Amnistía Internacional solicita investigar recientes crímenes políticos en Panamá

Documento – Panamá: Temor por los manifestantes después de la muerte de dos de ellos.

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Panamá Fecha: 7 de febrero de 2012 Date: 14 January 2011

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

Dos manifestantes murieron y, según los informes, más de 40 personas resultaron heridas cuando la policía dispersó una protesta de pueblos indígenas en Panamá el 5 de febrero. Es probable que las protestas continúen en todo el país, y se teme que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de fuerza excesiva.

El 30 de enero, los miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé salieron a la calle para protestar contra la enmienda de un proyecto de ley que, según creen, dejará sus tierras expuestas a la construcción de proyectos hidroeléctricos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en el norte del país. Desde entonces, las protestas han ido en aumento, y parte de la Carretera Panamericana ha sido cortada por miles de manifestantes. El 5 de febrero, un manifestante, Jerónimo Rodríguez Tugri, murió por disparos en San Félix, provincia de Chiriquí, y hay informes de que otro manifestante se encuentra en estado crítico. Otros más de 40 han resultado heridos, según los informes, entre ellos policías. El 7 de febrero, los medios de comunicación informaron de la muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Las circunstancias de su muerte aún no se han confirmado.

Se han recibido numerosas denuncias de grupos de derechos humanos, ecologistas y eclesiásticos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes, que provocó la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también han informado sobre el uso de gas lacrimógeno en las cercanías de centros médicos, sobre la negación a los detenidos de acceso a asistencia letrada, y sobre la falta de acceso de los heridos a atención médica. El gobierno, tras negar inicialmente los informes de que había cortado el acceso a las redes de telefonía móvil en las zonas de las manifestaciones, ahora ha confirmado el corte de dicho acceso. El 7 de febrero, las redes de telefonía se habían restaurado.

Es probable que las manifestaciones continúen durante los próximos días, y se teme que pueda haber más muertos o heridos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

recordando a las autoridades que el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que dichos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”;

pidiendo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las muertes de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2012, A:

Ricardo Martinelli Berrocal
Presidencia de la República, Panamá 1,
Panamá
Fax: +507 527 9034
Correo-e.: prensa@presidencia.gob.pa

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

José Mulino
Ministro de Seguridad Pública
Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe
Ciudad de Panamá, Panamá
Fax: +507 512 6001

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

 

ONG

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Correo-e.: info@ciampanama.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Panamá acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

El año pasado, en febrero de 2011, los ngäbe-buglé organizaron protestas contra una ley de minería por considerar que facilitaba nuevos proyectos mineros en los territorios de los pueblos indígenas y que no incluía salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni consultas adecuadas con las comunidades locales. La ley fue aprobada en febrero pero derogada en marzo, después de que el gobierno y los ngäbe-buglé negociaran una solución a la crisis y llegaran a un acuerdo que, según grupos indígenas, incluía una disposición que protegería sus territorios de los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos.

El 27 de enero de 2012, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para la protección de los territorios de los ngäbe-buglé frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Durante el debate, los legisladores eliminaron el artículo 5 del proyecto de ley, y esa eliminación dio lugar a protestas masivas en todo el país. Los grupos indígenas y ecologistas afirman que el artículo 5 habría protegido las tierras indígenas frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos, unos proyectos que en el pasado han amenazado con inundar poblaciones indígenas. Los indígenas salieron a la calle el 30 de enero para protestar contra la enmienda en el proyecto de ley.

 

Nombre: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y manifestantes ngäbe-buglé

Sexo h/m Jerónimo Rodríguez Tugri (masculino), Mauricio Méndez (masculino), manifestantes (ambos)

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Fecha de emisión: 7 de febrero de 2012

Ni los niños se libraron de ser aprehendidos por la Policía Nacional de Panamá en el área de la protesta en San Félix, Provincia de Chiriquí en el Suroccidente de Panamá.

Panamá: gobierno confronta con violencia a manifestantes indígenas, campesinos y obreros

Gobierno de Panamá, hace uso de fuerza para imponer ley que concede territorios indígenas para hidroeléctricas y minería.

Enlazamos nuestra fuente al portal OTRAMERICA, que como medio internacional, no corporativa, cubre paso a paso los eventos que ocurren en Panamá.

Por favor acceda al sitio:

http://otramerica.com/

A nivel nacional recomendamos la cobertura de La Estrella de Panamá (noticias frescas muy rápido en línea) y la Prensa (un poco lento en su cobertura, pero aceptable). En todo caso Burica Press recomienda leer con cautela todas las fuentes.

La noticia ha sido recogida por los medios internacionales, pero aún sigue siendo débil la cobertura internacional y muy sesgada la cobertura nacional. Los canales de televisión panameña, si bien cubren, mientras lo hacen, llenan con argumentos de opinión los hechos reales. El televidente incauto puede fácilmente ser manipulado.

Cuando un hecho ocurre, el medio simplemente debe cubrirlo. No le corresponde al periodista dar su opinión a favor o en contra. Eso lo debe hacer otro actor y de ambos lados de la moneda.

El periodismo panameño sigue cojo, y seguirá cojo, mientras la misma gente que detenta el  poder, es la gente que informa.

Lamentable que los periodistas hayan decidido que los comunicados de la  Policía Nacional son verdad incuestionable y la verdad del campo esté detrás. Un sólo par de horas han demostrado que los comunicados han estado llenos de mucha falsedad y manipulación.

Gracias a Otramérica por cubrir minuto a minuto estos eventos.

Burica Press

La Policía Nacional de Panamá ha reprimido con fuerza a los manifestantes indígenas. Parecen felices de su actos.

Eligen nuevos comisionados en la CIDH – Cochez no fue seleccionado

Eligen nuevos comisionados en la CIDH – Cochez no fue seleccionado

Burica Press- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elegido este martes 7 de junio de 2011 a cuatro de los siete comisionados del organismo en el marco de la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en San Salvador.

IACHR 141st Period of Sessions, Situation of H...

El chileno Felipe González fue reelegido por un período de cuatro años adicionales. Foto: OEA

Las tres nuevas miembros de la Comisión son la jamaiquina Tracy Robinson, la paraguaya Rosa María Ortiz y la beliceña Rose-Mary Bella Antoine. El chileno Felipe González fue reelegido por un período de cuatro años adicionales.

Las personas electas comienzan su mandato en enero de 2012. La integración de la CIDH la completan la estadounidense Dinah Shelton, el colombiano Rodrigo Escobar Gil y el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, cuyos mandatos culminan en el 2013. Los y las nuevas integrantes de la Comisión sustituirán al brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, a la salvadoreña María Silvia Guillén y a la venezolana Luz Patricia Mejía Guerrero.

Los comisionados y comisionadas realizan su trabajo de manera independiente por lo que no representan a ningún Estado, sino que cumplen sus funciones a título personal, de manera autónoma. Cada miembro de la CIDH ejerce sus labores durante un período de cuatro años con posibilidad de reelegirse por un período igual.

Para las vacantes se postularon seis candidatos: Paraguay, Chile, Panamá, Perú, Jamaica y Belice.

Brasil había presentado al exministro Paulo Vannuchi para formar parte de la CIDH, pero retiró su candidatura. Aunque la Cancillería brasileña no explicó el motivo de la retirada en la carta que enviaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ésta se produjo tras los roces con el organismo por la construcción de una hidroeléctrica en la Amazonía.

Panamá postuló al abogado Guillermo Alberto Cochez, representante permanente de Panamá ante la OEA, pero tampoco tuvo éxito en su candidatura que generó malestar de algunas organizaciones de derechos humanos a nivel de Panamá y de la región.

En declaraciones a Acan-Efe Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), mostró su desacuerdo con el candidato panameño.

Krsticevic argumentó que, como embajador ante la OEA, Cochez “ha tenido posiciones que creemos abiertamente encontradas con una posición de defensa de los derechos humanos, como haber sostenido que no había que cumplir con las decisiones de la CIDH”.

