Denuncian irregularidades en titulación de tierras costeras y Parque Nacional

titulación de tierras genera sospechas en la provincia de veraguas

Investigan apropiación de tierras en Santa Fe

Inversionistas extranjeros compran media hectárea de tierra y se apoderan de hasta 200 y 300 hectáreas.

TIERRAS. La Dirección Nacional de Reforma Agraria investiga la venta fraudulenta de tierras en codiciada zona norte del distrito de Santa Fe. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
santiago, veraguas
nacionales@prensa.com

La belleza del patrimonio natural del Parque Nacional Santa Fe y de las áreas costeras ubicadas al norte de la provincia de Veraguas aún sin explotar dio pie para que ex funcionarios del pasado gobierno e inversionistas nacionales y extranjeros propiciaran una especulación cuyo único objetivo es el de acaparar y vender tierras sin respetar las leyes ambientales ni agrarias que protegen este territorio.

Y es que actualmente la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) incluso adelanta una investigación de la que también ha tomado parte el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción por la titulación “fraudulenta” de tierras en la codiciada zona norte del distrito de Santa Fe.

Uno de los primeros en denunciar estas irregularidades fue Roberto Guerra, alcalde del distrito de Santa Fe, quien reveló que en el área hay extranjeros que aprovechándose de la necesidad de los lugareños compran media hectárea de tierra y de allí arbitrariamente se apropian y miden hasta 200 y 300 hectáreas de montaña virgen que forman parte del parque nacional.

El funcionario lamentó que en muchos de estos casos la dirección de Reforma Agraria hubiese permitido esta especulación debido a que expidió los títulos que aunque “fraudulentos” legalizan la posesión de una tierra codiciada por el potencial natural que presenta.

Apropiaciones

Guerra indicó que actualmente estos extranjeros y también algunos nacionales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de norte de Veraguas incluso están especulando con la venta de estos territorios, ya que intentan negociarlas a altos precios por ser áreas con mucha vegetación y con acceso a la costa atlántica.

El alcalde confirmó que hasta ahora a través de su despacho ya se han hecho varios recorridos conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que verifiquen las denuncias y principalmente las irregularidades que se han dado con las tierras que forman parte de áreas protegidas.

Según Gabriel Vásquez, productor del área de Calovébora, en el área norte de Santa Fe no solo se debe investigar el acaparamiento de las tierras sino la devastación de los bosques del área, ya que incluso algunos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están haciendo movimientos para construir estructuras sin medir el impacto que esto representa para un área protegida.

Vásquez considera conveniente que en el sector norte de Santa Fe se haga un ordenamiento territorial con el objetivo de evitar la especulación y sobre todo para que los lugareños no pierdan sus tierras.

Pero en medio de estas denuncias, Ezequiel Pinzón, director nacional de Reforma Agraria, confirmó que esta institución inició una investigación administrativa que permita determinar si los procesos de adjudicación definitiva de esas tierras se dieron cumpliendo las formalidades que establece el Código Agrario y luego comprobar la violación de la ley.

No obstante, el funcionario reconoció que en la investigación se han encontrado diversos fenómenos, que van desde la titulación de tierras que por años han sido ocupadas por lugareños o la apropiación de terrenos que son inadjudicables por ser áreas protegidas, lo que representa una falta a la ley.

Pinzón adelantó que por ahora en el caso del norte de Veraguas ya se han instruido cerca de 10 expedientes aunque el número de casos podría ser superior, luego de lo cual se remitirá la investigación a las autoridades del Ministerio Público.

Vinculaciones

También dijo que se trata de determinar la vinculación de funcionarios de la Dirección de Reforma Agraria durante la pasada administración del presidente Martín Torrijos, que al parecer fueron quienes propiciaron la titulación irregular de tierras en el norte del distrito de Santa Fe.

El sector norte no es la única área afectada. En julio de 2009, un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente en Veraguas una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros.

La queja surgió a raíz de un proceso de adjudicación de una superficie de 44 hectáreas de terrenos colindantes con el área protegida del parque nacional.

Gobierno insiste en titular tierras costeras e insulares

Prólogo

Causa enorme pena que el Gobierno de Martinelli, al igual que los dos últimos que le han precedido, intente seguir con la titulación de tierras costeras inadjudicables. Ya existen demasiados títulos en áreas costeras e insulares que le quitan el derecho al resto de los panameños de usar un patrimonio costero que la Constitución panameña estableció desde el inicio de la República. Con la titulación de estas tierras –al precio que sea– enajena un patrimonio de todos los panameños y le segrega espacios públicos de recreación y esparcimiento.  Los citadinos no tendrán acceso a playas como ya ocurre en muchos países donde han negociado su patrimonio costero.

En muchos territorios insulares los nuevos dueños de estos derechos posesorios y derechos titulados han cerrado caminos de acceso a las playas. Algunas islas son privadas de manera total o parcial y eso es ilegal.

Si regalan los títulos es nocivo, si los encarecen estarán cediendo el patrimonio costero e insular a magnates que todos sabemos que evitaran a toda costa que los panameños que no tenemos terrenos en las costas no podamos acceder fácilmente a “sus playas”.

