Amnistía Internacional solicita investigar recientes crímenes políticos en Panamá

Documento – Panamá: Temor por los manifestantes después de la muerte de dos de ellos.

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Panamá Fecha: 7 de febrero de 2012 Date: 14 January 2011

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

Dos manifestantes murieron y, según los informes, más de 40 personas resultaron heridas cuando la policía dispersó una protesta de pueblos indígenas en Panamá el 5 de febrero. Es probable que las protestas continúen en todo el país, y se teme que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de fuerza excesiva.

El 30 de enero, los miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé salieron a la calle para protestar contra la enmienda de un proyecto de ley que, según creen, dejará sus tierras expuestas a la construcción de proyectos hidroeléctricos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en el norte del país. Desde entonces, las protestas han ido en aumento, y parte de la Carretera Panamericana ha sido cortada por miles de manifestantes. El 5 de febrero, un manifestante, Jerónimo Rodríguez Tugri, murió por disparos en San Félix, provincia de Chiriquí, y hay informes de que otro manifestante se encuentra en estado crítico. Otros más de 40 han resultado heridos, según los informes, entre ellos policías. El 7 de febrero, los medios de comunicación informaron de la muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Las circunstancias de su muerte aún no se han confirmado.

Se han recibido numerosas denuncias de grupos de derechos humanos, ecologistas y eclesiásticos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes, que provocó la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también han informado sobre el uso de gas lacrimógeno en las cercanías de centros médicos, sobre la negación a los detenidos de acceso a asistencia letrada, y sobre la falta de acceso de los heridos a atención médica. El gobierno, tras negar inicialmente los informes de que había cortado el acceso a las redes de telefonía móvil en las zonas de las manifestaciones, ahora ha confirmado el corte de dicho acceso. El 7 de febrero, las redes de telefonía se habían restaurado.

Es probable que las manifestaciones continúen durante los próximos días, y se teme que pueda haber más muertos o heridos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

recordando a las autoridades que el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que dichos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”;

pidiendo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las muertes de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2012, A:

Ricardo Martinelli Berrocal
Presidencia de la República, Panamá 1,
Panamá
Fax: +507 527 9034
Correo-e.: prensa@presidencia.gob.pa

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

José Mulino
Ministro de Seguridad Pública
Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe
Ciudad de Panamá, Panamá
Fax: +507 512 6001

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

 

ONG

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Correo-e.: info@ciampanama.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Panamá acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

El año pasado, en febrero de 2011, los ngäbe-buglé organizaron protestas contra una ley de minería por considerar que facilitaba nuevos proyectos mineros en los territorios de los pueblos indígenas y que no incluía salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni consultas adecuadas con las comunidades locales. La ley fue aprobada en febrero pero derogada en marzo, después de que el gobierno y los ngäbe-buglé negociaran una solución a la crisis y llegaran a un acuerdo que, según grupos indígenas, incluía una disposición que protegería sus territorios de los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos.

El 27 de enero de 2012, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para la protección de los territorios de los ngäbe-buglé frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Durante el debate, los legisladores eliminaron el artículo 5 del proyecto de ley, y esa eliminación dio lugar a protestas masivas en todo el país. Los grupos indígenas y ecologistas afirman que el artículo 5 habría protegido las tierras indígenas frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos, unos proyectos que en el pasado han amenazado con inundar poblaciones indígenas. Los indígenas salieron a la calle el 30 de enero para protestar contra la enmienda en el proyecto de ley.

 

Nombre: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y manifestantes ngäbe-buglé

Sexo h/m Jerónimo Rodríguez Tugri (masculino), Mauricio Méndez (masculino), manifestantes (ambos)

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Fecha de emisión: 7 de febrero de 2012

Ni los niños se libraron de ser aprehendidos por la Policía Nacional de Panamá en el área de la protesta en San Félix, Provincia de Chiriquí en el Suroccidente de Panamá.

Panamá: gobierno confronta con violencia a manifestantes indígenas, campesinos y obreros

Gobierno de Panamá, hace uso de fuerza para imponer ley que concede territorios indígenas para hidroeléctricas y minería.

Enlazamos nuestra fuente al portal OTRAMERICA, que como medio internacional, no corporativa, cubre paso a paso los eventos que ocurren en Panamá.

