Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Gobierno de Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Burica Press, 20 de noviembre de 2011. El gobierno de Panamá ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que desista de imponer medidas cautelares al Estado Panameño sobre el caso de los indígenas ngabes afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, ejecutado por la empresa AES Corporation con sus filiales locales AES Panama y AES Changuinola.

Según la nota del gobierno panameño, ellos ahora están desarrollando la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como un asunto de Estado y una política pública de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Según la cancillería panameña, en la actualidad el Gobierno Nacional está procurando la búsqueda de consenso y el rescate de la confianza de las poblaciones originarias a través de escenarios propicios para el diálogo.

En marzo de 2008, durante la administración de Martín Torrijos, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ante la OEA, la violación flagrante de los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en el valle medio del Río Changuinola. La denuncia se sustentó en que el Estado panameño, de facto, adjudicó estas tierras indígenas dentro de una concesión otorgada a AES Corporation para que desarrollaran el proyecto hidroeléctrico Chan 75. Los indígenas fueron desalojados poco a poco del área a la fuerza o con intimidaciones y con otras acciones contrarias al reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas, con tal de avanzar sin contratiempos en el proyecto hidroeléctrico en cuestión.

Ante tal situación en junio de 2009 y luego de un estudio exhaustivo del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares al Estado panameño. Tanto la administración de Martín Torrijos, como la de Ricardo Martinelli han ignorado dichas medidas e hicieron avanzar el proyecto y el desalojo completo y sin opciones a los indígenas residentes de la zona de construcción, operación e inundación del gran complejo hidroeléctrico denominado Chan 75.

La administración de Martinelli argumenta en su solicitud a la CIDH que al dictarse las medidas cautelares, no se cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 25.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana ni con el inciso 8 de este mismo artículo 25, que faculta a la Comisión para “requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares”, no sólo por una vez, sino cuantas veces lo requiera a fin de verificar específicamente, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e inmediatez de violaciones a derechos fundamentales y así evitar daños irreparables a las personas.

Las medidas cautelares solicitadas en el año 2009 fueron:

1-) Suspender las obras de relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola en la provincia de Bocas del Toro,
hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5,7,8,13,19,21,23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

Presa Chan 75 en el noroccidente de Panamá. En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas. Foto: ACD

Según las organizaciones peticionarias de la intervención de la CIDH en este caso de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas, el sólo hecho de haber tenido que recurrir a la CIDH demuestra hasta la fecha, que en realidad el Estado Panameño nunca le ha garantizado los derechos a las personas afectadas, tanto así que sigue negando que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos. Argumentan que la Corte Suprema de Panamá, todavía mantiene engavetado el caso, a pesar de tener varios años para dilucidar las demandas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha indicado que las medidas cautelares impuestas carecían de urgencia, pero ello no implica la negación de la validez del argumento de fondo planteado por los afectados y las organizaciones demandantes.

El gobierno panameño al no acatarlas, hizo avanzar de facto con la obra, a pesar de las numerosas irregularidades ambientales, sancionadas parcialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente, y de la violación a los derechos humanos que ha sido corroborado por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que han estudiado el problema, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas.

Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Ciudad de Panamá, (dpa, 10.2.2011) – El cacique de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, instó hoy al alzamiento en contra del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó el Código de Recursos Minerales para estimular la explotación de yacimientos en Panamá.

Ngäbe Buglé in Panamá

Ubicación geográfica de la Comarca Gnäbe Bügle en la República de Panamá. Fuente: Wikipedia

“Vamos a la calle a defender nuestros derechos”, dijo el dirigente indígena en la Asamblea Nacional, quien añadió que está dispuesto a “poner el pecho” para que la Policía Nacional dispare ante la afrenta cometida de entregar los recursos naturales a potencias extranjeras.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 42 votos a favor y 15 en contra, las polémicas reformas al Código de Recursos Minerales, pese a los reclamos de la oposición para que el debate fuese suspendido por varios meses, con el objetivo de permitir una consulta popular y someter el tema a un referendo. El Código modificado en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten grandes yacimientos de oro y cobre en Panamá.