El poderoso don dinero parece ser superior al interés colectivo sobre un patrimonio no enajenable. Las playas y riberas costeras deben permanecer libres de acceso expedito a todos los ciudadanos. Foto: BiodiversidadPanama (www.panoramio.com)

Para realizar inversiones en territorios costeros no se requiere, si se actúa de buena fé, a tener un título de propiedad. Eso es falso y sólo busca que se legalice el negociado de las tierras preciadas. Es bien sabido, por ejemplo que muchos Estados insulares pequeños han protegido sus tierras costeras del negociado de tierras, sin embargo la inversión en turismo nunca se ha detenido. Para los empresarios que no buscan acaparar tierras para el negociado del –Real State–, sino desarrollar proyectos justos, no es necesario la adquisición con gula de grandes extensiones de tierra.

Hasta dónde se puede vender el país es la pregunta!  Cuántas islas serán presa de codicia de los especuladores que sólo esperaran que los lugarenos tengan un título de propiedad para seducirlos y tomarse las tierras.  Esta historia de repite en espiral una y otra vez.  Quién ganará en todo  esto? Quiénes perderemos?

El Estado debe ser garante de los derechos colectivos, pero con la clase política que tenemos ejerciendo, no podemos esperar que estos sanos principios prevalezcan.  Mercaderes de la peor ralea. Un muchacho universitario diría: “Allí están, esos son, los que que venden la nación”, pedazo a pedazo, título a título.

Por cierto, que ya es hora que todo dueño de tierra pague impuestos proporcionales a la cantidad de tierras que posee.  El latifundismo se está tomando peligrosamente el país. El latifundismo ha sido cuna de graves problemas sociales y políticos en todos los países que lo han permitido.

Burica Press

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Debate de ley se complica

PANAMÁ. A pocas horas para la Nochebuena, los diputados de la Asamblea Nacional dan continuidad hoy al tercer día de discusión en segundo debate al proyecto de ley 71 que reconoce derechos posesorios en costas e islas.

La sesión de ayer que comenzó a eso de las 11:00 a.m. y cerró a las 5:00 p.m. estuvo marcada por las críticas de los diputados de oposición y dueños de derechos posesorios. En el blanco estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, porque la entidad suministró una tabla de precios que según ellos fija costos altísimos para titular cada hectárea.

El inversionista, Pedro Vallarino dice que estos precios frenarán la inversión extranjera en el país. Los mudos en el debate y ante las acusaciones fueron los diputados oficialistas. Yassir Purcait, por ejemplo, asegura se trata de una ley para expropiar tierras.

Los dos lados de la moneda

En el tema de los derechos posesorios, no habrá ningún consenso. Las partes viven en mundos muy distintos

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com

El proyecto de ley 71 sobre la titulación de derechos posesorios en las costas e islas realizará la meta del gobierno Martinelli, que es permitir la titulación de tierras a los ocupantes de predios pequeños, y de cobrar un precio justo a los inversionistas quienes buscan titular proyectos grandes”.

Así lo confirmó a La Estrella el viceministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Según el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el predio promedio ocupado sin título en Panamá es de 5.6 hectáreas. El proyecto de ley permite la titulación gratuita de 3 hectáreas.

Según la tabla de precios establecida por el proyecto, el que quiera titular menos de 25 hectáreas en la costa de Azuero tendrá que pagar al Estado 45 mil dólares por hectárea, más 5% de impuesto.

Así es que el Estado cobraría al dueño promedio 175 mil 850 dólares por las otras 2.6 hectáreas.

En cambio, un inversionista que ha comprado derechos posesorios de más de 25 hectáreas en la Isla Colón, Bocas del Toro, tendrá que pagar 62 mil 500 dólares por cada hectárea, para titularlas.

De La Guardia dijo que la tabla fue preparada por “dos prestigiosas empresas evaluadoras”, y que sus precios son “inferiores” al valor del mercado.

Durante la campaña electoral, Ricardo Martinelli manifestó que “a titulación de los derechos posesorios sería totalmente gratis en todo el territorio nacional”. De La Guardia no quiso comentar sobre porqué el presidente cambio de parecer.

“Han mantenido, equivocadamente, que el proyecto de ley pretende recaudar fondos”, dijo el funcionario, quien es banquero de profesión. “Su propósito es de balancear el interés de individuo con el de Estado”. Preguntado si los dueños de derechos posesorios pagarían los precios establecidos, dijo que sí. “Van a titular”.

Otra idea tenía un inversionista con quien conversó La Estrella.

“Este proyecto va a paralizar la titulación. Ya no habrá más proyectos grandes. La tabla de precios desconoce por completo el mercado actual de tierra”, indicó.

“El auge se acabó hace dos años”, siguió el inversionista, quien no quiso ser identificado.

“Ahora —agregó— el gobierno se ha metido en el negocio de bienes raíces, no para vender sino para proteger el valor de tierras costales ya tituladas de personas que tienen grandes extensiones”.

