Denuncian irregularidades en titulación de tierras costeras y Parque Nacional

titulación de tierras genera sospechas en la provincia de veraguas

Investigan apropiación de tierras en Santa Fe

Inversionistas extranjeros compran media hectárea de tierra y se apoderan de hasta 200 y 300 hectáreas.

TIERRAS. La Dirección Nacional de Reforma Agraria investiga la venta fraudulenta de tierras en codiciada zona norte del distrito de Santa Fe. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
santiago, veraguas

nacionales@prensa.com

La belleza del patrimonio natural del Parque Nacional Santa Fe y de las áreas costeras ubicadas al norte de la provincia de Veraguas aún sin explotar dio pie para que ex funcionarios del pasado gobierno e inversionistas nacionales y extranjeros propiciaran una especulación cuyo único objetivo es el de acaparar y vender tierras sin respetar las leyes ambientales ni agrarias que protegen este territorio.

Y es que actualmente la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) incluso adelanta una investigación de la que también ha tomado parte el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción por la titulación “fraudulenta” de tierras en la codiciada zona norte del distrito de Santa Fe.

Uno de los primeros en denunciar estas irregularidades fue Roberto Guerra, alcalde del distrito de Santa Fe, quien reveló que en el área hay extranjeros que aprovechándose de la necesidad de los lugareños compran media hectárea de tierra y de allí arbitrariamente se apropian y miden hasta 200 y 300 hectáreas de montaña virgen que forman parte del parque nacional.

El funcionario lamentó que en muchos de estos casos la dirección de Reforma Agraria hubiese permitido esta especulación debido a que expidió los títulos que aunque “fraudulentos” legalizan la posesión de una tierra codiciada por el potencial natural que presenta.

Apropiaciones

Guerra indicó que actualmente estos extranjeros y también algunos nacionales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de norte de Veraguas incluso están especulando con la venta de estos territorios, ya que intentan negociarlas a altos precios por ser áreas con mucha vegetación y con acceso a la costa atlántica.

El alcalde confirmó que hasta ahora a través de su despacho ya se han hecho varios recorridos conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que verifiquen las denuncias y principalmente las irregularidades que se han dado con las tierras que forman parte de áreas protegidas.

Según Gabriel Vásquez, productor del área de Calovébora, en el área norte de Santa Fe no solo se debe investigar el acaparamiento de las tierras sino la devastación de los bosques del área, ya que incluso algunos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están haciendo movimientos para construir estructuras sin medir el impacto que esto representa para un área protegida.

Vásquez considera conveniente que en el sector norte de Santa Fe se haga un ordenamiento territorial con el objetivo de evitar la especulación y sobre todo para que los lugareños no pierdan sus tierras.

Pero en medio de estas denuncias, Ezequiel Pinzón, director nacional de Reforma Agraria, confirmó que esta institución inició una investigación administrativa que permita determinar si los procesos de adjudicación definitiva de esas tierras se dieron cumpliendo las formalidades que establece el Código Agrario y luego comprobar la violación de la ley.

No obstante, el funcionario reconoció que en la investigación se han encontrado diversos fenómenos, que van desde la titulación de tierras que por años han sido ocupadas por lugareños o la apropiación de terrenos que son inadjudicables por ser áreas protegidas, lo que representa una falta a la ley.

Pinzón adelantó que por ahora en el caso del norte de Veraguas ya se han instruido cerca de 10 expedientes aunque el número de casos podría ser superior, luego de lo cual se remitirá la investigación a las autoridades del Ministerio Público.

Vinculaciones

También dijo que se trata de determinar la vinculación de funcionarios de la Dirección de Reforma Agraria durante la pasada administración del presidente Martín Torrijos, que al parecer fueron quienes propiciaron la titulación irregular de tierras en el norte del distrito de Santa Fe.

El sector norte no es la única área afectada. En julio de 2009, un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente en Veraguas una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros.

La queja surgió a raíz de un proceso de adjudicación de una superficie de 44 hectáreas de terrenos colindantes con el área protegida del parque nacional.

