sus propias investigaciones, el BID contempla financiar dos de esos siete proyectos.

Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, hasta disminución de la calidad del agua y afectación a actividades turísticas de las cuales dependen muchas familias.

También se hace referencia a los efectos que han ocasionado otras actividades económicas a lo largo del río (como pérdida de suelo y sedimentación), y se advierte que estos “podrían ser agravados con la construcción de los 19 proyectos hidroeléctricos [los que ha aprobado el Estado hasta ahora]”.

“Una vez que entren en operación los diversos embalses, es posible que la descarga de sedimentos sea pulsativa y masiva, asociada con los procesos de mantenimiento de los embalses”, señala el estudio.

De hecho, la sedimentación es uno de los principales problemas que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora del distrito de Barú –que se abastece del río Chiriquí Viejo– y con ello el proceso de purificación del agua. Y la sedimentación en la parte baja del río será mayor durante la fase de construcción de todas las presas.

Sin embargo, el estudio determinó ya un aumento en la descarga de sedimentos en algunas partes del río, las cuales, indica, son mayores en la temporada seca que en la lluviosa. Algo que causa extrañeza.

“Lo normal es que haya mayor aporte de sedimentación durante la época de invierno con respecto al verano, por la remoción de masas que ocurre en toda la cuenca. La única explicación es que hay un aporte de sedimentos anormal y que probablemente esté relacionado con la construcción de la presa aguas arriba”, señala el estudio del BID.

Un problema que no terminaría al concluir la construcción de los proyectos. “Es importante destacar que la sedimentación es uno de los principales problemas que enfrentan las hidroeléctricas durante su operación”, advierte el documento.

Todas estas consecuencias se detallan, a pesar de que, según el BID, los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental de los siete proyectos presentaban una “deficiencia de información que limitó un análisis más exhaustivo en relación con los procesos de sedimentación”.

CAUDAL ECOLÓGICO

El diseño de las hidroeléctricas, que implica construir un embalse para el transvase del agua desde el sitio de presas hasta las máquinas, también tendrá un impacto sobre el río Chiriquí Viejo. De acuerdo con lo que señala el documento, esto significa que habrá tramos del río en los cuales el flujo de agua será limitado.

Se afirma, además, que todas las empresas prevén desviar el 90% del caudal natural del río hacia las salas de máquina, lo que derivará en la reducción del caudal del río.

Esta realidad tendrá una incidencia directa en algunas características del río, como la temperatura del agua, que es una de las cualidades físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos, indica el estudio.

Otro efecto negativo que menciona el documento es la pérdida de calidad del agua, algo que ya es un problema de esta fuente hídrica debido a la actividad agrícola y a los asentamientos humanos que lo rodean.

Es más, el informe precisa que el río tiene “presencia de coliformes fecales”, por el uso del río para descargar aguas negras, y por la ganadería intensiva.

SIN SUPERVISIÓN

Las consecuencias ambientales de los proyectos hidroeléctricos alcanzan la vida acuática, ya que, según la investigación, al alterarse el flujo del río por los embalses decrecerá la población de muchas especies, y esto, a su vez, traerá efectos adversos en las comunidades que viven aguas abajo de las presas.

A lo largo del río se han identificado 39 especies de peces, y la supervivencia de todas ellas se verá comprometida si los planes de mitigación, compensación y conservación no se abordan de forma coordinada en toda la cuenca, indica el informe.

Lo que es peor, se advierte que los estudios de fauna no se han desarrollado sistemáticamente y que los más recientes fueron hechos por algunos de los promotores de proyectos hidroeléctricos, como parte de sus estudios de impacto ambiental.

En el análisis realizado a los EIA de los proyectos hidroeléctricos, se hace evidente una debilidad institucional para el seguimiento y control, y una débil gestión ambiental por parte de los gobiernos locales. Además, la participación ciudadana no se considera de forma adecuada.

Silvano Vergara, director de Cuencas Hidrográficas de la Anam, dijo conocer el estudio del BID y agregó que, evidentemente, cuando se hace un análisis de todos los proyectos, los impactos aumentan y para contrarrestarlos los planes de mitigación deben ser acumulativos. “Lo que la Anam debe lograr es que cada una de las aplicaciones de las medidas de mitigación de cada proyecto sean sinérgicas, para poder mitigar los impactos acumulativos”.

Indicó que se llevan a cabo monitoreos, pero a cada proyecto de forma individual, y ahora deberían hacerse en conjunto.

Yaritza Espinoza, ambientalista de Chiriquí, pidió al BID no financiar estos proyectos hidroeléctricos por los efectos ecológicos que traerán, y más ahora que el Gobierno ha debilitado las normas ambientales. Se refiere a la reciente aprobación de la Ley 30 de junio de 2010, que dejó a criterio de los empresarios realizar los EIA o acogerse a las guías de buenas prácticas, que no existen aún en Panamá.

Sobre todo, dijo Espinoza, porque la Anam no está en “capacidad” de hacer cumplir los planes de mitigación de cada proyecto.

ECOTURISMO PIERDE ESPACIO EN EL RÍO

Una de las actividades que atrae a los turistas a la provincia de Chiriquí ya sufre las consecuencias de la construcción de las presas para proyectos hidroeléctricos. El recorrido del river rafting por el río Chiriquí Viejo se ha disminuido en 10 kilómetros, debido a restricciones por el incremento de los riesgos para la práctica de este deporte extremo, señala el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El informe detalla que las afectaciones al rafting se deben al inicio de la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Baitún y Bajo de Mina, proceso que incluye el uso ocasional de explosivos.

La valoración global del rafting como negocio indica una clara tendencia a su desaparición, como resultado del impacto acumulado de la construcción de las diversas centrales hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo.

Esto, debido fundamentalmente a la disminución del volumen de agua del caudal del río, que no permitirá el desarrollo de este deporte de aventura. El informe recalca que de las actividades económicas que se desarrollan en el Chiriquí Viejo, el rafting será la que posiblemente se vea afectada de forma irreversible a mediano plazo.

¿La razón? Según el BID, las condiciones geográficas e hidrológicas naturales que presenta el río, y que son básicas para su práctica, están siendo afectadas con la construcción de las hidroeléctricas: la pendiente, el volumen de agua y la presencia de rocas en el lecho del río.

