Panamá: A pesar de protestas, aprobaron reforma al Código Minero

oposición al proyecto se mantiene

Aprueban reforma minera

PROTESTA. Nuevamente ayer, los indígenas que adversan las reformas al código minero desafiaron a los antimotines en la Asamblea LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
SANTIAGO CUMBRERA
panorama@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé cercaron ayer por más de tres horas la Asamblea Nacional, tras la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 277 que reforma el Código de los Recursos Minerales.

En consecuencia, los diputados quedaron atrapados por ese tiempo en el Palacio Legislativo, como ocurrió el pasado miércoles cuando se produjo el segundo debate del proyecto.

Cerca de 100 manifestantes gritaron consignas en contra de las reformas que permiten, entre otras cosas, la participación de otros países en la exploración minera a través de sociedades anónimas.

Otro grupo de cinco indígenas protestaba dentro del Palacio Legislativo, mientras los miembros de la Unidad de Control de Multitudes esperaban la orden para desalojarlos. Sin embargo, los manifestantes se retiraron voluntariamente tras advertir que las protestas no cesarán.

Al rechazo al proyecto se sumaron en la mañana de ayer los empleados y estudiantes de la Universidad de Panamá, que se lanzaron a las calles como protesta. Cerraron la vía Transístmica y se enfrentaron a los antimotines.

El proyecto, que ahora espera la sanción por parte del presidente, Ricardo Martinelli, para convertirse en ley de la República, recibió el voto a favor de 42 diputados.

Quince diputados votaron en contra, entre ellos Jorge Alberto Rosas, del Movimiento Liberal Republicano Nacional, partido aliado al gobierno.

Durante la discusión del segundo debate, Rosas advirtió a sus colegas y al viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, que el artículo 1 es inconstitucional, porque otorga concesiones mineras a gobiernos o estados extranjeros a través de sociedades anónimas.

El diputado oficialista se solidarizó con la población indígena y vaticinó que el oriente chiricano quedará convertido en ruinas, en caso de que el proyecto sea sancionado tal como está y se otorgue en concesión Cerro Colorado.

Por su parte, el titular de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien estuvo presente en el debate, desestimó estos señalamientos, alegando que la explotación de Cerro Colorado no está relacionada con las reformas al código minero que data de 1963.

“Personalmente pienso que mientras no exista la voluntad de las comunidades en torno a los yacimientos, no se puede hacer una explotación minera”, destacó. También llamó la atención de que varias de las protestas se desarrollan en áreas donde no existen yacimientos.

“Es el proyecto que más consultas y más debate ha recibido”, sostuvo el ministro Henríquez, quien confirmó que al menos 14 empresas extranjeras han manifestado su interés por explotar Cerro Colorado. Aun así, negó que el Gobierno se esté preparando para desarrollar este yacimiento.

En tanto, la Diócesis de David expresó, a través de un comunicado, su compromiso de “acompañar al pueblo indígena en sus legítimas reclamaciones y participar en las manifestaciones pacíficas que convoque la dirigencia indígena en defensa de sus derechos, de su territorio y de sus vidas”.

Los diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático cuestionaron duramente la propuesta durante el último debate y se hicieron eco de los informes de 65 agrupaciones defensoras del medio ambiente que también expresaron su rechazo.

REFORMAS AL CÓDIGO MINERO

Indígenas anuncian batalla

Las modificaciones al ‘Código de Recursos Minerales’ esperan la sanción presidencial. Indígenas no se rinden.

Protesta. Grupos indígenas alzaron su voz contra la minería. LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé aseguran que no darán su brazo a torcer. Continuarán con las protestas por las reformas al Código de Recursos Minerales aprobadas ayer en tercer debate en la Asamblea.

Están convencidos de que la reforma tiene un objetivo: la explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes de la región. “Esto será una larga lucha. Vamos a ganar la pelea a la buena o a la mala”, dijo Rogelio Moreno, quien se mantuvo todo el día protestando en la Asamblea.

Moreno, junto con un grupo de indígenas, permaneció la noche anterior en el interior del pleno legislativo, en protesta por la aprobación del proyecto en segundo debate. Ni la seguridad de la Asamblea ni los miembros de la Unidad de Control de Multitudes pudieron sacarlos del recinto.

Ni siquiera el aumento de las regalías de 4% a 5% hecho por los diputados oficialistas en el segundo debate logró hacerlos cambiar de opinión. Consideran que aún es poco y que lo ideal es 50% para las empresas y 50% para Gobierno; y de este porcentaje, solicitan que el 30% sea destinado a los pueblos indígenas.

Mientras el tercer debate llegaba a su fin, y los diputados de oposición hacían un último e inútil alegato contra el proyecto, un grupo de cerca de 100 personas, entre indígenas, trabajadores y estudiantes, se unió al piquete. Protestaron por tres horas a partir de las 4:00 p.m.

Adentro de la Asamblea Nacional, el debate se desarrolló sin sobresalto. A diferencias de los días anteriores, las puertas que conducen a las gradas del pleno estaban cerradas al público, lo que permitió que los diputados debatieran sin interrupciones.

Entre los argumentos que reiteraron ayer los diputados del Partido Revolucionario Democrático para oponerse al proyecto, estuvieron que se permite la participación de gobiernos extranjeros en la explotación minera; que no se impide que funcionarios intervengan en la actividad, que no se hizo una consulta pública como en el caso de la ampliación del Canal, y que no se establecen fórmulas para mitigar el impacto en el ambiente.

Desde el oficialismo el discurso fue el ya escuchado desde el primer debate: que solo se estaba modernizando el código minero.

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Diócesis de David llama al diálogo en tema minero

Los grupos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se organizan para una asamblea general que se llevará a cabo mañana (sábado) con el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, en la comunidad Quebrada de Guabo, en el área comarcal.

En una reunión de acercamiento con los indígenas, en el distrito de San Félix, Chiriquí, Carles acusó a grupos ambientalistas de promover las protestas en contra de la explotación minera. En tanto, sacerdotes de la Pastoral Indígena de la Diócesis de David dijeron que brindarán todo el apoyo al pueblo ngäbe buglé para que defienda su territorio y exhortaron al diálogo.

Yaritza Mojica, Flor Bocharel y Sandra Rivera

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Suspenden clases en la UP tras jornada de disturbios

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) suspendió ayer de manera indefinida las clases en el campus central en la ciudad de Panamá, debido a la protesta que, por segundo día consecutivo, realizaron estudiantes y funcionarios contra las reformas al Código Minero impulsadas por el Gobierno, por considerar que la minería es una actividad lesiva al ambiente.

La acción degeneró en disturbios tras la llegada a la vía Transístmica de miembros de la Policía Nacional, quienes dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes, que respondieron con piedras y botellas.

La protesta se prolongó por una hora a partir del mediodía.

Juan Manuel Díaz C.

Historia detrás de los intentos minería en territorios indígenas de Panamá

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)

Jorge Sarsaneda

CONAPI / 250111

Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras[1]. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones[2].

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre.  Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros[3] que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals.  Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será!  El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas”[4].

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas[5] apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.

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[1] Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

[2] Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:

Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua , Panamá.

Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.

Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.

Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

[3] Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.

Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.

Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV , 1997” , Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.

Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

[4] Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.

[5] Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.

LEA ADEMÁS

Noticias sobre minería en Panamá

Martinelli sí explotara mina de cobre de Cerro Colorado

Mineras, tras la conquista de Panamá

polémica por desarrollo de industria

Minería tocaría el 44% del territorio nacional

MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com

El desarrollo de la industria minera ha abierto varios frentes de alerta. Campesinos, ambientalistas y grupos indígenas advierten sobre el peligro de contaminación que representaría el gran desarrollo minero que se avecina y la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.

Hay 181 solicitudes de empresas con ansias de explorar y explotar minerales. Ello significa que aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy.

El Gobierno impulsa reformas al código minero para potenciar este sector de la economía y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

Para la Cámara Minera de Panamá, el desarrollo de la industria traerá beneficios. Calculan que con la extracción de oro y cobre de apenas 10 proyectos se generarían, entre impuestos y gastos locales, $84 millones. Pero fundaciones como Albatros cree que la ganancia más importante es preservar las aguas y bosques, algo difícil de lograr de la mano con la minería.

‘Lobby’ ambiental solo ve el lado malo, dice Martinelli

El presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Lima, Perú, que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país. Así lo reportó la agencia de noticias EFE. “Hay un gran lobby ambiental en el mundo que solo ve lo malo y no lo bueno. En Perú hay muchas cosas buenas en minería y se ha demostrado que con una minería responsable se puede construir un gran país”, dijo.

EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS

Mineras, tras la conquista de Panamá

Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.

Ver mapa:

Mapa de Minería en Panamá. Fuente: La Prensa 27 ago. 2010

LA PRENSA/ David Mesa

Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.

El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.

Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.

La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.

Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.

Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.

Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.

En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.

Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.

Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.

Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.

‘Dorados ingresos’

La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.

Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.

Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.

No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.

Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.

Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.

“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.

No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.

Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).

“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.

“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.

Reservas ambientales

Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.

Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.

El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.

En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.

El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.

Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.

Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.

Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.

Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.

En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.

Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.

Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.

Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.

Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.

Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.

En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.

Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.

En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.

Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.

Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa

Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.

El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.

Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.

“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.

Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.

Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.

Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.

“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.

Ahora hay intentos de reabrir la mina.

Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.

“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.

El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.

víctor Eliseo Rodríguez

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Chile y Perú, economías crecientes y mineras

Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.

Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.

El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.

La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.

Mary Triny Zea

Ngöbe Buglé en pie de guerra contra la minería

Indígenas.

Ngöbe Buglé en pie de guerra contra la minería

Están aislados y sin comodidades, sus pobladores dicen que sólo se acuerdan de ellos cuando necesitan sus votos. Sin nada que perder defenderán hasta lo último su único y más preciado bien: sus tierras.

Grace Kelly Chi

PA-DIGITAL

El recurso. En el área de Cerro Colorado se estima que existen 25 mil millones de libras de cobre, pero, según expertos, lo más importante es verificar si es factible la extracción del material. Autoridades locales indígenas creen que el cobre está a más de un kilómetro bajo el nivel del mar en relación con la montaña, casi en sus entrañas.

Parece una burla divina. En el sector donde la pobreza se vive y la falta de apoyo gubernamental se hace presente, la comarca Ngäbe Buglé almacena un promedio de $33 mil millones en cobre. Hay tanto recurso que basta para que cada habitante de la región indígena, que se estiman en 136 mil, no tengan más contrariedades.

Sin embargo, las cosas no son fáciles. El indígena ngäbe buglé, según grupos de pobladores contactados por Panamá América en una gira a Cerro Colorado sector que alberga el millonario yacimiento de cobre del lugar, no tiene fe en la buena voluntad y gestión del Gobierno, como administrador de los recursos que puedan extraerse de sus tierras.

El riesgo para la población contaron diversos caciques con mando dentro de la zona, al igual que líderes políticos de esta comunidad como Crescencia Prado, diputada ngäbe buglé, es demasiado, pues los ngäbe sólo tienen su tierra, no creen en promesas y han visto cómo las empresas ligadas al proyecto en su fase de exploración llegaron, hicieron su trabajo y ningún cambio positivo se vio en el sitio, ni siquiera en los ranchos en los alrededores del olvidado campamento minero de exploración de Cerro Colorado.

“Nuestra población se opone, porque los recursos o las ganancias del cobre pasarán directamente a las arcas centrales del Gobierno, entonces no tenemos ninguna garantía de que nuestro pueblo verá beneficios de estas extracciones”, destacó Prado, política que fue tachada como “pobre india”, por otro diputado oficialista dentro del Palacio Legislativo por mantener la voz de protesta de su pueblo contra la minería.

Vía San Félix, Chiriquí y a la entrada de la montañosa comarca Ngäbe Buglé, Prado en compañía de varios líderes indígenas del área como Alberto Montezuma, presidente del Congreso General de esta población, sostienen que desde la década del 80, cuando inició la expectativa de la exploración de Cerro Colorado sus pueblos se han opuesto a la minería en el lugar.

Pasado los años, en 1998, la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa estatal formada en 1975 para regular la explotación Cerro Colorado, le dio por medio de su representante legal Richard Fifer (hombre ligado al desarrollo minero de Petaquilla Minerals, S.A. en Coclé y Colón) la potestad a Panacobre, S.A. para la exploración del área.

Panacobre, S.A. empresa canadiense bajo la responsabilidad de Jean Charles Potvin inició labores y dejó en la mente de los pobladores ngäbe un mal precedente.

“Ellos vinieron hicieron los trabajos. De noche se veían salir helicópteros, que no sabíamos los pobladores qué llevaban y así mismo se fueron, quedaron en reforestar toda la ladera de Cerro Colorado y ni eso cumplieron”, explica Prado señalando la montaña, donde se aprecia que sólo un sector del lugar fue reforestado.

En los alrededores de Cerro Colorado y luego de más de cuatro horas en un camino de piedra que no permite a los pobladores sacar sus productos agrícolas, se avistan una serie de ranchos de penca y paja, junto al campamento minero.

“¿Qué riqueza va a dar esta mina a nuestra gente, si los que viven allí alrededor, ni ellos quedaron bien cuando vino la empresa anterior?”, se preguntó con enojo Marita Sandoya, una de las indígenas del poblado cercano al área minera, Hato Chamín.

Con estos antecedentes, decenas de ngäbes dieron sus testimonios del porqué se oponen a la minería en Cerro Colorado desde líderes de la iglesia hasta presidentes de grupos de padres de familia. Ellos con voz propia y con la vocería de sus representantes ante la sociedad civil coincidían en sus peticiones, que iniciaban en un llamado a que fuera el pueblo ngäbe buglé que decidiera bajo su Congreso General y con la votación de sus comunidades sí la mina en Cerro Colorado va o no va.

“Estamos aburridos de esto, vienen los ambientalistas y el Gobierno y nos dice qué queremos hacer con estas tierras, no estoy a favor o en contra queremos información”, replicó una joven indígena que sigilosamente se acercó para dar su opinión.

Félix Rodríguez, uno de los caciques de la región, explicó que “fui elegido para que se haga respetar la voz del pueblo y ellos quieren decidir su destino, el Gobierno de afuera no tiene que interferir en esto, como en realidad lo están haciendo, excluyéndonos”.

Los indígenas se sienten parte en el tema minero, pues más en serio que en broma conversan en grupo que “pronto vendrá la hora de envenenar las flechas”, un concepto que parece ancestral y que liga al espíritu de conservación de la tierra a estas etnias, que da muestra desde jóvenes a ancianos dispuestos a no aceptar a ninguna empresa que pudiese contaminar los ríos, el aire o la tierra del lugar.

Estas voces que pasan por estudiantes como Carlos Montezuma, líder estudiantil del Instituto Profesional y Técnico de Chichichica, poblado aledaño, pasa a otros como Rogelio Montezuma, líder de Hato Chamín, se unieron a cientos de ngäbe buglé que acompañados por campesinos caminaron 19 días desde la comarca Ngäbe Buglé hasta la ciudad capital, y llegaron el 6 de octubre del 2009 a la Asamblea Legislativa, donde presentaron un proyecto de ley que fijaba entre otras, una moratoria de 25 años a las intenciones mineras que pudiesen darse en Cerro Colorado.

Este proyecto de ley que costó el recorrido a pie de 370 kilómetros a los indígenas y sus aliados no ha rendido frutos ante la Asamblea Legislativa.

“Me dijeron en la Comisión de Ambiente, su presidenta la honorable Dalia Bernal, que todos los proyectos debían tener un visto bueno del Presidente del Órgano Legislativo, si no no avanzaban y ha quedado ahí estancado”, expresó Prado, diputada que presentó la iniciativa.

De esta manera, es como los cientos de Ngäbes van acumulando antecedentes de falta de confiabilidad en la participación popular en los gobiernos.

Entre caciques y autoridades del Congreso General han planificado presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales pro derechos indígenas para hacer que se respete la voluntad de los ngäbe buglé, que afirman que necesitan tiempo para informarse y estar seguros de cualquier desarrollo del sitio.

“Yo no entiendo por qué el Gobierno piensa que esto es lo único que puede ser bueno para nosotros, queremos hacer nuestra agricultura y sacar nuestros productos, ellos lo que quieren es sacarnos a nosotros”, narró Michael Reyes, presidente de una asociación de padres de familia del sector.

Las intenciones de Reyes no son simples sueños, ya que en el sitio se siembra y se comercializa café gourmet de exportación y guandú que luego es enlatado para su comercialización en supermercados de la ciudad.

Entre los líderes locales polulan ideas que ansían el fomento de mercados municipales dentro de la comarca, y que en sus verdes parajes se instalen cabañas para los turistas, y así promover el ecoturismo.

“Nosotros tenemos nuestros cultivos, sólo queremos educación y que la gente tenga la posibilidad de tener profesiones, no queremos que nos destruyan con contaminación”, replicó John Javilla, indígena presidente de uno de los puestos de salud del lugar.

