Panamá: gobierno confronta con violencia a manifestantes indígenas, campesinos y obreros

Gobierno de Panamá, hace uso de fuerza para imponer ley que concede territorios indígenas para hidroeléctricas y minería.

Enlazamos nuestra fuente al portal OTRAMERICA, que como medio internacional, no corporativa, cubre paso a paso los eventos que ocurren en Panamá.

Por favor acceda al sitio:

http://otramerica.com/

A nivel nacional recomendamos la cobertura de La Estrella de Panamá (noticias frescas muy rápido en línea) y la Prensa (un poco lento en su cobertura, pero aceptable). En todo caso Burica Press recomienda leer con cautela todas las fuentes.

La noticia ha sido recogida por los medios internacionales, pero aún sigue siendo débil la cobertura internacional y muy sesgada la cobertura nacional. Los canales de televisión panameña, si bien cubren, mientras lo hacen, llenan con argumentos de opinión los hechos reales. El televidente incauto puede fácilmente ser manipulado.

Cuando un hecho ocurre, el medio simplemente debe cubrirlo. No le corresponde al periodista dar su opinión a favor o en contra. Eso lo debe hacer otro actor y de ambos lados de la moneda.

El periodismo panameño sigue cojo, y seguirá cojo, mientras la misma gente que detenta el  poder, es la gente que informa.

Lamentable que los periodistas hayan decidido que los comunicados de la  Policía Nacional son verdad incuestionable y la verdad del campo esté detrás. Un sólo par de horas han demostrado que los comunicados han estado llenos de mucha falsedad y manipulación.

Gracias a Otramérica por cubrir minuto a minuto estos eventos.

Burica Press

La Policía Nacional de Panamá ha reprimido con fuerza a los manifestantes indígenas. Parecen felices de su actos.

Estudio revela graves daños ambientales en Río Chiriquí Viejo por hidroeléctricas

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE HIDROELÉCTRICAS

BID alerta de daños en río Chiriquí Viejo

El gobierno ha otorgado 19 concesiones para el desarrollo de proyectos energéticos en esta cuenca. Los impactos ambientales son diversos y severos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Disminución del caudal y aumento en la concentración de sedimentos son dos de los impactos negativos que sobre el río Chiriquí Viejo causarán, al menos, siete de los proyectos hidroeléctricos que allí se desarrollan.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla los efectos de la construcción de las presas, y entre ellos destaca que debido a la sedimentación, la potabilizadora de Barú –que se abastece de esa cuenca– verá afectada la calidad del agua. El BID y el Banco Mundial prevén financiar algunos proyectos.

Energía a base de paneles solares y aerogeneradores

Una empresa liderada por el español Andrés Sánchez promueve el uso de aerogeneradores, pequeñas turbinas hidráulicas y paneles solares en las residencias para generar energía limpia. El proyecto se promueve en zonas apartadas del centro del país donde escasea el agua.

Además de beneficiar a las comunidades apartadas, también puede ser útil para los productores y ganaderos. Los equipos pueden generar hasta 10 kilovatios, energía suficiente para alimentar una residencia que tenga una televisión y cuatro focos.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO

BID estudió 5 hidroeléctricas

Según la agencia, los efectos de los proyectos sobre el río Chiriquí Viejo son mayores a lo descrito por las empresas.

BAJO de MINA. La cuenca del río Chiriquí Viejo es de mil 348 kilómetros cuadrados y actualmente se encuentra intervenida por actividades agrícolas y ganaderas. A los impactos ambientales que producen esas tareas se sumarán ahora los que generen los proyectos hidroeléctricos. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Un análisis técnico de siete proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, arrojó información que denota graves consecuencias ambientales y sociales.

El estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), midió los impactos acumulativos de poco menos de la mitad de proyectos energéticos que se adelantan en esta cuenca hidrográfica –19 concesiones otorgadas por el Estado–, específicamente los que hasta finales de 2009 tenían estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Y a pesar de lo que señalan sus propias investigaciones, el BID contempla financiar dos de esos siete proyectos.

Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, hasta disminución de la calidad del agua y afectación a actividades turísticas de las cuales dependen muchas familias.

También se hace referencia a los efectos que han ocasionado otras actividades económicas a lo largo del río (como pérdida de suelo y sedimentación), y se advierte que estos “podrían ser agravados con la construcción de los 19 proyectos hidroeléctricos [los que ha aprobado el Estado hasta ahora]”.

“Una vez que entren en operación los diversos embalses, es posible que la descarga de sedimentos sea pulsativa y masiva, asociada con los procesos de mantenimiento de los embalses”, señala el estudio.

De hecho, la sedimentación es uno de los principales problemas que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora del distrito de Barú –que se abastece del río Chiriquí Viejo– y con ello el proceso de purificación del agua. Y la sedimentación en la parte baja del río será mayor durante la fase de construcción de todas las presas.

Sin embargo, el estudio determinó ya un aumento en la descarga de sedimentos en algunas partes del río, las cuales, indica, son mayores en la temporada seca que en la lluviosa. Algo que causa extrañeza.

“Lo normal es que haya mayor aporte de sedimentación durante la época de invierno con respecto al verano, por la remoción de masas que ocurre en toda la cuenca. La única explicación es que hay un aporte de sedimentos anormal y que probablemente esté relacionado con la construcción de la presa aguas arriba”, señala el estudio del BID.

Un problema que no terminaría al concluir la construcción de los proyectos. “Es importante destacar que la sedimentación es uno de los principales problemas que enfrentan las hidroeléctricas durante su operación”, advierte el documento.

Todas estas consecuencias se detallan, a pesar de que, según el BID, los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental de los siete proyectos presentaban una “deficiencia de información que limitó un análisis más exhaustivo en relación con los procesos de sedimentación”.

CAUDAL ECOLÓGICO

El diseño de las hidroeléctricas, que implica construir un embalse para el transvase del agua desde el sitio de presas hasta las máquinas, también tendrá un impacto sobre el río Chiriquí Viejo. De acuerdo con lo que señala el documento, esto significa que habrá tramos del río en los cuales el flujo de agua será limitado.

Se afirma, además, que todas las empresas prevén desviar el 90% del caudal natural del río hacia las salas de máquina, lo que derivará en la reducción del caudal del río.