Gobierno dubitativo de defender el bien común en islas y costas

El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a la Corte la Inconstitucionalidad de dicha Ley

GOBIERNO ECHA PARA ATRÁS LEY DE COSTAS
08-03-2009 |YENIFER BOLIVAR
ybolivar@laestrella.com.pa
La norma no está reglamentada y permite vender tierras a medio centavo hasta un centavo y medio, por metro cuadrado

PANAMÁ. Le tocó el turno a la Ley 23, que regula la adjudicación de las costas e islas de la República. El ministro de Economía Finanzas -MEF-, Alberto Vallarino, dice que no entiende cómo el pasado gobierno “haya firmado una ley. que es un atraco al Estado”.
La polémica ley fue aprobada el pasado mes de abril y establece costos que van desde medio centavo hasta un centavo el metro cuadrado.
El pasado gobierno no tuvo tiempo de reglamentarla. El pasado viernes el MEF presentó ante la Corte Suprema de Justicia un alegato en apoyo a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Samuel Velásquez.
Entre los argumentos del Ejecutivo se señala, además, que Ley viola la inadjudicabilidad de las costas, establecidas en el artículo 258 de la Carta Magna. La ley en mención fue impulsada por el diputado del ahora opositor Partido Revolucionario Democrático -PRD-, Freidi Torres, quien señaló en su momento que se “le hace justicia a más de 100 mil personas que por años han anhelado legalizar los derechos sobre sus tierras”.
Pero Vallarino no concuerda con este argumento y sostiene que detrás de esta ley “hay una intención de desvalijar la nación de propiedades valiosas de manera indiscriminada”. Aunque las autoridades han recurrido a la Corte no descartan una revisión minuciosa de la ley.

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NORMA
El pasado 24 de abril fue promulgada en la Gaceta Oficial la Ley 23 que regula la adjudicación de las zonas costeras.
La Ley que generó polémica, dará títulos de propiedad sobre islas y terrenos.

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Ley de costas será revisada por el MEF

luz ettrick
lettrick@prensa.com

“El ministro de Economía y Finanzas no echará la ley de costas para atrás, por el momento revisará lo que allí se establece”, afirmó Publio Cortés, director de Catastro del MEF. Manifestó que hay problemas para la implementación de la ley porque debe enmarcarse dentro del régimen constitucional.

Dijo que la Constitución política establece que las riberas de las playas y el mar no son adjudicables al sector privado. Cortés explicó que antes Catastro hacía un avalúo y la Contraloría emitía otra valoración y aunque el método no era del todo preciso, los precios de venta eran más justos. “Ahora los costos están por el piso”.

“El derecho posesorio del campesino se va a respetar, pero el de empresas inescrupulosas se va a evaluar”, concluyó.

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

“Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación”, destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, “de allí la agilidad de los trámites”, sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.

Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León
panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.

Asamblea y Corte intentan cometer crimen de lesa patria

PROYECTO

Concesiones costeras en la mira

ALEXIS CHARRIS PALACIOS
acharris@laestrella.com.pa

Portada PANAMÁ. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado del PRD, Freidi Torres ha propuesto reformar el Código Agrario y la legislación vigente sobre concesiones de tierra.

Actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra las concesiones de tierras en los primeros 200 metros costa adentro. La propuesta pide que se cambie hasta los 10 metros y que la Dirección de Reforma Agraria se encargue de las concesiones de ahí en adelante, excepto en áreas urbanas y comarcas indígenas.

Además modifica la Ley 2 de 2006, que regula la inversión turística dejando esa potestad en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y no en el MEF como actualmente funciona. En ese caso las concesiones se manejarían con el Código Agrario y no con la agenda turística.

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En el año 2005 fue aprobada con urgencia notoria una ley que vendía nuestras islas y costas al mejor postor, cual mercado persa.

La sociedad civil y líderes turísticos serios se opusieron a esta ley que evidentemente alguien poderoso la había negociado con Pedro Miguel Gonzalez, exPresidente de la Comisión de Hacienda que prohijó el proyecto y lo llevo a tambor batiente y la aprobaron en el año nuevo de 2006.

El tiempo ha demostrado que esta ley ha sido nefasta para salvaguardar el patrimonio nacional y ha habido piñata con lo que antes era de todos los panameños.

Hoy Freidi Torres y Alberto Cigarruista (Asamblea y Corte Suprema) buscan la manera de pelechar lo últimos metros de playas hasta donde rompe la ola de bajamar.

Que alguien amarre la corrupción rampante que golpea al país.

Y qué dice Ruben Blades de todo esto?  Después se enoja de los atinados artículos de Paco Gómez que desenmascara su inacción de defender las costas e islas de la rapiña del PRD, aliados y empresarios inescrupulosos.

Promover la venta o titulación de tierras hasta donde llega la pleamar es un crimen de lesa patria!

Burica Press

Destrucción de Isla Viveros se agudiza

De nada ha valido que los ecologistas de Panamá hayan objetado desde hace varios años, la destrucción de los archipiélagos y costas de Panamá por efecto de la Ley 2 de 2006 que permite la especulación inmobiliaria en sus prístinos paraísos insulares y costeros.

