Más allá de la ampliación del Canal de Panamá

MÁS ALLÁ DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL

Antonio Aledo Tur
Sociólogo Español

En estos días en los que se supone que, por fin, van a ver la luz pública los esperados informes y estudios de la ACP sobre el proyecto de Ampliación del Canal mediante la construcción del tercer juego de esclusas, me voy a permitir expresar algunas ideas que he ido elaborando del trabajo de investigación sobre los efectos sociales de la Ampliación del Canal de Panamá, que estoy desarrollando en Panamá desde inicios del año pasado. No obstante, no voy a referirme tanto al tema de la Ampliación sino al marco más amplio en el que, en mi modesta opinión, debería inscribirse este debate. Este, no es otro que el principal problema que padece Panamá, la profunda y creciente desigualdad que separa a una rica minoría de panameños de una creciente mayoría de pobres y desfavorecidos.

Pocos visitantes extranjeros conocen que, a muy pocos minutos de la entrada del Canal, se extiende el barrio de Curundú. Allí, la extrema pobreza y la degradación, en su más amplio y terrible sentido, adquieren tales proporciones que podría haber servido de inspiración a Dante en la descripción que hace del infierno en su obra La Divina Comedia. El escritor renacentista sitúa a la entrada del averno un texto que dice “Dejad atrás toda esperanza”. Y, esta misma frase podría, perfectamente, plantarse donde comienza esta barriada para describir lo que allí ocurre.

Los niños y niñas de Curundú no tienen esperanza alguna de un futuro mejor, diferente al de sus padres. Sufren un estado de profunda marginación que les perseguirá a lo largo de su vida. Su presente está hecho de hambre, enfermedades y penuria. Si consiguen sobrevivir a las penalidades de una niñez desprovista de los mínimos requisitos que requiere la infancia, su adolescencia estará marcada por la droga, la prostitución, la violencia entre bandas, los robos o las enfermedades como el SIDA y, si tienen mucha suerte, alcanzarán una madurez adherida al desempleo o a la economía informal más marginal; aunque no hay que olvidar que su tiempo será corto, dado que la esperanza de vida en estas barriadas apenas supera los cuarenta años. Así que no parece haber ninguna esperanza para la gente de Curundú.

Solamente una situación de extrema marginalidad de la que, en las condiciones actuales, parece imposible salir.

En cambio, a los turistas que visitan Ciudad de Panamá con certeza que su tour les ha llevado a conocer la riqueza de Punta Paitilla. Panamá, país de contrastes donde los haya -por algo ocupa uno de los puestos más altos en el lamentable ranking de las naciones más desiguales de América Latina- nos muestra, a menos de quince minutos de ese espacio de marginalidad extrema que representa Curundú, esta isla de primer mundo, cuyos enormes rascacielos nos hablan de las grandes fortunas que se concentran en esta lujosa área.

“… la pregunta fundamental que los panameños -y los no panameños que apreciamos este país- deberían formularse es si el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas que se propone, va a ayudar a disminuir la desigualdad en Panamá”

Este paisaje urbano, tan contradictorio, refleja el principal problema de Panamá, la pobreza y marginación en la que viven 4 de cada 10 panameños, causadas por la profunda desigualdad que los separa del grupo de los ricos.

Los datos del PNUD son bien definitivos. Mientras que el 30% de los panameños más pobres apenas poseen el 3% de los ingresos, el 10% de los más ricos acaparan 43.3% de los mismos. A mi entender, es en el marco de estas estructuras de desigualdad y pobreza, que originan la marginación en las áreas urbanas y el subdesarrollo en las zonas campesinas, donde debieran dirigirse todas las políticas públicas y sociales de Panamá. Este problema es tan acusado que debiera ser el centro de gravedad de todo debate en Panamá, incluyendo el asunto de la Ampliación.