Esta realidad tendrá una incidencia directa en algunas características del río, como la temperatura del agua, que es una de las cualidades físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos, indica el estudio.

Otro efecto negativo que menciona el documento es la pérdida de calidad del agua, algo que ya es un problema de esta fuente hídrica debido a la actividad agrícola y a los asentamientos humanos que lo rodean.

Es más, el informe precisa que el río tiene “presencia de coliformes fecales”, por el uso del río para descargar aguas negras, y por la ganadería intensiva.

SIN SUPERVISIÓN

Las consecuencias ambientales de los proyectos hidroeléctricos alcanzan la vida acuática, ya que, según la investigación, al alterarse el flujo del río por los embalses decrecerá la población de muchas especies, y esto, a su vez, traerá efectos adversos en las comunidades que viven aguas abajo de las presas.

A lo largo del río se han identificado 39 especies de peces, y la supervivencia de todas ellas se verá comprometida si los planes de mitigación, compensación y conservación no se abordan de forma coordinada en toda la cuenca, indica el informe.

Lo que es peor, se advierte que los estudios de fauna no se han desarrollado sistemáticamente y que los más recientes fueron hechos por algunos de los promotores de proyectos hidroeléctricos, como parte de sus estudios de impacto ambiental.

En el análisis realizado a los EIA de los proyectos hidroeléctricos, se hace evidente una debilidad institucional para el seguimiento y control, y una débil gestión ambiental por parte de los gobiernos locales. Además, la participación ciudadana no se considera de forma adecuada.

Silvano Vergara, director de Cuencas Hidrográficas de la Anam, dijo conocer el estudio del BID y agregó que, evidentemente, cuando se hace un análisis de todos los proyectos, los impactos aumentan y para contrarrestarlos los planes de mitigación deben ser acumulativos. “Lo que la Anam debe lograr es que cada una de las aplicaciones de las medidas de mitigación de cada proyecto sean sinérgicas, para poder mitigar los impactos acumulativos”.

Indicó que se llevan a cabo monitoreos, pero a cada proyecto de forma individual, y ahora deberían hacerse en conjunto.

Yaritza Espinoza, ambientalista de Chiriquí, pidió al BID no financiar estos proyectos hidroeléctricos por los efectos ecológicos que traerán, y más ahora que el Gobierno ha debilitado las normas ambientales. Se refiere a la reciente aprobación de la Ley 30 de junio de 2010, que dejó a criterio de los empresarios realizar los EIA o acogerse a las guías de buenas prácticas, que no existen aún en Panamá.

Sobre todo, dijo Espinoza, porque la Anam no está en “capacidad” de hacer cumplir los planes de mitigación de cada proyecto.

ECOTURISMO PIERDE ESPACIO EN EL RÍO

Una de las actividades que atrae a los turistas a la provincia de Chiriquí ya sufre las consecuencias de la construcción de las presas para proyectos hidroeléctricos. El recorrido del river rafting por el río Chiriquí Viejo se ha disminuido en 10 kilómetros, debido a restricciones por el incremento de los riesgos para la práctica de este deporte extremo, señala el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El informe detalla que las afectaciones al rafting se deben al inicio de la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Baitún y Bajo de Mina, proceso que incluye el uso ocasional de explosivos.

La valoración global del rafting como negocio indica una clara tendencia a su desaparición, como resultado del impacto acumulado de la construcción de las diversas centrales hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo.

Esto, debido fundamentalmente a la disminución del volumen de agua del caudal del río, que no permitirá el desarrollo de este deporte de aventura. El informe recalca que de las actividades económicas que se desarrollan en el Chiriquí Viejo, el rafting será la que posiblemente se vea afectada de forma irreversible a mediano plazo.

¿La razón? Según el BID, las condiciones geográficas e hidrológicas naturales que presenta el río, y que son básicas para su práctica, están siendo afectadas con la construcción de las hidroeléctricas: la pendiente, el volumen de agua y la presencia de rocas en el lecho del río.

Por ello, recomiendan una evaluación detallada de todos los usos actuales y futuros del río para determinar los potenciales impactos de la explotación hidroeléctrica sobre los usos económicos de la cuenca. La práctica del rafting en el Chiriquí Viejo atrae a más empresarios cada día. Luego de que se constituyera la primera empresa –hace 15 años– se han creado otras dos. Según el estudio, la más reciente es una que opera hace tres años.

Chiricanos siguen defendiendo sus ríos de hidroeléctricas

Opositores a hidroeléctrica se enfrentan a antimotines en Chiriquí

Eduardo E. Espinosa
Especial para prensa.com
internet@prensa.com

7 de abril 2010- SAN LORENZO, Chiriquí. –

Amarilys Cerrud, madre de tres hijos y presidenta del grupo de defensa del río Fonseca, señaló vía celular que esta tarde los antimotines de la Policía Nacional arremetieron en contra de los pobladores de la comunidad de Sábalo.

Cerrud indicó que esos moradores de Sábalo se oponen a que ingrese maquinaria al sector del río Fonseca, a fin de desarrollar las primeras fases de un proyecto hidroeléctrico.

“Nos han estado lanzado gases lacrimógenos en la calle, al igual que en las casas del sector, por favor envíenos a la Cruz Roja o Sinaproc porque necesitamos nos auxilien a nuestros hijos que han inhalado humo”, imploró Cerrud.

Dijo que se detuvieron a varias personas y que ella pudo escaparse de un policía que intentó detenerla y que se “había metió en una casa”.

“Ahora me encuentro en una casa, relató entre sollozos, me van a detener, ya que la han rodeado varios policías, quienes están acompañados de la corregidora del lugar”, indicó Cerrud.

Panamá: 15 centrales hidroeléctricas en fase de diseño final

15 centrales hidroeléctricas en fase de diseño final

Unas 15 empresas se encuentran en fase de diseño final y podrán construir centrales hidroeléctricas en Panamá, al recibir la concesión de agua por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Igualmente, estas empresas recibieron la aprobación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

De los 15 nuevos proyectos, 12 se encuentran ubicados en Chiriquí, tales como Cochea, Pando, Monte Lirio, Las Perlas Norte, Las Perlas Sur, Tizingal, Madres 2, San Andrés, Bajo Frio, Macho de Monte y Piedra, El Alto y San Lorenzo. De los  tres proyectos restantes de centrales hidroeléctricas,  dos estarán ubicadas en Veraguas, Cañazas y La Huaca, y el otro, Ojo de Agua, en Coclé.

