UNESCO a un paso de incluir al PILA como Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro

UICN recomienda a UNESCO inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro.

Burica Press –19 de junio de 2012. La próxima semana (Junio 24 a julio 6 de 2012) se realiza en San Petersburgo, Federación de Rusia el Trigésimo sexto período de sesiones del comité de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para discutir los informes del Estado de Conservación de los bienes inscritos como Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Para esta reunión la UNESCO ha publicado el Estado de conservación de los bienes del Patrimonio Mundial inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial e incluye el informe sobre el Sitio binacional denominado Cordillera de Talamanca-Reserva La Amistad/ Parque Internacional La Amistad (Costa Rica / Panamá), conocido por siglas PILA.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está recomendando a la UNESCO la posible inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro. Esto se debe a que desde el año 2008 la UNESCO a través de sus cuerpos científicos asesores, como es el caso de la UICN, ha estudiado los peligros ambientales que tiene el PILA tanto del lado de Costa Rica como de Panamá y todavía visualizan los mismos problemas de esa época y se añaden nuevas amenazas al sitio.

El informe a discutir destaca que todavía el sitio sigue amenazado por tres grupos de amenazas que afectan o pueden afectar su integridad:

• Construcción de represas hidroeléctricas, cerca de la propiedad en Panamá y los efectos asociados (mayor presencia humana cerca de la propiedad, interrupción de las especies acuáticas del corredor migratorio que ocurre en el Río Changuinola);
• La invasión (nuevos asentamientos humanos y la cría de ganado);
• Planificación de la construcción de carreteras que atraviesan la propiedad en el lado de Panamá.

El 22 de marzo de 2012, un informe conjunto sobre el estado de conservación de la propiedad fue presentada por los Estados Partes de Costa Rica y Panamá. El Comité había pedido a los Estados Partes a invitar a una misión de monitoreo reactivo del sitio para realizar el informe que debe presentarse en su 36 ª reunión. Destaca la UNESCO que “aunque se recibió una invitación del Estado Parte de Costa Rica, no hubo tal invitación del Estado Parte de Panamá. Por esta razón, no se llevó a cabo la misión.”

Los Estados Parte explican que la estructura para la cooperación transnacional ha estado en vigor durante muchos años, iniciada por un acuerdo formal de cooperación transfronteriza en 1992, cuyos mayores resultados sólo ha sido el desarrollo de cuatro misiones conjuntas de seguimiento sobre el terreno que se lleva a cabo anualmente con patrullajes conjuntos de los guardaparques de ambos Estados Partes.

Los informes oficiales de Costa Rica y Panamá sobre el avance de la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza (EAE) de las represas en el sitio el PILA indican que está en revisión interna y supuestamente lo esperan completar pronto.

Costa Rica destaca que en sus planes hidroeléctricos en el sitio incluyen cinco proyectos en estudios de viabilidad y varias en etapas conceptuales, sin evidencia de un mayor desarrollo. Sin embargo en Panamá el informe destaca que Panamá ha indicado que desconoció la decisión Comité del Patrimonio Mundial en el 2010 (Decisión 34 COM 7B.32) sobre detener la construcción del Changuinola 75 (CHAN 75) debido a lo avanzado del proyecto en términos de construcción y a que ya contaba con una evaluación de impacto ambiental aprobada y una resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el 2010 que declaró al proyecto de utilidad pública y urgente.

Parque Internacional La Amistad en Cerro Punta. Foto: Biota Panamá

En cuanto al proyecto Bonyic, en el territorio Naso Teribe, igualmente Panamá se refiere a una serie de obligaciones contractuales y resoluciones del Gobierno, entre ellos uno para la aprobación de una evaluación de impacto ambiental categoría III en 2005. Con base en lo anterior, el Estado Parte de Panamá sostiene que es la obligación legal de realizar estas presas y sólo se puede cancelar los contratos en caso de guerra, perturbación grave del orden público o de interés social urgente, y que tendría que compensar a la concesionaria del proyecto, en tal caso.

El Estado de Panamá añade que la evaluación ambiental estratégica de las represas hidroeléctricas a lo largo de la zona transfronteriza de la propiedad todavía no está terminado, y hasta que no concluya, es prematuro determinar la amenaza a la propiedad que representan estos proyectos.

Por su parte la UNESCO advierte que a pesar de los proyectos hidroeléctricos y la construcción de represas en el lado costarricense de la propiedad no son tan extensas como se había considerado, se mantiene la preocupación sobre el potencial debilitamiento de Valor Universal Excepcional de la propiedad derivados de los proyectos existentes.

La UICN ha recibido informes de que la presa CHAN-75 fue terminada, sin facilidades de paso para peces, a pesar de los reiterados llamamientos de la UNESCO que las medidas de mitigación se implementaran.

Alega la UNESCO que “la información recibida por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN confirma que es probable que tengan un grave impacto negativo en el conjunto único de peces y especies de camarones diádromos en la mayoría de la costa caribeña de Panamá, la porción de la propiedad en el corto plazo, que en a su vez es probable que haya efectos en cascada sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la propiedad que dependen de estas especies.”

Además, la UICN ha recibido informes acerca de la creciente presión de la caza y el uso de otros recursos por las comunidades indígenas que fueron desplazadas por la construcción de Chan-75. Si bien estas comunidades no están actualmente dentro de la propiedad, se vieron obligados a trasladarse más cerca de sus fronteras, y algunas tierras, se reportan, estar completamente deforestadas hasta el límite con el Parque Internacional La Amistad.

Las concesiones mineras en o cerca de la propiedad (Costa Rica)

El Estado Parte de Costa Rica ha indicado que las solicitudes de permisos de exploración minera, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas Bribri cerca de la propiedad han sido rechazadas, excepto tres que quedan en suspensión hasta que se desarrollen los criterios de la declaración de impacto ambiental. El Estado Parte observa que sólo la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica tiene la autoridad para aprobar dichas solicitudes, y que tal petición no se ha concedido en la historia moderna del país.

Carretera Boquete (Chiriquí) Changuinola (Bocas del Toro) por el Parque Internacional La Amistad (Panamá)

El Estado Parte de Panamá indica que si bien este camino fue propuesto en el Plan de Gobierno 2010-2014, no se han tomado medidas en este sentido hasta la fecha, incluyendo la convocatoria de una evaluación de impacto ambiental que obligatoriamente precedería a la decisión de seguir adelante con la idea de la carretera.

La presencia de ganado y la integración de las tierras privadas dentro de la propiedad

El Estado Parte de Costa Rica informa que no ha habido ningún cambio en la presencia de ganado dentro de la propiedad, e indica que menos del 1% de la propiedad se ve afectado por el ganado o cualquier otro tipo de uso de la tierra incompatibles. Costa Rica desestima este tema como uno que es marginal y pequeña escala, con efectos sólo muy localizadas y no ofrece ninguna respuesta a la petición del Comité para desarrollar e implementar un plan conjunto con Panamá para controlar y manejar el ganado dentro de la propiedad y la integración de las tierras privadas en la propiedad en 2018 (Decisión 32 COM 7B.35), pidiendo además que el ganado se elimina completamente (Decisión 35 COM 7B.39). Añade que debido a la crisis financiera mundial, no se ha avanzado en la integración de las tierras privadas en la propiedad.