Por favor acceda al sitio:

http://otramerica.com/

A nivel nacional recomendamos la cobertura de La Estrella de Panamá (noticias frescas muy rápido en línea) y la Prensa (un poco lento en su cobertura, pero aceptable). En todo caso Burica Press recomienda leer con cautela todas las fuentes.

La noticia ha sido recogida por los medios internacionales, pero aún sigue siendo débil la cobertura internacional y muy sesgada la cobertura nacional. Los canales de televisión panameña, si bien cubren, mientras lo hacen, llenan con argumentos de opinión los hechos reales. El televidente incauto puede fácilmente ser manipulado.

Cuando un hecho ocurre, el medio simplemente debe cubrirlo. No le corresponde al periodista dar su opinión a favor o en contra. Eso lo debe hacer otro actor y de ambos lados de la moneda.

El periodismo panameño sigue cojo, y seguirá cojo, mientras la misma gente que detenta el  poder, es la gente que informa.

Lamentable que los periodistas hayan decidido que los comunicados de la  Policía Nacional son verdad incuestionable y la verdad del campo esté detrás. Un sólo par de horas han demostrado que los comunicados han estado llenos de mucha falsedad y manipulación.

Gracias a Otramérica por cubrir minuto a minuto estos eventos.

Burica Press

La Policía Nacional de Panamá ha reprimido con fuerza a los manifestantes indígenas. Parecen felices de su actos.

Eligen nuevos comisionados en la CIDH – Cochez no fue seleccionado

Eligen nuevos comisionados en la CIDH – Cochez no fue seleccionado

Burica Press- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elegido este martes 7 de junio de 2011 a cuatro de los siete comisionados del organismo en el marco de la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en San Salvador.

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El chileno Felipe González fue reelegido por un período de cuatro años adicionales. Foto: OEA

Las tres nuevas miembros de la Comisión son la jamaiquina Tracy Robinson, la paraguaya Rosa María Ortiz y la beliceña Rose-Mary Bella Antoine. El chileno Felipe González fue reelegido por un período de cuatro años adicionales.

Las personas electas comienzan su mandato en enero de 2012. La integración de la CIDH la completan la estadounidense Dinah Shelton, el colombiano Rodrigo Escobar Gil y el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, cuyos mandatos culminan en el 2013. Los y las nuevas integrantes de la Comisión sustituirán al brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, a la salvadoreña María Silvia Guillén y a la venezolana Luz Patricia Mejía Guerrero.

Los comisionados y comisionadas realizan su trabajo de manera independiente por lo que no representan a ningún Estado, sino que cumplen sus funciones a título personal, de manera autónoma. Cada miembro de la CIDH ejerce sus labores durante un período de cuatro años con posibilidad de reelegirse por un período igual.

Para las vacantes se postularon seis candidatos: Paraguay, Chile, Panamá, Perú, Jamaica y Belice.

Brasil había presentado al exministro Paulo Vannuchi para formar parte de la CIDH, pero retiró su candidatura. Aunque la Cancillería brasileña no explicó el motivo de la retirada en la carta que enviaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ésta se produjo tras los roces con el organismo por la construcción de una hidroeléctrica en la Amazonía.

Panamá postuló al abogado Guillermo Alberto Cochez, representante permanente de Panamá ante la OEA, pero tampoco tuvo éxito en su candidatura que generó malestar de algunas organizaciones de derechos humanos a nivel de Panamá y de la región.

En declaraciones a Acan-Efe Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), mostró su desacuerdo con el candidato panameño.

Krsticevic argumentó que, como embajador ante la OEA, Cochez “ha tenido posiciones que creemos abiertamente encontradas con una posición de defensa de los derechos humanos, como haber sostenido que no había que cumplir con las decisiones de la CIDH”.

Organizaciones de la sociedad civil panameña también pidieron a los representantes de los gobiernos ante la OEA, que no escogieran a Cochez, ya que el Estado panameño ha incurrido en casos graves de violación de derechos humanos en los últimos meses en Panamá, entre los que destaca la represión de los trabajadores bananeros de Changuinola (julio 2010), los límites a la libertad sindical, el “reciente e intempestivo cierre de compuertas” de la hidroeléctrica Chan 75 (a pesar de los informes de la ONU, de la CIDH y de Amnistía Internacional) y la expulsión de activistas de Derechos Humanos y periodistas.