En la actualidad existen 9 empresas de generación eléctrica en función y son: Hidro-Panamá, S.A., Empresa de Generación Eléctrica Fortuna S.A., AES Panamá S.A. y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A.

Los ecologistas de Chiriquí han denunciado que este sistema de hidroeléctricas en los ríos de su provincia son un atentado ecológico a los bienes naturales de su provincia. Sus denuncias han sido ignoradas por las últimas cuatro administraciones del Estado.

Los ríos de la Provincia de Chiriquí son los más amenazados con estos proyectos. Se prevé graves impactos ambientales y sociales en la cuenca de los ríos de la región.

Hidroeléctricas destruyen la naturaleza

Es evidente que la Ley General de Ambiente está siendo violada, ya que la normativa anexa a esta ley establece la obligatoriedad de desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica de las políticas y planes macros de desarrollo.  Es evidente que en el tema de energía no existe una politica debidamente aprobada y con el visto bueno de la sociedad civil, ya que tenemos gobiernos autoritarios que no están interesados en cogobernar con la sociedad en la toma de decisiones que nos afecta a todos.

Mientras se siga permitiendo que tecnócratas con intereses creados decidan desde un escritorio lo que se tiene que hacer en el país con los recursos de todos los panamenos estamos cayendo en irresponsabilidad ciudadana.

En el caso de los chiricanos, simplemente se les ha ignorado a conveniencia de los intereses que almuerzan y cenan juntos en la ciudad de Panamá mientras destruyen importantes ríos como el Chiriquí Viejo, Piedras, David, Changuinola, Bonyic y decenas de otros ríos.

Burica Press

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Energía hídrica

Hidroeléctricas retan a la naturaleza

Ambientalistas chiricanos acusan a las autoridades del avance de proyectos sin importarles las afectaciones.

ENERGÍA. En Chiriquí se construyen 15 proyectos hidroeléctricos que entrarán a competir en el mercado, con el objetivo de abaratar la tarifa de energía a la población. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera

sandra alicia rivera
dolega, chiriquí
nacionales@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en el distrito de Dolega afecta los acueductos y potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), situación que a la larga tendrá efectos negativos en toda la población.

Y la situación se agrava aun más si se toma en cuenta que las autoridades competentes en la ciudad de Panamá otorgan los permisos para construir hidroeléctricas con desconocimiento, sin inspeccionar las áreas y sin consultar a las autoridades locales.

Aunado a la anterior situación, existe un pueblo dormido que no despierta ante los atropellos que cometen las multinacionales en Chiriquí.

Raquel Coba de Boyd, ambientalista de la Asociación Colibrí, dijo que están preocupados porque no solo la hidroeléctrica en el río Cochea perjudica los acueductos y las potabilizadoras, sino también la de Los Anastacios.

En el río Cochea, donde se construye una hidroeléctrica, se encuentra una potabilizadora que provee de agua potable a toda la parte baja de los distritos de Dolega y David, así como el corregimiento de Los Algarrobos.

Coba de Boyd explicó que en la parte media alta del río, los fuertes aguaceros provocan desastres naturales, y que ahora con la construcción de hidroeléctricas la situación será peor.

Los ambientalistas solicitaron al alcalde de Dolega, Lino Pittí, que haga una convocatoria distrital y provincial para que sea el pueblo chiricano el que decida qué hacer con sus aguas. Lo que no se puede permitir es que cada gobierno que llega al poder permita el abuso de los recursos naturales.

Por su parte, el alcalde Lino Pittí se comprometió a conversar con las empresas que construyen hidroeléctricas para tratar de que si se desarrolla el proyecto, tengan toda la documentación en regla; es decir, la aprobación de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad de los Servicios Públicos, así como cumplir con la consulta pública que establece la ley.

“Entendemos la preocupación de los ambientalistas, por lo que vamos a estar pendientes de las afectaciones en bosques, árboles y del recurso agua, aunque ellos pueden interponer un recurso en contra de la empresa, en caso de que exista un abuso al ambiente”, agregó Pittí.

La Prensa intentó conocer la versión del director regional del Idaan, Zenón González, pero este funcionario comunicó que tienen restricciones para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

En la provincia de Chiriquí operan tres hidroeléctricas y existen 15 en construcción. En 2007 existían 42 estudios de impacto ambiental aprobados por la Anam a empresas interesadas en entrar al mercado energético. Los ambientalistas han denunciado que los proyectos se construyen a costa de la destrucción de la naturaleza.

Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Ariel Rodríguez Vargas

Yo leo, veo y escucho a mucha gente justificar la violación a los derechos humanos (DD.HH) de los indígenas Ngobes del Valle del Río Changuinola, bajo el pretexto que la construcción de represas para hidroeléctricas es lo mejor que puede hacer el país para solventar sus necesidades futuras de energía eléctrica “limpia” y disminuir los precios de la misma. Ante este aparente beneficio para muchos y perjuicio para pocos (3000 a 5000 indígenas), indican que simplemente no existe opción: los indígenas deben sacrificarse una vez y ceder sus tierras y cultura al desarrollo nacional! Yo como académico que he estudiado el problema energético del país, rechazo por falsas estas justificaciones erradas y no sustentadas con una Evaluación Ambiental Estratégica de la política energética de Panamá, que debe ser el requisito mínimo para justificar obras de alto impacto ambiental y social en regiones prístinas de rica biodiversidad.