Por ello, recomiendan una evaluación detallada de todos los usos actuales y futuros del río para determinar los potenciales impactos de la explotación hidroeléctrica sobre los usos económicos de la cuenca. La práctica del rafting en el Chiriquí Viejo atrae a más empresarios cada día. Luego de que se constituyera la primera empresa –hace 15 años– se han creado otras dos. Según el estudio, la más reciente es una que opera hace tres años.

Iglesia católica de Chiriquí se pronuncia sobre hidroeléctricas

Parroquia Inmaculada Concepción

Congregación de San Vicente

La Concepción, Chiriquí, República de Panamá * Teléfono 770-6327

10 de junio 2010

“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo.” (Carta del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial por la Paz, 1 de enero 2010)

Respetuosos Hermanos y Hermanas del Consejo Municipal de Bugaba,

¡Que la paz y el amor de nuestro Dios Creador estén siempre con ustedes!

Durante los últimos años, la Iglesia católica a nivel mundial y especialmente a nivel de América Latina, ha tomado en cuenta la importancia de buscar modelos de desarrollo que respeten al hombre y la creación de nuestro Dios.  La Conferencia Episcopal de América Latina proclamó en Aparecida que “el discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador.” (Aparecida 125).

Por eso, como feligreses de la Iglesia, no podemos ignorar la proliferación de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí, especialmente en el  distrito de Bugaba.  Según los últimos datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), hay 16 proyectos hidroeléctricos en construcción, diseño final o trámites solamente en nuestro  distrito.  Con varios proyectos en cada río, los impactos ambientales, tanto como sociales y culturales, son graves.

“Ya que los recursos son cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio de justicia distributiva respetando el desarrollo sostenible” (Aparecida 126). Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  solicitado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), las concesiones de la “cuenca de agua número 102”, que nos afecta, ponen 98% del agua de los ríos en manos de empresas hidroeléctricas y dejan 2% designado para el uso doméstico, turístico, agrícola, agropecuario, entre otros (BID estudio 102-3).  Esta realidad está muy lejos de los conceptos del bien común, el destino universal de los bienes, y la justicia distributiva –conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

Como bien sabemos, los proyectos que ya están amenazando la vida de las comunidades, forman parte de un plan que vende energía a nivel de América Central.  Actualmente como país, tenemos la capacidad instalada de 1,789 megavatios.  El día de mayor consumo en toda nuestra historia fue de 1,175 megavatios.  Una buena planificación de energía va a tomar en cuenta el crecimiento del país en un contexto de responsabilidad a todos los niveles: social, agropecuario, industrial y empresarial.  Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos que tienen concesiones y licencias otorgadas,  con capacidad de 1,685.79 megavatios, lo que representa un total de 3,474.79 megavatios, sin incluir  los otros proyectos en trámites con capacidad de producir 4,621.68 megavatios adicionales.  Es decir, un país que consume un promedio de menos de 1,000 megavatios está dando concesiones para producir cinco veces más que su consumo (todos los datos provienen de la ASEP).   Este plan internacional no considera los efectos negativos locales que estos proyectos conllevan y reduce el agua a un simple bien del mercado internacional, en lugar de una bendición de Dios que nos da la vida.

A nivel de las comunidades hemos escuchado la promesa de progreso económico como una justificación adecuada.  No obstante, la experiencia de muchos de nosotros a nivel de la comunidad es de engaños, mentiras y violencia por parte de las empresas y gobierno.  Aunque mejores caminos, educación y salud son muy importantes, estos proyectos no toman en cuenta la complejidad del desarrollo humano que va más allá de lo económico, ni consideran los miembros de las comunidades como verdaderos protagonistas de su propio desarrollo.  “Como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad.” (Aparecida 471).

Este  es un periodo muy importante donde las decisiones que tomemos tendrán grandes consecuencias para el bien común y la vida de las generaciones futuras.  Por eso, pedimos a ustedes como representantes de los bugabeños:  a) cumplir con los acuerdos municipales números cuarenta  y tres (43) y cuarenta y cinco (45) de 2008 que proclaman las riquezas naturales del distrito como patrimonio municipal, y b) rechazar los permisos de construcción de hidroeléctricas en nuestros ríos. Solicitamos también, implementar las nuevas tecnologías de energía alternativa, como la solar y la eólica, en remplazo de la energía térmica e hidroeléctrica con sus nocivas repercusiones.

Estamos en un momento de esperanza, un momento para la posibilidad de decisiones responsables. En su última encíclica, el Papa dijo que “cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia” (Caritas in Veritate 51).

- Ha llegado el momento de celebrar la vida en cada forma como un milagro de Dios.

– Ha llegado el momento de pensar nuevamente qué es el verdadero desarrollo sostenible, que no destruye la creación ni al ser humano en el proceso.

- Ha llegado el momento de entender la gran riqueza contenida en nuestro distrito, con una biodiversidad privilegiada a nivel mundial.

- Ha llegado el momento en que Bugaba sea un buen ejemplo de responsabilidad ambiental para el país, y Panamá se distinga como ejemplo de responsabilidad ambiental para el mundo.

Que el Dios de la vida siempre nos proteja, ilumine el camino de esperanza y nos de la fuerza y el valor de tomar decisiones responsables para hoy y mañana.

Rev. Edison Famanía, CM.                                 Rev. Geovany Morales, CM.

Párroco de Concepción                                          Párroco de Volcán

Rev. Rolando Molina, CM.                                  Rev. José Fitzgerald, CM.

Párroco de San Andrés                                         Asesor de CEMCODE (Coordinadora del Equipo

Misionero de la Concepción por la Defensa de los Ecosistemas)

63 proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Chiriquí

Hidroeléctricas

Ríos de Chiriquí con 63 proyectos

Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.

La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.

Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.

El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.

En el río Chiriquí Viejo, el 98% de las aguas ha sido concesionadO para el uso de hidroeléctricas, según un estudio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO realizado en 2008

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas

Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.

PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com

A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.

Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.

Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.

Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.

El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.

La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.

En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.

Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.

Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.

La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.

En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.

El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.

Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.

El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.

Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.

DAÑO ECOLÓGICO

Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.

Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.

La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.

“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.

El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.

DISPUTA LEGAL

Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.

Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.

A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.

PUEBLO PARTIDO EN DOS

Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.

Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.

El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.

¿PLAGIO DE EIA?

Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.

Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.

Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.

En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.

Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.

El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.

Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.

Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.

Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.

Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.

¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?

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Auditarán proyectos hidroeléctricos

Leonardo Flores
Unidad de Investigación
lflores@prensa.com

El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.

POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HíDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Exigen estudio acumulativo

La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.

Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
Unidad de Investigación
lflores@prensa.com

La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.