Es lamentable que organizaciones como ANCON en vez de objetar este dañino modelo de desarrollo pretenden hacer ver solamente que el relleno, gota que derrama el vaso de desastre ambiental, sea lo que les preocupe. Lo que en refleja un discurso equivocado, oportunista y acomodaticio. Es hora que ANCON, así como los demás grupos ecologistas y ambientalistas de Panamá sean más directos y menos hipócritas de cara a la defensa de los caros intereses nacionales, hoy depredados rampantemente por especuladores que se dizfrazan de saco y corbata y se camuflan en los corrillos gubernamentales para lograr “aprobaciones legales” de tales crímenes ambientales en nombre del desarrollo, que evidentemente no es de desarrollo. Es realmente un vulgar mercado especulativo que destruye nuestros recursos y los enajena.

La destrucción en el Archipiélago de Las Perlas continúa a grandes pasos y Ligia Castro, Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente sigue permitiendo este nefasto concepto de desarrollo en nuestro país. La corrupción y la ineptitud nuevamente hacen festín por doquier y es lo que lamentablemente uno puede esperar en un país parasitado con tráfico de influencia y corrupción en el funcionarato de la cosa pública, que cual adláteres de este sistema mercantilista se presten para permitir que este tipo de proyectos de sus jefes inversionistas y los capos superiores del gobierno sean desarrollados con éxito arrogante y estrépito de ignorancia.

Es evidente que ANAM al mando de Ligia Castro y/o Eduardo Reyes, quien es la mano que mece la cuna en esa institución, están dejando un pérfido legado de venta de nuestro país a cambio quien sabe de qué. Será corrupción, ignorancia, estupidez? Qué será?

Amerita que todo este proyecto sea detenido y punto.

Burica Press.
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NUEVA POLÉMICA EN ISLA VIVEROS

Pista de aterrizaje en el mar

Grupos ambientalistas advierten que la extensión de un aeródromo hacia el pacífico pone en peligro un corredor biológico de ballenas jorobadas.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La empresa Viveros Development presentó un modificación de su proyecto en isla Viveros, el cual establece la ampliación de un aeródromo de mil metros de longitud hacia el mar a través de un relleno de piedra y arena.

El relleno ha levantado voces de protestas entre los biólogos y grupos ambientalistas, como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), que temen que la estructura interrumpa un corredor biológico de ballenas jorobadas en medio del archipiélago de Las Perlas.

Belisario Polo, representante de Viveros Development, aceptó que cerca de la isla hay un corredor ocasional de ballenas, pero asegura que el relleno terminará antes de su interrupción.

La empresa sostiene que la ampliación del aeródromo que construye es necesaria para poder recibir vuelos internacionales. El aeródromo es el complemento de un proyecto turístico de 100 millones de dólares que incluye la construcción de tres hoteles y la venta de residencias.

Alida Spadafora, presidenta de Ancon, calificó de preocupante todas las afectaciones que está teniendo el ecosistema del archipiélago de Las Perlas con los proyectos turísticos que se están construyendo en el área.

“Las autoridades deben evaluar con detenimiento el caso del aeródromo en isla Viveros y, de ratificar la afectación sobre el corredor de ballenas, deben negar su construcción sobre el mar”, concluyó. El Smithsonian confirmó que el sitio es paso de ballenas.

Viveros Development ya ha sido sancionada dos veces por daños ambientales, según confirmó la Autoridad Nacional del Ambiente.

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LA EMPRESA ASEGURA QUE LA ESTRUCTURA NO INTERRUMPIRÁ EL CANAL BIOLÓGICO

Relleno de isla pone en peligro paso de ballenas

Viveros Development ha pedido permiso para rellenar mil metros de longitud en el mar, para concluir la pista aérea del proyecto turístico.

CICATRICES QUE NO SANAN. La empresa que desarrolla el proyecto ha sido sancionada en dos ocasiones por daños al ambiente y tala ilegal en la isla. LA PRENSA/Carlos Lemos

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Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
rberrocal@prensa.com

La problemática por los rellenos en el mar ya no es un tema exclusivo de la Avenida Balboa o la calzada de Amador. La empresa Viveros Development, multada en dos ocasiones por daños ambientales, ha pedido autorización para realizar un relleno de mil metros de longitud en pleno corazón del archipiélago de Las Perlas, poniendo en peligro un área incluida dentro del corredor biológico de las ballenas jorobadas en Panamá.

La empresa ha determinado que las 17 hectáreas de terreno que deforestó en la isla Viveros para construir una pista para aviones no son suficientes.

Viveros Development dice ahora que necesita más espacio del que le brinda el ancho de la isla, y que su única salida es rellenar mil metros de longitud en el mar.

La solicitud fue presentada a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Pero el estudio de impacto ambiental del relleno presenta unas dimensiones distintas a las señaladas a un grupo de funcionarios que realizó una gira al proyecto.

El pasado 27 de octubre, Viveros Development llevó a los inspectores y técnicos de la AMP, Anam y ARAP al sitio de la obra, donde les notificó que el relleno es de 150 metros de longitud.

Sin embargo, la solicitud que está pendiente de aprobación señala que serán 550 metros de longitud solo para la ampliación de la pista o aeródromo, y que el relleno total será de mil metros de longitud en el mar.

