Viva en su propio archipiélago

Esta información no es para hacerle propaganda para que compren su propia isla en el Archipiélagos Los Bongales en el Golfo de San Miguel. Es una denuncia de la venta de nuestras islas y costas. O sea poco a poco un par de gente se está apropiando de nuestro patrimonio nacional y ni siquiera estamos enterados. Veáse lo que dice este sitio:

«En una de las mejores áreas conservadas de la República de Panamá usted puede ser dueño de su propio archipiélago, formado por cuatro islas cuyas dimensiones son Isla Conejo de 36 hectáreas + 965 m 2 , Isla Cabra 9 hectáreas + 477 m 2 , Isla Flores 2 hectáreas + 922 m 2 e Isla Tallo 8 hectáreas + 122 m 2 , que hacen un total de 62 hectáreas + 2480 m 2 .(algo mas de 163 acres ). Estas islas están ubicadas en el Golfo de San Miguel, en el legendario Darién, con una de las mejores opciones de pesca del país. Basados en estudios recientes de la Universidad de Miami realizados en el área, tenemos de abril a junio, como los mejores meses para meros, pargos, corvinas entre otros. Para los picudos las mejores épocas son para el merlín negro entre diciembre y abril, merlín rayado y merlín azul de marzo a mayo y el pez vela de mayo a julio.»

Solicitud al Sr. Presidente sobre Ley 132

Panamá, 21 de diciembre de 2005

Su Excelencia
Martín Torrijos Espino
Presidente
República de Panamá
E. S. M.

Estimado Señor Presidente:

A nombre de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, organización cuyo ámbito de acción es la región occidental del país, le solicitamos imperativamente que NO SANCIONE la Ley 132 que vende y/o concesiona nuestro patrimonio insular y costero.

Esta solicitud se la hacemos basados en los siguientes puntos que consideramos son lesivos en esta ley:

Esta ley está redactada con muchos errores de forma y fondo, lo que la convierte en un documento legal, aún más peligroso para los intereses nacionales de lo que pretende.

No se hizo un estudio económico, ni financiero que demostrara las ventajas o las bondades de esta ley. De hecho la exposición de motivos es totalmente superflua, improvisada y oportunista. Carece totalmente de cifras, montos de inversión, número de beneficiarios, número de costeños e isleños afectados, número probable de desplazados, número de indemnizaciones, etc.

No se tiene datos de las condiciones actuales de ninguna costa ni isla que pudieran ser declaradas de interés turístico, de hecho, puede ser cualquier costa e isla de este país. La Ley debería definirlo basado en un estudio de potencialidades que no se han hecho. Tampoco sabemos que papel juegan los planes maestros de turismo que se han realizado.

No le garantiza la tierra a los lugareños e isleños históricos o indígenas que siempre han tenido por tradición un principio colectivo de uso de la tierra. Tampoco se le garantiza al resto de los panameños que no habrá destrucción de estos sistemas insulares o costeros. O sea que esta ley no protege los intereses del resto de la comunidad panameña que no vive en costas o islas.

Esta ley no fue considerada o evaluada por la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, ni por ninguna otra instancia similar regional.

Esta ley es desconocida y no fue discutida ampliamente como argumentó la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, ya que en Chiriquí que contiene enormes sistemas de manglares, archipiélagos y gran cantidad de costas de arenas, esta ley no discutida, ni hubo forma práctica de aportar al debate de esta ley. En la Provincia de Veraguas que también tiene ricas y hermosas playas e islas tampoco fue discutida.

Tampoco fue discutida ampliamente en Bocas del Toro, en Colón y en las Comarcas Kuna Yala, Gnobe Bugle, ni se discutió en el Archipiélago de Las Perlas, a pesar de ser áreas directamente afectadas por el impacto de esta ley.

Supone violaciones a principios constitucionales, al darle muchas ventajas, fueros y privilegios a los “inversionistas”, contrario a la serie de requisitos que deben cumplir los lugareños sin capital económico.

Esta ley niega los derechos de tercera generación bajo la excusa de inversión turística para el desarrollo. Lo peor que puede hacer un país es negar derechos de tercera generación por excusas económicas.

Esta ley incluye o tipifica alevosamente actividades que NO son turísticas como que si lo fueran, ya que están incluyendo la venta de lotes , construcción de residenciales y otras actividades propias de bienes raíces, para apropiarse de las tierras y además de eso, para quedar exentos de impuestos, debido a la Ley de Incentivos a la Inversión Turística.

Esta ley pone en riesgo la seguridad nacional, ya que las islas enajenadas o concesionadas se prestarán para realizar actividades ilícitas de diversa naturaleza. Aún sin esta ley, actividades irregulares, se dan en varios archipiélagos de este país.

Le quita la competencia a la Autoridad Marítima de Panamá y al Instituto Panameño de Turismo y queda el MEF siendo juez y parte en las adjudicaciones y en el seguimiento a los proyectos que allí se desarrollen. Qué gana el país con esto?

En fin, son muchos puntos que invalidan esta ley, lo cual la hace inconveniente y lesiva al interés nacional. Por tanto, nos despedimos, reiterando, nuestra solicitud, que NO sancione la Ley 132, recientemente aprobada en tercer debate, pero sin la transparencia debida, en la Asamblea Nacional.

Atentamente,

Ezequiel Miranda

Presidente