La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.

En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.

Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.

“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.

Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.

“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.

Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.

“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.

Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.

REALIZARÁN AUDITORÍA

El administrador de la Anam, Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.

“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.

En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.

ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.

“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.

Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.

A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.

Chiricanos siguen defendiendo sus ríos de hidroeléctricas

Opositores a hidroeléctrica se enfrentan a antimotines en Chiriquí

Eduardo E. Espinosa
Especial para prensa.com
internet@prensa.com

7 de abril 2010- SAN LORENZO, Chiriquí. –

Amarilys Cerrud, madre de tres hijos y presidenta del grupo de defensa del río Fonseca, señaló vía celular que esta tarde los antimotines de la Policía Nacional arremetieron en contra de los pobladores de la comunidad de Sábalo.

Cerrud indicó que esos moradores de Sábalo se oponen a que ingrese maquinaria al sector del río Fonseca, a fin de desarrollar las primeras fases de un proyecto hidroeléctrico.

“Nos han estado lanzado gases lacrimógenos en la calle, al igual que en las casas del sector, por favor envíenos a la Cruz Roja o Sinaproc porque necesitamos nos auxilien a nuestros hijos que han inhalado humo”, imploró Cerrud.

Dijo que se detuvieron a varias personas y que ella pudo escaparse de un policía que intentó detenerla y que se “había metió en una casa”.

“Ahora me encuentro en una casa, relató entre sollozos, me van a detener, ya que la han rodeado varios policías, quienes están acompañados de la corregidora del lugar”, indicó Cerrud.

Campesinos denuncian abusos por imposición de proyecto hidroeléctrico en sus tierras

Burica Press – Medio Ambiente

El Comité Pro Defensa del Río Fonseca y organizaciones afectadas y solidarias han emitido un pronunciamiento donde denuncian al Estado panameno por la violación a los Derechos Humanos de los campesinos del Río Fonseca localizado en San Lorenzo, en la occidental provincia de Panamá.

Río Fonseca. El río Fonseca nace en la Cordillera Central de Panamá y vierte sus aguas en el Golfo de Chiriquí. Es un río con un gran volumen de agua y es el principal recurso acuático de la región. Foto: Asociación Ambientalista de Chiriquí. http://chiriquinatural.blogspot.com/

Ellos han denunciado la aprobación de concesiones para la destrucción de sus recursos naturales, enajenación de las aguas y tierras de las comunidades campesinas para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

Igualmente denuncian al consejo municipal de esa comunidad por aprobar la exoneración de pagos de impuestos municipales a la Empresa Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A. por la producción y generación de energía eléctrica y a cambio ha aceptado el pago de un porcentaje por la venta de certificados de carbono que genere la empresa en cuestión.

Los lugareños han denunciado intimidación, presiones y amenazas a los campesinos de la comunidad de Sábalo, área de construcción del proyecto hidroeléctrico por la empresa Grupo Cuerva S.A., sub-contratista de la firma Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo, S.A., quienes pretenden enajenar a la fuerza las tierras colindantes al área afectada por este proyecto de producción y generación de energía eléctrica.

En los últimas dos semanas ha habido incertidumbre y enfrentamiento de la comunidad campesina con los promotores del proyecto quienes intentan ingresar sus máquinas al lugar del sitio presa.

Los campesinos en el comunicado rechazan rotundamente la exploración, explotación y depredación de los recursos naturales y las concesiones otorgadas por distintos gobiernos de Panamá en su comunidad y le están exigiendo al Gobierno que anulen las licencias y concesiones para estos fines y que contrario sensu promueva el manejo sostenible de dichos recursos para el desarrollo comunitario en la región.

Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente”. Con todo esto, comunicaba el Gobierno, “acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente”. Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a “acuerdos voluntarios y bilaterales”, con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: “aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%”; “más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada”. El Gobierno endosa a la empresa la obligación “de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento”. Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del “interés público y social” y del “desarrollo nacional” dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, “hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva”. Así, “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”, se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre “el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes”. El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

“Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país”.

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica “por AES Changuinola”.

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

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El artículo completo está en GENOCIDIOS COTIDIANOS I

Solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Sociedad civil nacional e internacional solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Burica Press reproduce la carta de la sociedad civil de Panamá y del extranjero que trabajan es derechos humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en tierras indígenas reclamadas por estos.

Baje aquí la carta en versión digital pdf: Carta Presidente Panama medidas CIDH Chan 75 09-08-21

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21 de agosto de 2009

Excmo. Señor Doctor

Ricardo Martinelli

Presidente de la República de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ref. Medidas Cautelares de la CIDH para la

protección de los Derechos Humanos de las

Comunidades Ngöbe

Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli,

Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa Chan 75.

Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.

El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio. La Comisión solicitó además medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así evitar mayor violencia e intimidación.

Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría.

De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.

Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.

Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas visitó la zona en enero pasado. En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también recomendó al Estado que “evalue la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo”. Esta recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y evitar mayores daños.

Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un Estado democrático moderno. Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes posible.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Manuel Pulgar-Vidal

Presidente

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Raisa Banfield

Directora Ejecutiva

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Larissa Duarte

Directora Ejecutiva

Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD)

Sebastián Tedeschi

Coordinador Programa de las Américas

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE)

Rolando Castro

Director

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Martin Wagner

Director del Programa Internacional

Earthjustice

Peter Galvin

Director de Conservación

Center for Biological Diversity

C.c.

Ministerio Gobierno y Justicia

Ministro Dr. José Raúl Mulino

Dirección de Política Indigenista

Lic. José Isaac Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez,

Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Panamá

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Lic. Vladimir Franco

Corte Suprema de Justicia

Dr. Harley James Mitchell Dale

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministro Dr. Roberto Henríquez

Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de

Comercio Interior

Último reino de Panamá en peligro

El último reino indígena de Panamá,

en riesgo de desaparición por el desarrollo

• La construcción de una central hidroeléctica amenaza su base de sustento y de transporte, el río Teribe.
• Varias familias fueron desalojadas y se demolieron casas y escuelas.
• Es la última comunidad indígena de América que se rige como un reino.

D. ROJO. 28.07.2009 – 14.51 h

En el noreste de Panamá, entre los ríos Teribe y San San, a los que custodian y de los que se sienten miembros, vive la comunidad naso, un pueblo indígena que ahora afronta el reto ante el que tantos otros fracasaron antes.