Organizaciones de la sociedad civil panameña también pidieron a los representantes de los gobiernos ante la OEA, que no escogieran a Cochez, ya que el Estado panameño ha incurrido en casos graves de violación de derechos humanos en los últimos meses en Panamá, entre los que destaca la represión de los trabajadores bananeros de Changuinola (julio 2010), los límites a la libertad sindical, el “reciente e intempestivo cierre de compuertas” de la hidroeléctrica Chan 75 (a pesar de los informes de la ONU, de la CIDH y de Amnistía Internacional) y la expulsión de activistas de Derechos Humanos y periodistas.

Destacan que Cochez como embajador ha defendido las posiciones de un Estado que tiene uno de los peores registros de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que ha ignorado de manera flagrante dos medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2009, que está violando los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y que ha llevado a un deterioro severo de la situación general de los derechos humanos en los últimos dos años”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, Estados Unidos y, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un organo primordial de la OEA. La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

Fuentes: ACAN EFE, OEA, BURICA PRESS

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Vea además:

PANAMA. CIDH pide suspender proyecto hidroeléctrico de AES Corporation en territorio ngobe

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos en manifestaciones en Panamá

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos  en manifestaciones en Panamá

Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.

Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”

El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Nace Asamblea Ciudadana de Panamá -Exigen investigación de violación a los DDHH.

Asamblea Ciudadana

Resolución

Considerando:

Primero: Que las asociaciones, gremios, sindicatos, los ciudadanos y ciudadanas independientes, como parte integrante de la sociedad civil panameña organizada, convocados con la firme decisión de estructurar un espacio de diálogo, debate y articulación, que nos permita fundamentar las bases de una red nacional de garantías individuales y Derechos Humanos tiene el deber de fortalecer la democracia panameña y el respeto permanente a los derechos fundamentales.

Segundo: Que esta iniciativa tiene sus antecedentes históricos en la existencia de un sistema de democracia excluyente, discriminatorio e inequitativo y que el pueblo históricamente ha luchado por una autentica democracia ante diferentes tipos de gobiernos dictatoriales militares o civiles.

Tercero: Que este contexto histórico refleja un modelo de participación ciudadana secuestrada, y que la situación se ha visto agravada entre otras por los acontecimientos ocasionados por la aprobación inconsulta de leyes como la Ley 14 del 2010 y la 30 de 2010. Esto desembocó en una acción represiva contra la población trabajadora ngobe indígena y en general, la cual ha sido grave e irreparable, provocándose una profunda herida al débil Estado de Derecho, y a las condiciones de seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos.

Resuelve

1. Crear un espacio participativo, crítico y de orientación como base permanente para la conformación de una red nacional de derechos humanos denominada Asamblea Ciudadana.

2. Exigir la derogación inmediata de la Ley 30 de 2010 y la ley 14 de 2010 por atentar contra derechos humanos fundamentales.

3. Exigir la derogación del decreto anti comarcal Decreto Ejecutivo 537 de 2010 que viola la autonomía de las comarcas.

4. Repudiar el lenguaje de menosprecio hacia las clases populares y las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno nacional, y asimismo rechazar el racismo, la discriminación y la intolerancia demostrada por el mismo.

5. Defender la libertad de expresión y el derecho a la información.

6. Constituir de inmediato una comisión permanente independiente, bajo los parámetros internacionales de derechos humanos, que investigue y denuncie a nivel nacional e internacional a través de un informe sobre las violaciones y crímenes ocurridos en Changuinola y en el resto del País, y que se establezcan las responsabilidades penales y civiles incluyendo posibles delitos de lesa humanidad. Además solicitamos que se levanten todos los actos represivos contra las organizaciones de la sociedad civil y los individuos.

7. Exigir una indemnización, por parte del estado, para las víctimas y sus familiares directamente afectadas, y que la misma sea proporcional al daño causado.

8. Exigir la destitución de los Ministros de Seguridad Nacional, José Raúl Mulino, y de la Ministra de Trabajo, Alma Cortez, así como del Director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.

9. Hacer un llamado a la sociedad civil para que nos mantengamos vigilantes y unidos para el fortalecimiento de la democracia de Panamá.

10. Hacer llegar copia de esta Resolución a los medios y organizaciones nacionales e internacionales.

11. Convocar la realización de una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana el sábado 28 de agosto para evaluar y continuar fortaleciendo nuestras acciones.

Dado en los 17 días del mes de julio de 2010.

Firman representantes de organizaciones se sociedad civil, sindicales, magisteriales, gremios médicos, representantes de las comarcas indígenas, organizaciones de mujeres…

Esta imagen muestra la espalda de un ciudadano de Bocas del Toro que estuvo en las protestas contra la Ley 30. Decenas de perdigones alojados en la piel. Estas municiones ilegales fueron usadas de manera indiscriminada por la Policía de Panamá, lo que produjo centenares de heridos, decenas de personas perdieron la visión en un ojo o en ambos. Además muchos fueron golpeados y vejados. Foto: Anónimo

Participantes del Foro de la Sociedad Civil, ahora constituido en la Asamblea Ciudadana. Foto: Comuna Sur

Informe de sucesos de violación a DDHH de julio 2010 en Panamá -Defensoría del pueblo

Defensoría del Pueblo publica informe de incidentes de violación a los Derechos Humanos en Panamá. Leálo a continuación.

INFORME

“ANALISIS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE LOS INCIDENTES OCURRIDOS ANTE EL RECLAMO DE LOS OBREROS AFILIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL BANANO (SITRAIBANA), DE LA EMPRESA BOCAS FRUIT COMPANY EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, RESPECTO A LA DEROGATORIA DE LA LEY No. 30 DE 6 DE JUNIO DE 2010.”

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ ‐Julio 2010

CONTENIDO

I‐ Antecedentes

II‐ Reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA)

III‐ Hechos ocurridos en la Provincia de Bocas del Toro

A‐ Comunicado a la Ciudadanía

B‐ Actuaciones de la Defensoría del Pueblo frente a los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro producto de las protestas

1‐ Conversaciones telefónicas con la dirigencia sindical del SITRAIBANA

2‐ Reunión con miembros de la Sociedad Civil

3‐ Inspección a la Sede de la Policía Nacional en Ancón

4‐ Visita a la Clínica Hospital Nacional

5‐ Visita de la Comisión Defensorial en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

5.1‐ Reunión con miembros de SITRAIBANA

5.2‐ Entrevista con el Párroco de la Iglesia Católica Roberto Sirausqui

5.3‐ Visita al Hospital de Changuinola

5.4‐Visita a la Cárcel Pública de Changuinola

5.5‐Visita a los Familiares de personas fallecidas

5.6‐ Entrevista a los miembros de la Policía Nacional que fueron retenidos por los manifestantes

6‐ Atención en diversos centros hospitalarios del país 6.1‐ Hospital Regional Rafael Hernández – Ciudad de David, provincia de Chiriquí

6.2‐ Hospital Luis Chicho Fábrega – Ciudad de Santiago, provincia de Veraguas

6.3‐ Hospital Santo Tomás – Ciudad de Panamá

6.4‐ Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid – Ciudad de Panamá

6.5‐ Hospital Integrado San Miguel Arcángel – distrito de San Miguelito, provincia de Panamá

7‐ Atención a personas privadas de libertad

8‐ Otros hechos relacionados

8.1‐Caso de la Profesora Dalia Morales – Universidad Autónoma de Chiriquí

8.2‐Caso del Profesor Juan Jované – Universidad de Panamá

IV‐ Conclusiones

V‐ Recomendaciones Preliminares

VI‐ Anexos

DOCUMENTOS

Informe Preliminar- Incidentes en la provincia de Bocas del Toro y Panamá sobre violación a DDHH julio 2010
(Formato Pdf versión original)

Informe de la Defensoria del Pueblo sobre sucesos de Violación a DDHH en Panama julio 2010 (Formato Word)

I Antecedentes

El día 12 de junio de 2010, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el Proyecto No. 177, correspondiente a la Ley No. 30 de 6 de junio de 2010, que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional. Dicho Proyecto de Ley presentado por el órgano Ejecutivo, promueve la aviación civil, reformando algunas normas del Código Penal, Judicial y de Trabajo; como también la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, la Ley 6 de 1997 por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, la Ley 41 de 1998 general del ambiente de la República de Panamá, la Ley 21 de 2003 que regula la aviación civil, subroga el Decreto Ley 19 de 1963 y dicta otras disposiciones; además, la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones y la Ley 67 de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas y reforma la Ley 32 de 1984,orgánica de la Contraloría General de la República. Miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas, Mar Viva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), el Centro de Incidencia Ambiental, la Alianza Pro Ciudadana, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNCTRACS), entre otros, manifestaron su rechazo a la aprobación de esta Ley.