Javilla al igual a los otros lugareños mencionados y otros más entrevistados están seguros de que el establecimiento de una mina a cielo abierto en pleno corazón de la comarca Ngäbe Buglé será una réplica de un escenario contaminado como el que se ha dado en países sudamericanos.

Ante esto, están dispuestos a luchar por el no establecimiento de la minería en Cerro Colorado, un sitio que, según proyecciones de la Cámara Minera de Panamá, representa cerca del 60% de los impuestos que le generarían al Estado un promedio de 10 proyectos mineros metálicos que se quieran instalar en el país, tributando 967 millones anuales durante 25 años.

No obstante, y pese a que los números pintan atractivos (véase tabla de indicadores económicos de Cerro Colorado) los indígenas están seguros de que este beneficio no será para sus comunidades, pero sí implican la movilización de decenas de sus familias y lo que es más importante, según ellos,el riesgo de que grandes ríos como el Tabasará y el Cricamola se contaminen.

“Aún estando alejados de Cerro Colorado, las quebradas llevarán los químicos igual como pasó con el río San Félix en años anteriores”, expresó Chito Gallardo, líder indígena de la iglesia del sector.

Para Gallardo, los beneficios de la minería que les dejó la experiencia de la exploración de Panacobre, S.A. en el lugar fueron empleos temporales de jornaleros y no quedó más nada para la comunidad.

Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/calle50-interna.php?story_id=918824&edition_id=20100511#ixzz0nej8kGUu

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Burica Press –Derechos Humanos

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CIDH pide protección para seis líderes indígenas de la etnia naso

Washington

EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha pedido protección para “proteger la vida y la integridad personal” de seis líderes indígenas de unas comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojadas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido medidas cautelares para “evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro”.

La petición se hizo el pasado 30 de noviembre de 2009 para proteger a Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reivindican como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

En la solicitud de medidas cautelares, la CIDH alega que policías y empleados de la empresa llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, para desalojar con “violencia” a las familias que ocupan las tierras en conflicto.

Según la información recibida por la Comisión, los agentes policiales arrojaron bombas lacrimógenas en una zona donde había niños y destruyeron una treintena de casas, el centro cultural naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias.

Los indios desalojados se instalaron en un campamento posteriormente cercado por la Policía Nacional, que no dejó pasar a otros miembros de la comunidad que llevaba alimentos y agua a los afectados.

La CIDH agregó que el pasado 2 de octubre, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas nasos, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral de la capital panameña.

Además, el 19 de noviembre, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes fueron a las comunidades Naso de San San y San San Druy, donde lanzaron bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas derruyeron varias casas.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar estos desalojos y ofrecer “atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales”.

Asimismo, pidió que los miembros del pueblo indígena naso puedan circular libremente sin ser “objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias” así como una investigación de los hechos.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)

Pastoral Indígena Arquidiocesana

Pastoral Social de la Arquidiocesana

Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)

Acción Cultural Ngobe (ACUN)

Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)

Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

25 Noviembre 2009

GINEBRA — El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su “extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá.”

Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.

La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.

“Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos,” expresó el experto de la ONU. “En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación.”

Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.

En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que “[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.”

A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.

Obama se apresta a reconocer derechos básicos a los indígenas en EE.UU

Si bien no le tenemos mucha fé a los discursos de Obama, especialmente su política exterior, no es menos cierto que los presidentes de EE.UU cuando tienen buena fé hacia su propio pueblo, lo saben hacer muy bien.  Ojalá esto no quede en letra muerta.

En Panamá, como buen país ex-bananero, todavía sigue siendo una República Bananera, donde impera la ley del tráfico de influencia, la de la negación de derechos fundamentales a pueblos indígenas entre otras bellezas.  Sólo hay que ver las últimas noticias sobre el caso Naso y podemos ver el nivel de incivilidad gubernamental que nos gobierna de muy mala manera.

Burica Press

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Obama emite memorandum para implementar el deber estatal de consulta previa a pueblos indígenas

En un plazo de 90 todas las agencias federales de EUU deberán presentar plan de implementación de procesos de consulta previa, regular  y significativa a los pueblos indígenas.

Para el mandatario, la ausencia o mínima consulta del gobierno federal con los pueblos indígenas es la principal razón de los conflictos. “La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos.“

“Nosotros sabemos la historia que compartimos. Es una historia de violencia, de enfermedades y privación. Tratados que fueron violados. Promesas rotas”, dijo Obama al hablar ante la Conferencia de Naciones Originarias en la Casa Blanca.

 

Obama firmó un Memorandum para dar cumplimiento al deber de realizar  consultas regulares entre el  gobierno y los pueblos indígenas en el diseño de políticas que tienen efecto sobre los indígenas.

El mandatario dijo que la Orden Ejecutiva 13175, firmada por el ex presidente William Clinton, ha sido cumplida tan solo por un puñado de agencias de gobierno “y es tiempo de que eso cambie”.

El presidente estadunidense Barack Obama se comprometió ante  representantes indígenas una nueva relación con el gobierno, que contribuya a superar siglos de trato negligente hacia sus comunidades.

La situación actual en estas comunidades habla de un desempleo de hasta 80 por ciento en algunas comunidades, falta de servicios como electricidad y agua potable.

“Sin una comunicación y consulta real, estamos entrampados año tras año con políticas que no funcionan para ustedes y sobre temas amplios que nos afectan a todos, y ustedes merecen tener una voz ahí”, dijo.

Obama reconoció que forjar una mejor relación entre el gobierno y pueblos indígenas no será fácil dado el pasado, “pero quiero que sepan que estoy absolutamente comprometido en avanzar y forjar un nuevo y mejor futuro“.

El mandatario dijo a los líderes indígenas que él está de su lado, y refirió las acciones con las que su gobierno ha cumplido algunas de las promesas que ofreció como candidato. Entre éstas destacó el nombramiento de un representante de la nación Cherokee como consejera para la Oficina de Asuntos Indígenas de la Casa Blanca y otra miembro de la nación Sioux como directora de la Oficina de Servicios Médicos dentro del Departamento de Salud.

 

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TEXTO DEL MEMORANDUM

Memorandum
Para los directivos y directivas de los organismos y agencias del poder ejecutivo

 

Los Estados Unidos mantienen una relación jurídica y política de carácter singular con los gobiernos comunitarios indígenas, relación establecida y confirmada por la Constitución de los Estados Unidos, así como por tratados, leyes, disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales. En reconocimiento de esta relación especial, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.175 del 6 de noviembre de 2000, los organismos y agencias del poder ejecutivo deben asumir el compromiso de actuar mediante consultas regulares y significativas, en colaboración con las autoridades indígenas, para el desarrollo de políticas federales que afecten a sus pueblos, y deben cumplir con la responsabilidad del fortalecimiento de la relación de Gobierno a Gobierno entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas.

La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos. Por el contrario, un diálogo significativo entre representantes federales y autoridades indígenas ha conducido a sustanciales mejoras de la política federal hacia los pueblos indígenas. La consulta es un elemento crucial de una relación sana y productiva entre la Federación y los pueblos indígenas.

Mi Gobierno ha asumido el compromiso de consular a las autoridades indígenas y colaborar con ellas para la adopción de decisiones políticas que afecten a sus pueblos, incluyendo, como paso inicial, la aplicación completa y sistemática de la Orden Ejecutiva 13.175. En consecuencia, directamente ordeno a los directivos o directivas de todas y cada una de las agencias que presenten al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), en el plazo de 90 días a partir de la fecha de este memorando, un plan detallado de acción que la agencia habrá de adoptar para la puesta en práctica de las políticas y las directrices de la Orden Ejecutiva 13.175. Este plan se elaborará previa consulta de la agencia con los pueblos indígenas y sus autoridades conforme se especifica en la misma Orden Ejecutiva 13.175. También ordeno a cada directivo o directiva de agencia que presenten al Director de la OMB en un plazo de 270 días a partir de la fecha de este memorando, y luego anualmente, un informe sobre el progreso y el estado de cada acción prevista por el respectivo plan junto con las propuestas que convengan para su actualización.
El plan y los subsiguientes informes de cada agencia designarán a un funcionario competente para coordinar la aplicación del plan y la preparación de los informes de evaluación previstos en el presente Memorandum. El Asistente del Presidente en Política Interior y el Director de la OMB deberán supervisar los planes de las agencias y los informes consecutivos a fin de verificar su coherencia con las políticas y directrices de la Orden Ejecutiva 13.175.

