Historia detrás de los intentos minería en territorios indígenas de Panamá

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)

Jorge Sarsaneda

CONAPI / 250111

Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras[1]. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones[2].

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre.  Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros[3] que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals.  Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será!  El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas[4].

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas[5] apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.


[1] Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

[2] Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:

Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua , Panamá.

Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.

Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.

Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

[3] Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.

Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.

Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV , 1997” , Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.

Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

[4] Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.

[5] Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.

LEA ADEMÁS

Noticias sobre minería en Panamá

Martinelli sí explotara mina de cobre de Cerro Colorado

Sociedad civil: Gobierno no atiende recomendaciones sobre minería

Spadafora: Gobierno no tiene interés en escuchar recomendaciones

Redacción: Epasa.

La directora Ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Alida Spadafora, dijo que en las primeras horas de discusión sobre las Reformas al Código Minero se percibió el poco interés de parte del gobierno para escuchar recomendaciones.

“El ministro aplaude aquellos que defienden la reforma al proyecto minero y no a los que estamos tratando concienciar y discutir sobre el tema”, manifestó.

Para la Directora Ejecutiva de ANCON todo indica que no van a permitir un diálogo de igualdad. ”En tiempos pasados se permitió el trabajo en comisiones y en esta ocasión no ha sido así”, añadió.

Sostuvo que hay errores en la propuesta para reformar el Código Minero, específicamente a las funciones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

Agregó que los ambientalistas presentaron una propuesta para frenar la reforma, sin embargo no ha sido tomada en cuenta.

Más de 30 organizaciones discuten las reformas al Código Minero entre ellos ambientalistas y campesinos.

Mineras, tras la conquista de Panamá

polémica por desarrollo de industria

Minería tocaría el 44% del territorio nacional

MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com

El desarrollo de la industria minera ha abierto varios frentes de alerta. Campesinos, ambientalistas y grupos indígenas advierten sobre el peligro de contaminación que representaría el gran desarrollo minero que se avecina y la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.

Hay 181 solicitudes de empresas con ansias de explorar y explotar minerales. Ello significa que aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy.

El Gobierno impulsa reformas al código minero para potenciar este sector de la economía y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

Para la Cámara Minera de Panamá, el desarrollo de la industria traerá beneficios. Calculan que con la extracción de oro y cobre de apenas 10 proyectos se generarían, entre impuestos y gastos locales, $84 millones. Pero fundaciones como Albatros cree que la ganancia más importante es preservar las aguas y bosques, algo difícil de lograr de la mano con la minería.

‘Lobby’ ambiental solo ve el lado malo, dice Martinelli

El presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Lima, Perú, que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país. Así lo reportó la agencia de noticias EFE. “Hay un gran lobby ambiental en el mundo que solo ve lo malo y no lo bueno. En Perú hay muchas cosas buenas en minería y se ha demostrado que con una minería responsable se puede construir un gran país”, dijo.

EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS

Mineras, tras la conquista de Panamá

Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.

Ver mapa:

Mapa de Minería en Panamá. Fuente: La Prensa 27 ago. 2010

LA PRENSA/ David Mesa
Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.

El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.

Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.

La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.

Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.

Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.

Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.

En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.

Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.

Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.

Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.

‘Dorados ingresos’

La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.

Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.

Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.

No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.

Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.

Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.

“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.

No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.

Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).

“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.

“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.

Reservas ambientales

Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.

Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.

El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.

En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.

El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.

Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.

Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.

Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.

Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.

En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.

Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.

Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.

Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.

Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.

Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.

En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.

Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.

En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.

Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.

Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa

Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.

El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.

Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.

“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.

Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.

Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.

Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.

“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.

Ahora hay intentos de reabrir la mina.

Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.

“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.

El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.

víctor Eliseo Rodríguez


Chile y Perú, economías crecientes y mineras

Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.

Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.

El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.

La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.

Mary Triny Zea

Ngöbe Buglé en pie de guerra contra la minería

Indígenas.

Ngöbe Buglé en pie de guerra contra la minería

Están aislados y sin comodidades, sus pobladores dicen que sólo se acuerdan de ellos cuando necesitan sus votos. Sin nada que perder defenderán hasta lo último su único y más preciado bien: sus tierras.

Grace Kelly Chi

PA-DIGITAL

El recurso. En el área de Cerro Colorado se estima que existen 25 mil millones de libras de cobre, pero, según expertos, lo más importante es verificar si es factible la extracción del material. Autoridades locales indígenas creen que el cobre está a más de un kilómetro bajo el nivel del mar en relación con la montaña, casi en sus entrañas.

Parece una burla divina. En el sector donde la pobreza se vive y la falta de apoyo gubernamental se hace presente, la comarca Ngäbe Buglé almacena un promedio de $33 mil millones en cobre. Hay tanto recurso que basta para que cada habitante de la región indígena, que se estiman en 136 mil, no tengan más contrariedades.

Sin embargo, las cosas no son fáciles. El indígena ngäbe buglé, según grupos de pobladores contactados por Panamá América en una gira a Cerro Colorado sector que alberga el millonario yacimiento de cobre del lugar, no tiene fe en la buena voluntad y gestión del Gobierno, como administrador de los recursos que puedan extraerse de sus tierras.

El riesgo para la población contaron diversos caciques con mando dentro de la zona, al igual que líderes políticos de esta comunidad como Crescencia Prado, diputada ngäbe buglé, es demasiado, pues los ngäbe sólo tienen su tierra, no creen en promesas y han visto cómo las empresas ligadas al proyecto en su fase de exploración llegaron, hicieron su trabajo y ningún cambio positivo se vio en el sitio, ni siquiera en los ranchos en los alrededores del olvidado campamento minero de exploración de Cerro Colorado.

“Nuestra población se opone, porque los recursos o las ganancias del cobre pasarán directamente a las arcas centrales del Gobierno, entonces no tenemos ninguna garantía de que nuestro pueblo verá beneficios de estas extracciones”, destacó Prado, política que fue tachada como “pobre india”, por otro diputado oficialista dentro del Palacio Legislativo por mantener la voz de protesta de su pueblo contra la minería.

Vía San Félix, Chiriquí y a la entrada de la montañosa comarca Ngäbe Buglé, Prado en compañía de varios líderes indígenas del área como Alberto Montezuma, presidente del Congreso General de esta población, sostienen que desde la década del 80, cuando inició la expectativa de la exploración de Cerro Colorado sus pueblos se han opuesto a la minería en el lugar.

Pasado los años, en 1998, la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa estatal formada en 1975 para regular la explotación Cerro Colorado, le dio por medio de su representante legal Richard Fifer (hombre ligado al desarrollo minero de Petaquilla Minerals, S.A. en Coclé y Colón) la potestad a Panacobre, S.A. para la exploración del área.

Panacobre, S.A. empresa canadiense bajo la responsabilidad de Jean Charles Potvin inició labores y dejó en la mente de los pobladores ngäbe un mal precedente.

“Ellos vinieron hicieron los trabajos. De noche se veían salir helicópteros, que no sabíamos los pobladores qué llevaban y así mismo se fueron, quedaron en reforestar toda la ladera de Cerro Colorado y ni eso cumplieron”, explica Prado señalando la montaña, donde se aprecia que sólo un sector del lugar fue reforestado.

En los alrededores de Cerro Colorado y luego de más de cuatro horas en un camino de piedra que no permite a los pobladores sacar sus productos agrícolas, se avistan una serie de ranchos de penca y paja, junto al campamento minero.

“¿Qué riqueza va a dar esta mina a nuestra gente, si los que viven allí alrededor, ni ellos quedaron bien cuando vino la empresa anterior?”, se preguntó con enojo Marita Sandoya, una de las indígenas del poblado cercano al área minera, Hato Chamín.

Con estos antecedentes, decenas de ngäbes dieron sus testimonios del porqué se oponen a la minería en Cerro Colorado desde líderes de la iglesia hasta presidentes de grupos de padres de familia. Ellos con voz propia y con la vocería de sus representantes ante la sociedad civil coincidían en sus peticiones, que iniciaban en un llamado a que fuera el pueblo ngäbe buglé que decidiera bajo su Congreso General y con la votación de sus comunidades sí la mina en Cerro Colorado va o no va.

“Estamos aburridos de esto, vienen los ambientalistas y el Gobierno y nos dice qué queremos hacer con estas tierras, no estoy a favor o en contra queremos información”, replicó una joven indígena que sigilosamente se acercó para dar su opinión.

Félix Rodríguez, uno de los caciques de la región, explicó que “fui elegido para que se haga respetar la voz del pueblo y ellos quieren decidir su destino, el Gobierno de afuera no tiene que interferir en esto, como en realidad lo están haciendo, excluyéndonos”.

Los indígenas se sienten parte en el tema minero, pues más en serio que en broma conversan en grupo que “pronto vendrá la hora de envenenar las flechas”, un concepto que parece ancestral y que liga al espíritu de conservación de la tierra a estas etnias, que da muestra desde jóvenes a ancianos dispuestos a no aceptar a ninguna empresa que pudiese contaminar los ríos, el aire o la tierra del lugar.