Se apropian ilegalmente de tierras costeras

Campesinos de Bahía Honda, del distrito de Soná, denuncian que se les impide acceso a la playa

Inversionistas cercan más de 15 kilómetros de costa

20 familias afectadas exigieron la intervención de la Dirección de Catastro y de la Autoridad Marítima de Panamá.

PLAYA. La empresa Catiland Panamá ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad, denuncian moradores. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
BAHÍA HONDA, VERAGUAS

nacionales@prensa.com

Un grupo de campesinos del corregimiento de Bahía Honda, del distrito de Soná, denunció que la empresa Catiland Panamá cercó más de 15 kilómetros de costa sin respetar la servidumbre pública de mar e impidiendo a los moradores del área el acceso a ocho playas ubicadas en este sector del Pacífico veragüense.

Las más de 20 familias afectadas que forman parte de la Unión de Campesinos de Bahía Honda exigieron la intervención urgente de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sustentando el hecho de que las cercas de púas colocadas en esta zona no cumplen con la distancia de servidumbre costera, que según la ley establece 22 metros contados a partir de la línea de alta marea.

Adrián Montilla Ortega, vocero de los campesinos, dijo que el problema radica en que la empresa Catiland Panamá, dedicada al negocio de bienes raíces y desarrollo turístico en las costas del Pacífico de Veraguas, ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad y que desde hace muchos años son ocupadas por personas naturales del área que tienen derechos posesorios sobre sus terrenos.

Según el dirigente, la citada compañía en principio cercó los terrenos que son de su propiedad, pero adicionalmente también cerró tierras que no le pertenecen, e incluso colocó alambre en puntos en donde no se está respetando la servidumbre pública de mar y se ha prohibido el acceso de los pescadores artesanales a las playas.

Llamado al presidente

Montilla añadió que ellos requieren que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ordene una investigación sobre la apropiación indebida de tierras que está propiciando esta empresa de capital estadounidense, que no respeta las leyes vigentes en cuanto a uso de riberas, costas y fondo de mar en la zona costera del Pacífico de la provincia de Veraguas.

Leonardo Santos, uno de los afectados, aseguró que él tiene 70 años de ocupar un globo de terreno que le dejaron sus ancestros, del cual tiene derechos posesorios; sin embargo, de la noche a la mañana el personal de la empresa le derribó su vivienda, le destruyó sus cultivos y le cercó el terreno, al igual que han hecho con el resto de las tierras que bordean la costa de Bahía Honda.

Santos también comentó que luego que la empresa procedió a cercar más de 15 kilómetros de costa, ahora se ha impedido el acceso a las playas Blanca, Naranjo, Panamá, Limón, Corrales, La Costa, Quilla y El Yaya, en donde la gente tiene que pescar o sacar sus productos agrícolas. Los moradores, liderados por Adrián Montilla, presentaron ayer la denuncia ante la AMP.

Consultado sobre el tema, Gustavo Rodríguez, administrador regional de la AMP en Veraguas, comentó que tras la queja interpuesta por los campesinos se iniciará una investigación formal para corroborar si en efecto las cercas colocadas no cumplen con las distancias que establecen las leyes panameñas sobre servidumbre de mar.

Por su parte, Humberto Chang, apoderado legal de Catiland Panamá, respondió que aún no tiene autorización de los inversionistas de la empresa para hablar del tema; no obstante, dijo que en su opinión personal, estas denuncias son “una situación orquestada” por algunas personas en contra de esta compañía.

Comunidades campesinas defienden al río Cobre

Comunidades campesinas defienden al río Cobre

Declaran non grato a promotor de represas en la zona

Resolución 20 DE NOVIEMBRE DE 2008

EDUARDO VALLARINO Y ESTRECHOS S.A.