Además, el Director de la OMB, en coordinación con el Asistente del Presidente en Política Interior, deberá presentarme, en el plazo de un año a partir de la fecha de este Memorandum, un informe sobre la aplicación de la Orden Ejecutiva 13.175 por todas las dependencias del poder ejecutivo de la Federación, informe basado en la supervisión de los planes de las agencias y de los respectivos informes de evaluación. Recomendaciones, de haberlas, para mejorar los planes y conseguir un proceso más eficaz de consulta indígena habrán de incluirse en tal informe.

Los términos “pueblos indígenas” (“Indian Tribe”), “autoridades indígenas” (“tribal oficials”), y “políticas que afectan a los pueblos indígenas” (“policies that have tribal implications”) son utilizadas en el presente Memorandum tal como se definen en la Orden Ejecutiva 13.175.

El Director de la OMB queda investido de la autoridad y sujeto a la obligación de publicar este Memorandum en el Diario Federal.

Este memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados, agentes o cualesquier otras personas. Las dependencias y las agencias del poder ejecutivo deberán llevar a la práctica las disposiciones de este Memorandum en la medida que lo permita el derecho y de conformidad con las respectivas competencias legales y reglamentarias y mediante los procedimientos de mecanismos de aplicación igualmente legales y reglamentarios.

 

President Barack Obama
Washington, D.C

 

(Traducción de Victor Toledo y  Bartolomé Clavero)

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ANEXO

Executive Order 13175 – Consultation and Coordination With Indian Tribal Governments

 

[Federal Register: November 9, 2000 (Volume 65, Number 218)]
[Presidential Documents]
[Page 67249-67252]

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, and in order to establish regular and meaningful consultation and collaboration with tribal officials in the development of Federal policies that have tribal implications, to strengthen the United States government-to-government relationships with Indian tribes, and to reduce the imposition of unfunded mandates upon Indian tribes; it is hereby ordered as follows:

Section 1. Definitions. For purposes of this order:

(a) “Policies that have tribal implications” refers to regulations, legislative comments or proposed legislation, and other policy statements or actions that have substantial direct effects on one or more Indian tribes, on the relationship between the Federal Government and Indian tribes, or on the distribution of power and responsibilities between the Federal Government and Indian tribes.
(b) “Indian tribe” means an Indian or Alaska Native tribe, band, nation, pueblo, village, or community that the Secretary of the Interior acknowledges to exist as an Indian tribe pursuant to the Federally Recognized Indian Tribe List Act of 1994,m25 U.S.C. 479a.
(c) “Agency” means any authority of the United States that is an “agency” under 44 U.S.C. 3502(1), other than those considered to be independent regulatory agencies, as defined in 44 U.S.C. 3502(5).
(d) “Tribal officials” means elected or duly appointed officials of Indian tribal governments or authorized intertribal organizations.

Sec. 2. Fundamental Principles. In formulating or implementing policies that have tribal implications, agencies shall be guided by the following fundamental principles:

(a) The United States has a unique legal relationship with Indian tribal governments as set forth in the Constitution of the United States, treaties, statutes, Executive Orders, and court decisions. Since the formation of the Union, the United States has recognized Indian tribes as domestic dependent nations under its protection. The Federal Government has enacted numerous statutes and promulgated numerous regulations that establish and define a trust relationship with Indian tribes.
(b) Our Nation, under the law of the United States, in accordance with treaties, statutes, Executive Orders, and judicial decisions, has recognized the right of Indian tribes to self-government. As domestic dependent nations, Indian tribes exercise inherent sovereign powers over their members and territory. The United States continues to work with Indian tribes on a government-to-government basis to address issues concerning Indian tribal self-government, tribal trust resources, and Indian tribal treaty and other rights.
(c) The United States recognizes the right of Indian tribes to self-government and supports tribal sovereignty and self-determination.

Sec. 3. Policymaking Criteria. In addition to adhering to the fundamental principles set forth in section 2, agencies shall adhere, to the extent permitted by law, to the following criteria when formulating and implementing policies that have tribal implications:

(a) Agencies shall respect Indian tribal self- government and sovereignty, honor tribal treaty and other rights, and strive to meet the responsibilities that arise from the unique legal relationship between the Federal Government and Indian tribal governments.
(b) With respect to Federal statutes and regulations administered by Indian tribal governments, the Federal Government shall grant Indian tribal governments the maximum administrative discretion possible.
(c) When undertaking to formulate and implement policies that have tribal implications, agencies shall:
(1) encourage Indian tribes to develop their own policies to achieve program objectives;
(2) where possible, defer to Indian tribes to establish standards; and
(3) in determining whether to establish Federal standards, consult with tribal officials as to the need for Federal standards and any alternatives that would limit the scope of Federal standards or otherwise preserve the prerogatives and authority of Indian
tribes.

Sec. 4. Special Requirements for Legislative Proposals.
Agencies shall not submit to the Congress legislation that would be inconsistent with the policymaking criteria in Section 3.

Sec. 5. Consultation.

(a) Each agency shall have an accountable process to ensure meaningful and timely input by tribal officials in the development of regulatory policies that have tribal implications.
Within 30 days after the effective date of this order, the head of each agency shall designate an official with principal responsibility for the agency’s implementation of this order. Within 60 days of the effective date of this order, the designated official shall submit to the Office of Management and Budget (OMB) a description of the agency’s consultation process.

(b) To the extent practicable and permitted by law, no agency shall promulgate any regulation that has tribal implications, that imposes substantial direct compliance costs on Indian tribal governments, and that is not required by statute, unless:

(1) funds necessary to pay the direct costs incurred by the Indian tribal government or the tribe in complying with the regulation are provided by the Federal Government; or
(2) the agency, prior to the formal promulgation of the regulation,

(A) consulted with tribal officials early in the process of developing the proposed regulation;

(B) in a separately identified portion of the preamble to the regulation as it is to be issued in the Federal Register, provides to the Director of OMB a tribal summary impact statement, which consists of a description of the extent of the agency’s prior consultation with tribal officials, a summary of the nature of their concerns and the agency’s position supporting the need to issue the regulation, and a statement of the extent to which the concerns of tribal officials have been met; and

(C) makes available to the Director of OMB any written communications submitted to the agency by tribal officials.

(c) To the extent practicable and permitted by law, no agency shall promulgate any regulation that has tribal implications and that preempts tribal law unless the agency, prior to the formal promulgation of the regulation,
(1) consulted with tribal officials early in the process of developing the proposed regulation;
(2) in a separately identified portion of the preamble to the regulation as it is to be issued in the Federal Register, provides to the Director of OMB a tribal summary impact statement, which consists of a description of the extent of the agency’s prior consultation with tribal officials, a summary of the nature of their concerns and the agency’s position supporting the need to issue the regulation, and a statement of the extent to which the concerns of tribal officials have been met; and
(3) makes available to the Director of OMB any written communications submitted to the agency by tribal officials.
(d) On issues relating to tribal self-government, tribal trust resources, or Indian tribal treaty and other rights, each agency should explore and, where appropriate, use consensual mechanisms for developing regulations, including negotiated rulemaking.

Sec. 6. Increasing Flexibility for Indian Tribal Waivers.

(a) Agencies shall review the processes under which Indian tribes apply for waivers of statutory and regulatory requirements and take appropriate steps to streamline those processes.
(b) Each agency shall, to the extent practicable and permitted by law, consider any application by an Indian tribe for a waiver of statutory or regulatory requirements in connection with any program administered by the agency with a general view toward increasing opportunities for utilizing flexible policy approaches at the Indian tribal level in cases in which the proposed waiver is consistent with the applicable Federal policy objectives and is otherwise appropriate.
(c) Each agency shall, to the extent practicable and permitted by law, render a decision upon a complete application for a waiver within 120 days of receipt of such application by the agency, or as otherwise provided by law or regulation. If the application for waiver is not granted, the agency shall provide the applicant with timely written notice of the decision and the reasons therefor.
(d) This section applies only to statutory or regulatory requirements that are discretionary and subject to waiver by the agency.

Sec. 7. Accountability.

(a) In transmitting any draft final regulation that has tribal implications to OMB pursuant to Executive Order 12866 of September 30, 1993, each agency shall include a certification from the official designated to ensure compliance with this order stating that the requirements of this order have been met in a meaningful and timely manner.
(b) In transmitting proposed legislation that has tribal implications to OMB, each agency shall include a certification from the official designated to ensure compliance with this order that all relevant requirements of this order have been met.
(c) Within 180 days after the effective date of this order the Director of OMB and the Assistant to the President for Intergovernmental Affairs shall confer with tribal officials to ensure that this order is being properly and effectively implemented.