Estas voces que pasan por estudiantes como Carlos Montezuma, líder estudiantil del Instituto Profesional y Técnico de Chichichica, poblado aledaño, pasa a otros como Rogelio Montezuma, líder de Hato Chamín, se unieron a cientos de ngäbe buglé que acompañados por campesinos caminaron 19 días desde la comarca Ngäbe Buglé hasta la ciudad capital, y llegaron el 6 de octubre del 2009 a la Asamblea Legislativa, donde presentaron un proyecto de ley que fijaba entre otras, una moratoria de 25 años a las intenciones mineras que pudiesen darse en Cerro Colorado.

Este proyecto de ley que costó el recorrido a pie de 370 kilómetros a los indígenas y sus aliados no ha rendido frutos ante la Asamblea Legislativa.

“Me dijeron en la Comisión de Ambiente, su presidenta la honorable Dalia Bernal, que todos los proyectos debían tener un visto bueno del Presidente del Órgano Legislativo, si no no avanzaban y ha quedado ahí estancado”, expresó Prado, diputada que presentó la iniciativa.

De esta manera, es como los cientos de Ngäbes van acumulando antecedentes de falta de confiabilidad en la participación popular en los gobiernos.

Entre caciques y autoridades del Congreso General han planificado presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales pro derechos indígenas para hacer que se respete la voluntad de los ngäbe buglé, que afirman que necesitan tiempo para informarse y estar seguros de cualquier desarrollo del sitio.

“Yo no entiendo por qué el Gobierno piensa que esto es lo único que puede ser bueno para nosotros, queremos hacer nuestra agricultura y sacar nuestros productos, ellos lo que quieren es sacarnos a nosotros”, narró Michael Reyes, presidente de una asociación de padres de familia del sector.

Las intenciones de Reyes no son simples sueños, ya que en el sitio se siembra y se comercializa café gourmet de exportación y guandú que luego es enlatado para su comercialización en supermercados de la ciudad.

Entre los líderes locales polulan ideas que ansían el fomento de mercados municipales dentro de la comarca, y que en sus verdes parajes se instalen cabañas para los turistas, y así promover el ecoturismo.

“Nosotros tenemos nuestros cultivos, sólo queremos educación y que la gente tenga la posibilidad de tener profesiones, no queremos que nos destruyan con contaminación”, replicó John Javilla, indígena presidente de uno de los puestos de salud del lugar.

Javilla al igual a los otros lugareños mencionados y otros más entrevistados están seguros de que el establecimiento de una mina a cielo abierto en pleno corazón de la comarca Ngäbe Buglé será una réplica de un escenario contaminado como el que se ha dado en países sudamericanos.

Ante esto, están dispuestos a luchar por el no establecimiento de la minería en Cerro Colorado, un sitio que, según proyecciones de la Cámara Minera de Panamá, representa cerca del 60% de los impuestos que le generarían al Estado un promedio de 10 proyectos mineros metálicos que se quieran instalar en el país, tributando 967 millones anuales durante 25 años.

No obstante, y pese a que los números pintan atractivos (véase tabla de indicadores económicos de Cerro Colorado) los indígenas están seguros de que este beneficio no será para sus comunidades, pero sí implican la movilización de decenas de sus familias y lo que es más importante, según ellos,el riesgo de que grandes ríos como el Tabasará y el Cricamola se contaminen.

“Aún estando alejados de Cerro Colorado, las quebradas llevarán los químicos igual como pasó con el río San Félix en años anteriores”, expresó Chito Gallardo, líder indígena de la iglesia del sector.

Para Gallardo, los beneficios de la minería que les dejó la experiencia de la exploración de Panacobre, S.A. en el lugar fueron empleos temporales de jornaleros y no quedó más nada para la comunidad.

Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/calle50-interna.php?story_id=918824&edition_id=20100511#ixzz0nej8kGUu

Ecosistemas marino-costeros de Louisiana amenazados seriamente por el petróleo derramado en el Golfo de México

Llega petróleo derramado a costas de Louisiana

Fuente: AP

Líneas delgadas de petróleo llegan a la costa del estado de Louisiana; la mancha avanza hacia un ecosistema delicado de aves, vida marina y a una de las zonas más ricas en mariscos comestibles en EU.

LOUISIANA, Estados Unidos, abr. 29, 2010.- Lenguas desvaídas de una mancha de petróleo llegaron el jueves por la noche a la boca del río Mississippi como la vanguardia de un derrame gigantesco en el Golfo de México.

La mancha avanzaba hacia un ecosistema delicado de aves, vida marina y algunas de las zonas más ricas en mariscos comestibles de Estados Unidos.

Al atardecer del jueves, el crudo llegaba a la costa en líneas largas y delgadas.

Con un mar revuelto, las vallas flotantes colocadas para proteger las playas de arena y pastizales de la costa eran rebasadas por las olas aceitosas de 1,5 metro (5 pies) de altura.

A la distancia, las luces de la flota de embarcaciones que intenta mantener al crudo lejos de la costa se recortaban contra el horizonte mientras la luz del sol desaparecía.

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Pescadores de Louisiana demandan a compañías por derrame de petróleo

Washington, 29 abr (EFE).- Colectivos de pescadores de Luisiana, de donde procede una de las principales fuentes de marisco del país, presentaron una demanda colectiva contra la petrolera BP y Transocean por el daño causado por el vertido de crudo.En la demanda, presentada ayer en una corte federal de Nueva Orleans, el gremio de pescadores busca una compensación de al menos cinco millones de dólares por considerar que la explosión y hundimiento de la plataforma petrolífera del pasado día 20 provocará un grave perjuicio a la actividad pesquera.

El derrame crece a un ritmo de 5.000 barriles diarios, cinco veces más rápido que lo calculado inicialmente, según las autoridades. Además, BP reveló la pasada noche que había detectado un segundo escape de petróleo en el pozo, a 1.500 metros de profundidad.

En la demanda colectiva, a la que se podrán acoger todos aquellos cuyo sustento dependa de la pesca en la zona afectada, los demandantes hacen referencia al grave desastre ecológico creado por el vertido, que, según las autoridades, podría llegar a las costas mañana.

“Con la gigantesca área contaminada por el petróleo que crece día a día, los demandantes ven con horror cómo este desastre ecológico se acerca inexorablemente hacia la costa y pone en peligro las mayores reservas de humedales del país y también los delicados hábitats para los peces, ostras, cangrejos, camarones, pájaros y otras especies de la vida salvaje”, dice el texto, firmado por el abogado de los pescadores, Jonathan B. Andry.

La demanda afirma también que “esta calamidad ecológica puede convertirse en el peor vertido de crudo de la historia del Golfo de México, lo que provocaría miles de millones de dólares en pérdidas”.

En los papeles presentados en el juzgado se argumenta que el sector pesquero de Luisiana mueve al año 2.600 millones de dólares y provee el 25 por ciento del pescado del país, sin tener en cuenta a los estados de Alaska y Hawai.

Reformas al código minero de Panamá pretende ignorar la dimensión ambiental

Se ignora protección a ecosistemas

Reformas mineras excluyen al ambiente

Los cambios en el código minero no contemplarán aspectos ambientales, como se había prometido hace unos meses.

Estragos. Así ha quedado el lugar de acopio de los minerales tratados con cianuro en Veraguas, del proyecto minero Santa Rosa que culminó en 1999. LA PRENSA/Eric Batista

Mary Triny Zea
mzea@prensa.com

Luego de pasar ocho meses en un proceso de revisión, las reformas al Código Minero estarán listas este mes.

El anuncio de la fase final del proyecto, “una solicitud muy especial por parte del presidente Martinelli”, lo hizo el viceministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, pero con un cambio radical: no se incluirán consideraciones ambientales.

Sus declaraciones contradicen lo que dijo hace poco más de tres meses a este medio la directora nacional de Recursos Minerales, Zahadia Barrera, quien declaró “que se incluirían aspectos ambientales y de seguridad” en las reformas.

El giro intranquiliza a los gremios ambientalistas, pues el Código que data de 1963 no tiene consideraciones para mitigar los daños al ecosistema, a pesar de que la minería es una de las industrias más contaminantes.

“El aspecto ambiental no nos toca a nosotros sino a la Autoridad Nacional del Ambiente ­Anam­ ”, comentó Quijano.

A su juicio, los estudios de impacto ambiental que se solicitan en la Anam son suficientemente profundos y sirven como herramienta de mitigación.

Pero el Colegio de Biólogos de Panamá critica que estos son “un mero requisito que se aprueba sin mayores parámetros”.

Los cambios al Código Minero en esencia se basan en el incremento de las multas, impuestos de extracción, cánones y fianzas de cumplimiento. La multa por extracción ilegal podría pasar de 10 mil a un millón de dólares.

Mario Pineda, geólogo y profesor de la Universidad de Panamá , considera que es vital garantizar el reparto equitativo del producto extraído, además de incluir controles al momento de concluir una explotación, lo que por ahora no existe.

“Solo se está pensando en los beneficios, pero no cuando ‘cierren las minas’, la parte más peligrosa y de desastre ecológico”, argumentó Pineda.