NON GRATOS PARA EL RIO COBRE

El Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (Mo.Cam.Der.Co), organización popular que reúne a comunidades campesinas de los Distritos de las Palmas, Cañazas y La Mesa de la Provincia de Veraguas va a cumplir 6 años de estar realizando de forma pacífica protestas de todo tipo para demostrar al gobierno nacional, a la empresa Hidroeléctrica Estrechos S.A. y sus posibles fuentes de financiamiento que su proyecto no nos interesa, no lo queremos y no es viable para nuestro río y comunidades.

En este mes nos llenamos de patriotismo para dar a conocer públicamente la siguiente resolución.

Considerando que:

1. El proyecto Estrecho S.A. empezó a crear conflicto desde el año 2002 cuando a espaldas del pueblo afectado ya se estaban hacían estudios y tramites en la Autoridad de los Servicios Públicos. Fue por el disgusto de dueños de predios que vieron gente extraña haciendo picas, trochas y puntos sin autorización ni identificación, lo que alborotó el congo en el 2003. Después de una fuerte investigación nos enteramos que el Río Cobre estaba en una lista de más de 100 proyectos hidroeléctricos que se quieren hacer para privatizar las aguas de los ríos y vender energía eléctrica.

2. Estos proyectos son baratos para las empresas que las operan por todos los subsidios e incentivos que el Estado les otorga. Además no hay ley que los obligue a tener compromiso social con las comunidades aledañas ni tampoco hay entidades encargadas de velar y garantizar los intereses de los afectados. El Estado pierde las contribuciones en patentes e impuestos, mientras que los inversionistas se llenan los bolsillos con un negocio sumamente redondo y atractivo. Los bajos costos de producción ni siquiera se reflejan en las tarifas eléctricas la cual seguirá subiendo por más hidroeléctricas que construyan. Las experiencias de represas en Panamá no han sido positiva para las comunidades afectadas y hay una enorme deuda social que saldar.

3. El pasado 8 de noviembre cumplimos 3 meses de mantener el campamento campesino de protesta “El Río Cobre no se Vende” contra la Autoridad de los Servicios Públicos y la Autoridad Nacional del Ambiente, que siguen empeñados en no ponerle punto final a este conflicto sino todo lo contrario continúan aprobando concesiones y permisos como lo fue la 6ta prorroga otorgada hasta el 6 de noviembre de 2009 para que la empresa avance con sus planes especulativos. En vez de darnos una solución nos invitan a negociar con la empresa porque pueden expropiar a los que no acepten vendes sus tierras.

4. El empresario Eduardo Vallarino manifestó en prensa escrita el día 19 de noviembre de 2008 que “ha logrado comprobar que Mo.Cam.Der.Co es patrocinado por fuerzas políticas internas y externas como las de Hugo Chávez para no permitir que las familias que tienen tierras en el área de impacto reciban beneficios”

5. Aseguró además que los miembros de la directiva de Mo.Cam.Der.Co son los únicos que se oponen a la represa porque el resto de la población esta de acuerdo con que se construya y que pese a la férrea oposición de Mo.Cam.Der.Co continuará con el proyecto por la construcción de la hidroeléctrica.

6. Ninguna represa u otro proyecto debe sacrificar los derechos de ningún ciudadano o grupo de personas afectadas. No deberían construirse sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Como dice uno de los principios fundamentales de los derechos humanos: “Los pueblos tienen derecho a determinar su destino y desarrollo económico, social y cultural.”

Resolvemos

1. Mantendremos el campamento campesino “El Río Cobre No se Vende” como medida de protesta pacífica indefinida durante los próximos meses, hasta que recibamos muestras de compromiso favorable de parte de las autoridades municipales en turno y los aspirantes a las próximas elecciones para que juntos declaremos al Río Cobre reserva hídrica de la Sabana Veraguense. Es necesario dar paso a que los inversionistas y el gobierno demuestren con hechos, buenas experiencias, legislaciones para los afectados y tarifas bajas para Panamá. No nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la imposición. Siempre habrá necesidad de energía y agua; queremos guardar recursos para el futuro.