Desde el día 10 de junio de 2010, la Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al Proyecto de Ley No. 177, denominado de aviación comercial y que modifica varios textos legales, expresando que el mismo genera una enorme preocupación, toda vez que entremezcla materias que debieron ser discutidas en forma separada por su especialidad. Asimismo, indicamos que, por la complejidad de temas incluidos en el documento, cada materia debió ser analizada separadamente en el seno de la respectiva comisión de trabajo, permitiendo un amplio debate legislativo y una verdadera participación ciudadana. Sobre el particular, el artículo 46 de la Ley No.49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, establecen la creación de las comisiones en comento.

La Defensoría del Pueblo consideró que algunas de las materias contenidas en el proyecto de Ley, resultaban inconvenientes; tales como la eliminación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en las obras públicas consideradas de interés social y la iniciativa que establecía que no serían sometidos a detención preventiva los miembros de la Policía Nacional, que en el ejercicio de sus funciones, cometieran un hecho presuntamente delictivo, los cuales están contenidos en los artículos 33 de la Ley No. 30 de 2010, que adiciona el artículo 23-A a la Ley No. 41 de 1998 y el artículo 27 de la Ley No.30 de 2010, respectivamente.

En nuestra opinión, estas propuestas generarían, por un lado, desprotección en cuanto a las medidas de mitigación y conservación del medio ambiente, exigidos a proyectos que efectúa el sector privado y por el otro, la sensación de impunidad por fueros y privilegios prohibidos por nuestra Constitución Política, respectivamente. Igual preocupación, observamos en su momento, por la desnaturalización del derecho a huelga reconocido en la Carta Magna y varios Convenios Internacionales, suscritos por Panamá. Por último, en nuestro pronunciamiento, reiteramos sobre lo contraproducente que resulta el hecho de legislar diferentes materias en un solo cuerpo, por el riesgo que conlleva el no contar con la información adecuada y especializada, unida a la ausencia de la participación y aporte ciudadano.(ver adjuntos)

II Reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA).

El día Jueves 1o de julio de 2010, luego de una Asamblea General en la que participaron los representantes de las fincas y empacadoras del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, se decidió que a partir del día 2 de julio se realizaría un paro de labores por 48 horas en rechazo a la Ley No. 30 de 2010, conocida como “Ley 9 en 1” o “Ley Chorizo”.

Dicha medida fue tomada, a raíz que la empresa Bananera Bocas Fruit Company comunicó al Sindicato que ya no remitiría el descuento de la cuota sindical en cumplimiento de la nueva ley. La situación se agravó aún más cuando la empresa Bocas Fruit Company retuvo los salarios devengados de los trabajadores, luego del paro de labores por 48 horas, decretándose entonces la paralización indefinida de las actividades laborales. Por ello, las autoridades regionales del MITRADEL como de la Gobernación de la provincia, se reunieron con los directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA) para encontrarle una solución al conflicto; sin embargo, esto no fue posible, por el contrario, la dirigencia sindical solicitó al Gobierno que se presentase una Comisión de alto nivel y atendiese la situación. En virtud de lo anterior, la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, se trasladó el día Martes 6 de julio de 2010, hasta la provincia de Bocas del Toro, a fin de negociar con los trabajadores; sin embargo, la dirigencia sindical encabezada por el Secretario General de SITRAIBANA, Sr. Genaro Benett, aseguró que el paro se mantendría hasta que se derogara la Ley No. 30 de 2010, y que; además, solicitaban la presencia del Presidente de la República, Señor Ricardo Martinelli.

Tras el fracaso de las negociaciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el día Jueves 8 de julio de 2010, el Ministro de la Presidencia, Señor Demetrio Papadimitriu, se trasladó a la provincia a fin de reanudar las negociaciones con los dirigentes de los obreros de la empresa Bocas Fruit Company, que se mantenían en huelga. Los intentos de las autoridades del Gobierno Nacional de lograr una salida negociada a la crisis, condujeron a que el día sábado10 de julio de 2010, el Vicepresidente y Canciller de la República, Señor Juan Carlos Varela, así como los Ministros de Salud y Gobierno, y el Director General del FIS, entre otros funcionarios, viajaran a la provincia de Bocas del Toro, para unirse a los esfuerzos que estaba realizando el Ministro de la Presidencia.

Como es sabido, dicha huelga se mantuvo por aproximadamente 2 semanas, misma que terminó el día domingo, 11 de julio de 2010, después de las 10:00 p.m., cuando se logró la firma de un Acuerdo, en que el Gobierno Nacional se comprometió a suspender los efectos de tres artículos (12, 13 y 14) de la Ley No. 30 de 6 de junio de 2010, que regulaban temas exclusivamente laborales. Entre otros puntos, el Acuerdo estableció que la suspensión se extendería por 90 días, término en el que debería realizarse un diálogo nacional que permitiera el logro de un acuerdo final. Asimismo, se acordó la liberación de los detenidos en Bocas del Toro, con la promesa que no serían procesados, ni sancionados. De igual manera, conforme a lo pactado, se deberá efectuar un diálogo sobre la Carta Orgánica de la Comarca Ngobe Buglé, establecer una política bananera nacional y abordar el problema del alto costo de la vida en la provincia de Bocas del Toro. Asimismo, el Gobierno Nacional se comprometió a atender los problemas de las víctimas del conflicto, ya sea con ayuda social del Fondo de Inversión Social (FIS) o indemnizaciones y/o pensiones, como gastos funerarios y ayudas a las familias de las personas fallecidas.

III-Hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro

A pesar del llamado a diálogo en el distrito de Changuinola se registraron violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes, hechos estos lamentables y desafortunados que han dado como resultado la pérdida de vidas humanas y decenas de heridos, incluso con resultado que produjeron discapacidad parcial o permanente. Por otra parte, cientos de residentes estaban molestos por las afectaciones provocadas a sus niños y otros familiares producto de los gases lacrimógenos. Asimismo, es importante recalcar la incertidumbre vivida por los moradores producto de los disturbios que se protagonizaron tanto en el Puente de Changuinola, como el centro de la comunidad, quienes atemorizados salían de sus hogares a comprar alimentos.

A Comunicado a la Ciudadanía:

El día Viernes 9 de julio de 2010, se envió a todos los medios de comunicación un Comunicado de Prensa en el cual, el Defensor del Pueblo se pronunciaba sobre los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro, en el cual expresaba su preocupación por los hechos lamentables y desafortunados. Igualmente hacía un llamado a la calma y al sostenimiento de un diálogo sensato y sin condicionamientos.

B Actuaciones de la Defensoría del Pueblo frente a los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro.

1 Conversaciones telefónicas con la dirigencia sindical del SITRAIBANA.

A través de nuestra Oficina Regional de Bocas del Toro, contactamos al dirigente sindical Samuel Quintero, Secretario de Finanzas de SITRAIBANA, con quien mantuvimos comunicación permanente durante los días en los que se producían los enfrentamientos. El Sr. Quintero, expresó que la dirigencia sindical lamentaba los hechos violentos que se estaban suscitando; indicando que el Sindicato inició su reclamo mediante acciones pacíficas con la intención de poder dialogar; sin embargo, las respuestas que obtuvieron de parte de las autoridades del Gobierno Nacional fueron provocaciones, humillaciones y represiones hacia los manifestantes, lo cual se agudizó con la llegada de un número plural de miembros de la Unidad de Control de Multitudes provenientes de otras provincias del país.