Destacan que Cochez como embajador ha defendido las posiciones de un Estado que tiene uno de los peores registros de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que ha ignorado de manera flagrante dos medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2009, que está violando los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y que ha llevado a un deterioro severo de la situación general de los derechos humanos en los últimos dos años”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, Estados Unidos y, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un organo primordial de la OEA. La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

Fuentes: ACAN EFE, OEA, BURICA PRESS

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Vea además:

PANAMA. CIDH pide suspender proyecto hidroeléctrico de AES Corporation en territorio ngobe

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos en manifestaciones en Panamá

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos  en manifestaciones en Panamá

Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.

Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”

El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Nace Asamblea Ciudadana de Panamá -Exigen investigación de violación a los DDHH.

Asamblea Ciudadana

Resolución

Considerando:

Primero: Que las asociaciones, gremios, sindicatos, los ciudadanos y ciudadanas independientes, como parte integrante de la sociedad civil panameña organizada, convocados con la firme decisión de estructurar un espacio de diálogo, debate y articulación, que nos permita fundamentar las bases de una red nacional de garantías individuales y Derechos Humanos tiene el deber de fortalecer la democracia panameña y el respeto permanente a los derechos fundamentales.

Segundo: Que esta iniciativa tiene sus antecedentes históricos en la existencia de un sistema de democracia excluyente, discriminatorio e inequitativo y que el pueblo históricamente ha luchado por una autentica democracia ante diferentes tipos de gobiernos dictatoriales militares o civiles.

Tercero: Que este contexto histórico refleja un modelo de participación ciudadana secuestrada, y que la situación se ha visto agravada entre otras por los acontecimientos ocasionados por la aprobación inconsulta de leyes como la Ley 14 del 2010 y la 30 de 2010. Esto desembocó en una acción represiva contra la población trabajadora ngobe indígena y en general, la cual ha sido grave e irreparable, provocándose una profunda herida al débil Estado de Derecho, y a las condiciones de seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos.

Resuelve

1. Crear un espacio participativo, crítico y de orientación como base permanente para la conformación de una red nacional de derechos humanos denominada Asamblea Ciudadana.

2. Exigir la derogación inmediata de la Ley 30 de 2010 y la ley 14 de 2010 por atentar contra derechos humanos fundamentales.

3. Exigir la derogación del decreto anti comarcal Decreto Ejecutivo 537 de 2010 que viola la autonomía de las comarcas.

4. Repudiar el lenguaje de menosprecio hacia las clases populares y las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno nacional, y asimismo rechazar el racismo, la discriminación y la intolerancia demostrada por el mismo.

5. Defender la libertad de expresión y el derecho a la información.

6. Constituir de inmediato una comisión permanente independiente, bajo los parámetros internacionales de derechos humanos, que investigue y denuncie a nivel nacional e internacional a través de un informe sobre las violaciones y crímenes ocurridos en Changuinola y en el resto del País, y que se establezcan las responsabilidades penales y civiles incluyendo posibles delitos de lesa humanidad. Además solicitamos que se levanten todos los actos represivos contra las organizaciones de la sociedad civil y los individuos.

7. Exigir una indemnización, por parte del estado, para las víctimas y sus familiares directamente afectadas, y que la misma sea proporcional al daño causado.

8. Exigir la destitución de los Ministros de Seguridad Nacional, José Raúl Mulino, y de la Ministra de Trabajo, Alma Cortez, así como del Director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.

9. Hacer un llamado a la sociedad civil para que nos mantengamos vigilantes y unidos para el fortalecimiento de la democracia de Panamá.

10. Hacer llegar copia de esta Resolución a los medios y organizaciones nacionales e internacionales.

11. Convocar la realización de una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana el sábado 28 de agosto para evaluar y continuar fortaleciendo nuestras acciones.

Dado en los 17 días del mes de julio de 2010.

Firman representantes de organizaciones se sociedad civil, sindicales, magisteriales, gremios médicos, representantes de las comarcas indígenas, organizaciones de mujeres…

Esta imagen muestra la espalda de un ciudadano de Bocas del Toro que estuvo en las protestas contra la Ley 30. Decenas de perdigones alojados en la piel. Estas municiones ilegales fueron usadas de manera indiscriminada por la Policía de Panamá, lo que produjo centenares de heridos, decenas de personas perdieron la visión en un ojo o en ambos. Además muchos fueron golpeados y vejados. Foto: Anónimo

Participantes del Foro de la Sociedad Civil, ahora constituido en la Asamblea Ciudadana. Foto: Comuna Sur

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