Los bulldozers, protegidos por la Policía, entraron el pasado 31 de marzo en dos de sus comunidades, San San y San San Druy, demoliendo casas, escuelas, iglesias y áreas recreativas.

El caso ya ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades panameñas: desde el gobernador regional hasta el Defensor del Pueblo, que ha señalado que la expulsión de las 17 familias que vivían en los terrenos de la Ganadera Bocas, que deforesta en busca de pastos para sus reses, violó el debido proceso.

Para reclamar una solución, los naso pasaron varias semanas acampados ante la Casa presidencial en Ciudad de Panamá. Las recientes elecciones generales, en las que no pudieron votar por haber perdido sus documentos en el desalojo, han traído un cambio de rumbo: han abandonado la protesta y han regresado a su tierra a negociar con las nuevas autoridades.

Los indígenas han vuelto a sus tierras con el fin de negociar con las autoridades

Pero la mayor amenaza para los 3.500 miembros de la comunidad naso que viven en los 11 asentamientos que tienen repartidos en la provincia de Bocas del Toro proviene de un proyecto de central hidroeléctrica que afectaría al curso del Teribe, que es tanto su base de sustento como su vía de transporte. La iniciativa recibió el respaldo legal del Gobierno saliente el pasado 15 de junio, según publicó el diario panameño La Estrella.

Los naso son además el último reino de América. Se organizan jerárquicamente en una monarquía electiva, con una asamblea popular que es la máxima autoridad y concede poderes a un Consejo. En la cúspide está el rey o la reina, un cargo que desde 2004 ejerce Valentín Santana. Su reto es no ser el último.

“Vivimos del río Teribe”

El presidente del Consejo Naso, Adolfo Villagra se muestra pesimista ante la situación: “Nuestra economía se basa en la agricultura de sustento, basada en la riqueza del río Teribe. El excedente se mercadea. Otras actividades que se han fortalecido son la artesanía y el ecoturismo”.

“Pero necesitamos que se reconozca oficialmente como comarca nuestro territorio para dejar de sentir la presión de las invasiones de tierras por colonos o de quien explota los recursos de forma incompatible con su protección. Somos de aquí y vivimos aquí desde antes de la colonización. Entonces, ¿adónde vamos a ir?”, se lamenta.

Fuente: 20 Minutos.es

Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá

Informe de la UNESCO 2009 sobre el Parque Internacional La Amistad (Panamá-Costa Rica)

INFORME DE LA UNESCO 2009 SOBRE EL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD EN COSTA RICA Y PANAMÁ

Traducción

Reservas Cordillera Talamanca-La Amistad / Parque Nacional La Amistad (Costa Rica / Panamá) (N 205 Bis)

Sitios de Represas en la cuenca del Rio Changuinola, Panamá. Al fondo el Parque Internacional La Amistad en Panamá. Foto: BiodiversidadPanama.

Fecha de inclusión en el listado del Patrimonio Mundial

1983, extendido 1990

Criterios

(vii) (viii) (ix) (x)

Año de inclusión en el listado de Patrimonio Mundial en Peligro

N/A

Ayuda Internacional

N/A

Fondos extraordinarios de la UNESCO

N/A

Misiones previas de monitoreo

Febrero 2008: Centro de Patrimonio Mundial / Misión de monitoreo reactivo de la IUCN

Principales amenazas identificadas en reportes anteriores.

a) Construcción y efectos relacionados con las represas hidroeléctricas cerca a la Propiedad en Panamá, (mayor presencia humana cerca de la propiedad, interrupción del corredor migratorio de especies acuáticas);

b) Intrusión (asentamientos, fincas ganaderas).

Asuntos actuales relacionados con la conservación

El Centro de Patrimonio Mundial recibió el informe de la Parte Estatal de Costa Rica el 27 de febrero de 2009. La Parte Estatal indica que las preocupaciones que existen sobre la presencia de ganado en la propiedad son pocas en el lado Pacífico, pero que existen problemas que van en aumento en lo que se refiere a la costa del Caribe debido a que las fronteras de la agricultura se han extendido al haber sido promovido por los grupos indígenas, y otros colonos, originándose en parte algunas desde Panamá.

La Parte Estatal de Costa Rica informa que los esfuerzos que han puesto algunas de las ONG para enfocar una mejor gobernabilidad entre los grupos indígenas en cuestión, y en especial la de Conservación de La Naturaleza (TNC), parecieran estar ayudando a revertir la intrusión a la propiedad. El informe también hace notar, que el 5.6% de la tierra que se encuentra dentro de dos zonas en el lado de la Costa Caribe de la propiedad y que cubre 6,700 hectáreas son de propiedad incierta (la Isla, y el Sector de Telire).

A pesar de que solamente se permite el uso tradicional innato y sostenible en estas áreas, el informe indica que se requiere realizar un mayor trabajo para asegurar un arreglo a largo plazo que garantice un manejo efectivo. En el lado Pacífico, existen 4,500 hectáreas dentro de la propiedad que son reclamadas por terratenientes privados, sin que existan títulos legales de propiedad alguno (Toda el área, con excepción de unas 125 hectáreas, se encuentra actualmente inalteradas, y regenerándose en forma de bosques naturales).

La Parte Estatal de Costa Rica proporciona un plan de acción detallado sobre los pasos a tomar que han sido propuestos para enfocar estos problemas. El número del personal involucrado en el manejo a tiempo completo aumentó de 7 a 10 guardabosques en el año 2009, más las 3 personas adicionales que brindan apoyo administrativo. La Parte Estatal de Costa Rica ha indicado que existen acuerdos de consolidación conjuntos de apoyo con las ONG locales, los cuales brindan un soporte complementario adicional al manejo de la propiedad. El plan de manejo que se ha creado recientemente requiere de 36 guardabosques solamente para el área del Pacífico, reconociendo la Parte Estatal de Costa Rica que existe la necesidad prioritaria de asegurarle un financiamiento estable.

La Parte Estatal de Costa Rica señala las diferentes estructuras que se encuentran en uso a diferentes niveles, y que son las que proporcionan los marcos para la política y acciones a tomar relacionadas con la coordinación nacional y de a través de las fronteras, con respecto a la conservación de la propiedad, incluyendo al Comité de Manejo de la Biosfera de la Reserva en el sector Pacífico. Se reconoce que la falta de coordinación existente entre estas estructuras da como resultado la perdida de oportunidades y de esfuerzos.