2. Retamos al Sr. Eduardo Vallarino a que demuestre donde y cuando se comprobó que nosotros somos patrocinados por el presidente de Venezuela y las fuerzas oscuras del más allá.

3. Le recordamos al Sr. Vallarino que su propio estudio de impacto ambiental, en la sección de participación ciudadana están las encuestas que realizó para sondear la opinión de la población sobre el proyecto y que a pesar de que las realizaron en comunidades lejanas al área de impacto, el resultado demostró que el sentir de la población es No a la represa. (Ver Estudio de Impacto Ambiental que reposa en ANAM).

4. Invitamos a los medios de comunicación, a la ASEP, ANAM, la Defensoría del Pueblo a que efectúe una Audiencia Pública entre la empresa y Mo.Cam.Der.Co para debatir la problemática y que prueben sus acusaciones.

5. Si Eduardo Vallarino esta tan seguro de que las comunidades ribereñas del Río Cobre están de acuerdo, someta su proyecto a una consulta pública transparente para que este pueblo campesino afectado decida.

6. Por su prepotencia declaramos de forma rotunda al Sr. Eduardo Vallarino y los promotores de la empresa Estrechos S.A. NON GRATOS en las comunidades ribereñas del Río Cobre. La sangre ya empezó a derramarse y que no crea que porque somos campesinos vamos a desistir de defender nuestros derechos, porque el caso del río Cobre es un símbolo de lucha para nosotros, para la provincia de Veraguas, para la población campesina y para la promoción de una verdadera y real participación ciudadana. Nuestra mayor fortaleza es la solidaridad del pueblo panameño y de todas las organizaciones que sientan que es necesario lograr salvar ríos de represas.

“Yo no vendo mi patria, yo no vendo mi río, yo no vendo mi tierra”.

La historia se escribirá para que este pueblo no olvide el sacrificio y la sangre que tubo que ser derramada para luchar por la defensa de nuestro río, nuestro territorio y la dignidad de este pueblo que se rehúsa como Urracá a rendirse ante los invasores y opresores.

Fuertes, Dignos y Pintados de Valor gritemos: “Con la represa de Eduardo Vallarino … ¡No Hay Trato!”

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IMÁGENES DEL CAMPAMENTO Y LA MANIFESTACIÓN PRO DEFENSA DEL RÍO COBRE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS

ADEMÁS OBSERVE EFECTOS DE LA REPRESIÓN POLICIAL HACIA LOS DEFENSORES DEL RÍO

Parque Nacional Santa Fé en Peligro

Parque Nacional Santa Fé en Peligro

Burica Press, 28 de julio de 2008. Una voz de alarma y preocupación han lanzado los naturalistas y ambientalistas de Santa Fé en Veraguas, debido a que se ha aprobado un Estudio de Impacto Ambiental de un Proyecto de Generación Eléctrica Eólica en las selvas vírgenes de Altos de Piedra del Parque Nacional Santa Fé, que son consideradas áreas prístinas de rica biodiversidad y endemismo.

La foto aérea muestra el área donde supuestamente se instalarían las torres aerogeneradoras.

Vista aérea del P. N. Santa Fé. El área marcada corresponde al área del proyecto de aerogeneradores. de Santa Fé Energy. Foto: Cortesía

El Parque Nacional Santa Fé no puede ser utilizado para este tipo de actividad, ya que esta actividad es incompatible con los fines de conservación de esta área protegida.

Según Santa Fe Energy, la empresa promotora de la granja eólica en la vecindad de Santa Fe en la Provincia de Veraguas, República de Panamá, el sitio del proyecto es un área montañosa de la altiplanicie alrededor de los picos de Cerro Tute, Cerro Delgadito y Cerro Cabeza de Toro, entre 1000 y 1400 m sobre el nivel del mar, y ocupando un área total de más de 20 Km2.

El sitio fue identificado dentro un estudio financiado por el UNDP-GEF mostrando probablemente un el recurso de viento más fuerte de todos los otros de Panamá. Según la estimación de los consultores, el sitio debe tener capacidad superior a 115 MW.