Cuando se habla en términos jurídicos de la violación a los DD.HH, nos referimos a un acto del Estado por acción u omisión contra los derechos civiles de una persona o hacia un grupo de personas. Por ello, es que las organizaciones que interpusieron sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lo hicieron contra el Estado Panameno, por violar los DD.HH del pueblo Ngobe en el Valle del Río Changuinola al concesionar áreas protegidas pertenecientes, jurídicamente, a los Ngobes aunque no tuvieran documentos sobre derechos posesorios o títulos de propiedad de dichas tierras. Ellos son ciudadanos indígenas ocupantes históricos de dichas tierras y tienen derechos consagrados en normas internacionales que Panamá está obligada a acatar, pero sobre todo ellos debieron ser informados de manera libre y previa a la toma de decisión del Estado en relación a las políticas y planes energéticos en la zona y las implicancias de dichas decisiones en las vidas e intereses de estos nobles pueblos. Esto nunca ocurrió y el gobierno nacional, aún hoy, se niega a hacerlo, bajo la premisa que los indígenas no tienen derechos para reclamar estas tierras y que las concesiones e indemnizaciones forzadas que han hecho sólo es aporte social empresarial de buena fé a sus desdichas formas de vida! Ellos pretenden hacer ver que el desarrollo a los indígenas los ha traído la empresa promotora de la obra, pero que como magnánimos benefactores sociales de la obra hidráulica se les ha olvidado nombrar a los indígenas afectados como accionistas de este jugoso proyecto de energía. Parece que la lista de beneficencia tiene sus beneficiarios reales, que no viven ni conocen la hermosa área ngobe que va a ser destruida de manera significativa.

Producto de lo anterior, hace aproximadamente un mes, la CIDH ha emitido una medida cautelar que ordena la paralización de las obras que realiza la empresa AES en la zona, pero el Gobierno panameno insiste en continuar y hacer un borrón y cuenta nueva de todas las violaciones a los DD.HH que ya ha cometido en la zona. Esto en términos jurídicos se llama impunidad de acciones. Finalmente todos los panamenos tendran que pagar las millonarias indemnizaciones por no acatar fallos jurídicos internacionales de estricto cumplimiento. La empresa promotora no tendrá que pagar nada.

Además estamos estupefactos del desastre ecológico que representan estas aberrantes estructuras hidráulicas en medio de una Reserva de la Biosfera y área clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde igualmente el Estado panameno también pretende ignorar esta situación y que simplemente se concrete la destructiva obra y dejar que el tiempo y la impunidad hagan su trabajo.

Justificar lo injustificable, aunque fueran ignorantes de ello, no exenta a los funcionarios a no respetar las leyes y tampoco los exenta de responsabilidades civiles y éticas, especialmente cuando se atenta contra los derechos humanos convencionales y los derechos ambientales de tercera generación.

Piden alto a las hidroeléctricas

Fin a las hidroeléctricas

EXIGEN GRUPOS AMBIENTALISTAS

Eduardo Espinosa y Z. Chávez

Se han organizado marchas para exigir el cumplimiento de la orden de CIDH. MI DIARIO | Eduardo Espinoza

Representantes de grupos opositores a varios proyectos hidroeléctricos en el país solicitan al presidente Ricardo Martinelli que cumpla con la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que suspende la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, a cargo de la empresa AES Changuinola, ya que Martín Torrijos no lo hizo.
Lucía L. Lasso, antropóloga ambiental, sostuvo que se hicieron denuncias ante la Anam, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo e incluso se presentó un amparo de garantías constitucionales, que a pesar de tener más de un año aún no ha sido resuelto.

Exigimos que se saquen las máquinas del lugar. MI DIARIO | Eduardo Espinoza

MÁS CIERRES
Por otro lado, ambientalistas cerraron ayer por cuatro horas la vía hacia Boquete, en David, exigiendo la suspensión de los trabajos que realiza la empresa Salto de Francolí en el proyecto hidroeléctrico Planeta 1, ubicado a un costado del río David.
Raquel Coba, dirigente del grupo, comentó que desde el pasado 8 de julio se presentó la solicitud escrita para que se detenga la obra, pues el estudio de impacto ambiental pudiera estar viciado.
“Nosotros exigimos respeto, ya le hemos manifestado que se debe suspender la concesión del agua para el proyecto, que fue de forma inconsulta y a la vez presenta muchas deficiencias. Exigimos que se saquen las máquinas del lugar”, aseveró.
Por su parte, Efraín González cuestionó que la concesión de agua sea permanente, debido a que dicho afluente alimenta la planta potabilizadora de David, la cual a veces hasta ha bajado su nivel o se ha secado.

Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

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Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Burica Press- Pueblos Indígenas.

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya ha realizado las observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá) en un documento de la ONU fechado el 12 de mayo de 2009.

Este documento presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre la situación de la comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro (Panamá). Estas observaciones son el fruto del intercambio de información y comunicaciones con el Gobierno de Panamá y otras partes interesadas, así como de la visita in situ del Relator Especial llevada a cabo los días 27 a 30 de enero de 2009.

Los ngobes son los duenos originales de estas tierras en la Reserva de la Biósfera La Amistad, donde se pretende desarrollar un conjunto de grandes hidroeléctricas de la Empresa AES y otras companias. Foto. A. Rodríguez/Cortesía de ACD

Durante su visita el Relator Especial pudo ampliar su conocimiento de la situación y mantener un diálogo constructivo con varios ministerios y agencias del Gobierno; representantes de Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico; la empresa a cargo del proyecto, AES Changuinola; organismos de Naciones Unidas con presencia en Panamá y otros actores. El relator en su informe cree que con respeto a la situación específica de la comunidad Charco la Pava y las otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, estima, que es necesaria una reevaluación del proyecto hidroeléctrico que afecta al pueblo ngobe y solicita la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación. Recomienda abrir un nuevo proceso de diálogo entre las comunidades afectadas por el proyecto, el Estado y la empresa AES Changuinola. El objetivo del dialogo debería ser llegar a un consenso acerca de las condiciones por las cuales el proyecto podría seguir adelante, en condiciones de respeto al derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas tal y como se reconocen en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en otros instrumentos internacionales relevantes.

El informe reconoce que Estado de Panamá ha sido uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en muchos aspectos son favorables a estos pueblos, sin embargo desnuda que ha habido violación al consentimiento libre, previo e informado de los indígenas afectados por proyectos de desarrollo, en este caso el primero de varios proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Changuinola en el extremo noroccidental de Panamá.

