Asamblea Nacional apruebó venta y concesiones de islas y costas de Panamá

Estimados ciudadanos panameños:

Para desgracia de todos los panameños/as, hoy 13 de diciembre de 2005 (7:45 PM) la Asamblea Nacional de la República de Panamá, dominada por un partido de derecha, el PRD, ha aprobado, en tercer debate el proyecto de ley 132 que permite la venta o la concesión hasta por 90 años de territorios costeros o insulares.

La votación fue: 46 diputados a favor de esta anti-patriótica ley y 11 en contra, incluyendo un diputado de gobierno, el Sr. Tito Afú.

También destacó en el debate final el discurso del diputado del circuito 8-10, Luis Barría, quien calificó con vehemencia y sin tapujos a los colegas del PRD de ser diputados vendepatrias por aprobar una ley lesiva a los intereses nacionales.

Solicitaremos las actas correspondientes de este último debate para que quede consignado para la historia quienes venden la nación y quienes la defienden. Aquí mismo publicaremos estas actas.

La demagogia y la ignorancia fueron manifiestas. El discurso final de los aprobantes se basó en los supuestos beneficios económicos y de supuesta seguridad de la tenencia de la tierra de los lugareños e inversionistas. Casi se queda como una ley de asignación de tierras, que evidentemente tendrá su impacto ambiental considerabable y permanente, que terminará por destruir nuestros recursos y por ende su atractivo en un futuro no muy lejano.

Prometemos demandar con el apoyo de todos los que así deseen aportar para cubrir gastos de abogados demandantes, esta nefasta ley para rescatar nuestras islas y costas para seguir teniendo derecho a libre uso de éstas. Las generaciones que no han nacido lo agradecerán.

Ariel Rodríguez
arielrdrz@yahoo.com
Ambientalista

Ley costera pasa el segundo debate –con urgencia notoria y sesión permanente

COSTAS E ISLAS. CORTE SUPREMA NO SE PRONUNCIA SOBRE PEDIDO DE PROCURADORA.

Dos proyectos, una pesquisa

El pleno vota hoy el segundo bloque de artículos del proyecto 132. El de 2004 generó un proceso, que no ha concluido, contra 5 diputados.

Julio Alfaro –La Prensa, 12 de diciembre de 2005 / jalfaro@prensa.com

La semana pasada se conoció que entre los procesos pendientes de resolver por la Corte Suprema de Justicia, está una petición hecha el 19 de mayo pasado por el Ministerio Público para investigar a los diputados Jorge Hernán Rubio, Dorindo Cortez, Juan Hernández, José Blandón Figueroa y Raúl Rodríguez.

Lo que no se sabía es que la investigación estaba relacionada con un supuesto delito contra la administración pública, en lo que puede considerarse como un precedente del proyecto de ley 132 sobre enajenación de tierras costeras e insulares.

Sobre este polémico proyecto, el 33.4% de los participantes en la última encuesta de este diario considera que se trata de una propuesta que responde a intereses políticos, mientras que el 18.4% piensa que la norma no beneficia al país.

La historia

El 16 de diciembre de 2004, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson, junto con sus copartidarios Bernardo Ábrego, Benito Cases, Elizabeth de Quirós, Juan Carlos Arosemena y Andrés Lizondro, presentó un proyecto que declaraba «área de desarrollo especial el territorio insular de Bocas del Toro».

El documento fue acogido por la Comisión de Gobierno para darle primer debate el 3 de marzo de 2005, pero nunca se discutió. Y es que, según informó el entonces presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Hernán Rubio, la propuesta no tenía el aval del Gobierno y se trataba de una iniciativa exclusiva de Robinson.

Por esos días, informes de prensa revelaban la puesta en venta por internet de varias islas de la provincia de Bocas del Toro, provocando que el secretario del Frente Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, solicitara a la Procuraduría de la Administración una investigación sobre una presunta coima por 3 millones de dólares, que habrían recibido varios diputados por aprobar el proyecto de Robinson.

Estas denuncias hicieron que Rubio formalizara una petición a la procuradora, Ana Matilde Gómez, para que investigara el caso, surgiendo así la petición hecha por la funcionaria a la Corte.
Esta solicitud, como muchas otras relacionadas con investigaciones contra diputados, no ha sido resuelta por la Corte.

Actualidad y diferencias

El siguiente capítulo de la historia se produce el 20 de septiembre último, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas –a través de la Dirección de Catastro– presentó el proyecto 132, para regular las concesiones turísticas y la enajenación del territorio insular. «Este proyecto es completamente diferente al que presentó Robinson», argumentó el director de Catastro, Benjamín Colamarco.

El funcionario aclaró que la investigación que pretende realizar el Ministerio Público no tiene nada que ver con el proyecto que se discute en segundo debate. «El proyecto de Robinson violaba la Constitución, porque permitía que hubiera titulación individual en una isla (…) de haberse aprobado, se habría producido un sistema anárquico de venta de tierras a diestra y siniestra», explicó Colamarco.

Robinson ha sido uno de los más fuertes opositores al proyecto de ley 132, pero no está en la lista de diputados que investigaría el Ministerio Público.
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ASAMBLEA. Benicio Robinson cambia de posición y decide apoyar el proyecto.

Ley costera pasa el segundo debate

Según Pedro Miguel González, el proyecto recogió las recomendaciones de los grupos ambientalistas.

La presentación de la propuesta causó una denuncia, aún no resuelta, contra varios diputados.
Julio Alfaro –La Prensa 13 de diciembre de 2005 jalfaro@prensa.com

La Asamblea aprobó anoche en segundo debate el proyecto de Ley 132 sobre enajenación de territorio costero e insular para inversiones turísticas. El documento consta de 39 artículos.
Según el presidente de la Comisión de Hacienda, Pedro Miguel González, la norma recibió cambios sustanciales, al establecerse claramente el respeto al derecho posesorio de los moradores históricos.

Adicionalmente, explicó González, se resolvieron las inquietudes de los ambientalistas, estableciendo restricciones en las áreas sensitivas o susceptibles de cambios drásticos en el entorno natural.

Sobre los plazos de las concesiones, el documento propone dos fórmulas: concesiones para inversiones por 40 años con una sola prórroga de 30 años, así como concesiones para proyectos de alto impacto económico por 60 años y una sola extensión por 30 años.

Ayer, el diputado bocatoreño Benicio Robinson abandonó su original oposición al proyecto y aseguró que «cumple con las expectativas, tanto de los inversionistas como de los residentes permanentes, al respetar el derecho posesorio».

En consecuencia, Robinson informó que solicitará que el proyecto que declaraba área de desarrollo especial el territorio insular de Bocas del Toro que había impulsado, fuera rechazado. La presentación de este proyecto provocó una denuncia, aún no resuelta, contra varios diputados.