Explicó que a diferencia de los proyectos mineros en países donde hay suelos áridos, en Panamá se desarrollarán en bosques tropicales con abundancia de lluvia. Esta agua se mezcla con los residuos minerales que quedan en las perforaciones y se produce agua ácida que luego contamina los ríos.

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Y la Ley General del Ambiente, como siempre ignorada.  El Estado debe realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de este tipo de políticas, pero parece que la pisotearán otra vez. Cabe demandas de ilegalidad antes que concreten un exabrupto igual o peor que  el ya se tiene.

Burica Press

Almirante en grave riesgo por trasiego de cemento para hidroeléctrica Chan 75

TRASIEGO DE TONELADAS DE CEMENTO HACE PELIGRAR SALUD DE 16 MIL HABITANTES DEL PUERTO

Almirante, riesgo sanitario

El técnico en salud ocupacional Vidal Frutos asegura que, de seguir estos escapes, provocarán silicosis en la población.

BOMBEO. La barcaza bombea cemento y otros aditivos a los silos de AES Changuinola en el puerto de Almirante, sin las debidas precauciones. La población está preocupada por el silencio de Anam y del Minsa. ESPECIAL PARA LA PRENSA/P. Rodríguez

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
ALMIRANTE, BOCAS DEL TORO

nacionales@prensa.com

Moradores del corregimiento de Almirante, distrito de Changuinola, están preocupados y hacen un llamado de auxilio al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ante el riesgo inminente en que está su salud por el trasiego de cemento y ceniza volátil.

El problema surgió hace varios meses cuando las firmas Changuinola Civil Works (CCW) y AES Changuinola anclaron una barcaza en el puerto de Almirante para recibir toneladas de cemento y ceniza volátil, transportadas por barcos desde Tampa.

Estos materiales en polvo son bombeados a tierra firme y almacenados en silos para luego proveerlos a camiones que los transportarán a las obras del proyecto hidroeléctrico Chan 75.

Ricardo Qwiman, dirigente comunitario, denunció que la preocupación aumentó luego de que el pasado 5 de febrero ocurrió un escape del aditivo de cemento de los silos ubicados en el muelle de Almirante, propiedad de la Bocas Fruit Company.

Ese día, recuerda, todas las casas alrededor del muelle se llenaron de un fino polvo blanco que llenó de angustia a todos los residentes.

Según Qwiman, el aditivo de cemento es bombeado y su trasiego contamina la atmósfera, como también la salud de los residentes, ya que se han presentado problemas respiratorios y alergias en la piel.

Ello arroja afectaciones pulmonares que pueden empeorar en los próximos meses. “Lo peor del caso es que nuestras autoridades, tanto en el ámbito nacional como provincial, no están dando atención al problema”, dijo.

Admitió que el proyecto está generando plazas de trabajo, pero expone la salud de 16 mil habitantes, puesto que estas instalaciones deben ser reubicadas en otro punto.

ESCAPE PELIGROSO

Para Vidal Frutos Martínez, técnico en salud ocupacional, la población de Almirante sí está en riesgo, porque pueden suscitarse casos de silicosis o contaminación por polvo de silicio, que inflama los pulmones y dificulta la respiración.

Los residentes se preguntan por qué la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Almirante no ha dado un informe al respecto.

Otra que guarda silencio es la Anam, cuyos funcionarios visitaron el área, pero no han comentado nada, mucho menos la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, que no dice nada sobre el derrame que hubo en la bahía, lo que provocó la muerte de especies marinas.

NO HAY QUE TEMER

Tras el escape del material, la firma AES Changuinola, S.A. aseguró que este fue contenido y mitigado de inmediato, y dijo que le exigió a su contratista CCW realizar una investigación inmediata y la implementación de medidas de seguridad para evitar un nuevo derrame, lo que calificó como un “hecho aislado”.

Además, AES Changuinola asegura que el aditivo de cemento no representa peligro para la salud ni para el medio ambiente, y está calificado como no peligroso por la Organización Mundial de la Salud.

18 Plaguicidas altamente tóxicos son de curso legal en Panamá

Autoridades agropecuarias analizan la propuesta

Sin fecha para eliminar uso de agroquímicos

En Panamá se invierten anualmente 30 millones de dólares en la importación de plaguicidas, unos 6.2 millones de gramos.

PELIGRO. Tan solo en Cerro Punta se utilizan ocho de los 12 plaguicidas incluidos en el acuerdo internacional. Entre ellos están terbufos, metamidofos, carbofurán, paraquat, etoprofos, clorpirifos, endosulfan y metomil. LA PRENSA/David Mesa

 

AET ELISA TEJERA c.
atejera@prensa.com

Dieciocho plaguicidas altamente tóxicos, cuya importación y uso en el país se debió prohibir desde hace seis meses, aún son de curso legal en vista de que el resuelto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) no ha sido firmado.

En una carta fechada el 3 de abril de este año, el Grupo Técnico de Trabajo sobre Plaguicidas –conformado por funcionarios del Mida y el Ministerio de Salud–, le notificó a las partes involucradas (comerciantes, productores y miembros de la sociedad) que la medida sería sometida a consulta y que el periodo vencía el lunes 27 de abril. De lo contrario, se tomaría como aprobado el contenido del resuelto.

Esto no se cumplió. Raúl Carranza, presidente de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, capítulo de Panamá (RAPAL), precisó que no entiende el porqué de tanta demora para sacar del mercado estas sustancias altamente tóxicas y que representan un peligro para la salud y el ambiente.

Ariel Espino, director de Sanidad Vegetal del Mida, alegó que se amplió la fecha de consulta porque las partes involucradas aún no han dado sus comentarios, y confirmó que todavía no se tiene una fecha para la firma de este resuelto. “La aprobación de este documento no es tan fácil. Si bien se aprobó en una comisión, esto debe ir a consulta a través de instancias internacionales”.

Entre los plaguicidas que se busca prohibir están el lindano, paraquat, malathion y furadán, de amplio uso en la producción agrícola del país, sobre todo en las tierras altas de Chiriquí, de donde procede más del 60% de las verduras y hortalizas que se consumen en Panamá.

Tan solo en el corregimiento de Cerro Punta la venta de agroquímicos está tasada en un millón de dólares anuales, según un estudio realizado por Carranza, quien también dirige el Centro de Estudios de Recursos Bióticos de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá.

El estudio indica que en Cerro Punta se utilizan ocho de los 12 plaguicidas incluidos en un acuerdo internacional que les atribuye la mayor cantidad de muertes por intoxicaciones agudas.

“En Cerro Punta la población se baña diariamente con plaguicidas, exponiéndose a riesgos de vaticinios reservados”, aseguró. Carranza se refiere a que al momento de utilizar el agroquímico la población se expone a grandes dosis de estas sustancias peligrosas.

El experto agregó que el uso de estos plaguicidas puede causar depresión, náuseas, vómitos, pérdida de la orientación, cáncer e incluso la muerte.

La situación es crítica. De un promedio de mil productores en la provincia de Chiriquí, específicamente en Cerro Punta, solo un 5% trabaja la agricultura orgánica. Esta práctica, aunque es más saludable y amigable con el ambiente, resulta poco atractiva para los productores porque requiere de una mayor inversión y mano de obra. Además, los cultivos son más lentos en producir.

El país invierte 30 millones de dólares en la importación de plaguicidas al año. Estadísticas del Mida revelan que por año el país importa 6.2 millones de gramos de plaguicidas, de los cuales 161 mil 795 gramos corresponden a carbofurán.

Aunque se llegue a firmar el resuelto del Mida, aún quedan por fuera agroquímicos que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como extremadamente peligrosos, los cuales no se usan en otros países. Es el caso del carbofurán, tamaron y vidate, insecticidas que son de uso en el sector agrícola de Panamá.

 

Cerro Punta el paraíso de los agroquímicos

El paraíso de los agrotóxicos

Los residuos de agroquímicos dejan los campos para sentarse en su mesa

PANAMÁ. El abuso de los químicos altamente tóxicos en los campos de cultivos de Cerro Punta, de donde sale el 60% del consumo de los panameños, preocupa a los expertos.

Aquí no solamente se riegan sustancias prohibidas, sino que los trabajadores se bañan diariamente con sustancias sin medidas de seguridad.

El riesgo crece cuando se revisa la lista de lo que se vende, 8 de los 12 plaguicidas prohibidos en acuerdo centroamericano.

CERRO PUNTA

El abuso de los plaguicidas

CARLOS ATENCIO
unidaddeinvestigación
Los campos de cultivos donde sale el 60% del consumo panameño están saturados de agrotóxicos. Los residuos llegan hasta su mesa

CHIRIQUÍ. Laura La Ferla llegó de Italia sin saber que nunca se iría de aquí. Cuando llegó a las zonas altas de Chiriquí se enamoró del clima frío y de los cultivos. Para 1980 se instaló en Cerro Punta, como parte de esa oleada de nuevos vecinos que llegaban al campo.

