Corte consultará tema sobre Camino de Cruces

Foto de Cadena Humana en Av. Balboa ayer 13 de mayo de 2005 por la defensa de Camino de Cruces.

CONFLICTO | Pedirán opinión a la Procuraduría de la Administración
Corte consultará tema sobre Camino de Cruces

El defensor ve como un grave error la urbanización de este parque, por ser parte del corredor biológico.

LOS MAGISTRADOS de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Fábrega y Arturo Hoyos, ordenaron elevar una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la demanda de solicitud de suspensión provisional y de nulidad de dos resoluciones que están relacionadas con el proyecto urbanístico Camino de Cruces, en Clayton.

En nota fechada como 22 de febrero de 2005, Fábrega ordenó correr traslado por el término de cinco días para que la citada Procuraduría alegue sobre la procedencia o no de tal solicitud.

La demanda contencioso administrativa de nulidad fue interpuesta por Carlos E. Varela, en representación de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (APRECLA), donde se establecía que se declarara nula por ilegal la Resolución No. 01-04 de 8 de enero de 2004, emitida por el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica.

Mientras que en una nota del pasado 13 de abril, el magistrado Hoyos hizo la misma solicitud a la Procuraduría de la Administración, sobre la demanda de nulidad interpuesta por APRECLA contra el artículo No. 8 de la Resolución 09-2000 de 31 de mayo de 2000, emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, calificó de “grave error” la urbanización del Parque Nacional Camino de Cruces, por formar parte de un corredor biológico entre los parques ubicados en la ciudad capital.

Indicó que el Estado debe “rectificar” su posición y darle la importancia a las disposiciones ambientalistas establecidas en la Constitución Nacional.

Según Tejada, la Ley N° 21 de 2 de julio de 1997 del Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica clasifica estas áreas para uso residencial.

Sin embargo, dijo que a pesar de esa “legalidad” se debe reconsiderar la urbanización de estas áreas por ser boscosas y de suma importancia ecológica, que albergan gran variedad de especies de flora y fauna.

Cabe señalar que Tejada, con el ánimo de que se adopten los correctivos necesarios tendientes a minimizar los riesgos ambientales y para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, instó a la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM), y a otras autoridades vinculadas con la gestión de manejo ecológico, a incrementar las labores de monitoreo ambiental.

“Las autoridades ambientalistas deben estar más vigilantes con el efectivo cumplimiento de las normas que regulan esta materia, ya que es evidente que existen promotores de proyectos que no han tomado conciencia de la importancia de la preservación de nuestros recursos naturales y del desarrollo de obras de manera sostenible”, reiteró Tejada.

Admitió que se percibe un aumento de la cultura ambiental en la población, sobre todo de los residentes aledaños a estos proyectos.

MAS DATOS

· El comité interpuso una demanda al Ministerio de Vivienda (MIVI) y a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), ante la Corte Suprema de Justicia, informó Carlos Varela, uno de las integrantes de esta organización.

· Varela destacó que no se ha cumplido con el inventario científico que tenía que hacerse con respecto a la fauna y vegetación del área.