Sec. 8. Independent Agencies. Independent regulatory agencies are encouraged to comply with the provisions of this order.

Sec. 9. General Provisions.

(a) This order shall supplement but not supersede the requirements contained in Executive Order 12866 (Regulatory Planning and Review), Executive Order 12988 (Civil Justice Reform), OMB Circular A-19, and the Executive Memorandum of April 29, 1994, on Government-to-Government Relations with Native American Tribal Governments.

(b) This order shall complement the consultation and waiver provisions in sections 6 and 7 of Executive Order 13132 (Federalism).
(c) Executive Order 13084 (Consultation and Coordination with Indian Tribal Governments) is revoked at the time this order takes effect.
(d) This order shall be effective 60 days after the date of this order.

Sec. 10. Judicial Review.

This order is intended only to improve the internal management of the executive branch, and is not intended to create any right, benefit, or trust responsibility, substantive or procedural, enforceable at law by a party against the United States, its agencies, or any person.

 

(Presidential Sig.)

THE WHITE HOUSE,

November 6, 2000.

Gobierno derriba casas de indígenas nasos en su territorio

UNAS 200 PERSONAS A LA INTEMPERIE

Derriban 20 casas a nasos de Bocas

Foto: Horacio Trotman

Viviendas derribadas ayer en las comunidades Naso de San San y San San Drui, en la provincia de Bocas del Toro.

La Policía lanza gases lacrimógenos a los indígenas e irrumpen con violencia en las viviendas

HORACIO TROTMAN
periodistas@laestrella.com.pa

BOCAS DEL TORO. La comunidad Naso fue sorprendida ayer, cuando más de un centenar de policías se tomaron la comunidad de San San Drui, en el corregimiento del Teribe, después de que gobernador de la provincia de Bocas del Toro, Simón Beker, ordenara la diligencia y escoltando a la maquinaria de la empresa privada Ganadera Bocas para arrasar con las viviendas de la comunidad.

Los agentes de policía dispararon gases lacrimógenos ante la presencia de decenas de menores de edad y mujeres presentes en el lugar, logrando derribar sin piedad las casas que hace poco las comunidades Naso levantaron tras el anterior desalojo violento del pasado 30 de marzo.

Los indígenas señalaron que sin ninguna orden judicial, y según se informó, respaldados por el gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, ejecutaron la acción.

Los afectados visiblemente enojados señalaron que el estado ha violado todas las leyes y los ha dejado sin nada, y ahora se ven afectados por las fuertes lluvias que constantemente caen sobre esta región del país y no saben dónde ir.

En el lugar unas 200 personas que según testimonios de la zona están “casi sin comida y sin ningún lugar donde protegerse del agua”.

Los moradores estaban reagrupándose ayer después de los momentos de terror vividos y con la amenaza de una posible detención de sus líderes.

Señalaron que esta situación se puede calificar como un crimen contra los derechos básicos de los indígenas y un atentado directo contra los derechos de los pueblos.

En el ataque participaron unas 200 unidades del grupo de antidisturbios, reforzados con unidades de la provincia de Chiriquí y Veraguas, quienes acorralaron a los cientos de nasos, que tomaron un globo de terreno de propiedad de la empresa Ganadera Bocas.

Al inicio de enfrentamiento los indígenas se replegaron y varios minutos resistieron la embestida, mientras se defendían con piedras y palos que no llegaron a sus objetivos.

Antes de iniciar la incursión por parte de las unidades policiales, el gobernador Simon Beker, mantuvo un diálogo por espacio de dos horas por lo que la dirigencia encabezada por Roberto Torres y Alcides Vargas, se negaron a la propuesta presentada por el Estado.

La planicie de la comunidad de San San Drui, fue invadida por una densa cortina de humo de los gases lacrimógenos, mientras los indígenas se replegaban a una trinchera en las riveras del río del San San.

En la diligencia de desalojo no hubo detención ni heridos.

MOLESTIAS

Los afectados visiblemente enojados señalaron que el Estado ha violado todas las leyes y no respeta a los indígenas.

Mientras una pala destruía los ranchos de los indígenas nasos, las unidades uniformadas se mantienen desplegadas en la zona para evitar el retorno de los invasores a los terrenos de empresa ganadera Bocas.

Los indígenas se defendían con piedras y palos, pero esto no fue suficiente para lograr sus objetivos.

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Conflicto por tenencia de tierras en bocas del toro entre indígenas y empresario

Policía desaloja a nasos

Las familias naso fueron sacadas de los terrenos que están en litigio con la empresa Ganadera Bocas.

EQUIPO. Una pala mecánica, propiedad de Ganadera Bocas, procede a derribar los ranchos de tambo de los moradores de la comunidad de San San Druy. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
changuinola, bocas del toro
nacionales@prensa.com

Agentes de la Policía Nacional y unidades antimotines desalojaron por la fuerza a los indígenas naso que habitaban tierras que reclama la empresa Ganadera Bocas, propiedad del empresario Mario Guardia. En la incursión policial participaron alrededor de 150 unidades, entre ellos decenas de antimotines que desalojaron con bombas de gases lacrimógenos a los moradores de San San y San San Druy.

Después de dos horas de resistencia y enfrentamientos, los indígenas fueron obligados a cruzar el río en el sector conocido como La Tigra, donde permanecen sin sus pertenencias.

La orden de desalojo la dio el gobernador Simón Becker, quien a las 12:00 medio día ingresó a las comunidad es de San San y San San Druy junto con el subcomisionado de la policía Didier de Gracia.

Antes del enfrentamiento, el gobernador intentó persuadir a los nasos a que abandonaran el área, con el compromiso de que la gobernación les buscaría otra ubicación, pero los moradores no aceptaron porque consideran que esas tierras les pertenecen.

En los enfrentamientos con la policía no se reportaron heridos ni detenidos. El subcomisionado Didier de Gracia dijo que la acción se desarrolló sin ningún incidente que lamentar, por lo que pudo cumplir la orden.

Tras el desalojo, empleados de Ganadera Bocas entraron a las áreas con maquinaria y procedieron a derribar los ranchos de tambo de los indígenas.

En el desalojo no estuvieron presentes los dirigentes de los nasos Eliseo Vargas y Félix Sánchez.

Vargas aseguró que no se encontraba en el sitio porque estaba en Changuinola presentando dos recursos contra el alcalde para detener la acción policial.

“Han dejado en una situación caótica a los pobladores, el ministro José Raúl Mulino confirma, una vez más, que es el Hitler panameño, al obligar al gobernador a que nos desalojara”, señaló Vargas.

El dirigente denunció que las autoridades se aprovecharon de que la mayoría de los moradores no se encontraban en el área para llevar adelante la incursión.

“Solo estaban unos cuantos niños y señoras, por lo que les fue fácil sacarlos”, denunció Vargas.

Con el desalojo, alrededor de 200 personas que vivían en las comunidades han quedado a la intemperie y sin alimentos.

Los dirigentes indígenas aseguraron que continuarán con los procesos legales en contra de Ganadera Bocas y de las autoridades porque se ha cometido una violación de los derechos humanos del pueblo naso. Denunciaron que con la acción se violaron tratados internacionales que protegen los derechos de los indígenas.

Por su parte, Félix Sánchez, otro dirigente, responsabilizó al ministro de Gobierno y Justicia de lo que les pueda suceder a los indígenas al quedar sin un sitio en donde vivir.

Según Sánchez, se estaba en conversaciones con las autoridades para llegar a una solución pacífica y para el 24 de noviembre se tenía programada una visita al área por parte de delegados del Banco Mundial y del Programa Nacional de Administración de Tierras para verificar los puntos de demarcación reclamados tanto por Ganadera Bocas como por los nasos, pero con la orden de desalojo, dictada por el ministro, ya no se podrá realizar.

 

 

 

Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente”. Con todo esto, comunicaba el Gobierno, “acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente”. Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a “acuerdos voluntarios y bilaterales”, con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: “aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%”; “más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada”. El Gobierno endosa a la empresa la obligación “de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento”. Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del “interés público y social” y del “desarrollo nacional” dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, “hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva”. Así, “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”, se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre “el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes”. El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

“Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país”.

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica “por AES Changuinola”.

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

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El artículo completo está en GENOCIDIOS COTIDIANOS I

Indígenas panameños exigen respeto a su tierra y sus derechos humanos

Indígenas esperan hablar con Martinelli

FOTO: BIENVENIDO VELASCO .