Según los ecologistas locales, el área planteada para el proyecto es muy frágil ecológicamente y que por tanto un proyecto de energía limpia dentro de un área de esta categoría y estado de conservación es contraproducente absolutamente.

Daños ecológicos en Bahía Honda

Bahía Honda amenazada

Moradores están preocupados por la destrucción del hábitat marino

En el área se mantienen trabajadores realizando extracciones de arena, a pesar de que las autoridades locales manifiestan que no se han dado permisos para esta actividad. / Fotos Mitzila De León
Mitzila De León
periodistas@estrelladepanama.com

Bahía Honda, Soná. —Como un crimen ecológico ha sido catalogado por los moradores de Bahía Honda los daños a los arrecifes coralinos y la extracción de arena en Isla Canales de Afuera.

La Isla Canales de Afuera se encuentra a dos millas del Parque Nacional Coiba, lugar donde se desarrolla el proyecto Liquid Jungla Lab. Inc., el cual tiene como función realizar investigaciones, supuestamente avaladas por el Smitson an Tropical Resourse y Whoi.

De acuerdo con Mauricio Gutiérrez, habitante de Bahía Honda, “el ecosistema hay que cuidarlo y esta (…), gente lo ha dañado todo”, como morador me encuentro preocupado”.

Gutiérrez señaló que lo que se hace en la Isla Canales de Afuera perjudica tanto al Parque Nacional como a los moradores de Bahía Honda, porque se está destruyendo el hábitat marino y las autoridades regionales no hacen nada.

Agregó que hasta el momento no se ha hecho nada por parte de las autoridades de la provincia que tienen que ver con este daño ecológico, Gutiérrez manifestó, un poco molesto que “las autoridades locales no hacen nada, ya que van al lugar y dicen que todo está bien y la realidad es otra”.

La extracción de arena en la parte sur se ha registrado en las playas Blanca, Limón y Naranjo, en las cuales a simple vista se observó el gran daño que se ha ocasionado y el cual es difícil resarcir.

De acuerdo con una investigación realizada, la compañía Liquid Jungle Lab. Inc. lleva más de 14 años de dedicarse a la extracción de la arena en tres playas, pero lo curioso del caso es que se dedicaba a la labor sin contar con los permisos de concesión.

Esta investigación arrojó que la actividad ilegal ha sido respaldada a través de permisos otorgados por la Alcaldía del Distrito de Soná.

Liquid Jungle Lab. Inc. tramitó una concesión con el Estado panameño durante la administración gubernamental de la presidenta Mireya Moscoso, por 60 años, la cual asciende a varios millones de dólares.
El pasado lunes, Eulogio Calles y Mauricio Gutiérrez, ambos moradores de Bahía Honda, presentaron una denuncia por daños ecológicos a la Fiscalía Primera.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conoció que esta compañía no ha tramitado concesiones para extraer arenas.

Este Ministerio realizó una inspección a la zona sur donde se han registrado las anomalías y en el mismo se detectó el daño que existe. Por lo que a su paso se emitirá una orden para que no se continúe extrayendo material.

Elinforme ya fue remitido por el MICI a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). e acuerdo con Francisco Carrizo, director Regional del ANAM, ya se han realizado inspecciones por parte de la institución, por lo que se espera que a través de los inspectores se rinda el informe.

La empresa Liquid ha sido sancionada en dos ocasiones. Una por el incumplimiento del estudio de impacto ambiental, por lo que se le multó por la suma de 10 mil dólares por construir una edificación que no estaba prevista, y, la segunda, en el año 2005, por ampliar la pista de aterrizaje.

Arístides Ortiz, alcalde de Soná, dijo que por años a la empresa se le han otorgado permisos de extracción de arena, por la cantidad de 100 y 200 yardas cúbicas, pero reiteró que desde hace seis meses no se le ha dado autorización para que realicen las labores.

Los habitantes piden que se efectúe una inspección exhaustiva a nivel de gobernantes de la ciudad capital, pues confían en las autoridades de la provincia.

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