El Estado Parte de Panamá indica que la presencia de ganado en pequeñas propiedades dentro del Parque se ha señalado en su propuesta original (1990), y agregó que la resolución que creó el Parque Nacional La Amistad llama por estas tierras para ajustar el plan de uso de la tierra que se establezca por la agencia de gestión del Parque, aunque ninguna indicación sobre lo que esto podría ser que se proporcionan. El Estado Parte indica que los pequeños propietarios están legalmente establecidas dentro de la propiedad, cerca de su frontera sur-oriental.

Estas propiedades y la presencia de ganado fueron reconocidos en la evaluación de la UICN (1990). La UICN también señaló en su evaluación de que el ganado se está moviendo a través de la parte sur de la propiedad y, en ocasiones hacinados allí. El Estado Parte de Panamá señala en sus informes que un vuelo de monitoreo en octubre 2011 sobre la porción sur-oriental de la propiedad donde había estado la ganadería extensiva informado en la misión de 2008, no reveló evidencia de pastoreo de ganado.

En sus conclusiones a discutir la próxima semana en San Petersburgo, Rusia, la UNESCO muestra preocupación por las otras dos represas planteadas en el río Changuinola (CHAN-140 y CHAN-220) y destaca que la ubicación de las presas fuera de la propiedad no implica automáticamente que no tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad de la propiedad, sabiendo que las cuencas hidrográficas aguas arriba de las represas hidroeléctricas se ubican dentro de la propiedad.

Critican fuertemente la falta de una invitación para una misión de monitoreo reactivo por parte del Estado Parte de Panamá no ha permitido recopilar la información necesaria para determinar el estado de conservación esta propiedad y que el Estado de Panamá tiene toda la intención de permitir la construción de la represa Bonyic sin un examen previo de los resultados de la evaluación ambiental estratégica, como se indica en el informe conjunto de los Estados Partes, y esto es motivo de grave preocupación.

La UICN recomienda al Comité la posible inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, de conformidad con el párrafo 180 (b) (ii) de las Directrices Prácticas.

El Centro del Patrimonio Mundial y la UICN recomienda además que el Comité pida a los Estados Partes de Costa Rica y Panamá, invitar, en forma conjunta, a una misión de monitoreo reactivo, a ejecutarse por la UICN, a la propiedad, para evaluar las amenazas que plantean la construcción en curso de represas en Panamá, las existentes y las represas propuestas, así como la minería en Costa Rica, el proyecto de la carretera proyectada para atravesar la propiedad de Boquete a Bocas del Toro, los efectos del ganado en la propiedad, y para hacer una recomendación sobre la posible inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial Patrimonio en Peligro.

Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Gobierno de Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Burica Press, 20 de noviembre de 2011. El gobierno de Panamá ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que desista de imponer medidas cautelares al Estado Panameño sobre el caso de los indígenas ngabes afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, ejecutado por la empresa AES Corporation con sus filiales locales AES Panama y AES Changuinola.

Según la nota del gobierno panameño, ellos ahora están desarrollando la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como un asunto de Estado y una política pública de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Según la cancillería panameña, en la actualidad el Gobierno Nacional está procurando la búsqueda de consenso y el rescate de la confianza de las poblaciones originarias a través de escenarios propicios para el diálogo.

En marzo de 2008, durante la administración de Martín Torrijos, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ante la OEA, la violación flagrante de los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en el valle medio del Río Changuinola. La denuncia se sustentó en que el Estado panameño, de facto, adjudicó estas tierras indígenas dentro de una concesión otorgada a AES Corporation para que desarrollaran el proyecto hidroeléctrico Chan 75. Los indígenas fueron desalojados poco a poco del área a la fuerza o con intimidaciones y con otras acciones contrarias al reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas, con tal de avanzar sin contratiempos en el proyecto hidroeléctrico en cuestión.

Ante tal situación en junio de 2009 y luego de un estudio exhaustivo del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares al Estado panameño. Tanto la administración de Martín Torrijos, como la de Ricardo Martinelli han ignorado dichas medidas e hicieron avanzar el proyecto y el desalojo completo y sin opciones a los indígenas residentes de la zona de construcción, operación e inundación del gran complejo hidroeléctrico denominado Chan 75.

La administración de Martinelli argumenta en su solicitud a la CIDH que al dictarse las medidas cautelares, no se cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 25.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana ni con el inciso 8 de este mismo artículo 25, que faculta a la Comisión para “requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares”, no sólo por una vez, sino cuantas veces lo requiera a fin de verificar específicamente, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e inmediatez de violaciones a derechos fundamentales y así evitar daños irreparables a las personas.

Las medidas cautelares solicitadas en el año 2009 fueron:

1-) Suspender las obras de relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola en la provincia de Bocas del Toro,
hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5,7,8,13,19,21,23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

Presa Chan 75 en el noroccidente de Panamá. En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas. Foto: ACD

Según las organizaciones peticionarias de la intervención de la CIDH en este caso de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas, el sólo hecho de haber tenido que recurrir a la CIDH demuestra hasta la fecha, que en realidad el Estado Panameño nunca le ha garantizado los derechos a las personas afectadas, tanto así que sigue negando que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos. Argumentan que la Corte Suprema de Panamá, todavía mantiene engavetado el caso, a pesar de tener varios años para dilucidar las demandas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha indicado que las medidas cautelares impuestas carecían de urgencia, pero ello no implica la negación de la validez del argumento de fondo planteado por los afectados y las organizaciones demandantes.

El gobierno panameño al no acatarlas, hizo avanzar de facto con la obra, a pesar de las numerosas irregularidades ambientales, sancionadas parcialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente, y de la violación a los derechos humanos que ha sido corroborado por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que han estudiado el problema, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas.

Panamá: De facto gobierno debilita normas de Estudios de Impacto Ambiental

Panamá: De facto, gobierno debilita normas de evaluación de Estudios de Impaco Ambiental (EIA)

Ciudad de Panamá, 10 de agosto de 2011. Veintinueve organizaciones ambientalistas se pronunciaron sobre la sorpresiva publicación en la Gaceta Oficial el pasado viernes a las 7:11 p.m. del Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, por el cual se modificó el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Las organizaciones advierten a la ciudadanía que este decreto es un esfuerzo más por debilitar la legislación ambiental del país, permitiendo el desarrollo apresurado y no planificado de múltiples actividades altamente impactantes a los recursos naturales, poniendo en peligro la salud y la calidad de vida de los panameños.