La Parte Estatal de Costa Rica ha demostrado tener buenos conocimientos de las ineficiencias, y ha propuesto acciones prácticas que ayuden a resolverlas, entre ellas la de incorporar las estructuras existentes a dos consejos administrativos locales (Pacífico y Caribe), y a un consejo nacional, cuando sea apropiado. Se anticipa, que al último de estos se le otorgará Poder para participar en las reuniones bilaterales de la comisión con Panamá. Se está considerando hacerle cambios a los marcos transfronterizos actuales de cooperación entre Panamá y Costa Rica a lo largo de la frontera, permitiendo así una mayor participación de la sociedad civil.

La Parte Estatal de Costa Rica hace notar que de los 80 sitios identificados como con potencial para desarrollar hidroeléctricas durante la evaluación nacional que se realizase, 8 de ellos están dentro de la propiedad, pero que actualmente estos no están siendo considerados. A la fecha se han presentado ante las autoridades, dos solicitudes para concesiones de minerías (lado del Caribe). De igual forma, en el pasado se otorgaron permisos para explotaciones petroleras en algunas de los sitios de la propiedad, pero estas fueron abandonadas por diferentes razones. Actualmente no se lleva a cabo ninguna actividad. Con respecto a la reforestación, hace varios años atrás se otorgó una concesión de 4,000 hectáreas, la cual fue posteriormente retirada vía los procedimientos de expropiación. Estos procedimientos no han concluido.

La Parte Estatal de Costa Rica ha indicado que en el año 2009 hará un análisis de estas propuestas de desarrollo. La Parte Estatal de Costa Rica describe las varias iniciativas de monitoreo ecológico que se encuentran en uso, retransmitiendo un número de informes de varias de las ONG y los resultados parciales de estas iniciativas. Hace notar que la cacería es parte de las prácticas indígena y de los colonos, ya que con frecuencia ellos dependen de la carne silvestre para su sustento, sin que a la fecha se haya reportado ninguna comercialización organizada. Aunque ningún tipo de acción con respecto a las decisiones sobre monitoreo tomadas por el Comité de Patrimonio Mundial en el año 2008 haya sido reportada, la Parte Estatal reconoce la necesidad que existe de reorientar parte del trabajo con la finalidad de poder implementar la solicitud que hiciese el Comité de Patrimonio Mundial.

El Comité de Patrimonio Mundial recibió el informe de la Parte Estatal de Panamá, el 24 de marzo de 2009. Las respuestas dadas a los problemas señalados por el Comité de Patrimonio Mundial resultan generales en naturaleza, y proporcionan poco detalles. El informe indica mejoras en el manejo de la presencia de ganado dentro de la propiedad, señalando que al efecto se ha creado una agrupación de ganaderos, e indica que en el año 2008 se desarrolló un plan estratégico de 5 años, con la finalidad de asegurar un desarrollo sostenible de la región.

Aparte de la falta de todo tipo de información con respecto al como el plan propone enfocar el problema, el Comité de Patrimonio Mundial ha tenido conocimiento de que no existen los fondos para su implementación, y que no se ha tomando ningún tipo de acción desde que el plan fue completado.

No existe información de ningún tipo sobre la medida de mitigación en relación con los especies acuáticas que resulten afectadas por la construcción de una represa hidroeléctrico en el Río Changuinola, más allá que la descripción que se brinda sobre los requerimientos legales relacionados con los impactos ambientales y la indicación de las medidas de mitigación que han sido identificadas por las autoridades que habrán de disminuir el impacto sobre estas especies. Se hace referencia a los Estudios de Impacto Ambiental, pero estos no han sido proporcionados por la Parte Estatal.

La Parte Estatal indica que se realizará un monitoreo de las especies en cuestión, y que los resultados que se obtengan serán utilizados para ajustar las medidas de mitigación. Dado que el ciclo de vida de las especies en cuestión requiere que migren entre aguas saladas y riachuelos de aguas frescas ricas en oxígeno, y que la represa habrá de crear una barrera imposible de vencer, el Centro de Patrimonio Mundial y la IUCN se encuentran preocupados de que el monitoreo que se habrá de realizar después de que se haya construido la represa solo llegará a indicar que todas las especies han desaparecido conjuntamente. La vertiente del Changuinola incluye la mayoría de las vías acuáticas dentro de la propiedad, por lo que al colocar una barrera migratoria dentro de este sistema, muy probablemente dará como resultado la pérdida de las 5 especies en un 80% de las vías acuáticas dentro de la propiedad.

En el reporte se describen los esfuerzos enfocados en educación ambiental que hacen posible disminuir la pesca ilegal. Se cita la legislación que existe y que fue diseñada para reducir la contaminación del agua por los drenaje de la agricultura, sin embargo no se proporciona ningún tipo de detalles sobre la calidad del agua dentro del estuario del Changuinola, ni tampoco se indican las medidas en particular que se están implementado para revertir los niveles actuales de contaminación.

De igual forma, el reporte indica que las autoridades nacionales monitorearán a la compañía que construye que es la responsable por reubicar a los habitantes. El informe indica que el número de guardabosques aumentó de 9 a 14 entre los años 2007 y 2008, y que también se realizan actividades de monitoreo tierra-aire de forma regular. Indica que la cooperación con las comunidades locales ha mejorado, pero no se dan los detalles al respecto. En la Reserva de la Biosfera La Amistad se está implementado un comité que tendrá que tratar con los múltiples interesados. El monitoreo ecológico recibe el apoyo de la Iniciativa de Darwin, y se espera que éste monitoreo establezca los indicadores biológicos bases.

El reporte de la Parte Estatal de Panamá no ha considerado un número de las solicitudes hechas por el Comité de Patrimonio Mundial, en particular: i) No se hacen referencias a los planes a largo plazo de hidroeléctricas que pueden afectar a la propiedad; ii) No se proporciona información sobre los esfuerzos que se hacen para fortalecer los esfuerzos bilaterales de coordinación; iii) No se hace la evaluación sobre la efectividad del seguimiento institucional para obtener reportes de crímenes al ambiente.

El Centro de Patrimonio Mundial y la IUCN consideran que el nivel de análisis detallado que aparenta haberse hecho en Costa Rica, en respuesta a la decisión tomada por el Comité de Patrimonio Mundial en el año 2008 es alentador. Las descripciones en detalle sobre la situación actual de cada uno de los puntos pertinentes elevados por el Comité de Patrimonio Mundial son proporcionados, y seguidamente se incluyen recomendaciones claras sobre el cómo tratar con estos problemas. A pesar de que es poco el progreso que se ha reportado sobre la implementación de las solicitudes hechas por el Comité de Patrimonio Mundial, el informe ofrece un buen marco con el cual se puede iniciar la acción, e implementar futuras acciones de monitoreo que resulten efectivas, e indican que la acción a tomar ante muchos de estos problemas se inicia en el año 2009.

