Dónde están ubicados nuestros archipiélagos?

Panamá es un istmo en forma de una letra S acostada. Tiene más de 1000 km de costas en cada vertiente.

Panameño nos corresponde a todos ser entes fiscalizadores que no haya apropiación, destrucción y contaminación de nuestros recursos marinos costeros, incluyendo las islas.

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Fuente: Smithsonian Tropical Research Institute
Obsérvese la ubicación de nuestros principales archipiélagos: al noroeste el Archipiélago de Bocas del Toro, al suroeste el Archipiélago del Golfo de Chiriquí, al centro-sur el Archipiélago del Golfo de Panamá, al oeste de la Península de Azuero el Archipiélago del Golfo de Montijo, al noreste el Archipiélago de Kuna Yala.

De todos los archipiélagos, el de Bocas del Toro es considerado uno de los más importantes para la conservación de la biodiversidad y especies endémicas, seguido del Archipiélago de las Perlas.

En el istmo centroamericano, Panamá es uno de los países con mayor número de islas.

Isla Viveros es destruida pedazo a pedazo por inescrupulosos


Vista de construcción de aeropuerto en medio de la isla.
Ago. 2005


Vista de construcción de carreteras y accesos en la isla
Ago. 2005


Este es el sueño del Grupo Viveros quien ha conceptualizado, entre muchas aberraciones anti-ecológicas, una CANCHA DE GOLF DE 18 HOYOS.
Qué les importa a ellos la belleza y vulnerabilidad ecológica de la isla. Es ignorancia y avaricia contra la naturaleza.

Esto es lo que quiere Martín Torrijos y los libertarios en nuestro país. Que cada isla y costa paradisiaca tenga dueño o concesionario para que vivan como reyes con el patrimonio de todos los demás panameños.

A L M A N A Q U E A Z U L –también muestra la belleza e importancia de nuestras playas

En solidaridad con los que defienden las playas e islas de Panamá de la arrebatiña privatizadora, ALMANAQUE AZUL ha publicado en su portada el siguiente artículo:

Playas de cemento: Ley 2 de 2006 firmada

La ley ha sido sancionada por el presidente en un acto en Bocas, y ahora se llama Ley 2. “Hay quienes promueven el desasosiego, pretendiendo mantener el país en el atraso”, dijo el presidente, refiriéndose a los que han objetado la nueva ley.

El Proyecto de ley 132, hoy Ley 2, fue aprobada en tercer debate el 13 de diciembre. En el proceso de su discusión se amplió el ámbito de la ley a las áreas costeras de tierra firme, permitiendo ahora concesiones de hasta 90 años sobre terrenos estatales. Grupos ambientalistas han anunciado que demandarán la ley por anticonstitucional.

La ley tiene partes que dan risa, como la siguiente:

“Artículo 33: Quedan prohibidos la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar, de sus productos, partes y derivados; se exceptúan los proyectos de desarrollo turístico, previa aprobación del estudio de impacto ambiental y cumplimiento de la legislación vigente.”

(énfasis por el editor)

Se rumora que el proyecto de ley 132 fue escrito por Juan Pardini y JJ Espino, nada menos que los abogados de la monstruosidad inmobiliaria conocida como “Red Frog Beach”, en isla Bastimentos, Bocas del Toro. Durante su discusión varios grupos interesados trataron de meter la cuchara y se hicieron algunos cambios a la ley, incluyendo algunas salvaguardas ambientales.

El asalto sobre terrenos costeros por parte de empresas de bienes raíces e inversionistas a gran escala se extiende ahora a las áreas públicas en las islas del país. Desde el IPAT de Rubén Blades hasta la ANAM, al gobierno de Martín Torrijos le parece que esto es algo bueno.

En la exposición de motivos de la ley se habla de “la gran cantidad de tierras sin aprovechamiento para beneficio del Estado”, dejando clara la idea del gobierno de lo que significaría “aprovechar” esas tierras: venderlas a promotores de proyectos de desarrollo. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley 132, que regula las concesiones y ventas de terrenos públicos en islas. La idea, dicen, es tener “un trámite más simple y atractivo para las inversiones extranjeras”. Se haría más fácil a empresas conseguir terrenos y especular con éstos en el mercado, así como construir urbanizaciones, hoteles y pistas de aterrizaje, según la ley hasta en un 50% del terreno de una isla (siempre y cuando no sea área protegida), con casi nada de regulación.

Si el rumor sobre el origen de la ley es cierto, e igual, leyendo el proyecto de ley, no puede venir nada bueno de ahí. En la sección de justificación de la ley, queda claro que está hecha a la medida de las empresas que se dedican a vender terrenos para gringos jubilados y promotoras de proyectos de “desarrollo”.