2 Reunión con miembros de la Sociedad Civil

El día sábado 10 de julio de 2010, en horas de la mañana, sostuvimos reunión con miembros de la sociedad civil, entre ellas: Magaly Castillo y Luis Castillo, en representación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Igualmente Mariela Arce, representante de Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA).

En esta sesión, los miembros de la sociedad civil solicitaron la realización de una visita en conjunta, a la provincia de Bocas del Toro, la cual estaba programada previamente en la agenda defensorial. Así, se acordó visitar el distrito de Changuinola, tan pronto, las condiciones de accesibilidad lo permitieran, toda vez que en ese momento resultaba en extremo difícil acceder al lugar por la suspensión de vuelos comerciales, cierre del aeropuerto de Changuinola y cierre de la vía de acceso, por parte de los manifestantes.

3 Inspección a la Sede de la Policía Nacional en Ancón

El día sábado 10 de julio de 2010, en horas de medio día, en el Hotel Soloy, ubicado en la ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en donde se celebraba una reunión de las diferentes organizaciones sindicales, se produjo la detención de un grupo de dirigentes. Simultáneamente, un grupo de manifestantes y estudiantes se dirigían en una marcha pacífica hacia la plaza 5 de mayo, siendo interceptados, y detenidos en el patio de la Sede de la Policía Nacional de Ancón. En virtud de estos hechos, una Comisión Defensorial, encabezada por el Defensor del pueblo, a la Sede de la Policía Nacional, entrevistándose con los detenidos y con el Director de Relaciones Públicas y la Ministra de Educación, Lucy Molinar, quien aseguró que, por instrucciones del Presidente de la República los mismos serían liberados inmediatamente. Igualmente recibimos en el lugar, la queja de varios abogados, debidamente acreditados como tales, quienes manifestaron que no se les permitía el acceso a entrevistarse con los detenidos. De esta situación fuimos testigos y no podemos pronunciarnos de otra forma que no sea recordar lo consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Política, norma que consideramos fue vulnerada, y que establece lo siguiente: “Art.22:Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes :

Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales…..”

En este sentido, queda claro que dichas actuaciones atentan contra el derecho a la libertad de reunión contenido en el artículo 38 de la Constitución Política el cual señala lo siguiente: “Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos…”

4 Visita a la Clínica Hospital Nacional

El Defensor del Pueblo tuvo conocimiento que en este centro de atención médica, se encontraban internados miembros de la Policía Nacional, quienes resultaron con heridas de consideración, como consecuencia de los enfrentamientos con los manifestantes en la provincia de Bocas del Toro. En horas de la tarde del sábado 10 de julio, el Defensor del Pueblo y su personal, realizaron una visita al Hospital Nacional, con el fin de verificar el estado de salud en el que se encontraban dichos miembros de la Policía Nacional.

5 Visita a la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Es importante recalcar que la visita del Defensor del Pueblo y su personal a la provincia de Bocas del Toro, incluyo su desplazamiento, inicialmente por vía aérea hasta Isla Colón, de allí vía acuática hasta el distrito de Almirante y por último vía terrestre hasta el distrito de Changuinola, lo que permitió poder constatar, por percepción propia, la magnitud de las consecuencias reales y materiales del conflicto.

5.1. Reunión con miembros de SITRAIBANA: Nos reunimos con los dirigentes sindicales, Samuel Quintero, Secretario de Finanzas y Abel Becker, Secretario de Organización ambos de SITRAIBANA, con quienes se había sostenido comunicación vía telefónica desde nuestra sede central en Panamá durante todos los días de protestas. Los dirigentes expresaron que la solicitud de derogación de la Ley No. 30 de 2010, inició de forma pacífica durante varios días. Era el momento de conversar con las autoridades del gobierno, pero no hubo receptividad por parte de éstos (aseguran remitieron nota al Señor Presidente de la República), por lo que efectuaron una marcha sin violencia el día Martes 29 de junio de 2010; a la cual asistieron aproximadamente 12,000 personas y a la cual se le dio poca o ninguna cobertura por parte de los medios de comunicación, ni pronunciamiento alguno por parte del Gobierno.

Aceptaron que cuando las protestas se tornaron más violentas y ante la presencia de policías antimotines, el control de la situación se les escapó de las manos. Expresaron también que existían muchas personas con heridas producto de los impactos de perdigones que no habían recibido atención médica debido al temor de posibles detenciones. Asimismo, expresaron su preocupación por los compañeros que quedarían con secuelas permanentes, tales como discapacidad visual y que desconocían el paradero de muchos de los manifestantes. Por lo anterior, la Defensoría les proporcionó copia de los listados emitidos por el Hospital Santo Tomás y los nombres de los detenidos en la Sede de la Policía Nacional en Ancón.

5.2 Entrevista con el Párroco de la Iglesia Católica Roberto Sirausqui (mediador en el Conflicto):

El Padre Sirausqui, quien fue mediador y testigo de las reuniones entre el gobierno y los manifestantes, nos refirió que las personas no sentían confianza en acudir al hospital para recibir atención, por miedo a ser detenidas. Aseguró que la información proporcionada por los medios de comunicación en ocasiones era difusa. Igualmente colaboró en el traslado de los niños albergados en Nutre Hogar hacia el hospital, ya que habían sido afectados por los gases lacrimógenos.

Consideró que la fuerza utilizada por los miembros del Policía Nacional fue desproporcionada; aunque también aseguró, que pudo observar a manifestantes portando armas.

5.3-Visitas al Hospital de Changuinola

Los días 10, 11 y 12 de julio, el personal de la Defensoría del Pueblo efectuó visitas al Hospital de Changuinola, en la última de éstas, el Defensor del Pueblo en compañía de su equipo de trabajo, realizó un recorrido por las instalaciones del centro hospitalario con el propósito de visitar y conocer la condición de las personas heridas producto de las manifestaciones ocurridas los días anteriores, y que aún se mantenían en dicho centro médico. Durante el recorrido, en la Sala de Urgencias, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos lesionados (trauma ocular) quienes hicieron una breve referencia de los hechos ocurridos y del trato recibido. Posteriormente se efectuó una reunión con la Directora Institucional de la Caja de Seguro Social, Dra. Tusnelda Cruz y el Director Médico del Hospital, Dr. Daryl Padmore, para conocer los datos relativos al número de personas heridas y fallecidos. Se les solicitó un informe sobre el particular, indicándonos que dicha información solo podía ser entregada por el Ministro de Salud. Este requerimiento ya ha sido efectuado al Ministro de Salud Franklin Vergara.

5.4 Visita a la Cárcel Pública de Changuinola: El día sábado, 10 de julio de 2010, personal de nuestra Oficina Regional en Bocas del Toro, realizó una visita a la Cárcel Pública de Changuinola, a fin de constatar la cantidad de personas detenidas y las condiciones en que se encontraban; asimismo, si estaban recibiendo atención médica, alimentos, agua, u otro tipo de ayuda. Es importante, hacer del conocimiento que al personal de la Defensoría del Pueblo le fue negado el acceso al recinto carcelario, aduciendo razones de seguridad; sin embargo, se informó por parte de los responsables del penal, que habían 150 personas detenidas, a las cuales se les estaba brindando atención médica y alimentación. El día 11 de julio, nuevamente una Comisión Defensorial se apersonó al Cuartel de Policía de la Zona de Bocas del Toro, con la finalidad de realizar una inspección ocular al lugar donde se encontraban las personas detenidas con motivo de las manifestaciones. En esta ocasión, el Subcomisionado Didier De Gracia, Jefe de la Zona de Policía, brindó su atención e informó que efectivamente, existían alrededor de 150 personas detenidas, las cuales se encontraban en el área de visita de la Sección Judicial y agregó que se les estaba suministrando alimentos, agua; además, de la autorización para que recibieran visita de sus familiares.