La publicación del nuevo decreto se da luego que estas organizaciones se mantuvieran durante meses a la espera de que la actual administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpliera el compromiso adquirido de revisar lo avanzado por la administración anterior para una adecuada modificación del reglamento, generando un nuevo borrador que se sometería a consulta pública de conformidad con la Ley de Transparencia.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo debe incluir ineludiblemente las consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, y la realización propia del EIA a cargo del promotor y su presentación a la autoridad reguladora. Estos EIA suponen un proceso de participación pública que garantiza transparencia y poder decisorio colectivo ante obras que pueden afectar el ambiente y sus respectivas medidas de compensación, manejo del impacto. Foto: Burica Press

Sin embargo, una vez más y tal como ocurrió con la expedición arbitraria del Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y la Ley 30 de 2010 (mejor conocida como Ley Chorizo), las autoridades disminuyen garantías básicas del derecho humano a un ambiente sano, haciendo inoperante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

El nuevo decreto debilita la participación ciudadana, dándole sólo 10 días a los ciudadanos para dar sus comentarios a Estudios de Impacto Ambiental que usualmente tienen más de 300 páginas, cuando aún con los 20 días que daba la regulación anterior no era suficiente para vencer los obstáculos al acceso a la información pública, conseguir los documentos, generar comentarios y remitirlos a la Dirección correspondiente dentro de la ANAM. A su vez, la modificación del artículo 46 pretende hacer facultativa la consulta pública, que hasta ahora era obligatoria para los estudios categoría II y III.

Aún más, la nueva regulación exige, a los 14 evaluadores técnicos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) -7 permanentes y 7 transitorios según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo-, culminar la fase de análisis de cada estudio en 20 días hábiles para aquellos de categoría II y 40 días hábiles para aquellos de categoría III. La regulación anterior ya había reducido arbitrariamente estos términos, de 45 y 65 días, a 35 y 55 días respectivamente.

Pero no son los evaluadores de ANAM los únicos afectados, ya que los responsables de las Unidades Ambientales Sectoriales de los distintos ministerios y entidades tendrán ahora sólo 8 días para estudios categoría II y 12 para estudios categoría III, cuando antes contaban con 15 y 20 días respectivamente para un examen concienzudo de la información brindada por el promotor del proyecto y la determinación de la información adicional que debía ser requerida. Según la página web de la ANAM, en los primeros tres meses del año en curso ingresaron al proceso de evaluación unos 226 estudios: 186 categoría I, 39 categoría II y 1 categoría III.

Ahora más que nunca, es de crucial importancia dotar de personal y recursos suficientes tanto a la ANAM como a las unidades ambientales sectoriales de las instituciones públicas para que puedan cubrir a cabalidad con sus funciones, en especial la evaluación de impacto ambiental.

1. Alianza Ambiental Pro Desarrollo Integral “Unidos Por Panamá” (AAPRODIUPA)
2.  Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
3.  Asociación Agroambientalista Macho de Monte
4.  Asociación Agroecoturística La Amistad
5.  Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
6.  Asociación Conservación de la Biosfera
7.  Asociación de Productores Agroecologistas de Candela
8.  Asociación de Productores Agroecologistas La Amistad (ADPAELA)
9.  Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
10.  Asociación de Productores de Renacimiento
11.  Asociación Ecológica de Productores Orgánicos de Rovira
12.  Centro Misionero de la Concepción
13.  Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
14.  Comité por la Defensa del Río Gariché y sus Afluentes
15.  Comité Pro Rescate del Río Escarrea
16.  Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
17.  Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA
18.  Grupo Expedición Natural Agro Turística
19.  Grupo Orgánico de Agricultores Cerro Punteños
20.  Reciclaje, Ambiente y Limpieza de Boquete (RAL Boquete)
21. Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
22. Alianza Pro Ciudad
23. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
24. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
25. Colectivo Voces Ecológicos (COVEC)
26. Fundación Almanaque Azul
27. Fundación Panamá Sostenible (PASOS)
28. Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)
29. Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

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Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

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El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Ciudad de Panamá, (dpa, 10.2.2011) – El cacique de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, instó hoy al alzamiento en contra del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó el Código de Recursos Minerales para estimular la explotación de yacimientos en Panamá.

Ubicación geográfica de la Comarca Gnäbe Bügle en la República de Panamá. Fuente: Wikipedia

“Vamos a la calle a defender nuestros derechos”, dijo el dirigente indígena en la Asamblea Nacional, quien añadió que está dispuesto a “poner el pecho” para que la Policía Nacional dispare ante la afrenta cometida de entregar los recursos naturales a potencias extranjeras.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 42 votos a favor y 15 en contra, las polémicas reformas al Código de Recursos Minerales, pese a los reclamos de la oposición para que el debate fuese suspendido por varios meses, con el objetivo de permitir una consulta popular y someter el tema a un referendo. El Código modificado en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten grandes yacimientos de oro y cobre en Panamá.

Sin embargo, la aprobación de las reformas generó este jueves un estallido de ira colectiva de indígenas, obreros, ecologistas, campesinos y diputados opositores, quienes acusaron al gobierno de Martinelli de ser un “régimen autoritario y antinacional”. El ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, desestimó las críticas y adujo que las reformas son “beneficiosas”, porque aumentarán las inversiones y la oferta de empleo en Panamá.

Previo a la votación parlamentaria, hubo movilizaciones en varias ciudades que provocaron el despliegue de contingentes de la Policía Nacional fuertemente armados. La Universidad de Panamá fue cerrada en forma indefinida, luego de disturbios, pero grupos estudiantiles indicaron que proseguirán lucha en las calles. Al respecto, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, insistió en la propuesta de la sociedad civil de que el gobierno reconsidere la política minera adoptada, ya que se ha convertido en un factor de conflicto y confrontación, y una amenaza al ecosistema tropical.

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Parlamento panameño aprueba reformas a ley de minería en medio de protestas

Panamá, (EFE-11.2.2011).- El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a la participación de otros estados y afectará el medio ambiente.

El proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en tercer y último debate por 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La aprobación se produjo en momentos que en los predios del Parlamento panameño un grupo de indígenas de la etnia Ngobe Buglé, con danzas autóctonas, pancartas y consignas exigían suspender la discusión del documento. Además, por tercer día consecutivo se produjeron protestas violentas en los alrededores de la Universidad de Panamá (estatal), lo que tuvo como consecuencia la suspensión de clases por orden del rector, Gustavo García de Paredes. Los aborígenes, vigilados por la Policía antidisturbios, señalaron que regresarán a sus comunidades, donde se encuentran los principales yacimientos no explotados, para analizar nuevas acciones de protesta para presionar para que el proyecto no sea sancionado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El viceministro de Comercio de Panamá, Ricardo Quijano, dijo a los periodistas que la propuesta no contempla la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí, ni de otras reservas minerales en la áreas indígenas de la Comarca Ngobe Buglé.