La región metropolitana de la Anam está elaborando un cuestionario sobre las diferencias que encontró en el proyecto; entre ellas, el tema de las dimensiones exactas del relleno y de dónde se sacará el material para realizarlo.

Viveros Development aceptó, dentro del estudio de impacto ambiental, que el área que intervendrá es parte del sistema marino costero de la isla, donde conviven especies pelágicas, demersales, fito y zooplancton, algas marinas y fauna betónica. También reporta que esa zona es área de paso de las ballenas jorobadas.

“Pero no encontramos evidencias que sustenten que dichas ballenas utilizan el canal existente en la isla Viveros para su desplazamiento”, sostiene Viveros Development en la información reportada a la Anam.

Lo que afirma la empresa contrasta con opiniones de biólogos y ambientalistas que confirman que el sector es paso de las ballenas jorobadas y que, además, forma parte de un importante ecosistema marino que ya ha sufrido el impacto del proyecto turístico en la isla Viveros.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), calificó la situación de preocupante, ya que, dijo, se trata de un ecosistema muy sensible y que el país debe conservar como patrimonio natural.

Indicó que las autoridades deben revisar bien este proyecto, y de confirmar la afectación sobre el área de paso de las ballenas deben negar su aprobación.

“Sí pasan ballenas jorobadas por el lugar”, aseveró Héctor Guzmán, experto del Instituto Smithsonian.

Informes de esa entidad indican que el paso de estos animales tiene sus temporadas y que muchas veces las ballenas no salen a la superficie, sino que pasan cinco metros por debajo del mar.

El propio ambientalista de la compañía, Belisario Polo, reconoció que hay un canal de tránsito de las ballenas que pasa cerca de la isla Viveros. Aunque señaló que el relleno terminará antes de la intercepción con el canal.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le notificó a la compañía que no es la institución responsable de aprobar o negar este proyecto, sino el Ministerio de Economía y Finanzas.

Augusto De León, jefe de concesiones de la AMP, dijo que “el caso de la pista aérea fue enviado por error a nuestro despacho”. “A nosotros solo nos compete el caso de un atracadero que ellos también quieren construir en la isla”, dijo De León.

Aeródromo para ‘jets’ privados

Viveros Development sustenta el relleno para su pista en que necesita tener capacidad para atender a dos jets privados por semana, los cuales podrían traer al país entre 200 y 500 turistas. Se trata de vuelos directos a la isla Viveros, sin tener que llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La inversión total del proyecto, según la empresa, asciende a 100 millones de dólares, incluyendo 5 millones por el relleno. El estudio de impacto ambiental enumera de forma somera los daños que causaría el proyecto: contaminación del agua superficial por derrames de combustible, cambios en los niveles de turbiedad del agua, eliminación de la fauna en el área del relleno y en el sitio de la extracción de la arena submarina, y contaminación del aire. Viveros Development acepta que por cada una de las 17 hectáreas devastadas para la pista de aviones se eliminaron 169 árboles. Unos 2 mil 873 árboles en total, sin incluir la tala por la construcción de las carreteras y los tres hoteles.

Gobierno vende a Panamá

NEGOCIADOS

Panamá ‘se vende’

Luis A. Sánchez M.
opinion@prensa.com

“Revuelvo la mirada y a veces siento espanto, cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar”… Ricardo Miró. Finalmente, después de tantos años, he comprendido el mensaje que quiso transmitirnos Miró al escribir dicha frase. Hoy día, al igual que Miró, revuelvo la mirada y también siento espanto. La diferencia es que el espanto que siento es por el tormentoso camino que veo.

Tal parece que a los encargados de manejar las riendas del Estado solo les interesa su beneficio personal, al punto que no tienen reparo a la hora de vender la patria, si eso significa algunos dólares más para su bolsillo. Tal es el caso de una marina con capacidad para 400 botes (de hasta 300 pies) que se construirá en la comunidad de Bahía Honda, distrito de Soná, por parte de inversionistas inescrupulosos. Esto, con el visto bueno de funcionarios públicos que desconocen lo negativo que dicha construcción representa para el ecosistema.

La fragilidad de los ecosistemas de esta zona es tan sensible que, al menor descuido, podríamos causar daños irreparables y poner en peligro de extinción a muchas especies, sobre todo, de orden marino y endémicas (es decir solo existen en este lugar del mundo), cuyo hábitat es el Parque Nacional Coiba (PNC) y/o su zona de amortiguamiento, que se extiende a lo largo y ancho de la costa Pacífica veragüense.

Desde mediados de la década de 1980, los científicos se percataron que estas actividades causaban alteraciones al ecosistema del PNC y que era necesario regularlas, a través de la docencia comunitaria. Por tal motivo desde la creación del PNC, en diciembre de 1991, se establecen cinco grandes objetivos en el plan de manejo, a fin de evitar el colapso; los cuales, de manera resumida, establecen claramente la necesidad de conservar los ecosistemas insulares, marinos y costeros; promover el manejo y desarrollo de los recursos naturales mediante actividades como el turismo ecológico, interpretación de la naturaleza y educación ambiental.