En cuanto a la atención médica, el Jefe de la Zona de Policía informó que inicialmente los detenidos habían recibido atención médica por parte de un médico y paramédico de la Policía y que posteriormente, estaban siendo atendidos por personal de la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja. Finalmente, pudieron ingresar al área donde se mantenían los detenidos, los cuales se encontraban sentados en el piso del área de visita de judicial. Algunos de ellos informaron que habían recibido alimentos y sus visitas. El día lunes 12 de julio, efectuamos una tercera visita a la Cárcel Pública de Changuinola. Allí fuimos atendidos por el Jefe de la Zona de Policía, quien indicó que para ese momento ya no se encontraba ninguna persona detenida en dichas instalaciones como consecuencia de las manifestaciones, en razón de los acuerdos alcanzados el dia domingo 11 de julio. En cuanto a los cuestionamientos formulados respectos a los disparos con perdigones recibidos por los manifestantes en la parte superior de su cuerpo (torso) y rostro, el funcionario en comento mencionó que los disparos, se dieron cuando la turba se acercaba rápidamente, poniendo en riesgo la seguridad, integridad y la vida de las unidades que se mantenían tratando de controlar los disturbios. Por su parte, el Sub Comisionado Miranda aclara que los disparos realizados, afectaron el torso y el rostro de los manifestantes, por la distancia y la posición en que se encontraban los manifestantes.

Los miembros de la Policía Nacional entrevistados manifestaron que únicamente utilizaron armas de bajo impacto y ninguna con proyectil, salvo las escopetas con perdigones. Informaron oficialmente que producto de las manifestaciones se produjeron la muerte de dos (2) personas, cifra que no coincide con la que maneja la dirigencia sindical del SITRAIBANA.

5.5 Visita a familiares de las personas fallecidas:

El día martes 13 de julio se realizó visita a la residencia de la señora Catalina Guerra de Smith, esposa del señor Antonio Smith fallecido en los disturbios y enfrentamientos. Señaló que sus necesidades eran: vivienda para ella y sus menores hijos (9 en total), comida, ropa, útiles escolares, un subsidio pues nunca había trabajado. Los familiares y conocidos aprovecharon la oportunidad para solicitar que se investigara las condiciones en que falleció el Sr. Smith, puesto que aducían, fue producto de un disparo a quemarropa con una escopeta calibre 12.

5.6 Entrevista a miembros de la Policía Nacional que fueron heridos durante las protestas:

El día martes 13 de julio de 2010, se efectuó visita al Cuartel de Policía de la Zona de Bocas del Toro, con la finalidad de entrevistar a las unidades de policía que resultaron heridas.

A continuación enlistamos cada una de las entrevistas realizadas:

Subteniente Evelio Del Cid:

Informó que sufrió lesión en el pómulo derecho producto de un golpe con una piedra. Aduce que hubo denotaciones de armas de fuego por parte de los manifestantes y que decomisaron un gran número de machetes. Expresó que aproximadamente el 70 % de los manifestantes contaba con un arma blanca (machete).

Teniente Luis Hernández:

señala que sufrió trauma cerebral no visible (interno) producto de un impacto de piedra en su casco. Perdió el conocimiento y luego estuvo desorientado. Expresó que la intención manifiesta de los participantes de los disturbios era tomar el Cuartel de Policía. Agregó que les lanzaron bombas molotov, las cuales se incendiaron muy cerca del sitio donde se encontraban las unidades de policía. En cuanto a los procedimientos utilizados manifestó que inicialmente utilizaron cartuchos pirotécnicos, como medio para disuadir a los manifestantes, luego lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos y en vista que éstos los regresaban avanzando hacia el Cuartel, entonces, procedieron a hacer uso de cartuchos de goma y esto tampoco los contuvo, por el contrario se tornaron más agresivos y seguían avanzado hacia el Cuartel donde se mantenían unidades que no contaban con armas ni equipo. Por último, agrega lo unidad de Policía que se procedió al uso de cartuchos de perdigones, los cuales eran lanzados al piso. Señaló que las lesiones en el torso y rostro de los manifestantes podrían deberse a la posición y la distancia en que se encontraban.

Sargento Luis Aparicio:

señala que sufrió lesión en el brazo izquierdo y en el antebrazo derecho (hematomas) por piedras. Informa que utilizaron las medidas de fuerza necesarias y lanzaron gases lacrimógenos para replegar a los manifestantes, pero contrario a esto los manifestantes se acercaban cada vez más a ellos. En tres (3) ocasiones les lanzaron bombas molotov estando a muy corta distancia. Expresó igualmente, que tuvieron que lanzar perdigones al piso para tratar de controlar a la multitud.

Además, resultaron heridos: el Cabo 1ro Gerónimo Palacios, Cabo 1ro Daniel Hooker, Sargento 2do Eladio Rodríguez y el Teniente Francisco Castro.

6 Atención en diversos centros hospitalarios del país.

6.1 Hospital Regional Rafael Hernández – ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El día sábado, 10 de julio de 2010, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional en Chiriquí, se apersonaron al Hospital Regional Rafael Hernández, ubicado en el distrito de David, a fin de conocer si se habían trasladado heridos desde la provincia de Bocas del Toro, como resultado de los disturbios que se habían generado en el área. Una vez en el mencionado hospital, se les solicitó a los funcionarios de la Defensoría pedir la información en la Coordinación Regional de la Caja de Seguro Social, misma que fue suministrada por el Dr. Pellico Pérez, quien informó que entre los días 9 y 10 de julio fueron atendidas 12 personas, todos varones mayor de edad, en su mayoría de etnia indígena (11), procedentes de la provincia de Bocas del Toro, con heridas de perdigones en uno o ambos ojos. Asimismo, señaló que los heridos fueron estabilizados como prioridad; sin embargo, por no portar con los documentos necesarios para calificar como asegurados fueron registrados como no asegurados, por lo que se remitieron a las instalaciones del Ministerio de Salud.

Seguidamente, se realizaron gestiones, a fin de contactar al Dr. José Luis Castillo, Director Regional del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí, quien no estaba disponible, toda vez que se informó que se encontraba en labores de consecución y envió de agua y oxígeno médico para la Provincia de Bocas del Toro. En virtud de ello, se contactó al Dr. Santiago De Roux, Subdirector Regional, quien suministró igual información otorgada por la Coordinación Regional de la Caja de Seguro Social. Por último, el Dr. De Roux indicó que ese mismo día; es decir, el sábado, 10 de julio de 2010, los lesionados fueron enviados a la ciudad de Panamá, en dos (2) vuelos: el primero, salió a las 12:00 m.d., con 6 de los heridos; y el segundo, a la 1:30 p.m., con los 6 restantes afectados.

6.2 Hospital Luis Chicho Fábrega – ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

El día sábado, 10 de julio de 2010, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional en Veraguas, concurrieron al Hospital Luis Chicho Fábrega, ubicado en el distrito de Santiago, a fin de investigar si en dicho centro hospitalario habían ingresado algunas personas procedentes de la provincia de Bocas del Toro, a raíz de los disturbios suscitados por las protestas, así como el de verificar su estado de salud actual y otros detalles sobre su procedencia. En ese sentido, el personal Defensorial fue atendido por el Dr. Miguel A. Cartín Pérez, Coordinador en turno del Cuarto de Urgencias, quien procedió a verificar en los registros de entrada la procedencia de los pacientes atendidos para estas fechas, informando que no habían pacientes procedentes de la referida provincia bajo las condiciones antes descritas.

6.3 Hospital Santo Tomás – ciudad de Panamá.

El día domingo, 11 de julio de 2010, con el propósito de conocer el estado de salud de los heridos durante los disturbios en el distrito de Changuinola, y que por su delicada condición, por la falta de médicos especialistas y/o equipos se hizo necesario su traslado a la Ciudad de Panamá, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se apersonaron al Hospital Santo Tomás (HST), donde fueron atendidos por el Dr. King, Coordinador del Cuarto de Urgencias, quien informó que hasta ese momento habían ingresado 42 pacientes de los cuales 8 se les dio de alta (estos últimos fueron trasladados a la Sede Central de la Policía Nacional, en el Corregimiento de Ancón); y que se encontraban a la espera de la llegada de 7 heridos más. Cabe destacar, que se solicitó una copia del listado de los pacientes atendidos, misma que fue proporcionada (la que posteriormente, se entregó a los dirigentes del Sindicato de SITRAIBANA en la Provincia de Bocas del Toro, ya que desconocían el paradero de sus compañeros).