El Centro de Patrimonio Mundial y la IUCN están complacidos con el hecho de que el proceso delineado por Costa Rica contribuirá de forma significativa al manejo de varios de los retos impuestos por la conservación, que fueron indicados por el Comité de Patrimonio Mundial en el año 2008, y también indican que existe un número de acciones que están actualmente siendo implementadas. Sin embargo, el progreso alcanzado en Panamá es limitado, por lo tanto el estado de conservación de esta propiedad transfronteriza se encuentra aún amenazado, por lo que por la Parte Estatal de Panamá requiere de hacer mayores esfuerzos. A pesar de algunos de los puntos que fueron señalados por el Comité de Patrimonio Mundial, el reporte presentado por la Parte Estatal de Panamá contiene muy poca información clara sobre lo que se está haciendo en respuesta a la decisión tomada por el Comité de Patrimonio Mundial durante su sesión 32, y no incluye ninguna indicación clara sobre los que serían los planes a futuro. Por lo que la Parte Estatal de Panamá deberá asegurar:

a) Que las especies acuáticas en las riberas del Río Changuinola, que es la principal cuenca de la propiedad, no sean extirpadas por la construcción de la represa hidroeléctrica, a pesar de la existencia de medidas efectivas de mitigación. Según la decisión 32 COM 7B.35 se hace necesario medidas adicionales para poder tratar con la pesca ilegal y la contaminación de las aguas del estuario;

b) Que la presencia de Ganado dentro de la propiedad sea monitoreada cuantitativamente, a fin de asegurar que los esfuerzos que se hacen para manejar este problema, los cuales fueron descritos en el informe, puedan ser medidos;

c) Que el desplazamiento humano que se deba a la construcción de la represa no llegue a impactar el Valor Universal Satisfactorio de la propiedad de forma negativa;

d) Que el número actual de personal que maneja y se dedica a la propiedad, y las descripciones detalladas de los arreglos de administración conjunta que se hacen con las ONG o con cualquiera otro grupo sean proporcionados, de forma tal, que la presencia administrativa pueda ser debidamente monitoreada;

e) Que el Comité de manejo de la Reserva de la Biosfera sea activado y se le otorgue mandatos y obligaciones claras.

Fuente: Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

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La forma, contenido y visión de dos informes de países a la UNESCO son un vivo ejemplo cuando hay intereses creados y mandatos para faltar a la verdad y a la ética cuando se trata de justificar obras ilegales como es el caso de las hidroeléctricas en Panamá que afectan de manera significativa los ecosistemas, las especies y los hábitat tanto de la Reserva de la Biósfera La Amistad y el Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad Panamá.

Qué vergüenza con la Autoridad Nacional del Ambiente que está secuestrada por los intereses de los promotores de hidroeléctricas y no puede aplicar las normas nacionales e internacionales de salvaguarda de un hermoso y valioso patrimonio mundial.

Burica Press

Los negocios de Slim y las amistades de Torrijos

TORRIJOS Y UNA AMISTAD INCONVENIENTE

En el nombre de Carlos Slim

05-28-2009 | GUIDO BILBAO

gbilbao@laestrella.com

Crónica de una amistad que nació a la sombra del poder y se fortaleció a punta de favores y negocios millonarios

Especial PALABRA. “Panamá es el mejor país del mundo para hacer negocios”, declaró el magnate mexicano Carlos Slim, en mayo del 2007, luego de que una de sus compañías, Ideal Panamá, S. A. , ganara la licitación para construir las hidroeléctricas Bajo Mina y Baitún, en la provincia de Chiriquí. El segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna de 53 mil millones de dólares, adora Panamá y ha desarrollado en los últimos años una robusta amistad con el presidente de la Nación, Martín Torrijos. La seducción que ejerce el magnate sobre los primeros mandatarios es total: en su reciente viaje a México, hasta Obama se entrevistó con él y lo invitó a Estados Unidos para hablar con calma. Quería conocer su mirada sobre la crisis.