El 8 de abril de 2008, el anterior Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda enviaron un carta al Gobierno de Panamá expresando su preocupación sobre supuestos abusos sufridos por los miembros de la comunidad Charco la Pava, del pueblo indígena ngöbe, en el Distrito de Changuinola (Provincia Bocas del Toro), en relación con los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75. De acuerdo a la información recibida por los Relatores, se habían comenzado las primeras detonaciones para el desmonte de los terrenos, así como la entrada del personal de la empresa de construcción en las tierras de la comunidad Charco la Pava. Dichos trabajos generaron protestas por parte de los miembros de la comunidad, protestas que, según las alegaciones recibías por los Relatores, habrían sido reprimidas por efectivos de la Policía Nacional. Asimismo, en las alegaciones se denunciaba el supuesto uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil desarmada, así como la detención de un número de personas.

El Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 prevé la construcción de una represa y la inundación de aproximadamente 2500 hectáreas a lo largo del río Changuinola, en el distrito homónimo, en la Provincia Bocas de Toro. La comunidad Charco la Pava, que según el Gobierno cuenta con alrededor de 275 habitantes, es una de las varias comunidades indígenas ngöbe situadas en las orillas o cercanías del Río Changuinola que se encuentran afectadas por el proyecto, ubicándose a menos de 300 metros de la futura represa. De acuerdo a los planes aprobados por el Gobierno, su área de ubicación, junto con las de cuatro otras comunidades ngöbe—Valle del Rey, Guayabal, Valle de Riscó y Changuinola Arriba—será inundado para el año 2010, aproximadamente, y las obras de construcción ya rodean de hecho a la comunidad Charco la Pava. Otras comunidades cercanas serán afectadas indirectamente por el proyecto—incluyendo Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza—en la medida que el medioambiente en sus alrededores experimentarán transformaciones significativas.

“Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.”
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Destaca el documento que las condiciones en que se ha elaborado y promovido el proyecto hidroeléctrico presentan una serie de implicaciones respecto a los derechos de las comunidades afectadas a la consulta y consentimiento; a recibir una indemnización; a la adopción de medidas de mitigación; a la participación en beneficios; a la tierra y a los recursos naturales; y a su seguridad física.

En la evaluación de la presente situación, se destaca que ni Charco la Pava ni las otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 fueron consultadas con el objetivo de alcanzar su consentimiento previo en relación con las decisiones de crear el BPPS o de realizar el proyecto hidroeléctrico, decisiones ambas que impactan significativamente la vida de estas comunidades. El Estado y la empresa enfatizan que sí se han llevado consultas con los miembros de las comunidades en las áreas a ser inundadas acerca de las condiciones de su reasentamiento, de acuerdo a lo estipulado en la
resolución administrativa mencionada. Pero ambos confirman que las comunidades no fueron consultadas directamente acerca de si, en primer lugar, debería o no otorgarse la concesión para el proyecto hidroeléctrico y llevarse a cabo el traslado de sus habitantes. Y aún dentro de su alcance limitado, las consultas que se han llevado efectivamente a cabo pudieron no ser adecuadas.

El Gobierno de Panamá resalta que toda el área del proyecto y de las comunidades afectadas está fuera de una comarca en que se reconocen los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Sin embargo, el hecho de que el área esté fuera de una comarca no justifica la falta de aplicación cabal del derecho a la consulta libre, previa e informada. Independientemente del carácter jurídico que en el ámbito del derecho interno puedan tener las tierras y recursos naturales en cuestión, cuando un proyecto tiene un impacto significativo sobre la vida o existencia de comunidades indígenas, como es el caso de la inundación de los lugares donde viven y llevan a cabo actividades para su subsistencia y del reasentamiento de sus miembros, la consulta deberá realizarse con el fin de conducir al consentimiento de las comunidades afectadas antes de la aprobación del proyecto, tal como lo señalan la Declaración de la ONU en sus artículos 10 y 19, y el Convenio 169 de la OIT.

Dado que en relación con la aprobación del Proyecto Chan 75, el Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas con la comunidad Charco la Pava y el resto de las comunidades afectadas, con miras a lograr su consentimiento libre, previo e informado, deberían tomarse medidas correctivas para regularizar la situación. Si hubieran actualmente pruebas de una aceptación generalizada del proyecto por parte de los miembros de las comunidades, esto podría indicar que la falta de consulta previa adecuada sobre el proyecto habría sido subsanada. Sin embargo, el Relator Especial se halla convencido de que no existe un nivel de aceptación del proyecto entre las comunidades indígenas afectadas suficiente para subsanar la falta de una consulta previa adecuada. Mas bien, a la luz de las múltiples comunicaciones emanadas de representantes de la comunidad Charco la Pava, los actos de protestas de miembros de esta comunidad que llevaron a enfrentamientos con la policía y de lo que pudo apreciar personalmente en su visita in situ, el Relator Especial afirma su apreciación sobre un nivel de descontento significativo con el progreso de las obras del proyecto.

Una deficiencia adicional que parece haberse dado en el proceso de negociación que se ha llevado a cabo es la ausencia de una discusión especifica acerca de la participación de las comunidades indígenas en los beneficios a ser generados por el proyecto hidroeléctrico. A pesar del reconocimiento del derecho de las comunidades afectadas a la indemnización y a medidas de mitigación, de lo que el Relator Especial ha podido apreciar durante su visita in situ y de la información recibida, ni el Estado ni la empresa AES-Changuinola parecen haber reconocido o hecho efectivo el derecho de estas comunidades a participar en los beneficios que se derivarán del proyecto, como prescriben las normas internacionales.

En uno de sus considerandos el Relator indica que la falta de su seguridad sobre la tenencia de tierra y recursos naturales contribuye a la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el proyecto. Existen indicios de la existencia de patrones de uso y ocupación tradicional de la tierra que generan en las comunidades derechos de propiedad sobre los lugares donde actualmente se encuentran asentadas y en las áreas circundantes. Sin embargo, el Estado no ha reconocido o garantizado estos derechos, y el proyecto aparentemente fue concebido y ha avanzado sin considerar la posibilidad de que éstos pudieran existir.

Su última recomendación indica que con la finalidad de crear un clima propicio para que se lleve a cabo un nuevo proceso de diálogo entre las partes, el Relator Especial recomienda que el Estado evalué la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo. El Relator Especial comprende que la suspensión de las obras de construcción puede implicar una pérdida significativa de recursos económicos. Sin embargo, dicha suspensión ayudaría a establecer las condiciones para el inicio de un diálogo de buena fe dentro del marco planteado en estas recomendaciones.

