Proyecto de Ley 132 es inconstitucional

Estimados ciudadanos:

El problema con el Proyecto de Ley No. 132, «Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones», implica mucho más que la venta de nuestras islas y la afectación de los derechos posesorios de humildes panameños y panameñas. Radica principalmente en el hecho de que tanto el promotor como los redactores y defensores de este Proyecto de Ley tienen una visión sesgada del concepto de «desarrollo del país» que se plantea en el artículo 291 de nuestra Constitución Política Nacional. Es decir, pienso que para su conveniencia se han basado en una interpretación a todas luces mezquina del citado articulo.

¿Quién ha dicho que el desarrollo del país comienza a gestarse en el futuro?

Honestamente quisiera saber si el Ministro de Economía y Finanzas sabe a ciencia cierta que hará el Estado panameño con las viejas infraestructuras turísticas que recibirá dentro de 60 y 90 años, el período de tiempo que duran las concesiones. Me pregunto si el Estado podrá darles mantenimiento.

Pero eso no es todo. Si el Proyecto de Ley No. 132 está orientado hacia la consecución del desarrollo del país, por qué en su articulado no señaló de manera expresa que la fuerza laboral que se contratará en el marco de los proyectos turísticos estará compuesta en su totalidad por los lugareños y pobladores de las áreas donde se construirán los mismos. Desde mi punto de vista, esta ley es inconstitucional.

J. Santos

Urge Ley de Costas que reemplace la Ley 132

Para darte mayor claridad de lo que pudiera ser una ley científica, revisa la Ley de Costas de España. Te ruego, leas por lo menos, las consideraciones o exposición de motivos por los que ellos necesitaron hacer una ley de costas y después hablamos de esto.

Con respecto al término colectividad tengo mis concepciones. Yo nunca he endemoniado, ni tengo porque hacerlo, el principio de empresas en nuestros países. Tampoco he endiosado el principio colectivo a un nivel cuasi proletario, que pudiera ser tu preocupación. No se trata de eso. Ya está demostrado en muchos confines del país que el modelo que propone esta ley es lesiva y al final afecta a la sociedad. Igualmente existen ejemplos que demuestran que siendo el estado titular de la tierra se pueden realizar magnificos proyectos de generación de infraestructura, logística, empleos, etc.

La propuesta de los empresarios en la Ley 132, haciendo un símil, es como si nos dijeran que para invertir en la educación, potenciar las habilidades, destrezas y potencialidades de un hijo nuestro, debemos vendérselo para asegurar su formación. Esto sería inmoral y anti-ético.

Yo quisiera saber si para cada transacción que realizas como individuo o empresa, tu necesitas vender tus activos. No. Lo que tú haces es negociar con el que tiene el capital (y el capital lo tienen ambos). Lo que esta ley quiere es darle todas las ventajas al primero que se le ocurrió la idea. Así no. Como ves ellos buscan negocios para ellos no para el país, y como no creo en el efecto cascada del capitalismo neo-liberal, menos en Panamá, que casi no se paga tributos…

El Canal de Panamá es un buen ejemplo de propiedad colectiva (todos los panameños somos accionistas). Por eso hoy usufructuamos + de 400 millones para desarrollo del país y 600 millones en compras de bienes y servicio. Si fuera privado, es probable que los ingresos recibidos fuesen casi nulos. Ejm. Cable & Wireless, que paga menos de 50 millones al fisco!! y eso que el Estado es accionista del 49% de las acciones. Te imaginas lo que recibiríamos si esto no fuera así? Nada.

En cuánto a la pregunta de que por qué no hemos propuesto una ley científica como la que argumentamos, es porque no tenemos la suerte de ser el ministro de la Presidencia, que tiene todo el personal y colaboradores para proponer leyes, ni tenemos el poder político de poner a correr a la asamblea nacional para aprobar corriendo antes de fin de año. Tampoco tenemos poder para solicitar que un proyecto se discuta con urgencia notoria, ni poder para solicitar sesión permanente hasta que se apruebe. Usted sabe que mil proyectos de la sociedad civil necesarios y buenos para el país, nunca pasan de primer debate. De todos modos, no descartamos auspiciar una ley de costas de esta naturaleza, dado el desastre que provocará la Ley 132 en algunas áreas claves del país.

Vale la pena un día conversar sobre estos temas. Trato de ser sensato y muy justo y cuando veo injusticia y juega vivo me molesto mucho.

Pregúntese si alguien le pidió opinión a los chiricanos sobre las islas y costas (incluyendo manglares) del Golfo de Chiriquí, que ahora con esta ley tendrán nuevo régimen, que es a libre discreción del MEF! Con este proyecto Autoridad Marítima y el IPAT quedan pintados en la pared y le dan competencias mínimas. No te parece muy sospechoso todo esto?

Todavía tenemos esperanzas que el Presidente Torrijos, se percate del golazo que algunos de sus amigos y ministros le desean hacer al país. Si la sanciona, asumiremos muchas cosas y dejaremos de pensar que el Presidente es ingenuo.

Saludos.