Durante los últimos años, los viajes de Slim al istmo han sido frecuentes y en muchos de ellos se mostró abiertamente con el presidente y con su círculo íntimo. Aunque empresas ligadas al magnate mexicano tienen presencia en Panamá desde el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, fue con la llegada de Torrijos al poder que las inversiones de Slim en diferentes sectores de la economía panameña crecieron exponencialmente.
Durante esta administración sus empresas lograron cerrar envidiados negocios con el Estado. Ganaron las licitaciones para las excavaciones de la primera fase de la ampliación del Canal. Consiguieron la concesión para abrir Claro, la cuarta empresa de telefonía móvil del país. Torrijos en persona asistió a la inauguración de la tienda por departamentos Sanborns en Multiplaza, para apoyar a Carlos Slim hijo, que vino a la apertura. Desembarcaron en el rubro hidroeléctrico con los proyectos de Chiriquí que, cuando se terminen, estarían en capacidad de producir el 10% de la energía panameña.
Sin embargo, la historia que se esconde detrás de estos proyectos eléctricos podría demostrar cómo, cuando se ejerce el poder, algunas amistades pueden resultar inconvenientes. El grupo La Mina Hydro Power Corp, que tenía permisos para estudiar la factibilidad del proyecto desde 1997 y que en 2005 había recibido las concesiones, denuncia que le fueron retiradas por este gobierno para beneficiar los intereses de Carlos Slim. Presentaron cuatro demandas y tres querellas para detener lo que ellos consideran “un robo a mano armada”. “Las empresas de Slim primero querían participar del financiamiento de nuestro proyecto, luego quisieron comprarlo y finalmente, a través del gobierno, se han quedado con él”, denuncia César Lisac, signatario de la firma. Una de las querellas ha sido interpuesta por corrupción contra Victor Urrutia, Director de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
EL FACTOR FELIPE
No habían pasado diez días desde su llegada al poder, en septiembre de 2004, cuando Martín Torrijos recibió una visita especial. El flamante Team Martín acogió al ex mandatario español Felipe González en el Palacio de las Garzas. González, criticado en España por convertirse en lobbysta de empresarios iberoamericanos luego de abandonar la política, fue un viejo amigo de Omar Torrijos, al que su hijo Martín escucha con atención. No venía solo. Lo acompañaba Carlos Slim. La reunión fue más que cordial, Torrijos tenía el mundo por delante. Desde entonces, las visitas de Slim no pararon.
En noviembre de ese mismo año, el mexicano visitó la casa de gobierno como parte de la comitiva del presidente Vicente Fox. Cuatro meses después, en marzo del 2005, fue el expositor principal de EXPOCOMER. Con cada viaje las relaciones se volvieron más íntimas. Ubaldino Real, entonces ministro de la Presidencia, era uno de sus interlocutores preferidos.
Al poco tiempo González volvió a la escena. Siempre tendiendo puentes, acompañó a Slim dos veces más a Panamá. El 13 de mayo del 2005 hicieron escala en Tocumen y el presidente se hizo un lugar en la agenda para llegar al aeropuerto y entrevistarse con ellos. En otro viaje, González y Slim visitaron el Palacio de Las Garzas por sorpresa. Pasaban por acá y llegaron. Fue el 30 de junio. Torrijos estaba con Julio Lagos, presidente de Chile en visita oficial. Los recibieron sin pensarlo dos veces. Recién entonces los medios comenzaron a hacer preguntas sobre la relación del gobierno con el magnate mexicano. En esos días, Panamá discutía el proyecto de ampliación del Canal, del que Slim es hoy contratista. El canciller Samuel Lewis Navarro salió a hablar sobre el tema: “iban en ruta a Suramérica y tuvimos la oportunidad de que se generara una feliz coincidencia con la visita del presidente Lagos. Siempre hay que aprovechar las experiencias de gente como ellos, que son señores que sobresalen en el mundo, para aprovechar y pedirles no solamente consejos, sino intercambiar opiniones”.
La muerte del Papa también trajo la relación de Torrijos con Slim a las páginas de los diarios. Como estaban agotados los vuelos a Roma, Torrijos viajó al funeral en un avión que le cedió el mexicano. Para la inauguración del Museo del Tucán, también fue presentada una exposición sobre Rodin, cedida gentilmente por Slim.
Un año después del funeral del Papa, los dos amigos volvieron a encontrarse. Fue en la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos. Torrijos viajó para ser orador de la graduación. Lo acompañaba Ubaldino Real, con el que recordó viejos tiempos. Ambos se habían graduado allí. Slim estaba entre los invitados, compartiendo mesa con el venezolano Gustavo Cisneros. Torrijos cenó con George Bush padre. Eran los días de apogeo del ahora presidente saliente, administrando el país con mayor crecimiento de América Latina. Slim siguió viniendo al istmo para ser custodiado por el SPI de forma irregular. Tiempo después llegó la catarata de negocios. Y con ellos, los problemas.
HACER LA LUZ.
Luego de la invasión, el futuro de Panamá pareció quedar a oscuras. Y no es una metáfora. La falta de capacidad para generar la energía que necesitaba el país obligó a tomar decisiones urgentes. Hacían falta inversiones para desarrollar la capacidad hidroeléctrica y latente de los ríos del interior. Los apuros económicos hacían inviable la financiación por parte del Estado. Tanto Guillermo Endara como Ernesto Pérez Balladares entregaron concesiones a empresas privadas para que llevaran adelante las obras.
Así fue como César Lisac consiguió los permisos para llevar adelante tres hidroeléctricas: una chiquita en Volcán y dos más grandes en el río Chiriquí viejo, Bajo Mina y Baitún. Su empresa tenía una larga trayectoria en el rubro. Lisac había sido contratista y consultor en algunas de las obras más grandes efectuadas en Panamá, cuando las mega obras las encaraba el Estado: las hidroeléctricas Estrella Los Valles, Bayano y Fortuna. Su empresa era vanguardia en Panamá y por eso, dice Lisac, cuando se abrió el juego, recibieron las resoluciones que les permitían explorar las zonas.
“Para mí era una aventura. En esos días, el negocio generaba una ganancia muy marginal y era muy complicado conseguir la financiación. Piensa una cosa: el barril de petróleo estaba a 8 dólares. Era más barato comprar crudo que producir energía. Ahora que el barril cuesta 50 es que viene Carlos Slim”, dice el hombre, de 77 años, en su oficina de Vía Argentina. “Esta edad tiene una ventaja: no tengo nada que perder. Puedo pelear contra la corrupción”.
La empresa de Lisac le dio prioridad a la construcción del proyecto más pequeño, el de Volcán. Cuando tenían todo listo para comenzar a construir, vendieron la empresa. Necesitaban incorporar recursos, pensando en los proyectos del Río Chiriquí que eran los más ambiciosos. Fueron largos años de trabajo que hacia 2005 parecían llegar a buen puerto.
Bajo de Mina, que produciría 54 Mw, estaba en su etapa final de planeamiento con todos los estudios y permisos aprobados: el de factibilidad, el de impacto ambiental y el de uso de aguas. Tenían el contrato de construcción ya firmado con la compañía española ISOLUX-CORSAN. Estaban en la última fase de la financiación, con el ‘due dilligence’ en marcha, algo así como la última instancia antes de que los bancos suelten el dinero. Firmaron con la ASEP el Contrato de Concesión de Generación de Energía, que los obligaba a comenzar las obras en los 12 meses siguientes. Y cuando venía lo mejor, llegó la guerra.
A PULSO
“Todo empezó cuando las empresas de Slim nos propusieron participar del proyecto. Llegaron con nosotros a través del Ingeniero Pablo Real Pozo, coordinador internacional de la Comisión Federal de Electricidad de México. Teníamos buenas referencias y comenzamos a negociar. Pero, mientras las reuniones no conducían a nada, comenzamos a notar cómo la ASEP nos trababa el Proyecto. Con el tiempo concluimos que sólo querían entretenernos, esperando que nos quitaran la concesión”.
Luego de la firma del Contrato de Generación, la ASEP estaba obligada a tramitar la adjudicación de los terrenos donde se debía construir. Pero no pasaba nada. Tratando de curarse en salud, la empresa le propuso a la ASEP una adenda en el contrato que contemplase una prolongación, de acuerdo a las tardanzas en la tramitación de las tierras. Como la ASEP no contestaba, decidieron pedir una prórroga en la concesión para generación de electricidad por cinco meses. Eso, además, les permitiría finalizar el proceso de financiamiento.
Pero les dijeron que no y, sin vueltas, en diciembre de 2006, les quitaron los permisos. Lisac no lo podía creer. “Nos decían que no en la primera prórroga que pedíamos, de sólo cinco meses, mientras que a Unión Fenosa para el proyecto Algarrobos le dieron una prórroga de diez años, lo mismo que a Hidroecológica Teribe S.A. para el proyecto Bonyic y otra de 5 años a Hidroelectrica Bajos de Totuma. La única razón que me entra en la cabeza para entender por qué actuaron con marcada preferencia hacia otras empresas, es que hicieron esto porque tenían que favorecer a la empresa de Slim, el amigo de Torrijos”, dice Lisac.
Luego de la negativa a la prórroga, Lisac se movió con velocidad. Presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de la cancelación. El Magistrado ponente era Víctor Benavides. Tardó nueve meses en admitirla. Ya era tarde: en mayo de 2007 la obra había sido subastada en pulso que ganó la compañía Ideal Panamá S.A, propiedad de Slim. Por su parte, el procurador de la Administración, Oscar Ceville, nunca contestó la demanda. Para defenderse en el caso, la ASEP contrató a la firma privada de abogados Icaza, González, Ruíz y Alemán.
Lisac siguió molestando. Le envío cuatro cartas a Ligia Castro, administradora de la ANAM, advirtiéndole que todavía estaba vigente el contrato de concesión de uso de aguas de La Mina Hydro Power. Intentaba que se abstuviera de firmar un nuevo contrato para el mismo río y en el mismo sitio con la Sociedad IDEAL Panamá.
Luego de ganar la licitación, la empresa de Carlos Slim logró moverse a través de las aguas del Estado con una celeridad sorprendente. “Si tu ves, todos los que participan de esta trama fueron nombrados directamente por Torrijos: Urrutia en la ASEP, Kuzniecki en la Secretaría de Energía, Vallarino en Contraloría, Castro en la ANAM y Benavides, que funciona en la Corte como un cuello de botella”, narra Lisac en voz alta, lo que muchos otros empresarios panameños sólo dicen en voz baja.
Lo cierto es que el Contralor Carlos Vallarino refrendó el contrato de concesion a IDEAL el mismo día en que fue presentado. En el caso de Lisac habían tardado 170. En la ANAM, también parecieron despertarse de un largo letargo. Ligia Castro aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Slim en apenas 47 días, cuando lo usual en otros casos es tomarse tranquilamente un par de años.
“Lo que pasa es que el estudio que presentaron, en la ANAM, ya lo conocían: era el nuestro”, se ríe Lisac que también presentó una demanda por plagio y derechos de autor. “Presentaron las mismas coordenadas, y hasta el mismo nombre. Esos papeles sólo pudieron conseguirlos de los cajones de la ANAM. También es un caso de espionaje industrial”.
LA DEFENSA
El administrador del ASEP, Victor Urrutia, asegura que todo se hizo siguiendo la ley. No le presta atención a las denuncias ni a la demanda por corrupción interpuesta en su contra. Niega que la ASEP haya espiado o favorecido a empresa alguna. En respuestas que ofrece vía e- mail, Urrutia asegura que “retiramos la concesión por incumplimiento. La entidad tuvo que invocar el contrato que estipulaba que el concesionario estaba obligado a iniciar la obra de la central hidroeléctrica a más tardar en octubre de 2006, o sea 12 meses contados a partir de la fecha del refrendo del contrato, obligación que la empresa incumplió”.
En relación al “trato preferencial” que habría recibido la emprea Ideal Panamá, propie dad de Slim, Urrutia recurre a la transparencia de la licitación. “Todo se cumplió en un acto transparente. La disponibilidad del proyecto Bajo de Mina, fue publicada en los medios locales para conocimiento de los interesados, logrando la atención de 14 empresas que compitieron en una subasta pública, donde resultó ganadora la compañía Ideal Panamá S.A. Ese mismo día se subastaron otros proyectos importantes que también habían sido cancelados, iniciándose de esta manera el reordenamiento del mercado energético”.
Lo que es un hecho es que, cinco años después del ascenso de Torrijos al poder, Carlos Slim tiene inversiones en el país por alrededor de 300 millones de dólares. Sus empresas han cimentado sus posiciones en sectores clave de la economía panameña: telecomunicaciones, construcción y el energético. Un crecimiento que parece una metáfora del boom económico, una Polaroid de un tiempo que parece terminar. Torrijos deja el poder en 33 días. Las empresas de Slim llegaron para quedarse.