En otras palabras, no creo que el actual debate deba formularse en torno a si se está a favor o en contra de la Ampliación. De entrada, si el debate se plantea de esta forma tan simplista, podríamos considerar que ya está viciado de antemano, pues así enunciado se elimina toda la complejidad que tiene el asunto de la construcción del tercer juego de esclusas. Una complejidad que, en otro sitio hemos descrito, incluye un cuestionamiento sobre la fórmula de ingeniería a emplear, sobre sus costes y beneficios económicos, sobre cómo van a distribuirse en el conjunto de la población, sobre sus efectos sociales y ambientales y sobre cómo y quién va sufragar el coste de la obra. A pesar de la importancia de estas preguntas y de sus esperadas respuestas, debemos entender que son cuestiones secundarias. Me explico, en mi opinión, la pregunta fundamental que los panameños -y los no panameños que apreciamos este país- deberían formularse es si el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas que se propone, va a ayudar a disminuir la desigualdad en Panamá; si va a reducir las enormes bolsas de marginación urbana; si va a resolver el déficit enorme de infraestructuras y servicios que padece el mundo rural panameño.

Mucho me temo que la respuesta a esas preguntas no pueda ser afirmativa. No creo que la Ampliación, tal y como se está proponiendo, disminuya la pobreza y la desigualdad que padece Panamá. Todo lo contrario. A continuación expondré las razones que justifican esta visión pesimista.

En la actualidad están proponiéndose dos modelos de desarrollo socioeconómico para Panamá. Uno, por ahora hegemónico, al que algunos economistas panameños han denominado economía de tránsito, aunque yo prefiero llamarlo de concentración. Y otro alternativo, que podríamos calificar de integral y que propone desarrollar de forma equilibrada el país, solventando los déficits en infraestructuras y servicios, con una especial atención a los sectores sociales urbanos más desfavorecidos y al campesinado y que generaría bases más estables para un crecimiento sostenible. No obstante, esta segunda propuesta parece verse anulada por los intereses de un grupo reducido de las elites nacionales ligadas a los capitales internacionales.

Centrémonos en describir la primera propuesta. El modelo socioeconómico que propone la economía de concentración -y del que, entiéndase bien, el proyecto de Ampliación es sólo una pieza más, como otra puede ser el TLC- consiste en la focalización de los esfuerzos, planes y capitales económicos en una serie de actividades muy concretas ligadas a la economía de la globalización y que se localizan, en su gran mayoría, en una estrecha línea geográfica que se inicia en Punta Paitilla y finaliza en la Zona Libre de Colón, unidos ambos extremos por la vía canalera. Estas actividades -alrededor de 26- se asientan principalmente en los sectores ligados al tráfico y servicios navieros, a unas pocas actividades productivas dirigidas a la exportación, y al comercio y finanzas internacionales. Al entender de sus proponentes, éstas son las únicas actividades que proporcionan beneficios a la nación y que tienen posibilidades de éxito en un mundo de competitividad global. Cualquier inversión en otros sectores significaría un despilfarro de capitales y energías. Así pues, todo lo que queda fuera de ese estrecho margen geográfico-económico está destinado al fracaso y, por lo tanto, no debiera recibir ningún especial esfuerzo. Esta estrategia implica, entre otras cosas, estancar en el subdesarrollo endémico al campesinado panameño y abandonar por completo a esas clases urbanas marginadas de la economía global. Asimismo, conlleva la decisión de no impulsar el desarrollo de los sectores económicos tradicionales y reducir al mínimo las inversiones e infraestructuras que se necesitan en el interior del país.

Y es muy probable que, si se continúa con estas políticas de concentración económica que potencian la desigualdad social, aumentarán la inestabilidad, la violencia y los delitos urbanos.

