El fantasma de Buneau Varilla sigue vivo pero peor!

Estimado amigo Fernando Prieto.

Ha dado en el clavo. No es el fantasma, es el espíritu de los padres de la patria que se sintieron obligados a firmar el tratado después que lo firmara el señor Buneau Varilla. Varilla defendía sus intereses, y actuó como buen bucanero capitalista. Pero digamos que su espíritu era regalar el país con el principio de la perpetuidad. Entretelones de la excusa del tratado que ningún panameño firmó que pudo darse con un “cubranos Ud. la espalda y déjenos a nosotros defendernos como sabemos”, con un paso adelante para convencer al señor Hay…

Hoy, los padres de la patria en ejercicio se han decidido a vender el país, con menos encubrimiento y más descaro…Como dice la canción que veinte años no son nada, han multiplicado el tiempo de las ganancias. Cuantas generaciones pasarán después de haber perdido todo? tres, al menos. Afortunadadamente hubo panameños que pensaron, y entre regatear y negar ese principio, se ha llegado a lo que hoy tenemos.

Desafortundadamente, ha renacido el mismo espíritu, y eso que ya no se trata únicamente de personas que pertenecen a la élite. Muchos tienen raíces, pero solo raíces, en el pueblo. Apenas recibieron el primer vaho de la especulación y del oportunismo, se han sentido como los otros, sin ningún reparo.

La ley (si es sancionada por Martín) debe ser revisada. Hay oportunidades para introducir elementos de control en la reglamentación pero si hay un trabajo planificado y concertado. Y además, es conveniente analizar aquellos elementos que creemos pueden pecar de inconstitucionalidad, como la negación del principio del fuero municipal para decidir respecto a sus esferas, entre otras cosas. Hagámosle la ganancia difícil a estos señores.

Francisco Herrera
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*EL FANTASMA DE BUNEAU VARILLA , LA LEY 132 Y EL AMBIENTE

FERNANDO PRIETO

Son necesarias las inversiones y la creación de empleos, pero esto no puede ser excusa, para justificar cualquier proyecto, como bueno y positivo. No debemos crear o modificar leyes a velocidades supersónicas, teniendo en cuenta el impacto tanto social, como para la naturaleza , que estos pretendidos desarrollos acarrearan; en la rapidez por aprobar, como ley de la república el proyecto 132, es altamente probable, que el producto final , solo beneficie a un pequeño grupo de personas; a costa de dañar la biodiversidad y el modo y calidad de vida de los costeños.

Muchas preguntas y pocas respuestas, existen en torno a esta futura ley. ¿porque los periodos tan extensos de 60 a 90 años de las concesiones? ; pareciera que el fantasma de Buneau Varilla**, disgustado, porque el tratado que firmó y daba , una parte de nuestro territorio a perpetuidad, fue eliminado, y ha aparecido del más allá y se ha posesionado de ciertos diputados, este proyecto tal como está, es peligroso para los intereses y la seguridad nacional, ya que el mismo trata, sobre el control de zonas costeras e islas.

Una ley justa y moral, debería facilitar a los moradores originales, de estas codiciadas tierras, de mecanismos rápidos y trasparentes, para que obtengan sus títulos de propiedad. Lo que se vaya a aprobar, tiene que ser un facilitador en este sentido y no un mecanismo de destierro en la práctica para humildes agricultores y pescadores, convirtiéndolos de pobres en miserables, sin tierras ni modo de ganarse la vida ; poniendo en peligro la herencia natural de paso.

Las consultas, no pueden ser solo, para llenar un formalismo , tienen que ser un método efectivo , para que se escuche la voz de los ciudadanos , que el resultado de todo esto, sean leyes , para beneficio de las grandes mayorías , si no, estaríamos , ante la privatización de hecho de la asamblea nacional, en la cual se harían leyes, a la medida de los grandes intereses extranjeros y de sus socios locales, y en contra del pensar y futuro de los votantes.

*El artículo de Fernando Prieto fue publicado en El Siglo, el 22 de diciembre de 2005
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**Ver Tratado Hay-Buneau Varilla firmado en 1903 y que le concedió a perpetuidad la hoy antiguamente conocida, zona del Canal a los E.U.
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Diputado Pedro M. Gonzales
Puede ser definido como un nuevo Phillipe Buneau Varilla, pero del patio, específicamente representante del pueblo de Veraguas. Él fue el principal artífice en la Asamblea Nacional, como presidente de la Comisión de Hacienda y otros menesteres, para que este proyecto de venta de islas y costas se aprobara a como diera lugar, obedeciendo ciegamente órdenes e intereses del Ejecutivo.