La idea principal es mitigar las alteraciones al ecosistema por las labores de pesca artesanal y garantizar así la sostenibilidad en el tiempo de los recursos naturales del PNC. En ningún momento se contempla, ni mucho menos recomienda el establecimiento de explotaciones turísticas de alto impacto, como las que se pretenden construir en Bahía Honda.

Permitir el desarrollo de este proyecto sería tirar por la borda todo el esfuerzo y recursos invertidos tanto en el PNC, como en las comunidades a su alrededor, por dos proyectos implementados a principios de esta década: El Proyecto Combate a la Pobreza Rural y Conservación de los Recursos Naturales, costeado por el Estado panameño, mediante el financiamiento del Banco Mundial, y el Programa Araucaria Panamá, costeado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Estado panameño, mediante el Fondo Mixto Hispano Panameño.

En ambos proyectos, durante mis labores como consultor y promotor comunitario, fui testigo de los esfuerzos de muchos profesionales nacionales y extranjeros por inducir, programar y ejecutar actividades de capacitación sobre alternativas de producción y explotación agrícola, pecuaria, pesquera y elaboración de artesanías, entre otras, que les permitieran generar los recursos necesarios para cubrir sus necesidades cotidianas, siendo respetuosos del medio ambiente.

Los habitantes de estas comunidades se involucraron y comprendieron la importancia del asunto. Entendieron todo ese cúmulo de palabras que pronunciaba esa turba de ingenieros y biólogos que visitó sus casas para explicarles que era hora de hacer un alto y enrumbar la nave, a fin de que sus descendientes también pudieran disfrutar de las bellezas que la naturaleza le regaló a sus comunidades.

He aquí el gran dilema: ¿cómo fue que logramos concienciar a estas personas, que en su mayoría apenas sabía leer y escribir, de la importancia de conservar los recursos naturales, pero hemos fracasado en el intento con abogados y arquitectos, quienes mediante artimañas legales y discursos baldíos pretenden hacernos creer que solo buscan el desarrollo y el bienestar de esa pobre gente? Al final, pienso que entienden perfectamente el mensaje, el punto es que les importa un bledo.

A estos inversionistas solo les importa el dinero, lo que acontezca después no les preocupa. Lo triste del caso es que siempre cuentan con el apoyo de gobiernos corruptos que, cual Judas Iscariote modernos, venden el patrimonio de sus conciudadanos por unas cuantas monedas.

Para muestra un botón: cuando se creó la hidroeléctrica de Bayano, se desalojó a sus habitantes prometiéndoles progreso, bienestar e indemnizaciones. La realidad de esa pobre gente hoy día, 35 años después, es la misma, siguen marginados, no cuentan con energía eléctrica y esperan una indemnización que hace mucho se embolsó el dictador Omar Torrijos y sus compinches. Ahora su heredero pretende repetir la historia (Y me temo que lo va a lograr) con el mismo cuento: “desarrollo, progreso y bienestar social”.

Desalojos forzados en islas y costas de Panamá

Alerta por aumento de desalojos en las costas

Desalojo en Pedasí.LA PRENSA/Cortesía/ Augusto López

JOSÉ aRCIA
jarcia@prensa.com

El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Administración de Tierras, integrado por la sociedad civil, alertó de desalojos a vecinos de comunidades costeras.

César Carrasquilla, presidente del Consejo, denunció ante la Defensoría del Pueblo una “violación de los derechos humanos” de 33 familias desalojadas en Pedasí, provincia de Los Santos, que tienen más de 30 años de vivir ahí. El Consejo ha recibido unas 500 quejas de diferentes partes del país por avisos de desalojo.

El abogado Guillermo Márquez consideró que los desalojos realizados son “arbitrarios”.

programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.

PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.

Gobierno vuelve a sorprender a ecologistas defensores de Coiba

Desprotegen las zonas especiales de manejo en el Oceáno Pacífico panameño.

Burica Press. 15 de agosto de 2008. El 6 de agosto, sin aviso previo, como ladrón en la noche, el Presidente de Panamá, Martín Torrijos sancionó la ley 55 denominada Ley del Comercio Marítimo. En su artículo 278 derogaron el artículo 11 de la ley de Coiba, lo que implica que han eliminado la zona de exclusión donde se prohíbía la pesca de atuneros de cerco en aguas panameñas más al norte del paralelo 6´30.

Según la bióloga Gabriela Etchelecu, Directora Ejecutiva de Mar Viva, con este -camarón- legislativo ahora queda permitida la pesca industrial en aguas adyacentes a la Isla de Coiba, incluyendo la pesca con barcos atuneros de cerco en todas las aguas del pacífico panameño, incluyendo las zonas especiales de manejo, o sea Banco Hannibal, Archipiélago de Las Perlas, entre otras.

Parque Nacional Isla de Coiba. Foto: http://www.flickr.com/photos/artour_a/

Según Etchelecu lo ocurrido no son buenas noticias para nadie que valore lo que nos brindan nuestros recursos marinos, mucho menos para los delfines, pues mueren miles cada año con las operaciones de atuneros.  También se afectan muchas especies objetivos, tanto de la pesca deportiva como la artesanal,
interfiriendo con estas actividades económicas, sociales y turísticas de las que dependen tantos panameños.    Es frecuente la pesca incidental del pez espada, marlines, pez vela, jureles, dorados y claro. Muchos tiburones y rayas mueren en las redes, indico la activista ambiental.