Ariel Rodríguez

Una ley con muchas fallas técnicas de fondo y forma

Buena parte de lo que dices está muy bien, pero el proyecto de Ley 132, que ya se aprobó, no habla de cómo se va a titular, salvo para los pocos casos de inversionistas que concurran a adquirir por compra en licitación un lote de terreno en un área de desarrollo turístico, a sabiendas de que pueden declarar el contrato de compraventa resuelto (lo que los pone en una situación de inseguridad jurídica poco aceptable).

Aparte de ello, muchos panameños que tienen derechos posesorios, que en en muchos casos se remontan al nacimiento de la República, tendrían que volver a comprar la tierra, a los precios que determinen la Contraloría y el MEF. Esto incluye a los lugareños.

Pocas veces, lo digo con toda franqueza, he visto un proyecto de ley con tantas deficiencias técnicas como éste, tanto en la forma como en el fondo.

Adjunto el estudio que hice en algún momento de su tránsito a ley de la república.

Saludos,

G. Márquez A.

Se venden islas y costas de Panamá

Los empresarios apoyan la privatización de islas y costas, a través del Ley 132, ya que cada activo que le quitan al Estado es ganancia. Los perdedores somos todos los panameños que perdemos cada día más patrimonio.

Este proyecto vende muchas falacias, incluyendo las siguientes:

1- Que esto favorece el turismo
2- Que ordena la tenencia de la tierra en islas y costas
3- Que es beneficioso para el país
4- Que el negocio de inmobiliarias en costas e islas es turismo

El gobierno con sólo aplicar la constitución y las leyes existentes puede perfectamente, aumentar la oferta turística, detener la anarquía y la destrucción de nuestro patrimonio insular y costero, entre muchas otras cosas. La Ley 132, es una excusa, basada en el concepto trillado de «desarrollo» que simplemente busca favorecer a algunos empresarios que desean la parte del gran pastel llamado Panamá.

Instamos al Sr. Presidente a NO sancionar esta nefasta ley. Sus propios hijos y todos los panameños se lo agradeceremos. También instamos –si aprueba de todos modos esta ley–a no engañar a los isleños y costeños con el reconocimiento parcial de sus derechos posesorios, tal y como lo están haciendo, con las tierras de los campesinos en la «Cuenca Occidental» del Canal de Panamá.

Nosotros hemos dicho que Panamá necesita una ley científica de ordenamiento completo de nuestras costas e islas, tomando en consideración la naturaleza de cada lugar. Con la ley actual, se ha abierto una puerta muy peligrosa, que deja a discreción del Ejecutivo la venta de nuestro patrimonio nacional.

Nos disponemos, aún sin recursos, a demandar este ley, ya que el interés común es superior al interés individual, que es lo que favorece esta ley.

Sólo le podemos decir que nuestra defensa de islas y costas, es por nobleza, consideraciones ambientales y altruismo generacional

Ariel Rodríguez
Movimiento de Rescate de Islas y Costas
http://www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com

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LA PRENSA/Jihan Rodríguez


COSTA DE ORO. Bocas del Toro ha sido uno
de los destinos predilectos y más populares en recibir la inyección de inversión
extranjera. Pero la especulación sobre el precio de las tierras convirtió el
negocio en algo turbio.

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proyecto
INSULAR.Empresarios defienden la ley 132, pero ecologistas se oponen.

Se venden islas y costas

No existen estudios catastrales de tierras con derechos
posesorios de miles de indígenas.

Ecologistas rechazan el proyecto insular, mientras que la
Apede lo promueve por el desarrollo turístico del país.

Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com

Sectores ambientalistas califican la Ley 132, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional, como una «nefasta y antipatriótica ley» que, según ellos, privatiza las costas y las islas y provocará daños ambientales a la naturaleza.

Pero, para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), la ley favorece las inversiones inmobiliarias y una industria turística cuyos ingresos superaron los 9.1 millones de dólares en 2004.

La norma, que no ha sido sancionada aún, regula las concesiones para la inversión turística y la venta del territorio insular para fines de aprovechamiento turístico. El marco regulatorio fue concebido para que los extranjeros que tienen interés de invertir en actividades de carácter turístico, de adquirir un bien propio para aprovechamiento particular, vacacional o para residir en calidad de retirado en Panamá, lo puedan hacer con mayor facilidad.

«La Constitución tenía una limitante en su artículo 291, que no permitía a los extranjeros ni a las sociedades panameñas con capital extranjero invertir en proyectos», dijo Ricardo Eskildsen,
vicepresidente de la Comisión Jurídica de Apede.

Con el proyecto de ley aprobado, los extranjeros podrán adquirir las tierras únicamente para aprovechamiento turístico en áreas declaradas de desarrollo especial, que reúnan condiciones especiales para la atracción turística. La inversión debe tener como propósito un impacto económico y garantizar la generación de un número de empleos significativos.

Eskildsen asegura que la ley insular resuelve un problema que permitirá realizar inversiones privadas y aumentar la capacidad para recibir y alojar turistas.

Inversores avistan islas

Pero algunos promotores e inversionistas actuales siguen preocupados. Jorge Pickard, corredor de bienes raíces de Island Realty, no se explica cómo se pretende aplicar una ley insular cuando ni siquiera se tiene un plan maestro para el desarrollo de las áreas.