El diputado Irene Gallego, de la Comarca Ngobe Buglé y miembro del opositor Partido Popular (PP), dijo que la aprobación de este proyecto es “otra imposición más de este Gobierno” de Martinelli que, afirmó, “sólo piensa en sus intereses”. “Aquí se ha aprobado a tambor batiente un proyecto de ley en el que se le quiere dar el territorio panameño, y el territorio de la Comarca (Ngobe Buglé), a empresas extranjeras, a Gobiernos extranjeros” para que exploten la minería, añadió Gallego.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del gobernante Cambio Democrático (CD), defendió el proyecto señalando que esta iniciativa no contempla la explotación minera en Cerro Colorado, pese a que delegaciones de Corea del Sur y Singapur que han visitado Panamá meses atrás han expresado su interés en esos yacimientos.

La etnia Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Mientras, una comisión del Ejecutivo se trasladó hasta la Comarca Ngobe Buglé para explicar a ambientalistas e indígenas las bondades del proyecto.

Por su lado, el parlamentario Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de la oposición, afirmó que este proyecto tiene “implicaciones ambientales y ecológicas innegables” por permitir la minería a cielo abierto.

El Gobierno defiende la reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, aumenta la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y aumenta la conservación ambiental. En este sentido, el proyecto aprobado modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalía, que aumentarán del 2% al 5%. También establece normas sobre responsabilidad social empresarial para que las mineras desarrollen y ejecuten planes, programas y proyectos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y prevención y reparación de daños ambientales.

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Vea además:

Fotos de protestas de indígenas Gnäbe Bügle

 

 

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Panamá: Ambientalistas proponen ley para moratoria de minería metálica

Propuesta de Ley para moratoria de minería metálica en Panamá

Panamá, 25 de enero de 2011

Licenciada

Astrid Álvarez

Directora Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana

Asamblea Nacional

Respetada Directora:

Los abajo firmantes, haciendo uso de nuestros derechos humanos a la iniciativa ciudadana y a la participación política, acudimos ante usted a fin de que, por su conducto, sea sometido a la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley adjunto, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, el cual presentamos el día de hoy.

Aprovechamos la oportunidad para adjuntar, como respaldo a nuestra iniciativa, copia de los listados que contienen más de 19 mil 700 firmas de personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más”.

Agradecemos se le brinde el trámite correspondiente a este Anteproyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional que regula la presentación de las iniciativas ciudadanas.

Suscribimos esta iniciativa:

Félix Wing Solís

Miriam Pons

Francisco Gómez Nadal

Tania Arosemena Bodero

Rosabel Miró R.

Raisa Banfield

Alida Spadafora

Juan R. Sevillano

Arturo Dominici A.

Ana Z. Pérez McKenzie

ASAMBLEA NACIONAL

25 ENE. 11 / 1:10 P.M.

(Fdo.) Zulay Navarro

Dir. Part. Ciudadana

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

En marzo de 2010, la República de Panamá adquirió grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. Ante el aumento en los precios internacionales de los metales, como es el caso del oro y el cobre, entre otros, el Gobierno Nacional anunció la apertura del sector minero a la inversión extranjera directa, sin antes contar con las debidas salvaguardas ambientales y sociales.

La existencia de estas salvaguardas reviste particular importancia, toda vez que, en nuestro país, los yacimientos mineros metálicos se encuentran en su mayoría ubicados en cuatro categorías de zonas vulnerables: a) las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo; b) las comarcas indígenas; c) las áreas de gran biodiversidad; y d) las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento; cuyas poblaciones humanas presentan además elevados índices de pobreza. Como agravante, la falta de información clara, oportuna y acorde con las necesidades de los diferentes grupos humanos impide una adecuada participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

A pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 3 de la Constitución Política, según la cual “el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados”, el Gobierno Nacional ha invitado a los gobiernos de Corea del Sur y Singapur a invertir en minería metálica. En octubre de 2010, la Asamblea Nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, cuyo Acuerdo de Inversión tiene por objeto proteger a las empresas mineras de ese país.

Este Acuerdo de Inversión es preocupante si consideramos que las empresas mineras canadienses comenzaron a operar en abierta violación de nuestras leyes. El Proyecto de Oro Molejón, entonces propiedad de la empresa Minera Petaquilla, que a su vez era subsidiaria de Inmet Mining Corporation, inició ilegalmente su construcción en enero de 2005 sin un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), demandó fallidamente la anulación de nuestros reglamentos ambientales ante la Corte Suprema de Justicia, y obtuvo en agosto de 2010 los permisos de explotación comercial y exportación, sin cumplir con los requisitos exigidos por la resolución ambiental.

La actual propietaria del Proyecto de Oro Molejón, la empresa Petaquilla Gold, mantiene un récord ambiental cuestionable. Los monitoreos realizados por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) señalan altos niveles de sólidos suspendidos y elevada turbiedad en el agua que sobrepasan los límites establecidos por la legislación vigente y que poco a poco van alterando el ambiente de manera severa. Las inspecciones realizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en los meses de septiembre y octubre del 2010 arrojaron altos niveles de cianuro en una de las tinas de relave que alcanzó hasta 46 ppm, excediendo hasta más de 20 veces el límite de -2 ppm fijado en el EsIA aprobado por la ANAM.

A finales de 2010, la empresa Minera Panamá, actual subsidiaria de Inmet, presentó un EsIA con graves deficiencias técnicas, el cual debió ser evaluado por una empresa chilena contratada directamente por el Gobierno Nacional, después de admitir que la ANAM no cuenta con la capacidad técnica necesaria para evaluar los impactos ambientales de la minería metálica. Minera Panamá mantiene en la Corte Suprema de Justicia una demanda de amparo contra la resolución de la ANAM que crea el Área Protegida de Donoso.

Pese a estos graves antecedentes, el 13 de enero de 2011, el Ministro de Comercio e Industrias, autorizado por el Consejo de Gabinete, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 277, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, modifica el artículo 33 de la Ley 55 de 1973, modifica y adiciona artículos a la Ley 109 de 1973, sobre minerales no metálicos y se dictan otras disposiciones”, cuyo Primer Debate inicia hoy en la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos.

La presentación del Proyecto de Ley 277 ocurre pese a que diversas encuestas y sondeos de opinión indican que la mayoría de los panameños y panameñas estamos en contra de la minería metálica a cielo abierto, debido a los gravísimos impactos ambientales y sociales que genera dicha actividad y a las inmensas ganancias que obtienen las empresas mineras a costa del patrimonio de nuestros países.

Tampoco hubo oportunidad de que las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas, que residen en las áreas donde se pretende llevar a cabo este tipo de explotación, tuviesen la oportunidad de manifestar su consentimiento previo, libre e informado al contenido del Proyecto de Ley 277, antes de su presentación ante la Asamblea Nacional por parte del Órgano Ejecutivo, de conformidad con los estándares internacionales.