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PanamaCLPObservaciones12May2009Final.doc-1

Se disminuye el financiamiento a hidroeléctricas

Informe central

Bancos cierran la llave y restringen el crédito a proyectos de generación

Electricidad

KEREM PÉREZ / MARIO A. MUÑOZ
mf@prensa.com

Hidro. En Changuinola (Chan 75) se construye el cajón por donde pasará el agua. LA PRENSA/ David Mesa

La construcción de proyectos hidroeléctricos involucra tomar en cuenta una serie de factores, como las lluvias, el tipo de suelo, el curso de los ríos y el impacto a la comunidad y al ambiente.

Todos estos factores no solo garantizan la obtención de los permisos oficiales, sino también aseguran la viabilidad de los proyectos a través del financiamiento.

Si en tiempos normales no es fácil acceder a fondos para estas obras costosas y complejas desde el punto de vista ambiental, es aún más difícil con la actual crisis mundial, caracterizada por la restricción del crédito.

“en el pasado se creía que las hidroeléctricas eran una solución limpia para proveernos de electricidad. Hoy se sabe que las centrales hidroeléctricas de embalse emiten gases invernaderos, debido a la putrefacción de los bosque y del subsuelo inundado, acelerando así de sobremanera el efecto invernadero”. Lina Vega, CIAM

Muchos han fracasado en sus esfuerzos por cumplir con los requisitos técnicos y financieros en los plazos fijados por las autoridades.

Dani Kuzniecky, ministro y secretario de Energía, reveló en un reciente informe (16 de marzo) que a enero de 2009 se han cancelado 41 solicitudes de concesiones hidroeléctricas otorgadas, de las cuales hay 24 en trámite de subasta que han producido al fisco unos 35 millones de dólares.

“Estas nuevas adjudicaciones avanzan con rapidez, con estudios de impacto ambiental aprobados y su construcción en marcha”, señala el funcionario.

La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep) reporta que hay proyectos en fase de estudios finales y obras en construcción por un total de 2 mil 264 millones de dólares, que aportarían al sistema 996 megavatios de capacidad instalable.

En detalle, 15 están en construcción y 12 en estudios finales, además de otras 80 concesiones que están en diversas fases.

La inversión en esta área se considera clave por el aumento de la demanda y la necesidad de promover el desarrollo de fuentes renovables de energía para estabilizar las tarifas.

Con una clientela formada por 761 mil 730 usuarios, la demanda de electricidad pisa los talones a la oferta, por ello la capacidad instalada, que fue de mil 632 megavatios, pretende ser aumentada en 47.4% para el año 2012.

El Estado ha aprobado diferentes incentivos como la exoneración en el pago de tarifas de transmisión, la eliminación de los impuestos de importación de equipos  y otros incentivos fiscales.

Pero invertir en estos proyectos no es cosa fácil. Y si  han tomado años en cristalizarse, los plazos podrían continuar moviéndose.

Algunas empresas, ante las dificultades para recurrir a la banca local, han replanteado su enfoque al utilizar recursos propios, buscan inversionistas, o han recurrido a fondos en plazas de otros países o, incluso, han tocado la puerta de organismos multilaterales.

Atrasos

Hidro Caisán, S.A.­ una de las 27 empresas hidroeléctricas que se encuentran en etapa de estudios finales o en construcción­  solicitó una prórroga en su planta, valorada en 135 millones de dólares, en el río de Chiriquí Viejo, alegando razones de financiamiento, señala Asep.

Arturo Ramírez, de Hidro Caisán, dice que se ha vuelto casi imposible acceder a  fondos en la banca local, porque se está pidiendo que las empresas  cuenten hasta con un 50% de fondos de inversión privada llamados “private equity”.

Anteriormente se solicitaba un 35%.

“Han cambiado las reglas de juego por la crisis internacional. En vez de buscar financiamiento es más práctico conseguir un socio, ya que han pasado las etapas más críticas de un proyecto”, dice Ramírez.

En este mes Hidro Caisán comenzará  a trabajar en los planos topográficos para atender la construcción de caminos, la casa de máquinas y los túneles.

Por razones ambientales y climatológicas, los cambios de fecha y peticiones de prórroga en la Asep son frecuentes.

Hidroecológica del Teribe, que tiene proyectado generar 30 kilovatios, tiene algunos atrasos, y en vez de estar en operación en febrero de 2010 estará lista en el 2011, confirmó Carlos Tam.

Esa compañía tiene la particularidad que es de propiedad estatal del Municipio de Medellín, Colombia, y en ese sentido, dijo Tam, no habrá problemas para buscar los recursos estimados en 67 millones de dólares.

La empresa cuenta con la concesión otorgada desde 1999 y se encuentra hoy adelantando carreteras de acceso hacia el sector de Bonyic de Bocas del Toro.

Eduardo Vallarino, presidente de la Asociación de Productores Panameños de Energía Renovables, señala que las condiciones han cambiado pero hay otras fuentes donde buscar recursos.

El dirigente señala que en sus dos proyectos, Los Estrechos y Ojo de Agua, cuenta con ofertas de financiamiento en firme del Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco Interamericano de Desarrollo.

Hidroeléctrica Alto Lino, S.A, otra de las compañías que no ha conseguido todavía financiamiento, ha contratado a una empresa extranjera para que los ayude en esa tarea.

El  proyecto se ha  estimado en cinco millones de dólares en el río Caldera. La idea es aportar dos megavatios de capacidad instalada.

Benjamín Dianous, miembro de la junta directiva de la empresa, precisa que  buscan el mejor mecanismo de financiamiento.

Una de las más grandes empresas del sector, AES Panamá, probablemente no podrá llegar a la meta de aportar 433 megavatios de capacidad instalada, tal como lo tenía planificado.

La razón principal es financiera según, la empresa, aunque Claudia Candanedo, jefa del Departamento de Gestión Ambiental, también adujo factores geológicos adversos que no permitirían ese desarrollo.