PANAMÁ. Grupos indígenas marcharán hoy hasta la Presidencia para presentar al gobierno un pliego de peticiones, justo cuando se cumplen 517 años del descubrimiento de América, desde cuando, aseguran, se les violan sus derechos.

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Indígenas panameños se unen en una sola voy de reclamación de sus derechos humanos y derechos territoriales.

INDÍGENAS

Marcha a la Presidencia

JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Los indígenas de la etnia Naso marcharán esta tarde hacia la Presidencia de la República, como parte de las actividades de los pueblos aborígenes en el día del descubrimiento de América.

Eliseo Vargas, vocero del pueblo Naso, señaló que la intención de esta marcha es que el presidente Ricardo Martinelli reciba de los pueblos originarios Emberá, Naso, Kuna, Teribe y otros el pliego de peticiones que llevarán y que se establezca un compromiso para dar seguimiento a las aspiraciones de la comunidad indígena del país.

Vargas indicó que la violación de los derechos de los pueblos autóctono, el acaparamiento de tierras y la destrucción del ecosistema son prioridades que el Estado, representado por Martinelli “debe atender como un compromiso y ofreciendo resultados”.

Instantáneas de una marcha indígena y campesina

Instantáneas de una marcha indígena y campesina

(Jorge Ventocilla tuvo la oportunidad de participar tres días, en dos ocasiones, en la Marcha que recientemente llegó a la capital. Conversó con los caminantes, tomó alguna foto, anotó detalles. En sus palabras fue “un diplomado en gallardía y dignidad, dictado por indígenas y campesinos”. Aquí sus reflexiones)

Toribio Jiménez nació en 1954 y desde hace añales es dirigente del pueblo ngäbe, el de mayor población entre las siete culturas indígenas nacionales. Durante largo tiempo ha sido jefe inmediato del corregimiento Alto de Jesús. Don Toribio es el decano de los caminantes: estuvo en la marcha de 1986, en la de 1996 y nuevamente camina ahora.

“La primera vez partimos desde Sitio Prado, en marzo de 1986” , me contó. “Los militares hicieron una Ley que dividió al Congreso General Ngobe. Estaba aprobado por nosotros reunirnos en Sitio Prado y el gobierno organizó otro Congreso General paralelo, en Buenos Aires. Después de reunirnos en Sitio Prado, partimos a la ciudad; yo no me quería quedar en la casa. Y tuvimos éxito: esa Ley que hicieron para dividirnos fue eliminada. La segunda marcha (1996) partió de Cerro Colorado a mediados de octubre y fue para demandar la creación de la Comarca. Lo logramos, aunque no fue todo lo que el pueblo quería. Quedaron fuera comunidades, como la mayoría de las comunidades del Calobevora. Por eso esta marchando ese compañero con su pancarta que dice ‘!Santa Fe, Presente!’. También lo logramos: la Ley 10 que crea la Comarca Ngobe-Bugle fue aprobada en tercer debate en 1997.

Ahora marcha hacia la esquiva capital, que parece que es sorda: no oye bien de lejos y hay que venir a hablarle de cerca y a gritos. “Como dirigente y voluntariamente lo hago”, me dice. “Los dirigentes que están aquí son los que defienden los intereses de la Comarca. Los otros se quedaron”. ¿Volvería usted a participar en una cuarta marcha don Toribio? pregunto. “Si es antes de 10 años, sí. Si es más, no lo puedo ofrecer con seguridad”, me responde sonriendo.

Para Ceferino Montezuma, también dirigente ngäbe, es su segunda marcha. Estuvo en la de 1996. Ayer se puso frío y se desmayó; pero hoy ya está bien y sigue marchando. Los que se enferman o les salen heridas insoportables en los pies, son asignados a labores como cuidar las mochilas en el sitio de destino del día o ayudar en la cocina.

Hoy al medio día le dieron atención a Samuel Pedrol, el infatigable locutor de la radio alternativa que se han montado dentro de la marcha. A través de un altoparlante lee las noticias del periódico del día en el almuerzo, repite grabaciones de entrevistas a dirigentes, manda mensajes de saludo – reales o imaginarios – a las delegaciones mientras marchan …todo con fino humor, que alienta y anima a los caminantes.

No podía creer que el mismo Samuel que estaba dale que dale todo el día con sus bromas en las emisiones “de la radio”, es el mismo que ahora sale cojeando después de que le vendaron una tremenda llaga en la planta del pie. “¡Estoy marchando de puro varón!” dice medio en serio medio en chacota, mientras pasa delante nuestro saltando en un solo pie.

La policía ha estado dando vueltas y sé que algo quieren saber. Finalmente se me acercan y preguntan por el dirigente de esta marcha. Ingenuamente doy un nombre y los mando adelante a buscar a la persona. Se acerca Ceferino y me da tremenda regañada: “¡No tienes porque dar nombres. ‘Aquí todos somos dirigentes’ debes contestar!” Aprendo las dos lecciones.

Martín Rodríguez, presidente de la Asociación Rey Quibién, de Coclé del Norte supo de la Marcha y bajó a darle encuentro en Penonomé. La empresa minera canadiense Petaquilla Gold les está envenenando sus aguas y pudriendo sus tierras y ya no aguantan más. Rey Quibién, me explica Martín, fue un cacique de los tiempos de antes que defendió a los ngäbes. En las noches veo a Martín escribir en un cuaderno. Así he visto a algunos otros, hombres y mujeres. ¡Cómo me gustaría poder leer lo que escriben al final de cada día!

Reynaldo González tiene 21 años. Es uno de los pocos indígenas naso que ha podido cursar estudios universitarios. Es técnico en enfermería por la Universidad de Panamá. Desde hace un año esta en la lucha de su pueblo: “Tenemos bosques, los cuidamos. Sin recursos naturales nos acabamos como cultura”. El padre de Reynaldo es botánico, su abuelo también. El tiene la opción de seguir medicina en Estados Unidos pero – insiste – su verdadera vocación es la biología. Va a hablar con los de la beca para ver de reorientarla. Menciona a su novia, con el mismo entusiasmo. Ella también es naso y así como él, está activa en la lucha.

Antes de volver a la ciudad le pase mi copia de “Temas de Nuestra América”, con los poemas de Benedetti. Le señalo el “Te quiero” (….en la calle codo a codo somos mucho más que dos… ), para que se lo lea a la novia. Le vuelven a brillar los ojos. Cuando vio la bandera de la Tierra que cargaba me dijo: “El mensaje esta clarito”.

Caminábamos entre Santiago y Divisa y vi que lo llamaban aparte para decirle algo; no se por qué me dio mala espina. Al día siguiente, ya en la Terminal de la ciudad, me enteré por un titular que los naso habían sido desalojados de la Plaza Catedral por los antimotines.

Ahí estuvieron más de dos lunas con todos sus días con el gobierno anterior y luego volvieron, para quedarse hasta que los botaron con el gobierno actual. Los estuvieron meciendo pero nadie quiso escucharles con seriedad. Reclaman su derecho a tierras ancestrales ocupadas por una ganadera.

De las tierras en manos ahora de la ganadera, en Bocas del Toro, también los habían desalojado los antimotines. Pero esa vez los sacaron en la madrugada de sus casas, ellos inermes, los otros armados como van los antimotines en las películas y en la realidad. Les tumbaron la escuela que ellos mismos construyeron y su casa de la cultura, les dispararon bombas lacrimógenas, una pala mecánica abrió un hueco y ahí depositó los materiales de las casas, la ropa, los cuadernos de los niños, el diccionario de su lengua que los naso y otra gente han ido reuniendo durante décadas. La pala tapó el hueco para que no aprovecharan ni las ruinas. Los naso reclaman un territorio oficialmente reconocido. Es decir, quieren un lugar en esta sociedad.

Larisa Duarte pertenece a una organización campesina de Río Cobre, Veraguas. Con ese nombre – ¡claro! – a su área ya le cayó encima la maldición de una mina o de cualquier proyecto de explotación y fecunda reproducción de ganancias. “La campesina” le dicen a Larisa sus compañeros indígenas de la marcha. Tiene una alegría desbordante y no para de gritar y animar a los demás. Un día dejó la marcha y se fue a la ciudad y se puso en huelga de hambre con tres de los nasos que habían desalojado de Plaza Catedral. La fui a visitar cuando regresé a la ciudad y la encontré en la Plaza sentada junto con los otros tres frente a la calle por donde alguna vez tendrá que pasar el automóvil del presidente, y verlos. Tenían 72 horas de huelga de hambre y los ojos de Larisa ya no eran los mismos de cuando la conocí en la marcha, y ese agotamiento y ese dolor de cabeza. No me los contó, yo se los vi.