Por su parte, el personal médico informó que los afectados van a requerir apoyo psicológico por las afectaciones sufridas, ya que la mayoría tienen daños en la visión (lo que incluye la pérdida de uno o ambos ojos); agregaron, que es importante se pueda conocer en qué centro penitenciario serían trasladados en caso de alguna complicación en su salud. Posteriormente, el personal de la Defensoría realizó una recorrido por varias salas de hospitalización para conversar con los afectados; en su mayoría tenían heridas de perdigones en la parte superior del torso, cara y específicamente en los ojos, por lo que expresaron que sus familiares desconocían sus paraderos, no contaban con ropa, ni zapatos, tampoco con útiles de aseo personal. Destacamos el testimonio de Eugenio Baker, quien asegura se encontraba dormido en su casa, cuando escuchó disparos y gritos, por lo que al salir vio a una vecina afectada por los gases lacrimógenos y corrió a socorrerla. Fue en ese momento cuando recibió impactos de perdigones en su cuerpo asegura, que en ningún momento estuvo participando de las protestas.

El día lunes, 12 de julio de 2010, nuevamente personal de la Defensoría del Pueblo se trasladó al Hospital Santo Tomás, específicamente al Cuarto de Urgencias, donde inicialmente fueron atendidos por la Dra. Batista, Encargada de la Coordinación del área, quien hizo entrega del listado de personas que habían ingresado el día 9 de julio de 2010, a partir de las 12:00 m.d.. Posteriormente, la Dra. Batista acompaña a nuestro personal a las diferentes salas donde se encontraban algunos de los pacientes hospitalizados, indicando que algunos se encontraban en el HST y otros habían sido trasladados al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social y al Hospital Integrado San Miguel Arcángel. En dicha visita fueron entrevistadas varias personas afectadas por los disturbios, todos de etnia indígena Ngobe, quienes coincidían en indicar que no contaban con artículos de higiene personal, que hasta ese momento se mantenían custodiados por unidades de la Policía Nacional y que sus familiares no tenían conocimiento que se encontraba en dicho hospital, por lo que requerían comunicarse con ellos. Luego de haber entrevistado a las personas anteriormente mencionadas, el personal de la Defensoría fue abordado por el Dr. Elías García, Director Médico del Hospital Santo Tomás, quién indicó que les acompañaría en el recorrido por las diferentes salas.

Asimismo, manifestó que el Ministro de Salud, Dr. Franklin Vergara, estaba por llegar, así que recomendaba esperarlo. Una vez en el Hospital, el Ministro de Salud informó al personal de la Defensoría que el Señor Presidente, Ricardo Martinelli, llegaría en breve para hacer una visita a los heridos. El Presidente, Ricardo Martinelli, antes de iniciar su recorrido manifestó al personal de la Defensoría que ordenaría de inmediato que se retirarían los policías que se encontraban custodiando las diferentes salas donde estaban las personas afectadas por los disturbios y que; además, les entregaría artículos de primera necesidad a los retenidos y que los trasladarían a su lugar de origen. En cuanto, a los pacientes que no podían movilizarse señaló que trasladarían a algunos de sus familiares para que estuvieran con éstos.

6.4 Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid – ciudad de Panamá

En la tarde del día lunes 12 de julio de 2010, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladaron al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, específicamente al Cuarto de Urgencias, a fin de conocer la condición de salud de las personas afectadas por los enfrentamientos escenificados con los miembros de la Policía Nacional en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. En dicha visita, el personal de la Defensoría conversó con los heridos y miembros de la Policía Nacional, quienes informaron que se encontraban hospitalizadas 10 personas, todos de etnia indígena, provenientes de la provincia de Bocas del Toro. Eran visibles las heridas producidas por perdigones en el torso y la cara, específicamente en uno o ambos ojos. Por su parte, aquellos que también tienen lesiones en el resto del cuerpo, informan que las mismas les impiden movilidad y les causan fuertes dolores; y en otros casos manifiestan problemas respiratorios. Asimismo, expresan que todas sus lesiones son productos de los perdigones y bombas lacrimógenas lanzados por la Policía Nacional. Destacamos el testimonio de los hospitalizados en el Piso No. 7, Sala No. 714, quienes aseguran que la Policía Nacional les lanzaban bombas lacrimógenas de manera indiscriminada y que; además, les disparaban los perdigones de frente y a muy corta distancia.

6.5 Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA) – distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.

En la tarde del día jueves, 15 de julio de 2010, miembros de la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional en San Miguelito, se presentaron al Hospital Integrado San Miguel Arcángel, ubicado en ese distrito, a fin de conocer las condiciones y número de pacientes atendidos en este hospital, como resultado de los disturbios ocurridos por las protestas de los obreros en la provincia de Bocas del Toro. En dicho Hospital el personal de la Defensoría del Pueblo fue atendido por la Asesora Legal del Hospital San Miguel Arcángel, quien brindó la siguiente información:

‐ El día 9 de julio fueron admitidos 4 pacientes todos varones, mayores de edad.

‐ El día 10 de julio fueron admitidos 5 pacientes, todos varones, entre ellos un menor de edad.

‐ En su totalidad ingresaron 9 pacientes en las dos fechas mencionadas, y a dos de ellos, se les dio salida el día 13 de julio, por no presentar mayores complicaciones. Actualmente, están hospitalizados 7 personas, quienes se encuentran en condición de salud estable. Es importante señalar, que el HISMA habilitó una sala para uso exclusivo de estos pacientes donde son atendidos con prioridad.

7 Atención a personas privadas de libertad:

El día 12 de julio de 2010, una Comisión Defensorial realizó una visita tanto a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como la Sede Central de Policía Nacional, ambas ubicadas en el corregimiento Ancón, mismas que tenían el propósito de conocer las condiciones de detención de un grupo de dirigentes sindicales, manifestantes y estudiantes quienes fueron detenidos a causa de las protestas de la semana del 5 al 10 julio de 2010, efectuadas en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro y otros en el distrito de Panamá, provincia de Panamá. Dichas instalaciones albergaban una población de 75 personas en condiciones de detención que no son las más convenientes para mantenerlas recluidas. En el desarrollo de nuestra visita nos entrevistamos con el señor Jaime Alberto Caballero, dirigente del Sindicato único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) de Chiriquí y el señor Rolando Ortiz, dirigente del Movimiento FER 29. En sentido, conviene resaltar lo siguiente:

7.1. Conversación con Jaime Alberto Caballero.

Residente en distrito de David, provincia de Chiriquí. El dirigente fue detenido en la provincia de Chiriquí el día 10 de julio de 2010 y fue trasladado a la provincia de Panamá, la Fiscalía Auxiliar le formuló cargos por el delito contra la Seguridad Colectiva en las modalidades de delitos contra los medios de transporte y asociación ilícita para delinquir en grado de tentativa, de acuerdo al Oficio No. 14252 de la misma fecha, emitido por la autoridad antes indicada. Posteriormente, el 14 de julio de 2010, se realizó una segunda visita al señor Jaime Caballero, quien informó que mantenía huelga de hambre desde el día sábado, toda vez que considera que es un “prisionero político” y no hay elementos de prueba que lo mantuvieran detenido a órdenes de la Fiscalía Auxiliar. Permanecía tomando suero y agua e informó que se sentía en ocasiones mareado. En el Sistema Transitorio de Detención de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) le tomaban diariamente sus signos vitales.