Ubaldino Real, Ministro de la Presidencia 2004-hasta la fecha.

Es considerado del Círculo Intimo de Martín. Además es considerado una mano que mece la cuna. Al parecer es socio de Martín en muchos negocios particulares y fue en su ministerio que se gestó el proyecto de Ley 132 que vende las islas y costas de Panamá.

Puede ser considerado sin lugar a dudas otro Phillipe Buneau Varilla, 100 años después.

Piden no sancionar proyecto de las islas

Piden no sancionar proyecto de las islas

SOLICITUD. La Asociación para la Conservación de la Biósfera pidió al presidente de la República, Martín Torrijos, que no sancione el proyecto de Ley 132 que regula las concesiones de territorio insular y costero. En carta enviada al mandatario panameño, la asociación señala que la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa que no tuvo un estudio económico ni financiero previo que demostrara sus ventajas. “Carece totalmente de cifras, montos de inversión, número de beneficiarios y ni cantidad probable de habitantes desplazados”, alegaron los ecologistas.

Rafael Pérez G./ Prensa 24 de diciembre de 2005

Revisión de Ley 132 aprobada en 3er debate y en espera de sanción o veto del Presidente de la República.

Agradecemos a Yessica su tiempo y disposición de ilustrarnos jurídicamente sobre los exabruptos e incoherencias que tiene la Ley 132 aprobada en tercer debate por la tristemente célebre Asamblea Nacional. Contrario a Yessica no creemos con que esta ley se pudo mejorar, porque no nació de una planificación estratégica y científica del Estado Panameño. Esta ley salió de la manga de un mago del gobierno nacional llamado Ubaldino Real, que evidentemente está respondiendo a intereses creados. Nótese que en el Plan de Gobierno por ningún lado se habló de la privatización de islas y costas, ni la promoción de bienes raíces como si fuera actividad turística.

Eso es corrupción y lo mínimo que esperamos en un futuro cercano, es que nuestros amigos de Tío Sam, le quiten el derecho a visitar a Mickey Mouse.

Es lástimoso que ante real justicia estemos esperanzados a detener la corrupción con amenazas o pérdida de visa de funcionarios que deberían ser enjuiciados in situ. Claro en Panamá esto es soñar.
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QUÉ ES CORRUPCIÓN?

literally means to destroy (from the Latin corruptus);
• is not a rare phenomenon;
• takes many forms with different types of participants, settings, stakes, techniques and different degrees of cultural legitimacy;
• is not only about stealing: it can also relate to the abuse of power in decision-making processes. It is a form of behaviour that deviates from ethics, morality, tradition, law and civic virtue.

Corruption may be defined as any conduct which amounts to
• influencing the decision-making process of a public officer or authority, or influence peddling;
• dishonesty or breach of trust, by a public officer, in the exercise of his duty;
• insider dealing/conflicts of interests; [and]
• influence peddling by the use of fraudulent means such as bribery, blackmail, which includes the use of election fraud.
• Any person who directly or indirectly accepts, agrees or offers to accept any gratification from any other person to benefit him-/herself or any other person is guilty of the crime of corruption. The person who makes the offer or inducement to another to commit a corrupt practice is also guilty of the crime of corruption.
Although there is an active and a passive side to the crime, both parties are equally guilty of corruption.

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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 132 SOBRE CONCESIONES PARA INVERSIÓN TURÍSTICA Y ENAJENACIÓN DE TERRITORIO INSULAR PARA FINES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO.

Versión aprobada en 3er debate y en espera de sanción o veto del Presidente de la República.

Observaciones generales.

1) Siguen faltando los considerando (fundamentos jurídicos, Constitución, Ley(es), etc., de los cuales se deriva el (ante)proyecto).

2) El título del proyecto es concesiones para la inversión turística y enajenación de territorio insular para fines de aprovechamiento turístico, sin embargo, el proyecto regula no sólo la enajenación de los territorios insulares sino también de las zonas costeras y además las tierras de propiedad del Estado. Por otra parte, siguen utilizando una disparidad de términos parecidos pero que no se definen exactamente con lo cual no queda claro si se está hablando de una misma figura o no. v.g. inversión turística, aprovechamiento turístico, desarrollo turístico, zona de desarrollo turístico, edificaciones de interés turístico, áreas declaradas de desarrollo especial.