Sin embargo, enseguida se preocupó por la manera descontrolada en la que utilizaban los agroquímicos. Con ayuda técnica supo que los alimentos que consumía tenían residuos de veneno y se decidió a cambiar la forma de producción, a orgánica, en su propia finca. Su campo era una parcela en medio de tierra que era envenenada día tras día. El cáncer que sufrió es una respuesta oscura: las cosas no se cambian tan simplemente.

En Panamá el 60% de la producción de hortalizas que se comercializa sale de tierras altas, la mayoría de Cerro Punta, un corregimiento al norte de la provincia de Chiriquí, con unos 7 mil habitantes, y donde se registra un alto consumo de plaguicidas. Las ventas anuales superan el millón de dólares.

Estos plaguicidas representan un peligro para la salud; pueden provocar síntomas de envenenamiento a corto plazo, enfermedades que no se manifiestan de manera inmediata, daños crónicos e incluso causar la muerte.

Sólo en este corregimiento hay unos 800 productores, de los cuales unos 80 practican la producción orgánica, el resto se mantiene con los métodos tradicionales de producción. En los valles y laderas es agradable ver los sembradíos de flores, fresas, lechugas, zanahorias, repollos, papas, brócolis, entre otros cultivos que durante los cuatro meses que tardan en el proceso son rociados por herbicidas, insecticidas, nematicidas y fungicidas.

¿Quiénes están expuestos a los plaguicidas? Además de los trabajadores y los productores que mantienen el contacto directo con estas sustancias, en sus casas los familiares y las personas que viven próximas a las zonas agrícolas, que reciben las aspersiones de las descargas aéreas. Pero estas no son las únicas afectadas por el abuso de estos químicos, también los consumidores que ingieren los productos. Estos residuos no se detectan con el olfato.

El profesor Raúl Carranza hizo un estudio para medir el uso de los plaguicidas en las áreas productivas de Cerro Punta. Una de las conclusiones a las que llegó el docente es que en esa región la gente se baña diariamente con plaguicidas y se exponen a riesgos de vaticinio reservado.

En Cerro Punta se utilizaban 8 de los 12 plaguicidas incluidos en el Acuerdo de la Reunión del Sector Salud de Centroamericana y de República Dominicana (Resscad) considerados causantes de la mayor mortalidad por intoxicaciones agudas y para los cuales se ha acordado la restricción. Estas sustancias son: Terbufos, Metamidoros, Carbofuran, Paraquat, Etoprofos, Clorpiritos, Endosulfan, Metomil, advierte el documento en que participaron estudiantes de Biología y de Enfermería.

El caso de los agrotóxicos en Cerro Punta toma grandes medidas cuando los hogares, las escuelas, las entidades de gobierno, las organizaciones, son lugares rodeados de cultivos, los patios de las casas están sembrados lo que hace imposible cumplir con las normas de aplicación de plaguicidas, como el período de ingreso a las tierras luego de una aplicación de agrotóxicos.

Los lugareños quedan expuestos permanentemente a las sustancias.

En un recorrido por algunas parcelas de cultivos, es observable que los obreros no toman medidas de protección cuando aplican estas sustancias tóxicas. La indumentaria es apenas unos recortes de plásticos para no humedecer la ropa y unos trapos para cubrir la boca y la nariz.

DEPRESIVOS

Entre los daños a los que se exponen estas personas están: el Furudan causa depresión en humanos y es tóxico en aves y peces. El Vidate L es altamente tóxico para los humanos. El Tamaron es depresivo en humanos y tóxico para mamíferos, aves y abejas. Counter es depresivo en humanos y tóxico para mamíferos, aves, peces y reptiles. Lannate es depresivo para los humanos y tóxico para aves y abejas.

Miguel Altieri es un profesor de Agronomía chileno afincado en la Universidad de California. Para él una forma de disminuir la contaminación por agrotóxicos es sencillamente cambiando la forma tradicional de producir por el modelo orgánico.

El uso y abuso de los plaguicidas también crea cultivos adictos a estas sustancias. Por otro lado, existen unos 500 tipos de insectos resistentes a los plaguicidas, lo que hace que se saturen las zonas de cultivo sin que se controlen los daños.

Para el docente, las multinacionales, tienen sus manos metidas dentro de las investigaciones. En la Universidad de California, donde labora, la British Petroleum destinó 500 millones de dólares para investigación. “Son las empresas interesadas las que ponen el dinero para el proceso investigativo”.

El uso de los químicos no es tan efectivo como se vende. El investigador chileno aclara que las plagas permanecen en los campos de cultivo porque hay abundacia de alimentos, y no tienen los enemigos naturales que tienen, los plaguicidas los han matado; a su vez, el pesticida crea una plaga secundaria, entonces para esa nueva plaga hay que volver a rociar los campos con agrotóxicos.

Altieri señala que el mal uso que se le da a los plaguicidas trae como ejemplo el caso de las plantaciones de algodón en Nicaragua, que en los años 70 colapsaron porque los plaguicidas no controlaban las plagas y se saturó la tierra de químicos. También afirma lo que dijo su colega de la Universidad de Panamá, sobre el producto de estas plantaciones, sea hortalizas, bananos, piñas y demás nunca quedan libres, “a todo lo que se aplica químicos queda contaminado”.

El investigador culpa a la ciencia, por los problemas que sufren los trabajadores de las plantaciones, que se exponen a los agrotóxicos. La ciencia no es objetiva y se financia con dineros que salen de las empresas. “En el mundo se usa 50% de los niveles no permitidos de plaguicidas, lo que causa mutaciones, abortos, diabetes, enfermedades crónicas”.

Contrario a los argumentos negativos, reclama Altieri, que la producción orgánica no es rentable, en el mundo suman 35 millones de hectáreas produciendo en este modelo de producción limpia, que no causa daños a la ecología como lo hacen las otras formas de producción masiva que tampoco ha terminado con el hambre en el planeta.

A la batalla por los agroquímicos se suma la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina capítulo de Panamá (RAP-AL), que el 3 de abril de 2009 recibió un documento de la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con la lista de los agroquímicos a prohibir y restringir.

El profesor Raúl Carranza, luego de analizar la lista con las sustancias, encontró que productos como el Clordano, que aparece como prohibido desde el 1987 en Panamá, regresa en la lista como un químico prohibido.

Otro de los cuestionamientos del profesor era que la lista aparecía el Etoprofos, un producto restringido desde 1987, que se importa desde EEUU con la advertencia de for only export. Si el producto está prohibido en el país de origen y siendo Panamá signatario del convenio de Rotterdam, que nos protege de importar plaguicidas prohibidos en el país exportador, ¿cómo es posible que las autoridades permitan la entrada de ese producto? Fue la pregunta que le envió Carranza en una misiva a Jorge Luis Requena, director encargado de Sanidad Vegetal.

PELIGROS A LA VISTA

Un estudio del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) de 1997, advertía del uso descontrolado de plaguicidas: “está provocando muertes por causas difíciles de definir”. Este estudio contribuyó para que el MIDA decidiera a través del Resuelto No. 074-ADM, la prohibición, registro, importación, fabricación, formulación, comercialización y utilización en la agricultura nacional de 61 clases de plaguicidas altamente tóxicos. Otro estudio de rastros de residuos de plaguicidas en alimentos es el de Rodríguez, J.A. y Lamoth, L. (1994) en el que se examinaron 229 muestras de cultivos de Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá. Los resultados indicaron que el 22% de las muestras contenían residuos.

CARLOS ATENCIO.

DATOS DE PRODUCCIÓN

1 MILLÓN

De dólares representa la venta de agrotóxicos en Cerro Punta, entre los cuales se encuentran 8 de los 12 plaguicidas incluidos en el Acuerdo de la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y de República Dominicana (Resscad). De los 800 productores que utilizan químicos unos 80 han cambiando al orgánico.

Vallas del mal gusto y la contaminación

CONTAMINACIÓN VISUAL

‘Valla’ a la peste

Pedro Altamiranda
opinion@prensa.com

La peste de las vallas. Mal endémico panamensis. Por donde vayas: “Vallas”. O como dice el polvoriento bolero: “doquiera que tu vayas…” “Vallas”.

Panamá es la gran Salsipuedes del anuncio que brinca en un pie. A ambos lados de la calle o avenida te reciben estas cruces visuales al mejor estilo del final de Espartaco.

Sacas la cabeza y te estrellas con una seductora guial que te ofrece una fragancia, o con una cerveza con su medallón apantallador, o con celulares de todo tipo que casi quintuplican, seguros, aviones, bancos y más bancos… en fin una verdadera currumbamba de productos que incluso pueden ilustrar tus noches de pesadilla publicitaria.

Cada 100 metros (medida de atletismo vehicular) ¡chas! te recibe un muppie o si lo prefieres, esa lápida publicitaria de “doble cara” que hace de la ciudad un gran cementerio Amador, ah y luego te quiña el ojo una valla horizontal y más adelante una doble horizontal, y una vertical, como quien dice para variar el paisaje, y una unipolar o ¿bipolar? Y otra de dos caras y más allá otra como mona encaramada en lo alto de un esperpéntico edificio obra de nuestros “arquichuecos” o bien recostada sobre una de sus paredes laterales y como colofón otras sobre un paso elevado, que no paso porque de paso nadie utiliza.

