ECO-CRIMEN del Ejecutivo, ejecutado por el Legislativo

TAL CUAL
Mónica Palm
mpalm@prensa.com

ECO-CRIMEN. Los ambientalistas están en alerta «Charlie» luego que la comisión de Hacienda aprobara en primer debate el proyecto que enajena islas y regiones costeras. Ahora el mamotreto será discutido en segundo debate, «con urgencia notoria». Dicen que los únicos que se beneficiarán de esto, son las «inmobiliarias disfrazadas de empresas turísticas».

La Prensa, 23 de noviembre de 2005.

Proyecto de venta de islas y costas pasa a II Debate

Proyecto insular pasa a segundo debate

La discusión en la Comisión de Hacienda Pública acabó con
enfrentamientos verbales entre diputados PRD.

Tras la aprobación en primer debate, se determinó que la
discusión en el pleno sería con urgencia notoria

Leonardo Flores
lflores@prensa.com
A pesar de la aguerrida resistencia de moradores y ambientalistas de las áreas costeras de Bocas del Toro y Colón, el proyecto de Ley 132 que busca regular las concesiones de tierras costeras e insulares para proyectos turísticos, fue aprobado ayer en primer debate. Además, se le otorgó
la categoría de «urgencia notoria», lo que significa que hoy debe ser incluido en el orden del día de la sesión plenaria de la Asamblea.

La discusión, que inició la mañana de ayer con reclamos y advertencias de parte de quienes se consideran afectados, culminó en un enfrentamiento verbal entre el diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson y su colega Pedro Miguel González, presidente de la comisión de Hacienda Pública.

La insistente solicitud de Robinson –quien se opone al proyecto– de hacer uso de la palabra y la negativa del presidente del debate a concedérsela, fue el detonante del enfrentamiento. «El debate se cerró», fue la respuesta que dio el diputado González. De nada valieron los argumentos de Robinson que aseguraba que había hecho su solicitud antes de que terminara la sesión. «Usted no puede negarme ese derecho que me otorga la ley… estoy aquí para defender los derechos de los que me eligieron», comentó Robinson evidentemente alterado.

La controversia

El proyecto de Ley 132 que es promovido por la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, produjo lo impensable: el abierto enfrentamiento entre diputados del PRD. Además, en el acalorado debate han participado ambientalistas, moradores e inversionistas de
las zonas costeras.

Según el director de Catastro, Benjamín Colamarco, la norma «es un instrumento que garantiza la tenencia de la tierra y estimula la inversión turística».

Sin embargo y a pesar de que se trata de un argumento reiterado desde que se inició la discusión, los moradores de las áreas afectadas no han abandonado su aprensión de que el resultado será la pérdida de las tierras que han ocupado por generaciones, debido a que carecen de título de propiedad. «La manera como está concebida la ley no deja claro cómo queda el tema de tierra firme. Casi el 70% de los panameños tenemos derechos posesorios, pero no tenemos
títulos y queremos que se respeten», explicó Pedro Vallarino, representante de los inversionistas del área de Costa Arriba de Colón.

En tanto, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos, Euclides Díaz, comentó que esperan que se respete la legalidad vigente, de manera que «ese afán por hacer proyectos turísticos, no viole los derechos posesorios de los moradores de esas áreas».

Otra arista de la discusión es la protección del medio ambiente. Así, grupos ambientalistas hicieron sonar las alarmas sobre el peligro que enfrentan las islas al permitir que se desarrollen proyectos de alto impacto.

«Este proyecto desata la especulación de tierras y la consecuente destrucción del ambiente (…) sabemos que detrás de este proyecto nefasto ha habido triquiñuelas y se demuestra corrupción por un lado y oportunismo de los allegados del Gobierno por el otro», detalla un comunicado
hecho público ayer durante la sesión.

Finalmente, el diputado del opositor Partido Panameñista y miembro de la comisión, Carlos Afú, rechazó la categoría de urgencia notoria otorgado por sus colegas al proyecto, y alegó que existía un compromiso de considerar el resultado de las consultas.

La Prensa, 23 de noviembre de 2005.