Estos barcos atuneros tienen capacidad de carga de unas 1,200 toneladas y se estima que se han expedido ya en nuestro país unas 25 licencias.

El artículo 278 dice textualmente así: “Artículo 278. La presente Ley deroga el Libro Segundo del Código de Comercio de Panamá y el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004″, donde se observa que para no alertar a los ambientalistas ni siquiera hicieron mención del nombre completo de la ley.  De hecho parece que los ambientalistas se enteraron 10 días después de haber sido sancionada por el Presidente panameño.

Esta ley nueva ley puede ser accedida en http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26100/12475.pdf

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ambiente. Otro ‘CAMARÓN’ LEGISLATIVO.

Diputados favorecen a atuneros

Con la ley de comercio marítimo se derogó un artículo que prohibía pescar atún con redes de cerco.

El Presidente de la República sancionó el 6 de agosto las leyes que regulan el comercio marítimo.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los diputados aprovecharon el proyecto de ley sobre comercio marítimo, sancionado el pasado 6 de agosto por el presidente, Martín Torrijos, para derogar el artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004, mejor conocida como ley de Coiba, para favorecer a los atuneros.

Desde el 7 de agosto pasado y tras cuatro años de prohibición, los atuneros pueden pescar sin límite con redes de cerco en la costa del Pacífico panameño, donde hay incluso áreas protegidas.

El artículo 11 creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño “en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que (…) afectan especies marinas como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras”.

La medida había pasado desapercibida hasta que se publicó en Gaceta Oficial, el pasado 7 de agosto, la Ley 55 de 6 de agosto de 2008, que regula el comercio marítimo.

La decisión de los diputados, asumida el 30 de junio, último día del pasado período legislativo, ya empezó a crear indignación entre grupos ambientalistas, abogados marítimos y aficionados a la pesca deportiva. Algunos se enteraron ayer de la derogación de la norma.

“Me parece que es una falta de respeto para las personas que hemos trabajado en esos cuatro proyectos [leyes marítimas] que nos tomen de tontos útiles para beneficiarse unos cuantos”, reaccionó Tomás Ávila Manzanares, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo .

“Trabajamos tres años en ese proyecto [actual Ley 55] y en ningún momento fue intención de los comisionados el que se derogara una norma tan sensitiva como esa”, añadió.

La Fundación MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental respondieron de igual forma con disgusto al conocer la derogación de la norma, que aseguraba que los barcos atuneros realizaran faenas a más de 40 millas náuticas de las costas.

El presidente de los clubes de pesca deportiva, Luis López, dijo que se trata de otro “gol legislativo”.

MES DE LOS OCÉANOS.

Gobierno empaña celebración

LA PRENSA/David Mesa

CONSERVACIÓN. La isla de Coiba es una zona protegida por ley, donde se ha denunciado pesca ilegal.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los ambientalistas se preparaban para festejar el mes de los océanos (septiembre) y 15 días antes se enteraron de una decisión de la Asamblea Nacional avalada por el Ejecutivo que agrió la celebración.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de junio un proyecto de ley sobre comercio marítimo, y de paso derogó el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004 –mejor conocida como ley de Coiba– que prohibía la utilización de redes de cerco para la pesca de atún en el Pacífico panameño.

El proyecto pasó a ser ley de la República el 7 de agosto pasado, cuando se publicó en Gaceta Oficial como Ley 55 de agosto de 2008 .

Bajo qué fundamento técnico y científico el Gobierno elimina una norma que busca proteger una zona que forma parte del Corredor Marino mesoamericano, se preguntó ayer Leslie Marín, del Centro de Incidencia Ambiental.

Las redes de cerco que utilizan los atuneros tienen una extensión similar a tres campos de fútbol y llegan a unos 600 metros de profundidad, explicó Luis López, presidente de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva.

La Fundación MarViva anunció que iniciará una serie de acciones en contra de la derogación. Este gremio ha estado denunciado la pesca ilegal en isla Coiba, donde este año se han reportado al menos cuatro casos de barcos industriales invadiendo áreas protegidas.

La Prensa, 16 de agosto de 2008

Megaproyecto turístico se levanta en Archipiélago de Las Perlas

Se preguntará usted por qué tanto apuro en aprobar una ley insular y costera que le permite al Estado vender con título de propiedad las islas? Para permitir que estos proyectos que no pagan impuestos se adueñen y hagan el negocio de su vida de nuestras islas como el caso que a continuación presentamos. O sea nuestros intereses de ciudadanos dueños titulares de las islas según la Constitución, fueron burlados.

Para nosotros los “megas” son prefijos muy peligrosos y este parece serlo sin lugar a dudas, dado que ya nos hemos percatado que se le aprobó un EIA cat. 2 en vez de cat. 3 y lo realizó la misma consultora que hizo el EIA del Camino Ecológico, que era una aberración científica. No podemos esperar nada bueno de lo que allí está ocurriendo y de los verdaderos impactos que este megaproyecto genera.