Universidad de Panamá–critica la venta de islas y costas

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá ha publicado este 19 de enero de 2006 una reflexión titulada “El peligroso empobrecimiento de las capas medias y el colapso de las clases populares“, cuyo mensaje medular es la crítica al sistema económico neoliberal (capitalismo salvaje como bien lo definió el Papa Juan Pablo II) que están imponiendo en los cuatro últimos quinquenios las administraciones del Gobierno Nacional, para favorecer empresarios y allegados de turno y peor aún, cuando venden valiosos activos de la nación a transnacionales, que lo únio que le interesa de nuestros países es nuestro dinero y nuestros recursos. Obviamente hay complicidad local de los empresarios para lograr embolsillarse nuestros activos nacionales.

Cabe mencionar que el consejo académico critica fuertemente las ventas o “concesiones del patrimonio nacional, esto es, poner en subasta bosques, montañas, playas e islas a inversionistas extranjeros con criterios sustractivos y egoístas similares a los que prevalecieron en la antigua Zona del Canal, como si fueran soberanos y a perpetuidad.”

Igual critica en duros términos las pretensiones de Martín Torrijos, de arriesgar la vida, salud humana, y la calidad fito y zoosanitaria con tal de imponer un TLC con EU, donde él no ha podido decirnos dónde, cómo y cuando y a cambio debemos firmar este nefasto tratado.

BiodiversidadPanamá felicita esta posición asumida por máximo órgano académico de la Universidad de Panamá.

Panameño, si tú no defiendes tu patrimonio, nadie lo hará por tí.

Primera demanda legal contra Ley 2 del 7 de enero de 2006 — Demanda de Inconstitucionalidad

Estimados amigos/as:

Por este medio le informo que este viernes 13 de enero de 2006, el abogado ambientalista, José Santos, interpuso la primera demanda contra la nefasta recién aprobada Ley 2 del 7 de enero de 2006, que vende y concesiona islas y costas de Panamá.

A pesar de haber varios puntos lesivos a los intereses nacionales en esta ley, se procedió principalmente a demandar la la inconstitucionalidad de la ley, por darle derecho a los propios concesionarios o compradores de tierras estatales o “desarrolladores” para que sean ellos los que definan el plan urbanístico de sus proyectos, obviando el artículo 233 de la Constitución Nacional (Capítulo VIII -Régimen Municipal y Provincial) y la propia ley de urbanismo (Proyecto de Ley No. 164) recientemente creada con amplio consenso ciudadano, que le da potestad y autonomía a los municipios para ser entes claves en los planes urbanísticos dentro de los municipios, independientemente que se trate de islas o costas de tierra firme. Estos planes tienen gran implicancia ambiental, dado que, si no son debidamente elaborados, se convierten de depredores, contaminadores y destructores de ecosistemas y paisajes naturales. Tal y como dijo la activista ambiental y experta en turismo, Rina Barba, en un artículo publicado en La Prensa: Se estaría matando la gallina de los huevos de oro.

Uno de los puntos demandados corresponde a este párrafo transitorio:

La ausencia del plan de ordenamiento territorial para fines de desarrollo urbano, no será impedimento para que los proyectos puedan presentarse con su propio plan de ordenamiento territorial, el cual podrá ser aprobado por las autoridades correspondientes a través de la Ventanila Única, establecida en el artículo 10 de la presente Ley, para adoptarlos transitoriamente como planes normativos y reguladores del área.

Nótese que esta ley no fue consultada a nivel de los municipios y muchos municipios costeros desaprobaron las pretensiones de esta ley. El MEF hasta falsificó la firma de la Alcaldesa de Santa Isabel, para hacer ver que estaban de acuerdo son su magnífica ley, luego que estos habían emitido un comunicado como Consejo Provincial de Colón, repudiando, la mencionada ley.

Los ambientalistas tenemos fé que la Corte Suprema defenderá el interés nacional y de todos sus ciudadanos, declarando inconstitucional la Ley 2 del 7 de enero de 2006.
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A CONTINUACIÓN EXTRACTO DE LA EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN CONTENIDA EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE HA INTERPUESTO EL ABOGADO Y AMBIENTALISTA JOSÉ H. SANTOS AGUILERA PARA QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY NO. 2 DE 7 DE ENERO DE 2006:

La Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, a través del parágrafo transitorio del artículo 23, establece que los proyectos podrán presentarse con su propio plan de ordenamiento territorial ante la ausencia del plan de ordenamiento territorial para fines de desarrollo urbano, situación contraria a lo estipulado en el artículo 233 de la Constitución, por cuanto se le otorga a las inmobiliarias y a las empresas turísticas una competencia municipal consagrada constitucionalmente, la de ordenar el desarrollo del territorio- que obviamente incluye costas e islas.