2.         NUESTRA PROPUESTA

2.1.     MORATORIA DE LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO

Para hacer frente a la situación antes descrita, la moratoria prevista en el artículo 1 del Anteproyecto busca salvaguardar de esta amenaza a todo el territorio nacional, y particularmente a las cuatro categorías de zonas vulnerables identificadas al inicio de esta Exposición de Motivos. Describiremos a continuación los principales impactos de la minería metálica siguiendo la Guía para Evaluar EsIA de Proyectos Mineros, publicada por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW):

a) Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo

El impacto más significativo generado por la minería metálica a cielo abierto es la afectación en la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos para el uso y consumo humano. El drenaje ácido y la lixiviación es la amenaza más grave a la calidad de agua, pues tiene el potencial de causar impactos a largo plazo, dejando ríos contaminados con valores similares a los de una batería ácida. Es poco probable que las plantas, animales y peces puedan sobrevivir en ríos con tales condiciones. Aun en pequeñas cantidades los metales pueden ser tóxicos para los humanos y la vida silvestre.  Arrastrados por las aguas los metales pueden viajar largas distancias, contaminando los riachuelos y el agua subterránea lejos del punto de origen.

La erosión de los suelos puede degradar la calidad del agua superficial. El impacto sinérgico derivado de las fuertes tormentas tropicales y los suelos expuestos sin cobertura vegetal, permite que grandes cantidades de sedimentos (cargados con contaminantes químicos) sean arrastrados a los cuerpos de agua. El exceso de sedimentos en el agua, produce efectos tóxicos agudos y crónicos en la vida acuática.

Los impactos en la calidad del agua por los relaves, las rocas de desecho y las pilas de lixiviación pueden ser graves. Estos impactos incluyen la contaminación del agua subterránea que está debajo de estas instalaciones y en las aguas superficiales que reciben sus descargas. Las sustancias tóxicas pueden lixiviarse de estas instalaciones, filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas subterráneas, especialmente si el fondo de estas instalaciones no ha sido adecuadamente protegido con una membrana impermeabilizante.

b) Las Comarcas Indígenas

Los impactos sociales de la minería metálica a cielo abierto son controversiales y complejos. Si las comunidades sienten que son tratadas injustamente o que no son compensadas adecuadamente, los proyectos mineros pueden resultar en tensión social y conflictos violentos. El desplazamiento y la reubicación de comunidades es particularmente devastador para los pueblos indígenas con fuerte arraigo cultural y espiritual a sus tierras.

Los impactos ambientales causados por la minería, tales como la contaminación de los suelos, el aire y el agua, afectan la subsistencia y el sostenimiento de las comunidades locales. Las actividades mineras deben asegurar que los derechos fundamentales individuales y colectivos sean respetados, entre ellos el derecho al control y uso de la tierra, al agua limpia, a un ambiente y modo de vida seguros, así como también el derecho a no sufrir intimidaciones y violencia, y a recibir compensaciones justas en caso de pérdidas.

c) Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), las Áreas Clave de Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés), y las Áreas Importantes para Aves (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras

La explotación de minerales metálicos en áreas de alta biodiversidad afecta a miles de hectáreas de bosques primarios, cuencas hidrográficas clave y zonas costeras ricas en biodiversidad, y por ende a la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones.

La preservación de dichas áreas constituye la base para la supervivencia de especies endémicas de fauna y flora silvestres, ya que se trata de ecosistemas de alta fragilidad.

La alta precipitación que se produce en la mayoría de estas áreas crea grandes riesgos para el medio ambiente en extracciones mineras a cielo abierto, ya que el manejo de las aguas se hace incontrolable, lo cual conlleva a una gran erosión y sedimentación. El drenaje ácido presenta una gravísima amenaza para la salud por la contaminación del agua y los suelos, y porque persiste por décadas.

d) Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento

En las áreas protegidas, la vida silvestre se ve afectada por la minería principalmente debido a la remoción de vegetación y capa superficial del suelo, provocando el inevitable desplazamiento de la fauna. Los efectos más directos en la vida silvestre son la destrucción del hábitat en áreas excavadas y en los depósitos de desechos mineros. Muchos animales con menor capacidad de movilizarse tales como invertebrados, reptiles y vertebrados pequeños son los más severamente afectados.

Cuando las áreas protegidas y los corredores biológicos sufren la fragmentación, es decir, cuando grandes áreas se dividen en trozos más pequeños, esto resulta en grandes impedimentos o hasta en la imposibilidad de que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus rutas migratorias. El aislamiento causar una reducción en el número de especies, o efectos genéticos tales como la endogamia. Las especies que necesitan mayores extensiones de bosque pueden desaparecer.

2.2.     MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Como medida complementaria a la moratoria, estas cuatro categorías de zonas vulnerables son también incorporadas, por el artículo 4 del Anteproyecto, al listado de áreas de reserva minera previsto por el artículo 29 del Código de Recursos Minerales vigente.

En tal sentido, resulta evidente que tanto la referida moratoria como la inclusión de dichas zonas vulnerables en el listado de áreas de reserva minera no tendrán efectos retroactivos. De allí que sea necesario a su vez complementar ambas medidas con el artículo 2 del Anteproyecto, de modo tal que las empresas beneficiarias de permisos o concesiones ya existentes no puedan hacer uso de sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente en la extracción de metales.

Finalmente, el artículo 4 del Anteproyecto ordena al Ministerio de Comercio e Industrias proceder a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

3.         ANÁLISIS DE VIABILIDAD JURÍDICA

Esta iniciativa refuerza el deber fundamental del Estado de “garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana” (artículo 118 de la Constitución).

Además, en vista que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a través del método de explotación minera metálica a cielo abierto, es uno de los más destructivos desde el punto de vista ambiental, en especial cuando ocurre en el interior de bosques tropicales, con este Anteproyecto se busca evitar que se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales (artículo 121 de la Constitución) y a la vez asegurar que las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo respondan al interés público y al bienestar social (artículo 259 de la Constitución) de las presentes y futuras generaciones.

Del mismo modo, mediante la aprobación de esta iniciativa, el Estado panameño cumple con su obligación de garantizar “a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social” (artículo 127 de la Constitución).

Finalmente, al avalar este Anteproyecto, la Asamblea Nacional actuaría en modo consecuente con las recomendaciones de la Resolución 4.090, emitida durante el IV período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza  (Barcelona, 2008) por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), a la cual pertenece la República de Panamá, en la cual se “PIDE a los gobiernos de la región mesoamericana que cancelen las actuales exploraciones y explotaciones mineras a cielo abierto con probadas repercusiones negativas sobre el medio ambiente, y tomen las medidas preventivas necesarias para que en el futuro otorgamiento de permisos no se incluyan los relativos a la explotación minera a cielo abierto, y que se realicen y apliquen de forma rigurosa las evaluaciones ambientales estratégicas y otros instrumentos ambientales pertinentes, en particular en el Corredor Biológico Mesoamericano.”

4.         CONCLUSIÓN

Este Anteproyecto es una reiteración de la Carta Abierta suscrita el 17 de noviembre de 2007, mediante la cual nueve organizaciones ambientalistas solicitaron al entonces Presidente de la República que declarase una moratoria de la actividad minera en Panamá (http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-panama/moratoria-actividad-minera-panama).