Estamos viendo el final de nuestras islas, si no hacemos un esfuerzo serio en recuperlas de la especulación y los piratas.

Como pueden ver en este proyecto hay corrupción, ya que ANAM se hizo de la vista gorda y ni siquiera exigió un EIA de la categoría que correspondía. Este proyecto es más inmobiliario que turístico y aquí no pasa nada.

Burica Press

En España, Puerto Rico, República Dominicana y otros países se han dado campañas ciudadanas para evitar que sus costas fueran destruidas con moles de concreto, bajo el pretexto de desarrollo. Desarrollo de qué y para quién?. Fuente: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/campa-as-de-greenpeace-para-pr

Los que pretenden vendernos que las moles de concreto y afines en nuestras islas y costas son desarrollo, como si fuéramos ignorantes, sepan que existimos personas que sabemos que estas son falacias, ya que todos sabemos que el desarrollo nunca produce destrucción, ni pérdida de derechos ciudadanos sobre los bienes nacionales, legados por la Constitución. El eje transversal del desorrollo debe ser la formación del individuo, especialmente a través de la educación. Un individuo formado es un individuo libre y es por si un motor de desarrollo.
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Proyecto turístico se levanta en el Archipiélago de Las Perlas

El proyecto se enfoca a la clase media alta y de fuerte poder adquisitivo, por los altos precios residenciales.

Costará más de 500 millones de dólares y generará 800 empleos directos.

Raúl A. Bernal – La Prensa, 12 de enero de 2006
rbernal@prensa.com

El francés André Beladina llegó hace cinco años atraído por la particular belleza y encanto de Panamá. Su objetivo era establecer su residencia permanente en el país, pero poco tiempo después se encontró con un grupo de amigos e inversionistas que lo motivaron a ingresar en un “sueño” que hoy se ha constituido en uno de los proyectos más ambiciosos del sector turístico.

El proyecto residencial y turístico Isla Viveros, ubicada en el archipiélago de Las Perlas, contempla una inversión que superaría los 500 millones de dólares. En el proyecto intervienen inversionistas europeos, mexicanos y panameños, y se espera que la obra culmine en su totalidad en el 2012.

Lujosas villas, con precios que inician en 700 mil dólares, hoteles cinco estrellas, condominios; así como canchas de golf, marinas, centros comerciales, restaurantes y áreas de entretenimiento, son parte del diseño, cuya primera fase inició con la rehabilitación de una pista de aterrizaje para avionetas y jets privados. Los primeros 80 millones de dólares se destinarán a infraestructura.

Según Beladina, presidente del Grupo Viveros, el proyecto promoverá el desarrollo en el archipiélago de Las Perlas, al generar más de mil empleos directos e indirectos en su etapa de construcción y unos 800 permanentes una vez culminen las obras.

El proyecto se promueve a nivel internacional en las 300 oficinas de la inmobiliaria CB Richard Ellis, en su sitio web y en revistas locales. Según Luigi Bemporad, ejecutivo de la empresa, ya existen reservaciones y una lista de clientes potenciales.

Y tiembla la tierra

A pesar de que sus promotores aseguran que el proyecto conserva el aspecto natural de la isla y que se ha cumplido con los estudios de impacto ambiental exigidos, hay voces que protestan contra lo que consideran un atentado hacia las áreas verdes.

El ambientalista Ariel Rodríguez lo considera un proyecto “antiecológico”, porque se miden las ganancias económicas y no las pérdidas ambientales.

Según Rodríguez, la cantidad de desechos sólidos y líquidos que generaría un desarrollo de esa magnitud coparía la capacidad de carga ecológica de ese territorio insular.

Además, hace dos meses el abogado Juan Ramón Sevillano presentó una denuncia en la Fiscalía 12 contra el proyecto, por haberse excedido en la quema y tala de árboles para construir una pista de aterrizaje. Pero Grupo Viveros asegura que en mayo pasado la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, que incluye la renovación de la pista de aterrizaje.

El país está en venta y eso a nadie le importa!

Esto es el inicio de gran negociado con nuestro patrimonio nacional, que de concretarse la aprobación de ley 132, será la privatización total del patrimonio común de las presentes y las futuras generaciones.

Dónde están nuestros derechos ciudadanos frente a la privatización de nuestros recursos?

Por qué el Estado vende sus islas que la constitución y el código agrario protegen como derechos de TERCERA GENERACIÓN
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Island Real Estate – Islands for sale in Panama
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San Pedro Island
Under Contract
1000 hectares

Isla Paradita
US$ 3.7 million
65 acres

Pacific Island
US$ 365,000
8.5 acres

Santo Island
Enquire
47 acres

Isla de Puerco
US$ 2 million
250 acres

Las Perlas
US$ 1.3 million
17 acres

Isla Chica
US$ 65,000
2/3 acre

Panama Island Two
US$ 152,500

Panama Island Three
US$ 150,000

Isla Aguja
US$ 395,000
17 acres

Boca Chica Island
US$ 850,000
103 hectares

Las Perlas Island
US$ 1.1 million
17 acres