3) A mí me sigue zumbando la cuestión del periodo de concesión: por un lado, 40 años + 30 años de prórroga y por el otro, 60 años + 30 años de prórroga, sobretodo cuándo se deja abierto el tema de los parámetros del MEF para más adelante y en todo caso entonces: el monto de inversión, el impacto económico (¿para el área? ¿para el país? ¿para el inversor?) y el “potencial de generación de empleos” no son ya parámetros?

4) Se añade un cambio en el artículo 1 y es que ahora sí dejan sentado que se reconocen los derechos posesorios existentes a la fecha que hayan sido otorgados por municipios y por autoridades competentes (MEF, Reforma Agraria, entiendo).

5) Se mantuvo la incongruencia entre el artículo 1, segundo párrafo y el artículo 20 numeral 4: el primero señala que concesiones en comarcas indígenas se otorgarán con la debida aprobación de las autoridades tradicionales comarcales correspondientes y el segundo establece que no otorgarán concesiones en áreas de desarrollo especial en comarcas indígenas. OJO. Pareciera que el quid del asunto es que si son áreas insulares en comarcas indígenas “urbanizadas” se permite la concesión; si no están urbanizadas, no ¿aún cuando el IPAT/MEF/Consejo de Gabinete las declaren desarrollo especial?

6) ¿Qué implica que un área insular sea declarada como área de desarrollo especial para aprovechamiento turístico, aparte claro está de que estén prístinas?

7) Sigo opinando que si un concesionario realiza alguna acción que provoque un daño ambiental grave además de las sanciones que establece la legislación ambiental vigente, la ley debiera contemplarlo como causal de revocación de la concesión por tratarse “de zonas o áreas de desarrollo especial en islas”.

8) En el artículo 4 sigue la incógnita, aprobado por quién el anteproyecto que se presente al MEF.
9) El artículo 5 me deja con la duda de si la ANAM requiere ir siempre con funcionarios del MEF para inspeccionar la obra, de acuerdo a lo que compete como Autoridad Nacional del Ambiente, que es básicamente verificación del cumplimiento del estudio de impacto ambiental durante la construcción de la obra y luego fiscalización y supervisión una vez finalice la etapa de construcción. Por otra parte, este artículo establece una de las sanciones que ordena el Decreto Ejecutivo 59/2000 sobre EIAs ¿para los casos de este tipo de concesiones sólo cabe entonces esta sanción al tratarse de una ley (más que un decreto ejecutivo, ser posterior y además especialísima)?

10) En el artículo 9 la servidumbre de playa pasó de 60 metros a 22 y mantuvieron el parágrafo que señala que lo que se encuentre en el área de servidumbre con data de 5 años o más se reconocerá.

11) En el artículo 20 se señalaba que la concesión en áreas declaradas de desarrollo especial (islas no urbanizadas) no podían ocupar más del 30% de la isla que el resto, es decir, el 70% restante no se podía utilizar para “nuevos desarrollos turísticos”. Esta parte del 70% se eliminó. Se mantuvo lo del 30% de la visión igual de confusa.

12) El artículo 21 es incongruente con el artículo 19. Señala primero que las concesiones en áreas de desarrollo especial (o sea, las islas no urbanizadas) deben otorgarse mediante acto público a través del MEF. Y luego tiene un parágrafo que dice que si estas islas (terrenos insulares) tienen proyectos ya iniciados o con los permisos para iniciar no es necesario el acto público si no que se van por la vía directa. La incongruencia radica en que el 21 señala como requisito sine quanon la urbanización. Entonces la pregunta que cabe es ¿qué entienden los promotores de esta ley como urbanizado? Otra pregunta que se me ocurre es si ya hay un inventario de estos casos de islas no urbanizadas pero con proyectos que ya arrancaron o con permisos otorgados para construir?

13) En el artículo 25 debieron haber incluido a la ANAM en el estudio y declaración de cuáles áreas podrán ser objeto de concesión una vez el MEF, gobiernos locales hayan levantado el estudio tenencial.