Pero de ahí no la mueven. Blas Quintero me contó una hora después mientras recibíamos a la marcha, que el padre de Larisa tiene escrito en la entrada al patio de su casa en Río Cobre: “Los valientes no se rinde, luchan”.

Comité Pro-Cierre de Mina Petaquilla; Asociación Rey Quibién, Coordinadora Campesina por la Vida ; Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada ; Coordinadora de Pobladores Colonenses por el Derecho a la Vida , la Tierra y la Dignidad ; Comité de Defensa de Colon; Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas; Ambientalistas Chiricanos; MED Paz y Justicia, etc… Diecisiete comunidades afectadas por la minería y las hidroeléctricas caminaban cuando yo pude estar en la Marcha ; quién sabe cuántas otras, antes y después, habrán estado presentes.

Señor Presidente Martinelli: No se pierda usted la oportunidad de conocer y aprender de estos panameños y panameñas que aman su tierra como pocos y han caminado tantos días para que el gobierno los escuche. Sus maneras dignas y respetuosas serían lo mejor que le podría pasar a usted en una cita con dirigentes – se lo aseguro – dentro o fuera del país.

Santiago tiene 23 años y es dirigente de Charco La Pava. Está terminando el sexto año en Changuinola y le gustaría ser abogado, si pudiera -“Pero mis padres no trabajan” me dice. Pienso para mí que probablemente trabajen mucho más que un diputado. Pero aprendemos a decir cosas así por la educación y la costumbre. Tiene tres años, junto a su comunidad, pidiendo respeto a una hidroeléctrica que ha sacado a otros de esa lucha ofreciéndoles un trabajo con salario. El sigue. Toribio Jiménez tiene 32 años más que él y aún sigue. El Rey de los Nasos tendrá unos cuarentaitantos años más que Santiago, y también sigue.

He visto a dos o tres de los participantes tirar botellas de plástico. Pero he visto a más de ellos lavar, guardar y reusar los platos y cubiertos de plástico que vienen con la comida que en el camino les brinda gente y organizaciones solidarias. Hay algunos de la marcha que llevan consigo envases de totuma o coco y ahí reciben su ración y su café. Y he escuchado cientos de veces consignas con vivas a los ríos, a los bosques, a la naturaleza, a la tierra. Y hasta a los peces de los ríos.

Mientras caminan, a veces hay quien recoge algo tirado en la carretera que aun puede servir. Toribio Pito es un hombre ngäbe joven, de la comunidad de Buenos Aires. Lo vi recoger un pixba, sacarle la pepa y guardarla. Me acerco y confiesa sus planes: “Es para sembrarla (a su regreso), cuando la Luna esté baja: así la palma crece menos y da más”.

“Caminar tanto y tanto significa que ustedes quieren mucho a su tierra” dijo una señora cuyo nombre no logre apuntar – quizás la Corregidora – al darnos la bienvenida en el local de la Junta Comunal de El Higo, donde nos brindaron un sancocho con arroz y unas galletas con jugo.

Cuando la marcha se reanudó todavía tenia en la cabeza lo que ella dijo. “Caminar tanto y tanto significa que ustedes quieren mucho a su tierra”…

No son una tropa de boys scouts, ni es que están aburridos allá en sus casas. Alguien debió quedar cuidando a los niños – ¿No cree? – las siembras, las gallinas, los animales. Y había que dejar algo para la comida en la casa, en estos muchos días que van a estar fuera.

Además el sol pega duro ¿Sabe? Y si cae un aguacero y uno se resfría, uno queda todo jodido ¿Sabe? Y a veces da calambre y a veces salen llagas en los pies. Muy serias deben ser sus motivaciones para tirarse ese viajecito, ¿O no?

Si les prestásemos atención nos beneficiaríamos mucho también nosotros. De ahí esa consigna, que deben haber repetido unas 7,000 veces en estos días de marcha: “!Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos!”

Pero estamos dormidos. Mientras más dormidos mejor para quien lucra con ello.

O atónitos: pasmados mirando los edificiotes que se construyen en nuestra babilónica capital, creyendo que somos los más vivos de la región.

Al fin del día hay reunión. Para discutir noticias, afinar la redacción del pliego a presentar, diseñar estrategias para el almuerzo de mañana. Tomo estas notas de lo que un dirigente menciona: “Hay interés del gobierno actual de modificar la Ley 10 (de la Comarca Ngobe-Bugle ) y pasar de propiedad comunal a privada, cambiando la denominación de comarca a reserva. Y cambiar el régimen en los 1,000 metros desde la playa hacia dentro de las costas, para meter desarrollo turístico. Y cambiar la autoridad reconocida: de Cacique a Gobernador. Este no es momento para cambiar la Ley 10” , dice enfáticamente la persona y se despide. Solo esto seria suficiente razón para caminar hasta la ciudad. Pero hay más razones.

Quien esté realmente interesado/a en las razones de la Marcha Indígena y Campesina las conseguirá. Por ejemplo en www.caminatapanama.org Aquí solo quiero señalar otra razón, menos táctica pero más estratégica de esta marcha: despertarnos el cariño social, la solidaridad.

Con esta marcha los indígenas y los campesinos nos vienen a recordar los valores que todavía andan bajo la tierra panameña, haciéndola temblar, enorgulleciéndola, fertilizándola, dándole vitalidad. A ellos y ellas, los de la marcha, pero también a todos los que de alguna manera han sido y son solidarios – con un poco de agua, con un almuerzo para 70 personas cansadas, con un aplauso, un pulgar hacia arriba, un repique de la bocina del camión, o una mirada atenta y cómplice -, esta marcha ha enseñado cuánto somos capaces de hacer y ofrecer cuando nos miramos con dignidad y con respeto, a nosotros mismos y a nuestra ecología. Y nos incorporamos y nos echamos a andar.

Jorge Ventocilla
ventocilla.jorge@gmail.com

Publicado en Panamá Profundo el 09.10.2009

Indígenas caminarán 400 km para exigir derechos

La caminata se dirige hoy desde San Félix, Chiriquí a El Prado, en Veraguas.

Indígenas marchan contra concesiones

RAÚL LÓPEZ
periodistas@laestrella.com.pa

CHIRIQUÍ. Un grupo de indígenas y campesinos, inició ayer una marcha que salió de la Comarca Ngöbe Buglé hacia la ciudad capital. La marcha es un llamado de atención para que el gobierno frene las concesiones de hidroeléctricas y minas en el área comarcal.

La marcha de protesta, qu

CAMINATA ANTIHIDROELÉCTRICAS Y MINERAS

Contra viento y marea a la capital

RAÍL LÓPEZ
periodistas@laestrella.com.pa

Indígenas rechazan proyectos en la comarca

CHIRIQUÍ. Un centenar de indígenas partió ayer desde la 9:00 a. m, del distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, con destino a la capital de la República de Panamá.

La iniciativa busca llamar la atención de las máximas esferas del Gobierno Nacional para que frenen la proliferación de los proyectos mineros, así como la construcción de hidroeléctricas dentro del área comarcal y que se respeten los derechos de los pueblos nativos.

Piden que también se deroguen todas las concesiones otorgadas en la pasada administración de Martín Torrijos, ex presidente de la República.

Aseguran que se autorizaron proyectos mineros, hidroeléctricos y turísticos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, sin realizar ningún tipo de consulta.

En el pliego de peticiones que llevan consigo, le solicitan al gobierno de Ricardo Martinellí que ratifique los convenios internacionales donde se consagran los derechos indígenas. También solicitan la creación de la Comarca Naso y la delimitación de las comunidades anexas a la Comarca Ngöbe Buglé.

La Asociación de Estudiantes Ngöbe de las Facultades de Derecho de la República, también participan de esta marcha.

Erick González, quien preside la misma, indica que les preocupa como se están afectando los recursos naturales por personas foráneas a la comarca. Se están haciendo negociados con nuestros recursos, aseguró.

LOGÍSTICA

La caminata tiene su hoja de ruta en la cual se contemplan los lugares donde se detendrán para descansar y dormir. Ayer, la marcha avanzó hasta el distrito de Tolé, mientras que para hoy se tiene contemplado llegar hasta El Prado, en la provincia de Veraguas.