Y de repente se cuela una pantalla de televisión gigantesca y otra, sin contar con la gran telaraña (la de el ladrón de Bagdag es niña de pecho) de cables y yucas con que nos regalan las flamantes compañías de electrificación y telefonía. Pero, qué veo, mansa creatividad, tres ciclistas arrastrando cada uno su flamante valla y camiones–vallas o vallatrocs.

¡Machín! ¡Qué quieres que te diga, pana…! Indigestión visual, que sólo se cura cuando el Gobierno (léase Alcaldía) le apriete las tuercas a los valleros y los haga recoger su chatarra disfrazada. Pero eso, espéralo sentado.

Así, podemos afirmar con contundencia que Panamá pare más vallas que un cui, que ya es decir, ¡ahhh! … y todas, toditas con sus correspondientes permisos de colocación criminal, autenticados, refrendados, autorizados y aupados, pero es que claro, te has olvidado que vivimos en un país donde al panameño, su habitante, le encanta el plátano, y más si es funcionario público. Sí, sí, una tajadita por aquí, otra tajada por acá o tajadón y … venga la valla.

No vaya–mos muy lejos y allí está la antigua Zona del Canal. Y para muestra un botón. Tenía dos cosas maravillosas, cableado subterráneo y cero publicidad contaminante. Ah, era hermoso pasearse y disfrutar de sus predios tanto como admirar el sitio de una dama donde la espalda se le convierte en media luna. Pero vino la “vallanitis” o “vallamanía” que es meterte una valla donde ya otra no cabía para bien de la Alcaldía.

En la famosa película de don Siegel La invasión de los usurpadores de cuerpos, unas semillas venidas de otro mundo suplantan a los humanos que se duermen, deshumanizándolos. Igual ocurrirá dentro de poco aquí, cuando a falta de espacio para incrustar otro de estos godzillas urbanos hagan surgir los hombres–vallas (como en los años 10), verdaderos emparedados humanos ambulantes.

Lo peor es que la noche tampoco nos da el reparador descanso a nuestras golpeadas retinas. Allí te apaña, como retortijón, el vallón.

La encementada cinta costera, desde donde el mar no se ve ni con lente de aumento todavía goza de una virginidad monasteril, pero no tardará en perderla. Cogemos apuestas.

Lo peor es que al alcalde Valla–rino se le resbala, como que tiene el gusto debajo del talón de Aquiles y al Municipio y su bonche de ineptos por igual, por lo que seguirán fluyendo los permisos. Pero qué más da si Bern acabó con la mejor vista de la pequeña pero hermosa bahía (ya no la podemos ni Ver–n), Colamarco con el Paseo Balboa, y los cuatro jinetes del Apocalípsis (B.B.S.M.) con la zonificación de la ciudad. Esto de las vallas, viéndolo bien, es chicha de piña.

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Las más asqueroas vallas dentro de todas las vallas asquerosas están las que atiborran a la Provincia de Colón.

Burica Press

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LOS CONTRATOS OCULTOS DE COLAMARCO Y ARROCHA

La ciudad capital sitiada por vallas

08-27-2009 | JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa

De un día para otro llenaron la vía hacia el Puento Centenario de vallas.  Para colmo esta área es parte del Parque Nacional Camino de Cruces.
De un día para otro llenaron la vía hacia el Puento Centenario de vallas. Para colmo esta área es parte del Parque Nacional Camino de Cruces. Foto: La Estrella de Panamá

La maniobra se dio con la política en plena efervescencia

Nacional PANAMÁ. La proliferación de vallas publicitarias en puentes peatonales, y algunas áreas de la vía del puente Centenario tiene su génesis en dos decretos emitidos por la Alcaldía de Panamá, con cuatro años de diferencia y numerosas implicaciones a su alrededor.

En el año 2005, se promulgó el Decreto 1018, que declaró “áreas libres de publicidad exterior” las zonas contiguas a las vías del acceso Este del puente Centenario. El tramo señalado comprende desde el entronque con la vía que conduce al relleno sanitario de Cerro Patacón al puente Centenario, y viceversa.

La disposición, firmada por el alcalde Juan Carlos Navarro, y la secretaria general de la Alcaldía, Norberta Tejada Cano, prohibía la instalación de estructuras publicitarias “en cualquiera de sus formas” en las áreas y tramos antes mencionados.

Este decreto, además, desarrollaba lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 72, de 26 de junio de 2000 —adoptado siendo Navarro alcalde— en cuanto a regulación sobre instalación de estructuras publicitarias en el distrito de Panamá.

El pasado 28 de abril cambiaron abruptamente las reglas de este juego.

Por estar enfrascado en la campaña electoral, como compañero de fórmula presidencial de Balbina Herrera Araúz en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro pidió una licencia de su cargo, encargando al vicealcalde, Iván Arrocha Chevalier de la comuna capitalina.. y fue allí donde comenzó el verdadero cambio.

MODIFICACIÓN OCULTA

Cinco días antes de las elecciones presidenciales, Arrocha puso su firma en el Decreto 316, por el cual se derogó “en todas sus partes” la norma que Navarro había puesto en vigencia cuatro años antes.

No conforme con esto, Arrocha “agregó” algunas disposiciones, como parte del desarrollo del acuerdo de 26 de junio de 2000, admitiendo la instalación de este tipo de publicidad en servidumbres públicas, autopistas y corredores.

El alcalde encargado justificó además la derogatoria del Decreto 1018 en la necesidad de incorporar “más áreas para la explotación de la actividad de publicidad exterior”.

Añadió otras dos razones a su decisión; la primera, “descongestionar visualmente algunos sectores afectados” en la ciudad capital. La segunda, “incrementar los ingresos en concepto de impuestos”.

Otro detalle. El decreto de Arrocha sólo permite la instalación de estructuras publicitarias “tipo unipolar” (un gran anuncio sostenido por un poste que le proporciona soporte y altura) “a una distancia no menor de 500 metros entre una y otra estructura.

Un recorrido por el acceso Este del puente Centenario contradice claramente lo que expresa la disposición municipal.

Un último aspecto. Los dos decretos tienen un denominador común. La firma de Norberta Tejada Cano, secretaria general de la Alcaldía de Panamá hasta hace un par de meses. La ex funcionaria no respondió las llamadas que se le hicieron para hablar sobre el asunto.

REACCIONES

Luego de la denuncia publicada ayer por La Estrella , las reacciones ante la situación se multiplicaron.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició una serie de procesos legales contra las empresas que han incumplido con las leyes sobre instalación de vallas en áreas de servidumbre vial.

Por otro lado, la Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Legal y Justicia está examinando el marco legal pertinente al Decreto 316. para determinar sus implicaciones.

No fue posible contactar al ex alcalde Iván Arrocha, pese a numerosos llamados que se le hicieron, e incluso, a personas que lo conocen.

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La contaminación que se ve


CÉSAR E. ESCOBAR VÁSQUEZ
cescobar@elsiglo.com

¿Cuándo se regulará el exceso de propaganda en las calles?

En ciudades latinoamericanas como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Sao Paulo, recientemente, se ha prohibido el exceso de publicidad exterior, como vallas, carteles, pancartas, etc. y en otros países, han ido más lejos, como España, en donde existe una ley de protección ambiental que permite multar a las empresas que coloquen carteles que estropeen el paisaje y el entorno de un parque natural. Pero en Panamá poco es lo que se hace por evitar la contaminación visual. Con la llegada del proceso electoral, también ha proliferado la contaminación visual causada por este tipo de publicidad.

Solo hay que dar una vuelta por corregimientos como Bella Vista, San Francisco, Betania y Pueblo Nuevo para evidenciar la proliferación de este tipo de propaganda.

El arquitecto urbanista Álvaro Uribe, comentó que el problema de la contaminación visual se debe a la falta de educación que existe entre los panameños y que a pesar de que nuestro país se perfila como una de las ciudades modernas del continente, somos un poco provincianos en este tema, puesto que no le prestamos interés a nuestro entorno natural. Sin embargo, la publicidad en la calle no deja de ser una cuestión relativa, pues no existen áreas destinadas para tal fin. Pero, ¿realmente afecta al ser humano el exceso de publicidad? Según estudios científicos, el exceso de propagandas publicitarias afecta al ser humano, los mismos pueden provocar dolor de cabeza, estrés por saturación de colores y elementos o distracciones peligrosas para los conductores cuando desvían la atención para ver un cartel concreto en la carretera o sustracción de datos de interés cuando ocultan señalizaciones de tráfico o de tipo informativo. En septiembre de 2005 los alcaldes de Panamá, Arraiján y La Chorrera firmaron un acuerdo para evitar la contaminación visual sobre las autopistas, como una forma de evitar accidentes automovilísticos por causa de las vallas.

Otro de los efectos perjudiciales de estas vallas, es que ha proliferado su instalación en las barandas de los puentes peatonales, lo que ha sido aprovechado por delincuentes para cometer asaltos en estos lugares.