Sin embargo, la aprobación de las reformas generó este jueves un estallido de ira colectiva de indígenas, obreros, ecologistas, campesinos y diputados opositores, quienes acusaron al gobierno de Martinelli de ser un “régimen autoritario y antinacional”. El ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, desestimó las críticas y adujo que las reformas son “beneficiosas”, porque aumentarán las inversiones y la oferta de empleo en Panamá.

Previo a la votación parlamentaria, hubo movilizaciones en varias ciudades que provocaron el despliegue de contingentes de la Policía Nacional fuertemente armados. La Universidad de Panamá fue cerrada en forma indefinida, luego de disturbios, pero grupos estudiantiles indicaron que proseguirán lucha en las calles. Al respecto, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, insistió en la propuesta de la sociedad civil de que el gobierno reconsidere la política minera adoptada, ya que se ha convertido en un factor de conflicto y confrontación, y una amenaza al ecosistema tropical.

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Parlamento panameño aprueba reformas a ley de minería en medio de protestas

Panamá, (EFE-11.2.2011).- El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a la participación de otros estados y afectará el medio ambiente.

El proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en tercer y último debate por 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La aprobación se produjo en momentos que en los predios del Parlamento panameño un grupo de indígenas de la etnia Ngobe Buglé, con danzas autóctonas, pancartas y consignas exigían suspender la discusión del documento. Además, por tercer día consecutivo se produjeron protestas violentas en los alrededores de la Universidad de Panamá (estatal), lo que tuvo como consecuencia la suspensión de clases por orden del rector, Gustavo García de Paredes. Los aborígenes, vigilados por la Policía antidisturbios, señalaron que regresarán a sus comunidades, donde se encuentran los principales yacimientos no explotados, para analizar nuevas acciones de protesta para presionar para que el proyecto no sea sancionado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El viceministro de Comercio de Panamá, Ricardo Quijano, dijo a los periodistas que la propuesta no contempla la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí, ni de otras reservas minerales en la áreas indígenas de la Comarca Ngobe Buglé.

El diputado Irene Gallego, de la Comarca Ngobe Buglé y miembro del opositor Partido Popular (PP), dijo que la aprobación de este proyecto es “otra imposición más de este Gobierno” de Martinelli que, afirmó, “sólo piensa en sus intereses”. “Aquí se ha aprobado a tambor batiente un proyecto de ley en el que se le quiere dar el territorio panameño, y el territorio de la Comarca (Ngobe Buglé), a empresas extranjeras, a Gobiernos extranjeros” para que exploten la minería, añadió Gallego.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del gobernante Cambio Democrático (CD), defendió el proyecto señalando que esta iniciativa no contempla la explotación minera en Cerro Colorado, pese a que delegaciones de Corea del Sur y Singapur que han visitado Panamá meses atrás han expresado su interés en esos yacimientos.

La etnia Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Mientras, una comisión del Ejecutivo se trasladó hasta la Comarca Ngobe Buglé para explicar a ambientalistas e indígenas las bondades del proyecto.

Por su lado, el parlamentario Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de la oposición, afirmó que este proyecto tiene “implicaciones ambientales y ecológicas innegables” por permitir la minería a cielo abierto.

El Gobierno defiende la reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, aumenta la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y aumenta la conservación ambiental. En este sentido, el proyecto aprobado modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalía, que aumentarán del 2% al 5%. También establece normas sobre responsabilidad social empresarial para que las mineras desarrollen y ejecuten planes, programas y proyectos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y prevención y reparación de daños ambientales.

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Vea además:

Fotos de protestas de indígenas Gnäbe Bügle

 

 

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Panamá: Panel de Inspección del Banco Mundial encuentra violación a derechos territoriales indígenas Ngäbe y Nasos

Panamá – Proyecto de Administración Territorial

Banco Mundial aprueba Plan de Acción luego de discutir informe del Panel de Inspección sobre violación a derechos territoriales indígenas

WASHINGTON, 4 de febrero de 2011 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial abordo en la víspera el informe de la investigación independiente del Panel de Inspección relativo al Proyecto de Administración Territorial en Panamá,  conocido en Panamá como PRONAT, aprobando el Plan de Acción de la Gerencia contenido en la Respuesta de la Gerencia del Banco a las conclusiones del Panel.

Casa de la Familia Séptimo; Alto del Valle, Pa...