14) El artículo 33 empieza súper bien, se prohíbe la tala, uso y comercialización de los bosques de manglar, sus productos, partes y derivados EXCEPTO cuando se trate de proyectos de desarrollo turístico. (No importa que diga previo cumplimiento del EIA y legislación vigente, esto es obvio, todos los proyectos antes de iniciar requerirán de un EIA y estar dentro de la legalidad).

15) El artículo 35 que abarca lo referente a la contratación de mano de obra local (del área del proyecto) dejo esto a la decisión del inversor ya que señala preferiblemente. O sea, si lo prefiere, y si no, pues no.

Realmente se pudo hacer el esfuerzo de mejorar el proyecto de ley.

Aquí el artículo completo de Lanzarote con todo y Ley de Costas en España. Lo que te copy paste en rojo es lo que intuyo se avecina con esta ley de islas panameñas y costas y demás. Se pone todo en bandeja de plata para que caigan los billetes pero no se ve más allá de la bandeja estando clarito hacia dónde vamos.

la propia dimensión y rapidez del crecimiento turístico —se ha pasado de unos cuatrocientos cincuenta mil visitantes anuales a más de un millón y medio, en diez años— ha inducido un fuerte crecimiento de la población residente y ha producido importantes impactos tanto en el ecosistema y en el paisaje insular, como en los valores culturales y convivenciales de la sociedad isleña.

Una economía potente, poco diversificada y supeditada a la permanente expansión del alojamiento turístico

Primero fue la fiebre devoradora del proceso urbanizador la que arrasó espacios esenciales del interior y del litoral insular. Después, más recientemente, el desbordamiento de un turismo de altísima movilidad y escasa sensibilidad ambiental, y el propio comportamiento poco respetuoso de la sociedad conejera, han inducido una fuerte degradación ecológica y paisajística en la Isla que es imprescindible rectificar.

La falta de preocupación sobre los sectores ambientales clave

… el consumo de agua, energía, transportes y los residuos, tienen un profundo contenido ambiental y relacionan aspectos clave de la sostenibilidad insular con los principales focos de contaminación a escala mundial.
el agua hubiera dejado de ser un problema. El consumo de energía (55.000 TEP en 1996).

La generación de residuos sólidos urbanos y similares (55.000 Ton/año) ofrecen un indicador de cierta entidad —1,25 kg/ res+tur/día— , sobre todo si se tiene en consideración que dicha cifra incluye residentes y turistas. Lo preocupante, como en los casos anteriores, es que el crecimiento de los últimos cinco años se dispare en un 35 %; que la recogida selectiva y niveles de aprovechamiento se sitúen solamente en torno al 3.6 % y 2.9 % respectivamente; y que en definitiva, se constate la falta de conciencia sobre la necesidad de afrontar soluciones avanzadas y sostenibles en un tema tan esencial y emblemático para Lanzarote.

Los datos relativos a la evolución del transporte interno de la Isla siguen la tónica marcada, expresando dos conceptos clave: la “sobremotorización de la isla” y la falta de cualquier atisbo de planificación de la movilidad insular.
En relación con el impacto ambiental producido por el transporte de acceso y salida de la Isla, los más de 9.000 millones de viajeros/km./año en los que se estima este tipo de movilidad en el caso de Lanzarote, generan 1.230.000 Ton/año de CO2, multiplicando por 6.5 el volumen de dicho gas generado en el interior de la Isla.

Viva en su propio archipiélago

Esta información no es para hacerle propaganda para que compren su propia isla en el Archipiélagos Los Bongales en el Golfo de San Miguel. Es una denuncia de la venta de nuestras islas y costas. O sea poco a poco un par de gente se está apropiando de nuestro patrimonio nacional y ni siquiera estamos enterados. Veáse lo que dice este sitio:

“En una de las mejores áreas conservadas de la República de Panamá usted puede ser dueño de su propio archipiélago, formado por cuatro islas cuyas dimensiones son Isla Conejo de 36 hectáreas + 965 m 2 , Isla Cabra 9 hectáreas + 477 m 2 , Isla Flores 2 hectáreas + 922 m 2 e Isla Tallo 8 hectáreas + 122 m 2 , que hacen un total de 62 hectáreas + 2480 m 2 .(algo mas de 163 acres ). Estas islas están ubicadas en el Golfo de San Miguel, en el legendario Darién, con una de las mejores opciones de pesca del país. Basados en estudios recientes de la Universidad de Miami realizados en el área, tenemos de abril a junio, como los mejores meses para meros, pargos, corvinas entre otros. Para los picudos las mejores épocas son para el merlín negro entre diciembre y abril, merlín rayado y merlín azul de marzo a mayo y el pez vela de mayo a julio.”