Javier Giorgio, gerente general de AES, dice que el proyecto Changuinola 1 (Chan 75),  generará 223 megavatios (MWH).

Esta planta, según lo planeado, registra un avance  del 35% en la construcción de las principales infraestructuras civiles y  fabricación de equipos.

Se están realizando movimientos de tierras, excavación en roca en el sitio de presa, en el área de máquinas, construcción de un canal de desviación  del río Changuinola, para dar inicio a la construcción de la presa.

Pero “la segunda etapa de Changuinola I (Chan 140/ 220) se encuentra actualmente en evaluación”, aclara Giorgio.

El ejecutivo explica algo que en el sector parece recurrente: “En estos momentos debido a la afectación de los mercados financieros por la crisis internacional, se hace mucho más difícil obtener financiamiento para  proyectos nuevos o en estudio”.

Por ello, añade, es importante concentrarse en la ejecución a tiempo de los proyectos que están financiados y atraer inversiones de empresas prestigiosas y responsables”.

Lo que pasa en esta industria respecto al acceso al financiamiento es el reflejo de las políticas bancarias aplicadas a diversos sectores económicos.

Mario De Diego, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), aseguró que ante los efectos de la crisis mundial, los bancos se encuentran protegiendo y fortaleciendo su liquidez, ya que Panamá no cuenta con un banco central ni prestamista en último recurso.

“La recesión económica en casi todo el mundo proyecta un efecto en la economía propia, por lo que los bancos están adoptando posturas prudentes y conservadoras, y en particular los préstamos a largo plazo y de montos considerables, como los proyectos eléctricos”.

Las condiciones se han endurecido dada la incertidumbre de la profundidad y extensión de la actual crisis económica y financiera, que aún no parece haber tocado fondo y mucho menos tener señales de recuperación, señaló De Diego.

Los términos  de los préstamos los establece cada banco de forma individual, pues no existe ningún acuerdo o arreglo.

Duro reto

No es fácil generar casi 996 megavatios de energía, tal como está planificado por las autoridades; lo usual es que los proyectos hidroeléctricos sean rechazados por las comunidades y grupos ambientalistas.

Lina Vega, del Centro de Incidencia Ambiental, explica que  “en el pasado se creía que las hidroeléctricas eran una solución limpia para proveernos de electricidad. Hoy se sabe que las centrales hidroeléctricas de embalse emiten gases invernaderos, debido a la putrefacción de los bosque y del subsuelo inundado, acelerando así de sobremanera el efecto invernadero”.

Vallarino sostiene que a pesar de cumplir con todas las medidas de mitigación y tener aprobados los estudios de impacto ambiental, las trabas burocráticas demoran el inicio de las obras.

Según él, hace falta un cambio de actitud de parte de muchos funcionarios del Estado.

En este sentido, Giorgio aseguró que el proyecto Chan 75, que iniciará la generación eléctrica en  2011,  evitará la emisión de más de 600 mil toneladas de dióxido de carbono.

En el caso del proyecto que se iba a realizar,  la construcción de una mini hidroeléctrica en el río Mamoní ubicado en Chepo, que constaba de una inversión de 21 millones de dólares y generaría 9.9 megavatios en el sitio “El Salto”,  fue cancelado, producto de una serie de protestas por parte de la comunidad.

La empresa Elektra Noreste, que realizaría este proyecto, prefiere no hacer comentarios sobre este proceso. Solo  dicen que ya no tienen proyectos de generación eléctrica.

Por otro lado, las empresas que distribuyen energía tienen la posibilidad de generar un 15% de lo que distribuyen.

La empresa Unión Fenosa (Edemet- Edechi) está desarrollando un proyecto de generación eléctrica denominado

Algarrobos.

El proyecto utilizará el río Casita de Piedra, ubicado en Boquete, para tener una capacidad disponible de 9.7 megavatios, con una inversión de 24 millones de dólares.

Su inicio estaba programado para el 28 de diciembre de 2008.

Según la Asep éste también ha tenido retrasos por las inundaciones registradas el año pasado.

Judy Meana, gerente de comunicación de Unión Fenosa, asegura que  Los Algarrobos estará iniciando operaciones este mes.   Según la empresa este proyecto reducirá la contaminación de carbono en 37 mil 213 toneladas al año.

Una vez construidos estos proyectos se sabrá si el remedio fue peor que la enfermedad, desde el punto de vista ambiental. Y si financieramente, luego de los  atrasos resultaron rentables

Campesinos retan a candidatos de elección popular

Pacto político en defensa del Río Cobre

Conmemorando el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Internacional de Acciones contra las Represas (14 de marzo), el Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre realizó una Asamblea Extraordinaria a orillas del Puente del Río Cobre en la Vía Panamericana para presentar informe de la situación actual en que se encuentra nuestra lucha en contra del proyecto Hidroeléctrico Los Estrechos S.A.  y nuestra petición de conservar sus aguas.

Se invitó a todos los candidatos y candidatas a puestos de elección para diputados, alcaldes y representantes de los distritos de la Mesa, Las Palmas y Cañazas, pero no todos mostraron interés por dedicar un tiempo de su campaña a escuchar las problemáticas que hay que resolver en los próximos 5 años. Por eso al que no se hizo presente, ni envió algún delegado se le declaró NON GRATO.

MOCAMDERCO cumple 6 años de resistencia y lucha en defensa de las tierras y las aguas de este pequeño río ubicado en la provincia de Veraguas, río que aporta la mayor cantidad de agua dulce al Golfo de Montijo, sitio Ramsar. El Río Cobre es fuente de alimento, patrimonio cultural, familiar y turístico de los moradores de los corregimientos de San Bartolo, El Rincón y Cerro de Plata. Es la única fuente de agua segura que tienen los moradores en el verano.

Ellos han pasado por muchas etapas de lucha. Hoy la represa no se ha construido por la organización y tenacidad de los dueños de tierras y comunidades solidarias que han dicho firmemente que con la represa propuesta por Eduardo Vallarino, ellos no harán trato.

Este proyecto consta de un estudio de impacto ambiental aprobado considerado inconsulto y rechazado por gran parte de la población. Según MOCAMDERCO este estudio de impacto ambiental es un fraude total.