También constituye este Anteproyecto una reiteración de la Prioridad No. 3 de la Agenda Ambiental 2009, suscrita por 10 organizaciones, que dice así: “Decretar una moratoria a la minería de metales a cielo abierto hasta tanto se determinen los impactos y beneficios de dicha actividad en el marco de un desarrollo sostenible para el país, a través de una evaluación ambiental estratégica.” (http://www.agendaambiental09.org/)

Por último, mediante la presentación de esta iniciativa, los abajo firmantes honramos el compromiso adquirido con más de 19 mil 700 personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más.” Para mayor constancia, se adjunta copia de los listados que contienen las firmas de estos adherentes.

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Adiciónese el artículo 23-A al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-A. Se declara una moratoria en el otorgamiento de concesiones o permisos para la realización de actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, incluyendo las siguientes categorías de zonas vulnerables:

a)    Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

b)    Las Comarcas Indígenas;

c)    Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Claves de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

d)    Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, entendidas estas últimas como aquellas zonas delimitadas, adyacentes y/o circundantes ubicadas fuera de los límites de las áreas protegidas que, directa o indirectamente, sirven como defensa para proteger a dichas áreas de los impactos negativos causados por las actividades antropogénicas.

Durante esta moratoria, ningún permiso o concesión de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula.

Artículo 2. Adiciónese el artículo 23-B al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-B. Los permisos o concesiones mineras que hayan sido otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 23-A de este Código deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional y los convenios internacionales, y no podrán hacer uso de técnicas de extracción de metales tales como lixiviación con cianuro, amalgamado con mercurio u otros medios de separación o beneficio que requieran el uso sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente.

Artículo 3. Adiciónese el artículo 23-C al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-C. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y con apego al debido proceso, procederá a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

Artículo 4. Adiciónese los literales d, e, f y g al Artículo 29 del Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 29. Las Áreas de Reserva que este Código establece son las siguientes:

…

d)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

e)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las Comarcas Indígenas;

f)Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Clave de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

g)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Iniciativa presentada a la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por los ciudadanos Félix Wing Solís, Miriam Pons, Francisco Gómez Nadal, Tania Arosemena Bodero, Rosabel Miró R., Raisa Banfield, Alida Spadafora, Juan R. Sevillano, Arturo Dominici A. y Ana Z. Pérez MacKenzie.

Panamá: Declaración de la sociedad civil organizada contra las reformas a ley minera

Burica Press, 1 feb. 2011. Las organizaciones ambientales panameñas han lanzado un comunicado ante la inminente aprobación de una nueva ley minera en Panamá, que tal y como está redactada y ante la débil institucionalidad, ellos preven graves problemas sociales y ambientales ligados a esta actividad.

En la actualidad la Autoridad Nacional del Ambiente se ha declarado como una institución sin los profesionales adecuados,ni siquiera para evaluar los estudios de impacto ambiental que las empresas mineras han realizado en áreas de bosques con rica biodiversidad.

En el comunicado denuncian la falta de democracia y deliberación adecuada para discutir leyes que repercutirán en los recursos naturales y los ecosistemas del país.

Lea el comunicado a continuación:

Declaración contra la Minería en Panamá

Por este medio y ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley Nº 277, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, después de una semana de consultas ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados deseamos expresar:

1. Nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto Proyecto de Ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá. La falta de consulta previa a la presentación del proyecto, elaborado en secreto y a puertas cerradas, hace que las “Jornadas de Consulta” actuales ante la Comisión sean extemporáneas e improductivas, ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas, así como tampoco fueron nunca públicos ni los borradores, ni los textos científicos (si los hay), o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al respecto, después de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados. Todo ha ocurrido sin contemplarse ni de la manera más casual la participación y opinión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la misma Asamblea Nacional, trastocando el Reglamento Interno de este Órgano del Estado.
2. En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. Es desconcertante, y ante todo anti-democrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el Ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las “consultas” sobre el Proyecto.
3. El contenido del proyecto -a pesar de ser mercadeado como una norma “para el ambiente” o para “darle herramientas a la ANAM”- está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI. Además de ello, ordena a la ANAM realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. En adición condiciona las acciones preventivas de suspensión, propias de los procesos de investigación, al no otorgar el efecto suspensivo a los recursos legales que presenten las empresas mineras, facilitando a que éstas sigan contaminando.
4. El proyecto también deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras.
5. El proyecto permite aspectos hoy prohibidos por la Ley, como que el Estado cree empresas privadas con capital estatal, contrario a lo que ordena la Constitución, o que es peor, que Estados extranjeros alimenten de capital a empresas privadas, en ambos casos, irrespetando la separación que en estos casos debe existir entre “lo privado” y “lo público”, creando distorsiones entre los agentes económicos y aventajando a estos nuevos empresarios injusta y desmesuradamente sobre otros actores de la sociedad civil, el propio Estado panameño y las mismas empresas panameñas que se verán enfrentadas al fomento de la competencia desleal en este sector.
6. Es más preocupante el Proyecto de Ley cuando se da en un contexto en el que los procesos de evaluación ambiental se han dejado a la incertidumbre, ya que ni siquiera se ha reglamentado lo aprobado durante el diálogo de la Ley 30 sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental, a pesar de los esfuerzos del movimiento ambiental para trabajar en esta reglamentación.
7. Asimismo una debilitada ANAM no se ha pronunciado al respecto de esta Proyecto de Ley 277, y que, sumado a décadas de incumplimientos, desastres ambientales, promesas incumplidas y denuncias ciudadanas sobre la manera en que los proyectos relacionados con la minería metálica y no metálica se han llevado en el país, acrecientan el nivel de preocupación de la ciudadanía panameña frente al tema.

Solicitamos, con el respeto que nos caracteriza, se suspendan las discusiones de este proyecto de Ley, hasta que se puedan establecer mesas de trabajo que analicen los temas en un diálogo de calidad elevada, que sea transparente, técnico y científico, mientras se discute el proyecto de Ley de Moratoria a la actividad minera que debe entrar en efecto mientras se da la mencionada discusión a nivel nacional, consultando de abajo hacia arriba, como es la característica de países democráticos a nivel mundial.