En esa dirección, resulta a todas luces contradictoria la función legislativa que está desarrollando la Asamblea Nacional, toda vez que en diciembre pasado discutió y aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No. 164, “que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y adopta otras medidas“, el nuevo marco jurídico para el ordenamiento de viviendas y establecimientos comerciales, mismo que en atención al artículo 233 de la Constitución atribuye competencia a los municipios para que lleven a cabo los planes locales de ordenamiento en calidad de autoridades urbanísticas. Surge así una gran interrogante: si los Municipios son competentes en materia de ordenamiento de viviendas y establecimientos comerciales, ¿por qué no lo son en materia de ordenamiento de edificaciones y unidades habitacionales con carácter turístico en costas e islas?

La Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 viola de manera directa el artículo 232 y 233 de la Constitución Política Nacional. Al plantearse, en una frase del artículo 30, “que ninguna autoridad municipal tendrá facultad para impedir o dilatar el inicio de obras que hayan sido autorizadas sobre terrenos conferidos conforme a los términos de la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006”, considero que se refuerza todavía más la idea de que con la Ley acusada de inconstitucional se le pretende otorgar a las inmobiliarias y empresas turísticas la competencia que la Constitución Política Nacional le atribuye a los Municipios de ordenar el desarrollo de su territorio.

Lo que es más grave, considero que la frase acusada de inconstitucional atenta contra la Constitución de la autonomía municipal, consagrada y garantizada a través de los artículos 232 y 233 de la Constitución. La Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 convierte al Municipio en un ente sin autonomía y, como bien nos advierte Carlos Mouchet, “un Municipio, sin autonomía, conduce a una vida débil”. Por lo tanto, compete a este Honorable Tribunal no sólo proteger a la institución de la autonomía municipal de los excesos que se cometen en el desarrollo de la función legislativa, sino también contribuir a precisar y desarrollar el concepto de autonomía municipal.

Por último, considero que el último párrafo del artículo 5 de la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 viola de manera directa, por omisión, el artículo 120 de la Constitución Política Nacional, toda vez que en su texto se omitió una medida derivada de los principios y lineamientos de la política nacional de ambiente y que el Estado panameño ha incorporado en la legislación ambiental para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de los recursos naturales se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia: la suspensión definitiva de todas las obras que lleva a cabo el promotor de un proyecto por infracción o incumplimiento de las obligaciones, compromisos o condiciones bajo las cuales se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.

Pienso que con esta omisión se pretende favorecer a los proyectos inmobiliarios y turísticos amparados por la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, ya que de haberse planteado la medida de la suspensión definitiva de las obras por incumplimiento de la resolución que autoriza el Estudio de Impacto Ambiental en el artículo 5 de la Ley acusada de inconstitucional, existiría un mecanismo de disuasión para que el promotor del proyecto cumpliera al pie de la letra la normativa ambiental.

Pero ante la ausencia de la misma, los promotores de proyectos turísticos e inmobiliarios en costas e islas no se sentirán constreñidos a ceñirse estrictamente a la normativa ambiental, porque sabrán de antemano que la única sanción que enfrentarán por el incumplimiento de la resolución que autoriza el Estudio de Impacto Ambiental será la suspensión provisional de la obra, situación que a todas luces riñe con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, y el numeral 3 del artículo 68 del Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de marzo de 2000, que regula el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, disposiciones que contemplan la medida de la suspensión definitiva de todas las obras del promotor del proyecto ante el incumplimiento de la normativa ambiental.

En resumen, la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006 viola la Constitución Política Nacional porque atenta contra la institución de la autonomía municipal y porque le resta capacidad al Estado para salvaguardar de manera oportuna el medio ambiente y los recursos naturales, al tiempo que le quita capacidad para orientar, condicionar y determinar el comportamiento del sector privado en materia ambiental.

Tras los sucesos acaecidos en el sector de Prados del Este en septiembre de 2004, no puedo más que calificar de peligroso el hecho de que mediante esta Ley se deje al arbitrio de la empresa privada, nacional y extranjera, el ordenamiento del territorio insular y costero.

En vista de que el desarrollo de edificaciones y unidades habitacionales con carácter turístico es el objetivo de la Ley No. 2 de 7 de enero de 2006, solicito al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la misma.