Vivienda Ngäbe en Comarca Ngäbe Bügle (Caribe) Fuente: Lon&Queta via Flickr

La investigación del Panel respondió a dos peticiones relacionadas al reconocimiento legal de las tierras habitadas por dos grupos indígenas, los Naso y los Ngäbe. La investigación del Panel se centró en determinar si se cumplió con la política del Banco en materia de la defensa de Grupos Indígenas, en particular respecto al respaldo del Proyecto a la creación de territorios indígenas y de consultas adecuadas con las comunidades afectadas, y si se cumplió con el papel del Banco de supervisar la correcta implementación por parte del gobierno de las actividades del proyecto.

Aprobado en enero de 2001 y finalizado en junio de 2010, la inversión total del proyecto llegó a US$58,6 millones, financiados parcialmente por un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de US$47,9 millones. El objetivo del proyecto era modernizar la administración territorial en Panamá mediante el establecimiento de procedimientos más simples para el otorgamiento de títulos de propiedad y el mejoramiento de la capacidad de las instituciones locales para mapear casi la mitad del país, estableciendo un sistema integrado de registro y catastro para certificar la propiedad y la correcta titulación, consolidando las áreas protegidas y los territorios de los Pueblos Indígenas.

Roberto Lenton, Presidente del Panel de Inspección, subrayó “la importancia crítica de los temas abordados por los Naso y los Ngäbe en sus Peticiones de Inspección, y del objetivo del Proyecto de asistirles a resguardar sus derechos territoriales como pueblos indígenas.” Indicó que “en ciertos asuntos, la Gerencia cumplió con la política pertinente del Banco, elogiando a la gerencia por haber jugado un papel clave a la hora de involucrarse en los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Panel también halló instancias importantes de no cumplimiento con la política del Banco, algo que contribuyó en parte a la falta de progreso en el resguardo de los derechos territoriales de los Naso y los Ngäbe.”

La investigación del Panel subrayó dos lecciones importantes respecto al cumplimiento de la política, a saber el requisito de preparar un Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la necesidad de supervisión adecuada para poder reaccionar inmediatamente ante cualquier problema emergente en el terreno. A nivel sistémico , el Informe corrobora la importancia crucial de la participación integral y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con la política del Banco, en actividades que les afectan, incluyendo el mapeo y reconocimiento de sus tierras.

El Panel observó que una vez que los problemas fueron identificados, el personal del Banco se involucró de manera intensa y constructiva con las comunidades afectadas para comprender mejor y ayudar a resolver los problemas suscitados. Las personas afectadas le indicaron al Panel que si bien esperan la consolidación de sus derechos territoriales a estas tierras, valoran enormemente las acciones y el esfuerzo del Banco, esperando que éste siga involucrándose en este tema en el país.

Abordar asuntos no resueltos relacionados con el territorio de los Naso y las Áreas Anexadas de los Ngäbe en la provincia de Bocas del Toro requiere la atención inmediata de la recientemente creada Autoridad Territorial (ANATI) de Panamá.

Laura Frigenti, ex Directora del Banco Mundial para América Central

“Le damos la bienvenida a las conclusiones del Panel, esperando que el Plan de Acción aprobado hoy por el Directorio contribuya a resolver los asuntos pendientes de derecho territorial de los Pueblos Indígenas de Panamá.”

Más información:

http://www.inspectionpanel.org

Comunicado e imágenes del pueblo Ngäbe Bügle en la defensa de su territorio de la minería

The Mine... Another Look

Minería a cielo abierto. Foto: Storm Crypt via Flickr

Comunicado e imágenes del pueblo Ngäbe Bügle en defensa de su territorio de la minería metálica

Burica Press, 9 de febrero de 2011

A continuación el comunicado e imágenes del pueblo Ngäbe Bügle en la defensa de su territorio de la minería metálica en su territorio.

Actualmente el Gobierno de Panamá pretende concesionar las tierras ngäbes de la Comarca Gnäbe Bügle para exploración y explotación minera.

Las imágenes muestran el abuso policial ordenado por el Gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal, que impulsa una reforma al Código Minero, con el fin de permitir una actividad minera total en el territorio panameño.