Actuaron con marcada preferencia hacia otras empresas porque tenían que favorecer a la empresa de Carlos Slim, el amigo de Torrijos.
CÉSAR LISAC
EMPRESARIO

LA FORTUNA DE SLIM EN WIKIPEDIA
A principios de los años ochenta y en medio de una crisis que paralizó a México con fugas de capitales históricas, Slim y su grupo eran los únicos que realizaban inversiones fuertes en el país, adquiriendo varias empresas a “muy buen precio” en complicidad con el Gobierno de turno calificado de alta corrupción.
Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir en forma intensa y activa. Así es como en este período se realizan diversas inversiones y adquisiciones, entre las cuales se cuenta Cigatam (Philip Morris México) fabricante de los cigarros Marlboro.
En 1990 adquirió Telmex, junto a France Telecom de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Estados Unidos, la única compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México (que administraba el Estado hasta ese momento). Carlos Slim Helú compró Telmex durante las privatizaciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La venta fue hecha a través de una subasta pública el 9 de diciembre de 1990.
También es propietario de América Móvil, la cual es un muy buen ejemplo de creación de valor de una compañía ya que de tener 35 mil clientes celulares cuando se privatizó (1990), América Móvil pasó a tener en el 2008, más de 170 millones de suscriptores celulares en América Latina siendo los pioneros e inventores a nivel mundial del sistema de prepago en telefonía celular, solución que revolucionó el mercado mexicano, latinoamericano y mundial en la venta de móviles Hoy, América Móvil es el quinto operador mundial con 170 millones de suscriptores en México y América Latina solo superada por China Mobile, Vodafone, China Telecom y Telefónica. El 12 de marzo de 2007, el periódico El Universal publicó que «la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó hoy que las tarifas de la telefonía en México continúan situadas entre las más altas de los treinta países que integran ese organismo internacional. Además, sostuvo que en el país la competencia en el sector es ‘insuficiente’ porque Teléfonos de México (Telmex), en telefonía fija, y Telcel, en móvil, ambas propiedad del mexicano Carlos Slim, mantienen posiciones claramente dominantes.