Corrupción urbanística en Panamá

Corrupción urbanística a la panameña

Ariel R. Rodríguez V.
Biólogo y ambientalista

En la semana del 27 de noviembre de 2006 leí en medios españoles, como habían sido procesados el director general de ordenación del territorio de Balear y un alcalde de una localidad de Mallorca por delitos contra la ordenación del territorio y por haber cometido, supuestamente, actos prohibidos a cargos públicos, y por blanqueo de dinero asociado a negocios inmobiliarios. El titular del periódico me llamó la atención porque lo relacioné de inmediato a lo que está ocurriendo en Panamá.

De igual manera el periódico destacaba en otros reportajes que la Ministro de Vivienda de España, está convencida de que la nueva Ley del Suelo conseguirá echar freno a la especulación inmobiliaria y terminar con planes urbanísticos desaforados como el de Seseña (Toledo) o Cullera (Valencia), que en muchos casos han derivado en escándalos de corrupción a gran escala y cuyo máximo exponente es Marbella (Málaga). Nótese que ante la autonomía de las comunidades españolas, la ministra parece no controlar la situación y depende de una ley, pero lo interesante en medio de todo es que la ministra no niega el problema y lo enfrenta.

Ahora, en el contexto de Panamá sería bueno saber si el Ministerio de Vivienda estará consciente del nivel de corrupción que existe en Panamá en este campo. ¿Estará el Ministerio de Vivienda interesado en eliminar la corrupción en la aprobación de cambios de zonificación inconsultos e ilegales? Por supuesto que no. La prueba más evidente de ello es que en el período comprendido entre el 27 de noviembre del año pasado y hoy 13 de enero mientras retomo este artículo que había dejado a medias desde entonces. Así es, en la madrugada del día 31 de diciembre de 2006, se aprobó en tercer debate, una ley que ha legalizado todos los abusos en los cambios de zonificación amañados e inconsultos que ha realizado este ministerio desde 1997 en el área canalera! O sea, le han intentado sustraer materia a muchas demandas ante la Corte al respecto. Maestra jugada de la corrupción y el juega vivo! Esta ley ya ha sido denunciada por Alianza Pro-Ciudad como la última honorable vergüenza del año pasado. Por supuesto que esta cámara de diputados que no son honorables, no tienen vergüenza de nada.

Recuerdo haber estado escuchando por radio esa sesión donde a última hora, sin previo aviso en el retoque final del texto de la mencionada ley fue introducido, con la asesoría del MIVI, por supuesto, esta espada de la corrupción en la espalda de los intereses del pueblo panameño. ¡Qué listos que se creen!. Ni los pocos ciudadanos que acudieron a la asamblea a ver esta afrenta al pueblo panameño, se percataron de esta jugada maestra de la corrupción. Son las actas del pleno y el texto final aprobado que confirman lo que yo me había percatado a través de las ondas hertzianas esa terrible noche.

Lo triste de todo es que pensamos que la corrupción seguirá viento en popa a toda vela ya que la nueva ley de urbanismo le confiere autonomía a los municipios para definir su ordenamiento territorial urbanístico, pero asesorados por el MIVI. O sea, caperucita asesorada por el lobo feroz. Tal y como ocurre hoy con los planes de ordenamiento en Bocas del Toro y Boquete. Veremos con qué sorpresas nos salen tanto los municipios como sus asesores. Estoy casi seguro y espero equivocarme que lo que harán estos planes es legalizar aberraciones urbanísticas que en este momento se adelantan en estos municipios. Quisiera tener fé, pero cada día que pasa, lo que veo me dice que Esopo tenía razón: “de un perverso natural no puede salir una conducta honesta”, ya que “no debe prestarse fe a los juramentos de nuestros enemigos”.

En España la corrupción urbanística se dio aún a pesar de la autonomía de los municipios ya que justamente esto permite a los alcaldes conseguir ingresos firmando convenios urbanísticos y desestimando cuantas veces sean necesarios los planes urbanísticos establecidos, igualitos que en Panamá, pero a través del MIVI. Además se detectó que la corrupción incluía los siguientes puntos:

1. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

2. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.

3. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

4. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

5. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.

6. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

7. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.

En fin, si esto se parece a lo que sucede en Panamá, estamos ante un escenario lamentable. ¿Será que tenemos genes de la madre patria? ¿Será que han condenado a ser testigos mudos de esta corrupción? ¿Veremos en Panamá funcionarios encausados por estos actos? Por ahora parece una esperanza remota.

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