7.2. Rolando Federico Ortiz Escartin.

El dirigente fue detenido durante la realización de una protesta pacífica efectuada el día 10 de julio de 2010, en las calles de Avenida Perú y la antigua Casa Miller. Durante su detención no se le permitió efectuar llamada telefónica ni se le informó el motivo de su detención hasta que fue conducido ante la autoridad competente. La Fiscalía Auxiliar le formuló cargos por el delito contra la Seguridad Colectiva en las modalidades de delitos contra los medios de transporte y asociación ilícita para delinquir en grado de tentativa, de acuerdo al Oficio No. 14252 de 10 de julio de 2010. La Comisión Defensorial de Panamá, cumplida esta labor, se trasladó a las instalaciones de la Policía Nacional de Ancón y conversó con las siguientes personas, que en su mayoría, pertenecen a etnias indígenas:

7.3. Abdiel Machuca.

Residente en el distrito de Changuinola en Bocas del Toro. Fue detenido el día viernes 9 de julio de 2010, cuando se encontraba recluido en el Hospital Santo Tomás, luego de ser trasladado desde la Caja de Seguro Social de Changuinola por heridas ocasionadas por perdigones. El señor Machuca presentaba heridas de perdigones en el cuerpo, así como en su ojo derecho. Además el detenido indicó que no se le permitió realizar ningún tipo de llamada y que no podido comunicarse con sus familiares. Cabe destacar que el mismo brindó declaración en la Fiscalía Auxiliar por el delito contra la Seguridad Colectiva.

7.4. Abel Morales.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Señala que lo detuvieron por supuesto vandalismo, el día 9 de julio de 2010, en el Hospital Santo Tomás; sin embargo, aduce que el día de los acontecimientos se encontraba recluido en el Hospital de Changuinola. Agrega que no tuvo acceso a realizar llamadas telefónicas, por lo que sus familiares deben desconocer su paradero. Prestó declaración a la Fiscalía Auxiliar por los hechos atribuidos.

7.5. Alfredo Castillo.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Castillo manifestó que se encontraba atendiéndose el día jueves 8 de julio de 2010, en la Caja de Seguro Social de Changuinola por heridas de perdigones, luego fue trasladado al Hospital Santo Tomás en Panamá, donde fue detenido por participar en las protestas registradas en la provincia de Bocas del Toro. El mismo, presentaba lesión en el ojo izquierdo por perdigones. No se le ha permitido realizar ninguna llamada. Declaró ante la Fiscalía Auxiliar por las mismas causas que las personas entrevistadas anteriormente.

7.6. Roselso Salazar.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Fue detenido el viernes 9 de julio de 2010, en el Hospital Santo Tomás, por haber participado supuestamente en las protestas de la provincia de Bocas del Toro. No tuvo acceso a llamada telefónica, ni a la asistencia de un abogado que lo representara. Presentaba heridas por perdigones en el cuerpo y en general un estado de salud delicado (fiebre y temblores).

7.7. Rangel Abrego.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Abrego fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida en el ojo derecho producto de un perdigón y se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista. Fue detenido el día 8 de julio de 2010, cuando estaba en el Hospital Santo Tomás recibiendo atención médica. No tuvo comunicación con su familia y fue conducido y la Fiscalía Auxiliar le formuló cargos por el delito contra la Seguridad Colectiva.

7.8. Eduardo Santos Jiménez.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Jiménez fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida en el ojo izquierdo producto de un perdigón y se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista. Fue detenido el día 8 de julio de 2010, cuando estaba en el Hospital Santo Tomas recibiendo atención médica. No ha tenido comunicación con su familia y fue conducido a la Fiscalía Auxiliar donde se le formularon cargos por delito contra la Seguridad Colectiva. No declaró, toda vez que se acogió al artículo 25 de la Constitución Política.

7.9. Arcenio Castillo Beker.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Castillo fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida leve en el ojo derecho producto de un perdigón y se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista. Fue detenido el día 8 de julio de 2010, cuando estaba en el Hospital Santo Tomas recibiendo atención médica. No tuvo comunicación con su familia y fue conducido a la Fiscalía Auxiliar donde se le formularon cargos por Delito contra la Seguridad Colectiva.

7.10. Andrés Garay Guerra.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Indica que no participó en las protesta y que sólo estaba mirando los acontecimientos cuando fue impactado por un perdigón. El señor Garay fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida en el ojo derecho producto de un perdigón y cuando se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista, fue detenido el día 8 de julio de 2010, en el Hospital Santo Tomás. Precisó que recibió atención médica, pero que no se le permitió comunicación con su familia y fue conducido a la Fiscalía Auxiliar donde le formularon cargos por delito contra la Seguridad Colectiva.

8 Otros hechos relacionados:

8.1 Caso de la Profesora Dalia Morales – Universidad Autónoma de Chiriquí:

Nuestra Oficina Regional de Chiriquí, se trasladó a la Universidad Autónoma de Chiriquí, para entrevistar a la profesora Morales, quien indicó que es dirigente magisterial y forma parte del grupo que lidera el Profesor Andrés Rodríguez y denunció que está siendo perseguida por unidades de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP). Señaló que el sábado 10 de julio del presente, se encontraba reunida en el Hotel Soloy, junto con asociaciones de profesores a nivel nacional y aproximadamente a la 1:00 p.m., llegó un contingente de unidades de la Policía y la detuvieron junto con otros 4 dirigentes. Manifiesta la Profesora Morales, que fue conducida sin una orden legítima, fue esposada y maltratada física y psicológicamente por las unidades de la policía y fue liberada posteriormente como a las 5:00 p.m., por presión de altas autoridades como la Iglesia, Comisión de Justicia y Paz y la Defensoría del Pueblo. Ella viajó el día domingo a la provincia de Chiriquí y como todos los días se dirigió al Colegio Victoriano Lorenzo a cumplir con sus labores y durante la jornada se presentaron al plantel unidades de la DIIP, quienes le indicaron al Director Regional de Educación y al Director del Plantel que la profesora sería conducida con orden de detención o sin ella.

Agrega la Profesora que al verse en esta situación conversó con el Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para que se le permitiera ingresar a este centro educativo y permanecer allí, dada la autonomía con que cuenta. Por lo tanto, la educadora comunicó que se mantendría en las instalaciones de la Universidad hasta que se le garantice su seguridad.

8.2-Caso del Profesor Juan Jované – Universidad de Panamá:

El día 12 de julio de 2010, una Comisión Defensorial realizó una visita a la Universidad de Panamá, a fin de conocer la situación difundida en los medios de comunicación sobre el caso del Profesor Juan Jované. El Profesor Jované, manifestó a nuestra Comisión que el día 11 de julio del presente año, 3 miembros de la Policía Nacional, se presentaron a su residencia expresándole que debía acompañarlos a la Fiscalía Auxiliar, toda vez que el Fiscal lo requería. Es importante indicar, que según lo informado, el vehículo que transportaba a los miembros de la Policía Nacional no tenía identificación que lo visualizara como un vehículo propiedad del Estado, y éstos se identificaron mostrando una placa, sin dar sus nombres ni su identificación personal. Seguidamente, procedió a llamar a sus abogados, quienes le indicaron que se debía presentar una orden escrita; sin embargo, los funcionarios de la Policía Nacional no la tenían, por lo cual se negó a ser conducido a la Fiscalía Auxiliar.

El Profesor Jované informó que los miembros de la DIJ le manifestaron que: “si él no quería ir por las buenas iba por las malas, y que sino, iban a buscar una orden de allanamiento…” Asimismo, el afectado expresó que se presentaron los medios de comunicación al lugar, motivo por el cual los miembros de la Policía Nacional decidieron retirarse. Posteriormente, sus abogados se apersonaron a la Fiscalía Auxiliar, a fin que se le mostrara el expediente y conocer las razones para su conducción; sin embargo, esto no fue posible, por el contrario se les informó que al día siguiente podrían verlo. Según el Profesor Jované, por todas las violaciones a sus derechos, decidió iniciar un ayuno en las instalaciones de la Universidad de Panamá. Igualmente, nos hizo entrega de algunas vistas fotográficas de lo sucedido el domingo, 11 de julio de 2010, con los agentes de la Policía Nacional.

IV Conclusiones

Luego de las investigaciones realizadas, hemos arribado a los siguientes resultados:

1. Los hechos acontecidos en el Distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, evidenciaron un estado de cosas inconstitucionales, en las que se advirtió la conculcación de derechos, como lo son: el derecho a la vida,

a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección judicial, entre otros, a la luz de lo que dispone la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

2. Las actuaciones iniciales de las autoridades correspondientes evidenciaron falta de prioridad al diálogo y tolerancia ante legítimas reclamaciones y derechos que le asistían al sector trabajador y en todo caso resultaron inefectivas.