Hasta el momento no se sabe cuáles tierras son residenciales o comerciales. Tampoco existen estudios de valor catastral de tierras ocupadas por miles de indígenas.

«Ojalá no se esté haciendo para favorecer intereses particulares», dijo José Luis Bordas, gerente general de Punta Caracol, uno de los destinos ecoturísticos más exclusivos de Bocas del Toro. «La ley es buena siempre que no se fomente la especulación en la venta de tierras como ha venido sucediendo en Bocas».

Producto de la fiebre de compraventa de propiedades en Isla Colón, Isla Bastimentos, Isla San Cristóbal, Isla Popa e Isla Pastores se ha disparado el precio de las propiedades y aumentado los casos de traspasos fraudulentos.

Ubaldo Vallejos, representante de un grupo de lugareños de Bocas, sigue preocupado por dos puntos que afectaría a la mayor parte de los moradores humildes del territorio insular pero que la ley parece haber abrigado: primero, el trámite que deben cumplir personas con derecho posesorio y de escasos recursos para solicitar su concesión formal. El periodo y los requisitos exactos serán incluido en la reglamentación de la ley.

Segundo, la prohibición de servidumbre a menos de 60 metros de playa– que Vallejos considera una «distancia excesiva» porque mucha gente vive pegado al mar– será revisado de acuerdo a la condición de cada morador con más de 10 años de ocupación de la servidumbre.

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Entre la especulación y la defensa de la ecología
Orden en anarquía territorial

Publicado en La Prensa, el lunes 19 de diciembre de 2005

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¿Existe Turismo Residencial?

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¿Turismo Residencial?

Ing. Scott Agustín Muller

Con el «turismo» como la mayor fuente de ingresos en la República ($678 millones en 2002, sobrepasando tanto al Canal como a la Zona Libre de Colón), llega a ser supremamente importante dejar el diálogo promocional detrás y utilizar el léxico que posibilita un discurso crítico y un futuro bien diseñado.

Con el tremendo excedente potencial de «residencias secundarias» en nuestro hemisferio, la confusión que sale de las formas flexibles de migración, oscurece la distinción entre el turismo y migración, y llega a ser algo destructivo para el país anfitrión. Este error en el léxico es bastante común en las economías de desarrollo y es comprensible, especialmente en la República con nuestros fuertes
lazos con la economía del dólar. Pero, ya no somos practicantes y no podemos construir el futuro con opiniones y esperanzas.

Es cierto que inmigrantes jubilados e inmigrantes empresariales están vinculados con la historia y el sistema de turismo, pero estos inmigrantes no son considerados turistas. Una sólida infraestructura de turismo es una maravillosa forma de reclutamiento para los inmigrantes jubilados, pero las disciplinas técnicas del
desarrollo económico y social no cuentan con inmigrantes jubilados y empresarios como parte del turismo. Igual, hasta estos inmigrantes no se consideran turistas ellos mismos, según muchos estudios demostrados.

Jubilados inmigrantes no pueden ser incluídos en las estadísticas del turismo ni tampoco sus necesidades y sus demandas atendidos con políticas del desarrollo del turismo. La integración de estas personas requieren políticas de migración.

Algunos de los proponentes de la Ley 132 (de enajenación de costas e islas) están propagando una concepción errónea total porque les conviene para sus proyectos. Como consecuencia, el uso del léxico inventado genera aquiescencia y atrofia el discurso crítico, imposibilitando debates técnicos.

Destinaciones turísticos y su desarrollo pasan por ciclos de madurez. Cuando cuentan los jubilados inmigrantes bajo los auspicios del «Turismo Residencial», las metas de desarrollo se estancan en la etapa inicial del «ciclo de vida» de la destinación.
Esto es porque estas atracciones y facilidades no pueden accionar los cambios sociales y económicos deseados y necessarios.

La efectividad de los jubilados inmigrantes en la estructura social y económica del lugar del destino, depende de la apertura de la economía local y de la cantidad de ingreso y empleo permanente que salga a través de los ya existentes acoplamientos intersectoriales y espaciales. No solo durante la construcción, si no para siempre.

Cuando las olas de jubilados inmigrantes estén clasificados y monitoreados como turistas, las capacidades de cargas sociales serán excedidas peligrosamente. Esto es grave y requiere atención especial porque se pasa por alto fácilmente la violación de los límites y no produce costos inmediatos visibles, pero frustra la economía urbana en el largo plazo.

La sociedad local llega a competir con los visitantes para facilidades y recursos, porque el flujo de inmigrantes no entrega crecimiento. Este amenaza directamente la continuidad de la sociedad y su habilidad critico para adaptarse a los cambios.

Por lo tanto, esta idea equivocada del «turismo residencial» permanece como un termendo costo neto al lugar.

«Turismo Residencial» es una concepción errada y es puramente
promocional.

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Ing. Scott Agustín Muller
s.muller@codesta.org
El Ing. Muller es uno de los autores principales de la «Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio» de la ONU.
http://www.millenniumassessment.org