Solicitud al Sr. Presidente sobre Ley 132

Panamá, 21 de diciembre de 2005

Su Excelencia
Martín Torrijos Espino
Presidente
República de Panamá
E. S. M.

Estimado Señor Presidente:

A nombre de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, organización cuyo ámbito de acción es la región occidental del país, le solicitamos imperativamente que NO SANCIONE la Ley 132 que vende y/o concesiona nuestro patrimonio insular y costero.

Esta solicitud se la hacemos basados en los siguientes puntos que consideramos son lesivos en esta ley:

Esta ley está redactada con muchos errores de forma y fondo, lo que la convierte en un documento legal, aún más peligroso para los intereses nacionales de lo que pretende.

No se hizo un estudio económico, ni financiero que demostrara las ventajas o las bondades de esta ley. De hecho la exposición de motivos es totalmente superflua, improvisada y oportunista. Carece totalmente de cifras, montos de inversión, número de beneficiarios, número de costeños e isleños afectados, número probable de desplazados, número de indemnizaciones, etc.

No se tiene datos de las condiciones actuales de ninguna costa ni isla que pudieran ser declaradas de interés turístico, de hecho, puede ser cualquier costa e isla de este país. La Ley debería definirlo basado en un estudio de potencialidades que no se han hecho. Tampoco sabemos que papel juegan los planes maestros de turismo que se han realizado.

No le garantiza la tierra a los lugareños e isleños históricos o indígenas que siempre han tenido por tradición un principio colectivo de uso de la tierra. Tampoco se le garantiza al resto de los panameños que no habrá destrucción de estos sistemas insulares o costeros. O sea que esta ley no protege los intereses del resto de la comunidad panameña que no vive en costas o islas.

Esta ley no fue considerada o evaluada por la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, ni por ninguna otra instancia similar regional.

Esta ley es desconocida y no fue discutida ampliamente como argumentó la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, ya que en Chiriquí que contiene enormes sistemas de manglares, archipiélagos y gran cantidad de costas de arenas, esta ley no discutida, ni hubo forma práctica de aportar al debate de esta ley. En la Provincia de Veraguas que también tiene ricas y hermosas playas e islas tampoco fue discutida.

Tampoco fue discutida ampliamente en Bocas del Toro, en Colón y en las Comarcas Kuna Yala, Gnobe Bugle, ni se discutió en el Archipiélago de Las Perlas, a pesar de ser áreas directamente afectadas por el impacto de esta ley.

Supone violaciones a principios constitucionales, al darle muchas ventajas, fueros y privilegios a los “inversionistas”, contrario a la serie de requisitos que deben cumplir los lugareños sin capital económico.

Esta ley niega los derechos de tercera generación bajo la excusa de inversión turística para el desarrollo. Lo peor que puede hacer un país es negar derechos de tercera generación por excusas económicas.

Esta ley incluye o tipifica alevosamente actividades que NO son turísticas como que si lo fueran, ya que están incluyendo la venta de lotes , construcción de residenciales y otras actividades propias de bienes raíces, para apropiarse de las tierras y además de eso, para quedar exentos de impuestos, debido a la Ley de Incentivos a la Inversión Turística.

Esta ley pone en riesgo la seguridad nacional, ya que las islas enajenadas o concesionadas se prestarán para realizar actividades ilícitas de diversa naturaleza. Aún sin esta ley, actividades irregulares, se dan en varios archipiélagos de este país.

Le quita la competencia a la Autoridad Marítima de Panamá y al Instituto Panameño de Turismo y queda el MEF siendo juez y parte en las adjudicaciones y en el seguimiento a los proyectos que allí se desarrollen. Qué gana el país con esto?

En fin, son muchos puntos que invalidan esta ley, lo cual la hace inconveniente y lesiva al interés nacional. Por tanto, nos despedimos, reiterando, nuestra solicitud, que NO sancione la Ley 132, recientemente aprobada en tercer debate, pero sin la transparencia debida, en la Asamblea Nacional.

Atentamente,

Ezequiel Miranda

Presidente