En el aspecto legal, la Alcaldía mantiene el acuerdo municipal No. 72 del 26 de junio, mediante el cual se encuentra reglamentado por los Decretos 1768 y 766, en el mismo se dictan normas sobre trámites, dimensiones y ciertas formalidades que deben llevar las vallas publicitarias para la obtención del permiso municipal.

En cuanto a cifras Fernando Arias, jefe de Publicidad Exterior de la Alcaldía, explicó que para el año 2008 se tramitaron 456 solicitudes para la ubicación de publicidad, de éstas se entregaron 327 permisos que cumplían con los requisitos y se rechazaron 129. También se practicaron 137 operativos donde se removieron 2,518 estructuras ilegales, se impusieron 242 citaciones a los propietarios de las vallas y de esta cifra 200 han sido sancionados con multas que van desde los 25 a 10 mil dólares.

Para el candidato independiente a la Alcaldía, Miguel Antonio Bernal, el problema de la contaminación visual, además de la contaminación auditiva, es grave. Comentó que la ciudad de Panamá requiere estar dotada de una personalidad propia y dentro de ella se deben buscar los mecanismos apropiados, previa consulta y previa educación ciudadana, para ponerle un alto a la dañina contaminación visual, comprometiéndose, a sí mismo a aplicar las normativas internacionales ya existentes en materia de anuncios publicitarios.

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Contaminación visual:
Una oportunidad para sentar un precedente

Al señor Procurador de la Administración.

Licenciado
Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Estimado Licenciado Ceville:

Soy un padre de familia que cotidianamente lleva a su hija a la escuela, utilizando la autopista de acceso al puente Centenario. Me he ganado la vida trabajando en la profesión de biólogo y llevo 30 años dedicado a temas de educación ambiental y ecología, razones que me motivan a dirigirme a usted. De mis padres no recibí mayor herencia en dinero ni propiedades, pero sí legados invaluables que hicieron de la vida de ellos dos, de la mía – y espero que también de la de mis hijos –, una existencia bastante feliz y digna. Me refiero a valores como el respeto y el asombro ante la naturaleza.

Cada vez que hacemos ese viaje con mi hija desde Gamboa, transitamos por dos parques nacionales: el Soberanía y el Camino de Cruces. Y a pesar de ir en movilidad disfrutamos de la belleza natural ahí protegida. No es difícil observar sus cambios estaciónales, sean estos las impresionantes migraciones de rapaces en noviembre o de mariposas en agosto, o la floración simultanea de robles, guayacanes y nazarenos tras las primeras lluvias del año. Como sucede en pocas ciudades capitales, esos paisajes brindan calidad de vida a los miles de ciudadanos que transitamos diariamente. Además, y esto es muy importante señor Procurador, son una referencia: nos enseñan por comparación, cómo es una carretera libre de contaminación visual.

Un acertado decreto municipal del año 2005 declaró esta autopista libre de publicidad externa. En una ciudad tan maltratada por la contaminación visual como la nuestra, ese decreto fue una demostración lo que somos capaces de hacer, cuando queremos y cuando hay voluntad política.

Pero ahora el decreto municipal No. 316 del 28 de abril del 2009 ha derogado al anterior e inmediatamente ha autorizado la instalación de vallas unipolares cada 500 metros , negándonos a todos el derecho a una autopista –¡La única en todo el país!– sin contaminación visual. Son casi 80 enormes vallas de tipo unipolar (16×32 pies) las que esperan poder levantar.

No hay que ser abogado, señor Procurador, para escarbar un poco este asunto -comprobar fechas, aprobaciones, beneficiarios…-, y encontrar anomalías e ilegalidades escandalosas. Solo por eso habría que retirar esas vallas inmediatamente y derogar el decreto de marras. Pero ahí estamos, considerando aun si procede o no procede tolerar esa falta de respeto a todos, incluyendo a la ecología…

Como sabemos, señor Procurador, conseguir este acto de justicia que sentará un precedente en el país, solo se logrará si primero, en el marco de la demanda interpuesta contra el decreto en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la Administración a su cargo da una opinión favorable ante la Alcaldía.

Por respeto a nuestros hijos, que merecen poder creer que en el país hay gente honesta, por respeto a nuestras leyes y a nuestras áreas protegidas, como ciudadano y con la debida consideración señor Procurador, yo lo emplazo a usted a no demorar más y dar pronto una opinión favorable a la revocación del decreto municipal No. 316.

Atentamente,

Jorge Luis Ventocilla
8-424-791
ventocilla.jorge@gmail.com
Septiembre 2009

09.09.2009

Petaquilla Gold sigue inmune al sistema jurídico panameno

EL NUEVO ADMINISTRADOR DE La ANAM TIENE CLARO QUE LA EMPRESA DEBÍA PRESENTAR OTROS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Petaquilla Gold ya extrajo 12 mil onzas de oro y plata

Silenciosamente y sin el conocimiento de las autoridades, la minera empezó en abril a extraer minerales en Donoso.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

Mientras las autoridades panameñas se distraían con el cambio de gobierno y la lucha interna en el partido Revolucionario Democrático, la minera Petaquilla Gold pisó el acelerador y avanzó con su proyecto en el distrito de Donoso, en Colón, sin haber cumplido los nuevos pre-requisitos que se le habían impuesto.

Para poder abrir la operación, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le exigió a la compañía minera presentar dos estudios de impacto ambiental complementarios, y el pago de una nueva fianza por 14 millones 374 mil 500 dólares.

Este monto se divide en 10 millones por posibles daños realizados al medio ambiente y el resto para garantizar la reparación de daños al ambiente.

Nada de ello se ha cumplido, y tampoco se ha hecho el pago de una multa de un millón de dólares por daños al ambiente puesta por la Anam en diciembre pasado.

Sin embargo, Petaquilla Gold notificó este mes a sus accionistas en Canadá que la planta en Panamá ha producido alrededor de 9 mil 525 onzas de oro y 3 mil 195 onzas de plata desde el 7 de abril de 2009.

Solo en los primeros 15 días de julio, la compañía detalló en su informe que extrajo 3 mil 781 onzas de oro y mil 144 onzas de plata.

Incluso Petaquilla Gold informó que la operación comercial del oro que ya está extrayendo en el área conocida como Molejón, iniciará en agosto próximo, algo que las nuevas autoridades de Anam desconocen por completo.

De acuerdo con las proyecciones de la minera, en el primer año de operación estarán moviendo 2 mil 200 toneladas de tierra y roca por día en busca del material dorado o plateado.

REVISAN EXPEDIENTES

Javier Arias, nuevo administrador de la Anam, señaló que se encuentra revisando todos los expedientes de Petaquilla Gold para evaluar si las decisiones tomadas en el pasado fueron bien ejecutadas.

Sin embargo, señaló que cuatro de los procesos administrativos que se abrieron contra la minera, no han tenido efecto por las demandas que presentó la empresa ante la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la orden de ejecutar el pago de la multa de un millón de dólares.

Paralelamente al litigio en la Corte Suprema, la Anam mantiene dos nuevos procesos administrativos abiertos contra Petaquilla Gold por incumplimiento de actividades previamente aprobadas y la realización de obras sin tener las aprobaciones, confirmó el jefe del departamento legal de la institución, Jair Urriola.

Las nuevas autoridades ambientales también dijeron que están muy pendientes de que la minera cumpla con los estudios de impacto ambiental complementarios.

Arias agregó que montará una oficina de vigilancia de la Anam en cada proyecto de categoría 3, como la mina Petaquilla Gold, pero ya la administración pasada contrató los servicios de la empresa ITS Consulting para que inspeccione y realice análisis sobre el impacto que está causando este proyecto minero.

La fiscalización de Petaquilla Gold no solo es responsabilidad de la Anam. El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) ha desatendido por más de seis meses una solicitud de la Anam para que proceda a ejecutar una fianza contra Petaquilla Gold por otros 900 mil dólares. Los fondos debían pasar a cubrir los gastos de recuperación del área que ya afectó la mina.

Nicolás Sánchez, encargado del tema de Petaquilla por parte del Centro de Incidencia Ambiental, dijo que la minera mantiene la política del “juega vivo”, utilizando mecanismos legales para evitar multas y responsabilidades sobre los daños ambientales causados.

Multas y procesos

1 millón – Es la multa que le impuso la Anam a Petaquilla y que no ha sido pagada.

900 mil – Es el monto de la fianza que no ha sido ejecutada por el Mici en contra de la minera.

14.3 – Millones de dólares es el total de la nueva fianza que debe consignar la compañía para cubrir futuros daños.

6 – Procesos administrativos se han abierto contra Petaquilla Gold, cuatro de ellos están frenados en la Corte.

Arias: hay que escoger un modelo de desarrollo

El nuevo administrador de la Anam, Javier Arias, calificó de “caótico” el modelo de desarrollo que lleva Panamá, porque no define a qué esquema darle paso: al ecoturismo o a la actividad minera.

Las organizaciones ambientalistas afirman que Panamá no tiene territorio para darle paso a la minería metálica, y que se sacaría mayor provecho económico explotando la riqueza natural que posee el país.

Pero Arias sostiene que esta decisión la debería tomar el pueblo panameño a través de una consulta popular, parecida a la que se hizo con la ampliación del Canal de Panamá.