3. Las demostraciones efectuadas por los trabajadores que iniciaron con la marcha del martes 29 de junio de 2010 y otras acciones pacíficas, y que culminaron con el paro laboral, ocasionando el enfrentamiento con los representantes de la autoridad del orden público, tuvieron como resultado el fallecimiento de varios manifestantes y colateralmente la afectación de derechos de terceros, así como una alta cifra de heridos aún por precisar y lesionados en la población civil, e incluso miembros de la Policía Nacional, al igual que un número importante de personas ilegalmente privadas de libertad.

4. Estas circunstancias incidieron sensiblemente en el resquebrajamiento del orden público, en la falta de seguridad de la población que producto de estas refriegas vivieron momentos de temor e inseguridad, e impidieron el goce de derechos fundamentales, entre estos, el respeto a la vida e integridad física de las personas, el libre tránsito, el acceso a alimentos, atención oportuna y eficaz de quienes requerían servicios de salud, entre otros.

5. Los daños a la propiedad privada y bienes del estado, que rodearon las protestas, evidenciaron el nivel de intolerancia y descontrol de algunos de los manifestantes, quienes exteriorizaron de forma equivocada su frustración ante la falta de respuestas concretas a sus legitimas reclamaciones.

6. Un número plural de personas, aún por determinarse, que resultaron heridas por estos acontecimientos muestran afectaciones en uno o ambos ojos, cuya gravedad y secuelas están siendo evaluadas por los facultativos, pero que evidencian un claro y abusivo exceso de la fuerza que requieren la explicación, investigación, análisis y revisión por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

7. La utilización de armas de fuego, específicamente cartuchos de perdigones y las lesiones producidas a los manifestantes de Changuinola, comprueban la falta de utilización de protocolos y de una correcta aplicación de la reglamentación para la contención de protestas o manifestaciones públicas, que lamentablemente en algunos casos; además, de discapacidades parciales o permanentes, tuvieron como consecuencia la pérdida de vidas humanas. La Defensoría del Pueblo continuará la investigación en esta materia.

8. En el caso de las provincias de Panamá y Chiriquí, la detención y conducción de ciudadanos a las instalaciones de la Policía Nacional, aduciendo supuestos errores, al presumir la eventual comisión de faltas administrativas o delitos constituyen hechos graves que limitan y violan el ejercicio de los derechos fundamentales, sin más restricciones que las establecidas en la ley.

9. En virtud de nuestras investigaciones, se hace evidente que se produjeron violaciones del derecho al debido proceso, tomando en consideración que se efectuaron privaciones de libertad sin el debido sustento jurídico, atentando de esta forma contra el Derecho de libertad personal, establecido en tanto en diversos instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos y ratificados por el Estado panameño, al igual que en nuestro derecho positivo. 10. La plausible iniciativa del gobierno central, de trasladar funcionarios de alta jerarquía al lugar del conflicto, de haberse efectuado en tiempo oportuno, es decir, antes de suscitarse los hechos violentos, probablemente hubiese podido evitar las lamentables situaciones ocurridas.

V Recomendaciones Preliminares

En virtud de lo anterior, el Defensor del Pueblo recomienda al Estado las siguientes acciones prioritarias:

1. Instar al fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 18 de 1997, Ley Orgánica de la Policía Nacional, relacionado con el uso limitado de la fuerza, y aplicar ante situaciones de esta naturaleza, los principios de Necesidad, Proporcionalidad, Racionalidad e Identificación del agresor, los cuales están consagrados y explicados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En el mismo sentido, recomendamos tomar en consideración “los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente” que en su parte pertinente, establece lo siguiente: “…

5.Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

a. Ejercerán con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

b. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;

c. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

d. Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, ocasione lesiones o muerte, comunicarán el hecho a sus superiores de conformidad con el Principio 22.

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos.”

2. Exhortar a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el orden público y el libre tránsito, respetando las normas de procedimiento policial establecidas y consagradas en la Ley.

3. Recordar a las autoridades su ineludible obligación de respeto a la vida e integridad de todas las personas en el país, en fiel cumplimiento de la Constitución Política y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es suscriptor nuestro país;

4. Reiterar que deben cumplirse los presupuestos contemplados en nuestro ordenamiento positivo y disposiciones internacionales que prohíben las detenciones arbitrarias o ilegales; evitando que se produzcan privaciones de libertad o capturas momentáneas de personas sin fundamento legal.

5. Insistir en la vigencia y fiel acatamiento del principio del debido proceso, así como el derecho a la asistencia de un abogado desde el momento que se produzca una privación de libertad; además, de exhortar a las autoridades judiciales a que resuelvan dentro de los plazos establecidos los recursos interpuestos, especialmente las Acciones de Hábeas Corpus;

6. Suprimir inmediatamente el uso de perdigones o similares, así como armas de fuerza letal como instrumentos tendientes a disuadir o controlar manifestaciones o protestas públicas, por el riesgo que entrañan contra la vida de las personas, debiendo hacerse las modificaciones pertinentes en la Ley y reglamentos de la Policía Nacional y desarrollar protocolos de manejo de crisis;

7. Respetar el honor de los activistas de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, académicos, religiosos, grupos indígenas y servidores públicos, entre otros, que como consecuencia de sus actividades puedan encontrar limitaciones o restricciones al ejercicio de derechos y libertades fundamentales;

8. Solicitar la atención prioritaria y especializada para las víctimas de los hechos acaecidos, con las ayudas hospitalarias, médicas y psicológicas, brindando la protección del derecho a la salud, entre otros, así como la asistencia económica y moral que cada caso requiera.

9. Requerir al Estado, a través de sus dependencias, inicie de inmediato una investigación de los hechos acontecidos, principalmente de los casos en los que se ha visto comprometido el derecho a la vida e integridad personal; contra la libertad y se establezcan las responsabilidades penales o administrativas a que haya lugar.

10. Instar a que, conforme a derecho, dentro del marco de los Acuerdos suscritos entre el gobierno y las partes, se amplíe el dialogo, a todos los sectores que han venido reclamando y planteando ser escuchados y que puedan aportar a la revisión de la Ley No.30 de 2010. 11. Exhortar a la dirigencia sindical y de grupos organizados, a tomar las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar en sus manifestaciones de protesta, la afectación de derechos a terceros y el resquebrajamiento del orden publico. Panamá, 16 de julio de 2010 Ricardo Julio Vargas Defensor del Pueblo

VI. Anexos

Actuaciones de la Defensoría del Pueblo en las provincias de Panamá y Bocas del Toro

Inspección al patio de la Policía Nacional de Ancón tras detención de personas que participaban en una marcha pacífica y dirigentes que efectuaban una reunión en el Hotel Soloy, 10/07/2010.

Visita a miembros de la Policía Nacional que resultaron heridos producto de los enfrentamientos, 10/07/2010.

Visita a personas heridas durante los enfrentamientos que fueron trasladadas desde Changuinola hacia el Hospital Santo Tomás, 12/07/2010. Reunión con el Profesor Juan Jované, quien se mantenía en ayuno en la Universidad de Panamá, por temor de ser detenido, 12/07/2010.

Recorrido por el Hospital de Changuinola, a fin de tener contacto directo con las personas afectadas producto de los disturbios, 12/07/2010.

Reunión con miembros de la Policía Nacional en Bocas del Toro, 12/07/2010

Ambientalistas denuncian violación de la Constitución y de los DDHH

De la crisis ambiental a la crisis democrática

Las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, agrupados en la RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA quieren hacer saber al país:

  • La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho
  • Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país
  • Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
  • Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, al debido proceso legal, etcétera) de los panameños y panameñas
  • Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y vulneradores de las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza que va a quedar impune.
  • Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo
  • Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
  • Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de racismo institucional
  • Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información
  • Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá
  • Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana

Red de Ambientalistas por la Democracia

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