Dado en Panamá, el día 31 de enero de 2011, y suscrito por las siguientes organizaciones:

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Fundación Avifauna
Panamá Sostenible (PASOS),
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)
Almanaque Azul
Audubon Panamá
Fundación Albatros Media
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa)
Federación de Comunidades de Áreas Revertidas
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla)
Comisión de Derechos Humanos de la Comarca Ngobe Buglé

ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Asociación Ecologista Panameña
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Asociación Conciencia Ciudadana
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
Asociación Verde de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar
Centro de Trabajo sobre Seguridad Social
Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP)
Central Nacional de Trabajadores de Panamá CNTP
Consumo Ético.
Colectivo Voces Ecológicas.
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Human Rights Everywhere
Federación de Asociaciones de Profesionales  de Panamá
Foro Mujer y Desarrollo
Espacio Encuentro de Mujeres
Madres Maestras
Manos & Cerebros
Servicio Paz y Justicia- Panamá
Movimiento Democrático Popular
Unidad de Lucha Integral del Pueblo.
Sindicato de Periodistas de Panamá.
Voces Libres de Panamá

ORGANIZACIONES CHIRICANAS

Amigos del Parque Internacional La Amistad (Amipila)
Fundación para el Desarrollo Integral , Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
Asociación de Productores Agroecologìstas La Amistad (Adpaela)
Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
Asociación Agroecologista Macho de Monte
Asociación Ambientalista de Chiriquí
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB)
Grupo Ecologista para la Conservación del Parque Internacional La Amistad (Gerpropila)
Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira (Asepor)
Centro Misionero de la Concepción para la Defensa del Ecosistema (Cemcode)
Asociación Agroecoturística la Amistad (Asaela)
Grupo Expedición Natural Agroecoturística (Genat)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (Apce)
Comité por la Defensa del Río Gariché y sus afluente

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LEA ADEMÁS

Reformas sugeridas al Codigo Minero de Panama 2011 (Versión pdf original)

Historia detrás de los intentos minería en territorios indígenas de Panamá

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)

Jorge Sarsaneda

CONAPI / 250111

Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras[1]. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones[2].

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre.  Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros[3] que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals.  Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será!  El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas”[4].

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas[5] apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.

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[1] Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

[2] Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:

Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua , Panamá.

Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.

Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.

Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

[3] Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.

Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.

Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV , 1997” , Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.

Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

[4] Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.

[5] Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.

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Noticias sobre minería en Panamá

Martinelli sí explotara mina de cobre de Cerro Colorado

Sociedad civil: Gobierno no atiende recomendaciones sobre minería

Spadafora: Gobierno no tiene interés en escuchar recomendaciones

Redacción: Epasa.

La directora Ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Alida Spadafora, dijo que en las primeras horas de discusión sobre las Reformas al Código Minero se percibió el poco interés de parte del gobierno para escuchar recomendaciones.

“El ministro aplaude aquellos que defienden la reforma al proyecto minero y no a los que estamos tratando concienciar y discutir sobre el tema”, manifestó.

Para la Directora Ejecutiva de ANCON todo indica que no van a permitir un diálogo de igualdad. ”En tiempos pasados se permitió el trabajo en comisiones y en esta ocasión no ha sido así”, añadió.

Sostuvo que hay errores en la propuesta para reformar el Código Minero, específicamente a las funciones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

Agregó que los ambientalistas presentaron una propuesta para frenar la reforma, sin embargo no ha sido tomada en cuenta.

Más de 30 organizaciones discuten las reformas al Código Minero entre ellos ambientalistas y campesinos.

Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

PNUD y ANAM

Panamá (La Prensa) – Los constantes cambios de uso de suelo, la contaminación en todas sus formas y el crecimiento urbano desordenado, son las presiones ambientales más relevantes que sufre Panamá, según los indicadores ambientales, sociales y económicos dados a conocer ayer por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Los datos revelan que en el período analizado -de 1990 a 2000-, la calidad de los suelos del país ha desmejorado 5.8%. Además, hay 41.9% menos bosques y montes, mientras que los suelos utilizados para cultivos temporales y permanentes han bajado 9.7% y 5.1%, respectivamente.

La cobertura boscosa ha disminuido de 49% en 1992 a 45% en 2000, lo que es calificado como “grave” por expertos, ya que aproximadamente el 75% de la superficie total de los suelos del país tiene vocación forestal.

El informe de la Anam y del Pnuma advierte que la pérdida de la productividad y el deterioro de los suelos hace más costosa la producción agropecuaria, encareciendo con ello la canasta básica de alimentos.

Con estos indicadores, que se publicarán de manera bianual, Panamá se convirtió en la séptima nación en América Latina en recopilarlos, señaló Mara Murillo Correa, directora regional adjunta de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pnuma.

Salud ambiental preocupante

En el informe Indicadores de seguimiento Panamá 2010, de la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, dado a conocer ayer, se destaca que los suelos del país han sufrido cambios importantes que han afectado la cobertura boscosa y contribuido a la degradación de la calidad de la tierra.

El informe, preparado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), indica que en el país se ha dado un proceso de “potrerización”, toda vez que la cantidad de tierras usada por la ganadería aumentó 178% en los últimos cinco años.

En el período comprendido entre 1990 y 2000, por su parte, las tierras con bosques o montes, y los cultivos temporales y permanentes registraron una disminución de su superficie de 41.9%, 9.7% y 5.1%, respectivamente.

Esto se presenta con marcada presencia en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá.

Javier Arias Iriarte, administrador general de la Anam, informó que para contrarrestar esta realidad se planean inversiones en proyectos ambientales con fondos internacionales que suman entre 50 millones y 200 millones de dólares.

Dichas inversiones, agregó, servirán para impulsar la fase inicial del proyecto de Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque (Redd, por su sigla en inglés).

El informe también destaca que el país presenta “problemas serios” de erosión y deterioro de la calidad de los suelos y del agua, debido al paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que sufren “casi todas las cuencas hidrográficas”.

Al hacer un diagnóstico de las tierras secas y degradadas del país, el documento señala que hay cuatro áreas críticas ubicadas en el Arco Seco -Chame, Capira y Coronado en la provincia de Panamá, así como las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos-, la sabana veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y la comarca Ngäbe-Buglé. Juntas comprenden una superficie aproximada de 2 millones 78 mil 757.60 hectáreas, o sea, un 28% de la superficie total del país.

Bajo escrutinio

El informe evidencia un dato positivo: desde 1960 a marzo de 2009 se dio un “incremento considerable” en la superficie protegida, de aproximadamente 3 millones 578 mil 479 hectáreas, según dijo Neyra Herrera, coordinadora técnica del informe, presentado ayer. Sin embargo, la protección legal no se ha traducido necesariamente en una protección efectiva.

En tanto, Mara Murillo, directora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe del Pnuma, explicó que el documento “contiene una base probada y validada, que da cuenta de la situación y tendencia de los principales componentes ambientales del país e interrelacionados con distintos campos socioeconómicos”.

La funcionaria internacional agregó que esta información técnica puede ser utilizada y comparada entre los diferentes países que han hecho estudios similares, tales como México o Costa Rica.

La batalla para salvar el planeta no es solamente contra el dióxico de carbono (CO2).

En el afán de reducir el calentamiento global, los científicos tienen también en la mira los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), dos gases refrigerantes que se utilizan en los equipos de acondicionador de aire y de refrigeración.

Desde 1987, cuando se firmó el Protocolo de Montreal, se acordó que a partir de 1989 -año en el que entró en vigencia el acuerdo- se iría reduciendo el uso de las sustancias que deterioran la capa de ozono.

En 2009, en Panamá se eliminó el uso de los CFC -un año antes de la fecha límite- y ahora el país se prepara para eliminar los HCFC.

Contra capa de ozono

Con esta meta como objetivo, el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Miguel Quintero, estuvo en Panamá la semana pasada conversando con autoridades y empresas comercializadoras de los HCFC.