César Salazar, presidente del Congreso Regional de Ñokribo, dijo que a medida que la marcha avance se irán integrando más personas. Indicó que a la ciudad de Panamá deberán llegar alrededor de 300 indígenas.

Calculan que el peregrinaje pudiese demorar hasta 25 días, mientras que otros dirigentes calculan que pudiesen llegar el próximo 30 del presente mes. Los manifestantes dicen estar organizados para lograr su cometido y para ello se han escogido diversas comisiones, como la de alimentación y la de salud.

Ahora volvemos a marchar para defender un territorio que ya nos ha sido otorgado por ley. En la Presidencia de la República, esperamos nos atenda el mandatario indicó Alberto Montezuma, coordinador de la caminata.

Respeto al pueblo Naso!

Raisa Banfield*

Terminó la primera jornada del regreso de los Naso a la Catedral, su aire hacía falta en la plaza.  El aplomo, rebeldía y suavidad al tiempo de este pueblo maravilloso, enriquecen una plaza que solo puede narrar historias de luchas, derrotas y victorias.

Actos heroicos como el de hoy día, son de aquellos por los que quisiera vivir lo suficiente,  para poder narrarlos incontables veces.  Luego de 10 horas de viaje, nuestro pueblo Naso se emplaza frente a los portones, de los portones, del portón de la puerta de la presidencia; primero a puro pulmón, luego ayudados por megáfono recitan sus derechos, gritan sus agravios y  exigen que se les respete.

La dignidad de un pueblo y la humillación que experimentan, se fundieron en un solo acto:  Encadenados y parados en una pila de estiércol, se bañaron con él mientras sus carteles gritaban:  “Nos tratan como a la mierda de vaca”, ¿quién vale más: las vacas de los Guardia o el pueblo Naso? “Nos sentimos presos de la indiferencia de los gobiernos”.

Entre vergüenza y orgullo, cual testigo mudo, presencié ese acto de indignación de un pueblo excluido y despojado de su tierra, pero no de su valor, ni de su dignidad.  Sin embargo, lo más hermoso estaba todavía por suceder, hermanos gnobes y kunas se sumaron a la vigilia nocturna, que entre cantos, oraciones, palabras de solidaridad espontáneas en todas las lenguas presentes, pero a una sola voz y como  un solo pueblo pedía:  Respeto al pueblo Naso!.

*Directora del CIAM de Panamá

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Campamento de indígenas vuelve a la plaza Catedral

Unos 15 nasos protestaron ayer frente a la Presidencia para exigir una solución al conflicto de tierras que tienen en Bocas del Toro.

RECLAMO. El grupo llegó de Bocas del Toro. LA PRENSA/Carlos Lemos

josé arcia
jarcia@prensa.com

Los indígenas nasos volvieron a la plaza de La Independencia (Catedral) en el Casco Antiguo de San Felipe. Desde ayer instalaron su campamento para demandar del Gobierno una solución al conflicto de tierras que tienen con la empresa Ganadera Bocas, en Changuinola, Bocas del Toro.

El grupo retomó sus protestas un día después de que el viceministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, manifestara que el Gobierno deberá tomar una decisión en este tema y que la solución no es invadir propiedad privada.

Ayer, frente a la Presidencia de la República, los nasos derramaron estiércol de vaca y se encadenaron. De esta manera, llegan a seis meses de protestas por los desalojos que el pasado gobierno realizó en las comunidades de San San y San San Druy y en los que los agentes antimotines destruyeron casas e infraestructura comunitaria.

Eliseo Vargas, dirigente de los nasos, dijo que no han visto voluntad de los gobiernos en resolver este conflicto que tiene cuatro décadas.

Los indígenas reclaman las tierras por considerarse dueños ancestrales, mientras que Ganadera Bocas tiene un título de propiedad desde 1962, por lo que pide el desalojo de los nasos.

El sacerdote Félix De Lama cuestionó el hecho de que en el país se hable mucho de seguridad jurídica, sin embargo, los pueblos indígenas nunca han tenido esa seguridad que garantice la tenencia de la tierra.

Los nasos enviaron ayer una carta al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la que le piden una reunión para plantearle los detalles del problema.

Se llamó a la oficina de Relaciones Públicas del ministerio para obtener una declaración y allí indicaron que debía llamarse al viceministro directamente. Se llamó dos veces a su celular, pero no contestó y el buzón no permitía dejar mensajes.

Indígenas transfronterizos Panamá Costa Rica lanzan manifiesto

Los Pueblos Indígenas Panamá-Costa Rica
(Naso / Ngäbe / Bribri / Cabecar)

Reunidos en la comunidad El Norteño, Comarca Ngäbe-Bugle, República de Panamá, más de 150 líderes y liderezas indígenas, hemos compartido tres días de intercambio de experiencias de lucha, conocimientos tradicionales y el análisis de las amenazas que atentan contra la vida de nuestros pueblos y de la madre naturaleza.

Este espacio permitió conocer más sobre nuestros derechos humanos y como indígenas y a identificar nuestros problemas para consolidar una agenda de acciones de lucha y resistencia conjunta.

Al ver que las causas y efectos de los megaproyectos y concesiones de recursos naturales dentro de nuestros territorios están desplazando, dividiendo y destruyendo todo a su paso, en nombre de un desarrollo insostenible, incoherente y empobrecedor, que no respeta la vida, ni la diversidad cultural.

Declaramos

1. Rechazar y exigir la anulación de todos los megaproyectos, proyectos, miniproyectos y concesiones aprobadas o en trámite de exploración y explotación minera, hidroeléctricas, turismo de alto impacto y otras actividades de inversión negativa que invaden territorios indígenas.
2. Demandamos el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las comunidades Ngäbe, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 de la empresa transnacional AES.
3. Distinguir como traidores y non gratos a todos esos dirigentes y autoridades tradicionales que venden a su pueblo con los gobiernos, empresarios criollos y grandes transnacionales.
4. Exigir el inicio de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, para la ratificación del convenio 169 de la OIT , sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes antes del 12 de octubre de 2009.
5. Respaldar la Marcha Nacional del Pueblo Ngäbe y Naso en Panamá y todas las manifestaciones y actividades que se desarrollen el 12 de octubre, en el marco de los 517 años de resistencia de los pueblos indígenas.
6. Continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de base y el trabajo en alianza de nuestros pueblos transfronterizos, tomando como referencia y guía la Agenda Indígena Mesoamericana: “Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra”.
7. Poner plazo de 1 año, a partir de la firma de esta declaración para que el gobierno de Panamá y de Costa Rica hagan las gestiones necesarias para:
   • La creación de la Comarca Naso Tjër-Di
   • La demarcación y ordenamiento del territorio indígena Kekoldi
   • La definición por ley de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Bugle.

   Dado en la comunidad El Norteño, Rep. De Panamá, a los 24 días del mes de agosto de 2009.

   Publíquese y cúmplase

   Firman las organizaciones participantes

   • PANAMA VERDE – Rosalva Jiménez
   • ARBOL DEL MAÑANA (ASAAM) – Roberto Baken
   • COMITÉ DE SALUD DE NORTEÑO – Alfonso Rodríguez
   • COMITÉ DE ARTESANIA DE NORTEÑO – Florina Hernández
   • ASOCIACION KEKOLDI – Gloria Mayorga
   • ASOCIACION Y COMISION DE MUJERES INDIGENAS TALAMANCA – Edith Villanueva
   • ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WATSI – Minta Morales
   • CONSEJO COMUNAL – Heiner Gallardo
   • ASOCIACION DE DESARROLLO INDIGENA DE TERRITORIO BRIBRI (ADITIBRI) – Agustín López
   • RED DE RESISTENCIA INDIGENA DE BOCAS DEL TORO (RRIB) – Reynaldo Gonzáles
   • FUNDACION NASO TJËR DI – Félix Sánchez
   • ODESEN – Edwin Sánchez
   • CEDETENG – Pedro Abrego
   • CONGRESO AREA ANEXA – Leonardo Donald
   • COMITÉ DE DESARROLLO (CODESCON) – Dionicio Clemente
   • ASOCIACION DE JUVENTUD DE SILICO CREEK – Yin Gallego
   • ASOCIACION DE PRACTICAMENTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL NASO – Antonio Sánchez
   • ASOC. DE PROD. AGROPECUARIO, ARTESANAL, ECOTURISMO, INDUSTRIAL – Martínez Abrego
   • COMISION CONGRESO REGIONAL ÑO KRIBO – Ricardo Clemente

c.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
c.c. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
c.c. Presidencia de Panamá y Costa Rica
c.c. Medios de comunicación.