MOCAMDERCO les exige a las autoridades que se pongan del lado del pueblo y que no los ignoren. Solicitaron a los candidatos políticos a puestos de elección popular la declaración del Río Cobre, libre de represas y reserva hídrica de la sabana veraguense.

Entre los candidatos a puestos de elección popular que asistieron a este acto estuvieron:

H.D. Diputado Héctor Aparicio, Candidato a Diputado Circuito 9-2; Didacio Aguilar, candidato a Alcalde de La Mesa, Silverio Camarena, Candidato a Representante Cerro de Plata; Atilano Pérez, Candidato a Representante San Bartolo, Eduardo Monroy, Candidato a Representante El Rincón; Bacilia Madrid, Candidata a Representante El Rincón; Vidal García, Candidato a Representante San Bartolo; Larissa Duarte, Candidata a Representante San Bartolo, Eliécer Méndez, Candidato a Representante El Rincón; Victoriano Jaramillo, Suplente de Eugenio Bernal Candidato Alcalde de Cañazas.

Hidroeléctricas siguen causando problemas en Chiriquí

Nuevas hidroeléctricas dejan cuantiosas pérdidas al IDAAN

Los trabajos causan daños a la bomba que suministra el agua a la potabilizadora.

José Vásquez

PA-DIGITAL

Pérdidas por 100 mil dólares registra la potabilizadora del Barú por daños en sus equipos y que son generados por la construcción de dos hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo.

La construcción de las hidroeléctricas Bajo de Mina y Baitún en el distrito de Renacimiento están causando daños constantes a la bomba que suministra el agua del afluente a la potabilizadora asegura el director Regional del IDAAN, Guillermo Ardila señala que en la actualidad se realizan excavaciones en estos proyectos y el sedimento, lodo y arena van a dar al cauce del río, el cual es arrastrado por las fuertes corrientes y llegan hasta la toma de agua en Paso Canoas, y se suspende el suministro de agua a los usuarios.

Según Guillermo Ardila, solicitarán una reunión con los encargados de estos proyectos para coordinar y evitar que sigan vertiendo desechos al río, ya que están causando daños cuantiosos.

Ambas hidroeléctricas son construidas a un costo de 450 millones de dólares.

Daños y costos

Desde que se iniciaron los trabajos de construcción de las hidroeléctricas  se ha dañado  la bomba en cinco ocasiones y este equipo le cuesta 12 mil dólares a la institución  cada vez que se daña. Sumando la contratación de equipos que se utilizan para habilitar la toma, cada vez que se obstruye.

Proyecto hidroeléctrico afecta derechos humanos de Ngobes

Proyecto afectó derechos

SAÚL QUINTERO QUIRÓS squintero@lsiglo.com El defensor cuestiona papel estatal en protección de comunidades afectadas por hidroeléctrica Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, determinó que los mecanismos de consulta, indemnización y reubicación implementados con los moradores afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75, en el sector de Palo Seco, Bocas del Toro, no cumplió con disposiciones en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. El Estado otorgó la concesión para la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Changuinola: Chan-75, Chan-140 y Chan-220, ubicadas en sector de Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Para el funcionario, es evidente la falta de tutela y acompañamientos efectivos por parte de las instituciones públicas. Esta situación produjo una relación de total desventaja en las negociaciones bilaterales entre los moradores de las comunidades afectadas y el consorcio desarrollador, para el pago de las indemnizaciones correspondientes. Recomendó al Estado evaluar y analizar los actos u omisiones de las instituciones correspondientes, para subsanar los procedimientos utilizados y que no se repitan hechos similares en proyectos futuros”. Mientras instó al MIDES y a la ANAM propiciar un diálogo entre las comunidades afectadas y AES Changuinola, S.A.

Construcción de hidroeléctricas afecta potabilizadora de Barú

Idaan se reunirá con administradores

Construcciones dañan potabilizadora

La construcción de los proyectos hidroeléctricos de Bajo La Mina y Caizán ocasiona que aumente la sedimentación en el río Chiriquí Viejo.

AGUA. La planta potabilizadora de Puerto Armuelles recoge agua del río Chiriquí Viejo, que nace en el volcán Barú. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Sandra Rivera

SANDRA ALICIA RIVERA
BARÚ, CHIRIQUÍ
nacionales@prensa.com

Las dos hidroeléctricas que se encuentran en construcción en la parte de arriba del río Chiriquí Viejo, están provocando serios daños a la planta potabilizadora de Puerto Armuelles, lo que ha afectado la producción de agua de más de 45 mil personas desde hace 15 días.

Así lo dio a conocer el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Chiriquí; Guillermo Ardila, quien añadió que las hidroeléctricas son la de Bajo La Mina y Proyecto Caizán, y se reunirá con sus administradores para conversar, porque ya no pueden con los gastos de las reparaciones.

Explicó que como el nacimiento de este afluente es en las montañas del volcán Barú, las crecidas son grandes y sus corrientes van arrasando con todo lo que encuentran, por lo que al llegar a la toma de agua dañan las bombas, así como un muro de contención que se tiene en el lugar.

Ardila dijo que la construcción de estas hidroeléctricas deja toda clase de materiales en el río, y ese sedimento, roca y demás llega con fuerza a la toma y golpea los motores.

“Ya se nos han dañado cinco motores, cada uno de ellos nos cuesta 12 mil dólares y el Idaan ya no puede con tantos gastos, aunado a que llega mucho sedimento y tapa la toma de agua, por lo que ha dejado sin agua a la población”, afirmó.

Ardila expresó que en el lugar trabaja una pala mecánica que está limpiando el río, aunado a ello será necesario comprar nuevos motores, que reemplacen a los dañados por el exceso de lodo, tierra y arena que arrastra el río debido a las excavaciones que se realizan en la parte de arriba del río.

“Las hidroeléctricas hacen sus trabajos de excavación y todo ese material cae al río, que es el que arrasa con mucha fuerza y daña la planta, ahora el Idaan es el que tiene que correr a resolver el problema”, enfatizó.

Una fuente del proyecto hidroeléctrico de Bajo La Mina indicó que ellos están en la siembra de más de 18 mil plantones, para preservar el afluente, pero que si se tiene algún tipo de problema, están también dispuestos a conversar para tratar de solucionarlo.