Afirmó que el modelo de desarrollo debe incluir un plan de ordenamiento territorial y un plan de uso de suelo en todo el país. La Anam ya está adelantando parte del trabajo a través de consultorías que se empezaron a realizar.

Mientras Panamá defina su modelo de desarrollo, Arias propone reformar el Código Minero para actualizarlo. “El actual código solo habla de minería de roca, no de minería metálica. Tampoco habla de buenas prácticas que sí existen en la minería, y de los buenos ejemplos que hay en lugares como Perú”, dijo el administrador de la Anam. El Centro de Incidencia Ambiental dijo que la consulta popular para definir el modelo de desarrollo de las tierras panameñas puede ser un avance, pero no la solución. El organismo mantiene su postura de que la minería metálica no corresponde a un mecanismo de desarrollo económico para Panamá.

Fertilizantes reducen biodiversidad

Fertilizantes reducen biodiversidad

Plantas

Los fertilizantes le dan ventajas a las plantas que crecen más rápido.

Un equipo de científicos identificó por qué la fertilización excesiva del suelo reduce la diversidad en las plantas.

Los nutrientes adicionales les permiten a las plantas que crecen más rápido dominar el hábitat, bloqueando el vital acceso al sol a las especies más pequeñas, sostienen los expertos.

Como resultado, muchas especies están desapareciendo en las zonas afectadas.

El equipo de la Universidad de Zurich -que publicó sus conclusiones en la revista Science- advirtió sobre la necesidad de establecer mayores controles para prevenir la pérdida de la biodiversidad a gran escala.

Cifras recientes indican que el nivel global de nitrógeno y fósforo disponible para las plantas se ha duplicado en los últimos 50 años.

Según los investigadores, resulta evidente que el aumento de los nutrientes químicos en un ecosistema conlleva a la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, hasta el momento no habían logrado comprender cómo es que sucedía.

“Uno pensaría que más (nutrientes) producirían una mayor diversidad”, señaló el coautor del estudio, Andrew Hector, investigador del Instituto de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Zurich.

“Y sin embargo, están considerados una de las principales amenazas a la biodiversidad en este siglo”, agregó.

El secreto está en la luz

Dos son las principales hipótesis, explicó el científico: “Una es que la presencia de más recursos produce un aumento general en la fuerza de la competencia entre las plantas”.

Como la luz es un recurso vital, las especies más pequeñas quedan a la sombra de las especies más altas, y así comienza a perderse la biodiversidad

Andrew Hector, Universidad de Zurich

“La otra es un poco más mecánica”, le dijo Hector a la BBC.

“Cuando aumentas la fertilización, aumentas la productividad, lo cual a su vez aumenta la biomasa y por ende, la sombra”.

“Como la luz es un recurso vital”, agrega, “las especies más pequeñas quedan a la sombra de las especies más altas, y así comienza a perderse la biodiversidad”.

Tras realizar una serie de experimentos en el laboratorio, el equipo se inclinó por la segunda hipótesis: la falta de acceso a la luz es lo que afecta la biodiversidad y no la mayor agresividad de la competencia.

Sin embargo, los expertos creen que esta conclusión no es una suerte de “varita mágica” para los conservacionistas.

“Lo que nuestros experimentos muestran es que la competencia por la luz es muy asimétrica”.

Minería a cielo abierto se extiende

EX TRABAJADORES DE LA MINA SANTA ROSA TIENEN OFRECIMIENTOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Minería se extiende a Los Santos y Veraguas

La empresa Bellhaven anunció que espera iniciar la explotación del cerro La Pava, en Tonosí, para finales de este año.

CIELO ABIERTO. La fotografía muestra que los daños causados por la mina Santa Rosa todavía son notables a nueve años del cierre de su operación. Ahora el proyecto intenta reactivarse. LA PRENSA/Eric Batista

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Dos nuevos proyectos mineros para la extracción de oro, adicionales al de Petaquilla Minerals en Colón, se preparan para empezar o retomar operaciones en otras dos provincia del país: Los Santos y Veraguas.

El más adelantado es el de mina Cerro Quema de la empresa canadiense Bellhaven, que anunció el inicio de actividades de extracción en este mismo año afectando directamente 50 hectáreas que incluyen el recorte del cerro La Pava, en Tonosí.

La empresa Bellhaven dice que solo espera la aprobación de su Programa de Adaptación y Manejo Ambiental para poner en marcha la mina, aunque ya avanza con algunos trabajos previos. El otro proyecto es la reactivación de la ya explotada y contaminada mina Santa Rosa, en Cañazas de Veraguas. Los ex trabajadores que mantienen secuestrada la mina han logrado establecer conversaciones con grupos extranjeros interesados reactivar la extracción de oro en el lugar.

El representante de Cañazas, Abel Alvarado, dijo que para ello ya se hizo un cabildo en el distrito en donde la mayoría de los pobladores dijo estar de acuerdo con la reapertura.

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Los estragos de la minería en Panamá

El Estado solo recibirá el 2% del total de la producción bruta de los metales extraídos por las empresas mineras.

Lo que fue un cerro llamado ‘Alto de La Mina’, en Cañazas, quedó hecho un cráter de 200 metros de profundidad que ahora está lleno de agua lluvia. De este lugar salió todo el mineral procesado en la mina Santa Rosa para la extracción de oro.
Manuel Barría, ex trabajador de la mina Santa Rosa, mira al fondo cómo en el lugar de acopio de los minerales tratados con cianuro hace nueve años atrás aún no ha podido recuperarse la vegetación. Pero los lugareños dicen que el tóxico ya fue filtrado y no hay peligro.

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

Las imágenes en la parte superior de esta página no son de la superficie del árido planeta Marte o de una zona desértica de la Tierra por su casi nula vegetación o desaparecida vida animal.

Estas son las primeras huellas y consecuencias que ha dejado la actividad minera en Panamá tras el desarrollo y abandono en 1999 de lo que fue la mina Santa Rosa, en el distrito de Cañazas, en Veraguas, donde se utilizó por primera vez el sistema de “minería a cielo abierto” en el país para la extracción de metales.

Ahora esta actividad amenaza con expandirse a otros lugares del país en busca de oro, cobre y plata, los metales más cotizados.

Para los ambientalistas, Panamá no posee tierras aptas para el desarrollo de la minería porque su riqueza está en la conservación de la naturaleza que posee, un activo de mucho más valor que todo el metal que se pueda extraer de sus suelos.

Esto contrasta con los análisis y cálculos de las compañías nacionales e internacionales que están interesadas en hacer nuevas incursiones mineras en el país.

Petaquilla no es el único lugar donde se ha iniciado o está en desarrollo un proyecto de extracción de minerales metálicos: existen otros proyectos en trámite o fase inicial en provincias centrales (Veraguas, Coclé, Los Santos), de acuerdo con información del Ministerio de Comercio e Industrias.

Aunque algunos de estos proyectos parecen haber quedado solo en papel, otros sí están encendiendo sus maquinarias para aprovechar los precios internacionales, que en el caso del oro se ha mantenido arriba de los 700 dólares a pesar de la crisis financiera.

En el caso de Petaquilla Gold, ni siquiera se esperó a la aprobación del estudio de impacto ambiental para devastar el área de extracción y construir la planta de refinación.

Detrás de ello, va la empresa canadiense Bellhaven, con su filial local Aurum Exploration, que tiene previsto activar para finales de este año su proyecto minero llamado Cerro Quema en la provincia de Los Santos.

También otros grupos empresariales se han interesado en reactivar la mina Santa Rosa en Cañazas, donde aún se encuentra al descubierto el material bañado con cianuro y las tinas de lixiviación contaminadas.

Los ambientalistas sostienen que los dividendos de la minería en este país son irrisorios desde el punto de vista económico y una gran pérdida desde el punto de vista medio ambiental. La legislación panameña que rige esta actividad establece que el Estado solo recibirá el 2% del total de la producción de los metales extraídos.

Bellhaven, empresa que busca explotar el proyecto minero Cerro Quema, sostiene que a las ganancias para el Estado también hay que sumarle el 15% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que genere la compañía, y el pago del ITBMS por los bienes y servicios adquiridos, la generación de empleo y el pago de la cuota obrero patronal.

Los cánones de arrendamiento de tierras también son montos cuestionables que van entre 50 centésimos hasta 3.50 dólares por hectáreas. Aunque las empresas aseguran que esto incluye el pago desde la etapa de exploración donde no tienen ingreso económico y tampoco seguridad de que se realizará el proyecto. La Prensa realizó un recorrido por los proyectos de cerro Quema y Cañazas para conocer su situación, avances y los distintos puntos de vistas.

En la actualidad existen 8 contratos de extracción de minerales metálicos vigentes (ver cuadro), y según el Ministerio de Comercio e Industrias hay en trámite 176 solicitudes adicionales.

POLÉMICA EN QUEMA

Imagen del cerro La Pava, que a mediados de la década de 1990 fue intervenido para el desarrollo de la mina Cerro Quema. Ahora la firma Bellhaven retomó el proyecto y espera iniciar la extracción para finales de este año. Todo el mineral saldrá de este cerro que será reducido en 130 metros de altura.