Quintero explicó, por ejemplo, que si en 2009 Panamá usó 900 toneladas de este gas y en 2010 el consumo fue de mil 200, para 2013 no puede estar consumiendo más de mil.

En el Protocolo se estableció que para 2015 la reducción del consumo debería ser del 10%, para pasar a un 35% en 2020 y a un 62.5% en 2025. Para el año 2030, el uso de los HCFC debe haberse eliminado.

Esta reducción conlleva, por supuesto, la disminución gradual de la fabricación de equipos que usan estos gases. “Para el año 2030 no debe haber países que consuman estos gases ni países que los fabriquen”, recalcó el experto.

En Panamá, la principal misión de Quintero es efectuar el inventario de consumo de los HCFC, para que luego el país establezca una estrategia para disminuir su consumo.

“Verificaremos los datos de Aduanas sobre el ingreso de productos que usan estos gases, y los cotejaremos con la información que manejan las empresas”, explicó.

Fuente: La Prensa  19/09/2010

Mineras, tras la conquista de Panamá

polémica por desarrollo de industria

Minería tocaría el 44% del territorio nacional

MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com

El desarrollo de la industria minera ha abierto varios frentes de alerta. Campesinos, ambientalistas y grupos indígenas advierten sobre el peligro de contaminación que representaría el gran desarrollo minero que se avecina y la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.

Hay 181 solicitudes de empresas con ansias de explorar y explotar minerales. Ello significa que aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy.

El Gobierno impulsa reformas al código minero para potenciar este sector de la economía y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

Para la Cámara Minera de Panamá, el desarrollo de la industria traerá beneficios. Calculan que con la extracción de oro y cobre de apenas 10 proyectos se generarían, entre impuestos y gastos locales, $84 millones. Pero fundaciones como Albatros cree que la ganancia más importante es preservar las aguas y bosques, algo difícil de lograr de la mano con la minería.

‘Lobby’ ambiental solo ve el lado malo, dice Martinelli

El presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Lima, Perú, que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país. Así lo reportó la agencia de noticias EFE. “Hay un gran lobby ambiental en el mundo que solo ve lo malo y no lo bueno. En Perú hay muchas cosas buenas en minería y se ha demostrado que con una minería responsable se puede construir un gran país”, dijo.

EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS

Mineras, tras la conquista de Panamá

Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.

Ver mapa:

Mapa de Minería en Panamá. Fuente: La Prensa 27 ago. 2010

LA PRENSA/ David Mesa

Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.

El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.

Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.

La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.

Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.

Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.

Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.

En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.

Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.

Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.

Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.

‘Dorados ingresos’

La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.

Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.

Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.

No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.

Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.

Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.

“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.

No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.

Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).

“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.

“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.

Reservas ambientales

Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.

Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.

El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.

En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.

El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.

Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.

Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.

Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.

Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.

En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.

Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.

Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.

Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.

Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.

Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.

En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.

Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.

En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.

Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.

Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa

Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.

El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.

Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.

“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.

Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.

Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.

Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.

“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.

Ahora hay intentos de reabrir la mina.

Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.

“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.

El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.

víctor Eliseo Rodríguez

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Chile y Perú, economías crecientes y mineras

Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.

Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.

El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.

La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.

Mary Triny Zea

Parque La Amistad sí está en peligro, dice la Unesco

Unesco alerta que el PILA peligra por hidroeléctricas

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en ríos que forman parte del Parque Internacional La Amistad (PILA) y de una carretera para conectar Boquete con Bocas del Toro, preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por las afectaciones que causará en el área protegida. El PILA corre el riesgo de entrar en una lista negra.

LEA EL INFORME COMPLETO: Talamanca Range 2010 state of conservation report (En inglés)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Parque La Amistad está en peligro, dice la Unesco

El último informe de la Unesco cuestiona la decisión del Gobierno de construir hidroeléctricas en ríos que corren por el Parque Nacional La Amistad (PILA).

INFRAESTRUCTURA. La construcción de represas sobre ríos afecta la vida acuática. Científicos y ambientalistas han manifestado su preocupación por el tema. LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) fue clara en su último informe sobre el estado del Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado Patrimonio de la Humanidad.

Es “posible”, dijo la organización, que el PILA sea inscrito en la lista de patrimonio en peligro, porque la construcción de hidroeléctricas sobre ríos y la propuesta del Gobierno de hacer una carretera que conecte Boquete con Bocas del Toro (Punta Robalo) podrían comprometer su biodiversidad.

El informe señala que será “extremadamente” difícil, sino imposible, mitigar adecuadamente los efectos de la pérdida de hábitat por las construcciones de hidroeléctricas sobre ríos que corren por el área protegida.

El organismo internacional recomienda al Gobierno panameño detener todas las obras para salvaguardar la integridad del área e insta a realizar, en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, una evaluación ambiental estratégica para examinar los impactos.

Las intenciones de construir una carretera entre Boquete y Volcán -a través de la ruta sur (Cuesta de Piedra), también resultan nefastas para la Unesco, según se lee en el informe.

La obra, que forma parte del plan estratégico quinquenal del Gobierno, degradaría el valor universal excepcional del PILA, señala el documento.

La Unesco cuestionó además el informe que enviaron las autoridades panameñas el pasado mes de febrero. De acuerdo con el organismo, el documento enviado parece haber sido traducido en una computadora y sin una revisión posterior. “El informe es muy difícil de entender”, señala el documento del organismo internacional.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez, el informe de la Unesco sienta un precedente positivo porque le exige a los Gobiernos hacer una evaluación ambiental de los efectos que ocasionarán las hidroeléctricas.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), encargada de velar por las áreas protegidas, dijo a través de su oficina de Relaciones Públicas que las hidroeléctricas se construyen fuera del área protegida. Comentaron, además, que se hacen los planes de mitigación para salvaguardar los recursos naturales.

El informe de la Unesco fue presentado en la reunión recientemente celebrada en Brasilia, Brasil, del 25 de julio al 3 de agosto.

Inquietud por base aeronaval

La instalación de una base aeronaval en el Parque Nacional Coiba sería un retroceso en la conservación del área protegida, declarada Patrimonio de la Humanidad. Así lo expresó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en una carta enviada a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), el pasado 9 de abril. En la misiva, el organismo manifiesta su preocupación por esta iniciativa que impulsa el Ministerio de Seguridad.

“Es importante recordar que la isla de Coiba se encuentra aún en fase de recuperación a consecuencia de la existencia de un establecimiento penitenciario”, señala la carta. La Unesco menciona varios factores negativos, entre ellos el aumento de población en la zona. La oficina de Relaciones Públicas del ministerio informó que no se afectará el parque porque no habrá nuevas construcciones.

Ambientalistas denuncian violación de la Constitución y de los DDHH

De la crisis ambiental a la crisis democrática

Las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, agrupados en la RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA quieren hacer saber al país:

• La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho
• Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país
• Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
• Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, al debido proceso legal, etcétera) de los panameños y panameñas
• Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y vulneradores de las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza que va a quedar impune.
• Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo
• Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
• Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de racismo institucional
• Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información
• Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá
• Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana

Red de Ambientalistas por la Democracia