COMARCA NGABE – BUGLE

PRONUNCIAMIENTO DE LAS  AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS, TRADICIONALES Y DIRIGENTES  EN  LA  I SESION ORDINARIA CONVOCADO PARA EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2011.

Frente a la INSISTENTE actitud del gobierno nacional y la posición parcializada de la Asamblea Nacional de realizar de manera inconsulta la Reforma al Código Minero, nosotros las autoridades administrativas, tradicionales, dirigentes y organizaciones, en ocasión de la I Sesión Ordinaria

ACUERDA

Que la manifestación pacífica realizada en San Félix y Vigui panamericana realizada el día 7 de febrero de 2011, fue pacífica y exitosa. Donde asistieron 4500 personas procedentes de los corregimientos de los distritos de Muna, Ñurun, Nole–Duima, Mirono y Besigo de las regiones comarcales de Kodri y Nedri.

El pueblo Ngabe – Bugle y campesino de la comarca Ngäbe–Bügle y áreas aledañas del oriente chiricano, exige al gobierno nacional la devolución del proyecto ley 277 a primer debate.

Declarar al país y a las comarcas indígenas, como territorios libres de exploraciones y explotaciones mineras y rechazamos los falsos comentarios y denigrante del periodista Donald Quintero en su programa en la emisora KW Continente y la opinión del periodista Edwin Cabrera en el programa Debate Abierto sobre la realidad de los acontecimientos ocurridos en la manifestación  del día 7 de febrero de 2011.

Solicitamos la solidaridad nacional e internacional, de las organizaciones populares, ambientales y de derechos humanos y denunciamos la complicidad del doctor José Stonestreeth; Director regional de salud comarcal, por no dar atención medica adecuada a los pacientes y por brindar información incompleta sobre el estado de los pacientes que fueron ingresados en el Hospital de San Félix.

Denunciamos los actos de provocación  y represión de los antimotines de la Policía Nacional, contra el pueblo reunido en la manifestaciones de Viguí –Panamericana y San Félix, el día 7 de febrero de 2011. Los antimotines usaron gases lacrimógenos, gas pimienta, perdigones, escopeta calibre 12 y otros, de los cuales resultaron heridos 13 personas, 21 detenidos, incluyendo un niño desaparecido, afectando de esta manera las residencias, locales comerciales y una estación de combustible dejando en peligro la vida de la población indefensa de la región.

Responsabilizamos al gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, al ministro de Gobierno, al ministro de Seguridad, ministro de Comercio e Industrias, al director de Policía Nacional  y otros sobre cualquier medida de represión y barbarie que atente contra la vida, la seguridad y el futuro del pueblo Ngäbe – Bügle y campesino de Panamá.

Repudiamos enérgicamente la compra de conciencia de parte del gobierno nacional a través de falso dirigentes y persecución de nuestros dirigentes y aclaramos ante la faz del país que no hemos recibido apoyo de ningún partido político, ni de ninguna organización no gubernamental para nuestras luchas.

Solicitamos el respaldo del pueblo panameño, organizaciones populares, indígenas y campesinos; de manifestarnos pacíficamente el día 15 de febrero en San Félix y otras acciones de protesta que se realicen a nivel comarcal y nacional.

Solicitamos el apoyo solidario de todas las iglesias en las manifestaciones que realice el pueblo Ngäbe – Bügle y campesino en rechazo  a los ante proyecto de ley que afecte la vida, la tranquilidad y convivencia pacifica del pueblo.

Denunciamos esta acción del gobierno de turno y condenamos este acto de imposición, discriminación y violencia a nuestros derechos. Acto como estos son inaceptables en una sociedad democrática por lo que anunciamos a la opinión  pública que el pueblo Ngäbe – Bügle; seguiremos luchando por la defensa nuestro derecho y el futuro de nuestro hijos.

Agradecemos la decisión adoptada por las organizaciones estudiantiles, populares y ambientales de la provincia de Veraguas, Panamá, Chiriquí, Coclé y el pueblo Ngäbe – Bügle de Changuinola  por la acción solidaria en contra de la Reforma de Código Minero.

Dado en la Comarca Ngabe – Bugle , 8 de febrero de 2011.

Firmado por las autoridades administrativa, tradicionales, dirigente y la coordinadora por la defensa de los derecho de pueblo ngabe – bugle.

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