Julio Benedeti, representante de Bellhaven en Panamá, asegura que el proyecto minero Cerro Quema, en Tonosí, se desarrollará con la última tecnología capaz de reducir al mínimo el impacto ambiental.

“No vamos a decir que no habrá impacto ambiental, pero eso es recuperable y manejable”, dijo Benedeti tras informar que el área de explotación del proyecto se ha reducido a 50 hectáreas en la primera fase en el cerro La Pava. El resto de las tierras de 750 hectáreas está siendo utilizado como área de amortiguamiento que incluyen 88 hectáreas reforestadas. Aun así, el cerro La Pava será reducido en 130 metros de altura. “Garantizamos que no habrá drenaje ácido”, dijo Benedeti.

En oposición al proyecto ha vuelto a activarse el Frente Santeño Anti Minas.

“Los daños son los mismos de Petaquilla. Ellos podrán tener todos los permisos, pero nosotros no vamos a permitir la mina. Nos han intentado dar plata, pero nuestra dignidad no se compra”, dijo Secundino Jaén, presidente del grupo.

Sin embargo, los 130 empleados de la mina dicen que defenderán sus puestos de trabajo, aunque esto genere enfrentamientos entre los residentes de Tonosí.

La administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Ligia Castro, señaló que a Bellhaven le han solicitado una auditoría y un Programa de Adaptación y Manejo Ambiental.

“Ellos deben llenar estos requisitos antes de iniciar cualquier obra”, dijo.

DAÑOS EN SANTA ROSA

El ingeniero Julio Benedeti, de la compañía Bellhaven, monitorea el agua y otros minerales que bajan por una de las quebradas que rodean al cerro La Pava, en Tonosí, lugar de donde se pretende extraer oro. La empresa dice que garantizará que estas aguas no sean contaminadas.

También la mina Santa Rosa, abandonada en 1999 por la empresa GreenStone, ha vuelto a captar el interés de otros inversionistas.

Pero a casi nueve años de inactividad, los daños causados en el lugar aún son visibles. Cientos de toneladas de roca que fue bañada en cianuro para la extracción de oro no han podido ser tratadas. Los tres cráteres que quedaron por la extracción se han llenado de agua lluvia y son solo el recuerdo de que la minería tuvo un paso arrasador por allí.

También están las lagunas de cianuro que han tomado un color verde, por la mezcla de cal y el químico tóxico. Aunque existen reportes de que la mina causó en la población problemas de salud como náuseas, complicaciones respiratorias y picazón, los ex trabajadores y las autoridades defienden su reapertura.

Abel Alvarado, representante de Cañazas, dijo que en el último cabildo la mayoría de los pobladores aprobó la reapertura. “Para Cañazas este es un mal necesario, debemos explotar lo que Dios nos dejó”, dijo Alvarado, recalcando que nadie murió por la contaminación.

Manuel Barría, ex trabajador e integrante del grupo de 62 personas que tiene embargado las propiedades de la mina Santa Rosa, aceptó que cuando se abandonó, se dio un proceso de cierre mal dirigido que permitió el desbordamiento de los minerales contaminados. Pero dijo que ese peligro desapareció, “y la vida animal y vegetal está regresando al área”.

A la Anam no ha llegado la solicitud para la reapertura de esta mina, pero en el pueblo de Cañazas ya se han empezado a dar consultas.

Minera Petaquilla avanza y ANAM no actúa

A pesar de restricción, Petaquilla avanza

MINERÍA. Fotografías de la actividad del 7 de enero, cuando ya estaba vigente la restricción de Anam. LA PRENSA/David Mesa

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Petaquilla Gold informó a sus accionistas que el proyecto minero en Panamá entró en la fase de pre-producción. Esto, a pesar de que la Autoridad Nacional del Ambiente le ordenó suspender los trabajos hasta que presente nuevos estudios.

La administradora de la entidad, Ligia Castro, dijo que esto puede ser causal para abrir un nuevo proceso administrativo contra la empresa.

LA MINERA INFORMÓ EN CANADÁ QUE HA ENTRaDO en la etapa de pre-producción y pruebas de equipo

Petaquilla continúa trabajos, a pesar de haber prohibición

La Anam advirtió que si la orden no está siendo respetada, se podrá abrir un nuevo proceso administrativo contra la compañía.

DESDE EL AIRE. En la fotografía tomada el 7 de enero, se observa el movimiento de maquinaria pesada en el área de la mina de Petaquilla Gold. LA PRENSA/David Mesa

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Sin lugar a dudas, el desarrollo de la mina de oro de Petaquilla Gold en el distrito de Donoso, Colón, es uno de los casos más problemáticos que ha llegado a manejar la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

A pesar que está vigente desde diciembre pasado una orden para que la minera detenga todos los trabajos en la mina, hasta que presente los nuevos estudios de impacto ambiental complementarios, la compañía ha hecho caso omiso y mantiene equipo pesado trabajando las estructuras que serán utilizadas por el proyecto que busca extraer oro.

Nuevas fotografías aéreas de este diario muestran que hasta hace dos semanas había actividad en la “tinas de relave”.

La administradora de la Anam, Ligia Castro, señaló que la prohibición sigue vigente para Petaquilla, y que si la orden no está siendo respetada se podrá abrir un nuevo proceso administrativo contra la empresa.

Para poder seguirle los pasos de cerca a esta compañía, la Anam ha tenido que buscar la ayuda de empresas privadas con la tecnología especializada.

Esta semana, la Contraloría refrendó un contrato entre la Anam y la empresa ITS Consulting que se encargará de inspeccionar y analizar permanentemente el impacto que está causando el proyecto minero. Según Anam, esta contratación es necesaria, ya que ellos no cuentan con los laboratorios para seguir de cerca el impacto ecológico del proyecto.

La empresa contratada trabajará en conjunto con el laboratorio EnviroLab, donde se harán los análisis de suelo y aire, medida que busca identificar o evitar un desastre ecológico por contaminación de la mina.

En diciembre de 2008, la Anam le exigió a Petaquilla Gold la presentación de otros estudios de impacto ambiental, y el pago de una fianza por $14.3 millones para garantizar la reparación de los daños ambientales.

Aunque los representantes de Petaquilla Gold no hicieron comentarios sobre el avance de los trabajos a pesar de la restricción, un comunicado de la compañía publicado en Canadá señala que se encuentran haciendo pruebas de equipo y que el proyecto está en fase de “pre-producción”.

“La producción comercial a gran escala empezará en el año 2009”, sostiene el comunicado.

La empresa también anunció que está evaluando qué recursos puede interponer para impugnar las multas que le ratificó la Anam por 1.9 millón de dólares, como compensación por los daños ambientales causados a la fecha. Aunque la minera dijo a sus accionistas que está en disposición de resolver las adaptaciones que ha pedido Anam.

El costo ambiental de usar Google

El costo ambiental de “googlear”

Greg Morsbach
BBC

Página de Google

Una búsqueda estándar en Google produce 7 gramos de CO2, según Wissner-Gross.

Realizar dos búsquedas en el sitio de internet Google produce tanto dióxido de carbono (CO2) como calentar agua para preparar un café instantáneo, según asegura un investigador de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Haciéndose eco de la preocupación de los especialistas en ciencias ambientales por el impacto de las tecnologías de la información en el medio ambiente, Alex Wissner-Gross llevó a cabo un estudio sobre el impacto de “googlear” en la emisión de gases con efecto invernadero.

Una investigación reciente señaló que este sector genera tantas emisiones como todas las aerolíneas del mundo juntas.

Wissner-Gross descubrió que una búsqueda estándar en Google produce 7 gramos de CO2.

En caso de que se hagan dos búsquedas, esa cantidad se multiplica por dos, lo que equivale a calentar agua para hacerse un café.

El investigador de Harvard afirma que estas emisiones provienen de la electricidad utilizada por el computador y de la energía que consumen los enormes bancos de datos que Google tiene alrededor del mundo.

200 millones de búsquedas

Mujer utilizando computador

Cada segundo que pasamos conectados a internet producimos 0,02 gramos de CO2.

Pese a que al famoso buscador se le conoce por la rapidez de sus resultados, según Wissner-Gross, ello sólo es posible porque utiliza varios bancos de datos al mismo tiempo, produciendo más CO2 que alguno de sus competidores.

Según el investigador, cada segundo que pasamos conectados a internet producimos 0,02 gramos de CO2.

Puede que no parezca mucho, pero cada día se llevan a cabo en el mundo unos 200 millones de búsquedas en internet.

En un comunicado, Google reconoció que los computadores se han convertido en un elemento más de la vida diaria de las personas que cada vez consume más energía, “un hecho que la compañía se toma muy serio”.

Google afirma haber diseñado y construido los “bancos de datos más eficientes del mundo”.

“De hecho, en el tiempo que toma realizar una búsqueda en Google, su computador personal utilizará más energía que la que gastamos nosotros para responder a su búsqueda”, señaló la compañía.

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