Ahora bien, esta propuesta no es sólo ética y moralmente reprobable, sino totalmente desacertada si pretende construir bases duraderas para conseguir un crecimiento económico sostenido. La historia reciente ha demostrado que estas políticas -de una simpleza neoliberal trasnochada- producen sociedades inestables porque potencian los desequilibrios. No deberían olvidar sus proponentes que la inestabilidad social genera a medio plazo inestabilidad económica. Así, una consecuencia directa de la aplicación de estas políticas será un aumento de la, de por sí, fuerte emigración campo-ciudad que padece Panamá. El destino que les espera a estas familias campesinas en la ciudad es el subempleo, la ruptura de sus redes sociales de apoyo, la desestructuración cultural, la infravivienda, y en el peor de los casos el delito y el crimen; en resumen, la marginación más irresoluble, con la carga de inestabilidad social que conlleva.

En esta misma línea de interpretación de la realidad social, recientemente la Universidad de Panamá ha denunciado que el deterioro de las clases medias y populares está adquiriendo proporciones insostenibles. Desde los círculos universitarios se predice, como respuesta a esta situación, la aparición de movimientos populares y fuertes convulsiones sociales siguiendo los ejemplos recientes de otros países latinoamericanos. Y es muy probable que, si se continúa con estas políticas de concentración económica que potencian la desigualdad social, aumentarán la inestabilidad, la violencia y los delitos urbanos. En definitiva, Panamá dejará de ser un país estable y fiable para la inversión extranjera y los propios negocios que esta elite desea promover se verán seriamente perjudicados. No es inteligente creer que las personas van a aceptar resignadamente por mucho más tiempo una situación socialmente tan injusta. Ni es inteligente ni es éticamente aceptable.

Dirijamos ahora nuestra reflexión a la cuestión de la construcción del tercer juego de esclusas. ¿Qué papel desempeñará el proyecto de construcción de un tercer juego de esclusas en el futuro desarrollo socioeconómico del país? Para responder a esta pregunta hay que examinar el asunto de la financiación del proyecto en el marco de esos dos modelos económicos que estamos comparando. Por un lado, a juicio de prestigiosos políticos y economistas panameños, las importantes aportaciones anuales que el Canal está realizando a las arcas estatales debieran destinarse a financiar esas infraestructuras y servicios básicos que el país ineludiblemente requiere y que facilitarían un desarrollo equilibrado, sostenible y justo. Sin embargo, por otro lado, numerosos estudios han demostrado que el coste de la construcción del tercer juego de esclusas será tan elevado que la ACP tendrá que reducir estas aportaciones; incluso es muy probable que el Estado panameño se vea obligado a endeudarse para pagar los intereses de los préstamos que tengan que hacerse para financiar la obra, con lo que se agrandará la, ya de por si enorme, Deuda Externa panameña. En otras palabras, el proyecto de Ampliación del Canal obligará al Estado a concentrar gran parte de sus esfuerzos económicos en sostener una obra cuyos primeros beneficiarios no son los panameños sino las grandes navieras transnacionales. Por contra, se frenará el desarrollo de las infraestructuras y servicios en el Panamá no canalero, se abandonará el mundo rural a su suerte, se desatenderá a las clases populares urbanas; en definitiva, se profundizará en la terrible desigualdad social que padece Panamá.

Creo que es tiempo de que los panameños y panameñas dejen de preguntarse qué debe hacer el Canal para el beneficio del mundo para empezar a preguntarse qué puede hacer el Canal para ellos y para sus hijos.

AUTOR:
Dr. Antonio Aledo Tur (sociólogo español)
Email: antonio.aledo@ua.es

Profesor Titular de Sociología Ambiental de la Universidad de Alicante

Fuente: http://www.Tragaluzpanama.com

La privatización de costas e islas está provocando nuevos enclaves

Nuevos enclaves,
Opinion, La Prensa, Jun 25

Mir Rodríguez*

OPINIÓN. Qué rápido está pasando. Antes teníamos enclaves coloniales
que eran fáciles de ver: la Zona del Canal, las bananeras. Pero
ahora surgen como hongos cientos de pequeños enclaves por todo el
país: las playas e islas “privadas”.Desde playa Kobbe en Panamá
hasta Red Frog Beach en Bocas del Toro, la privatización de facto y
el encerramiento de las costas del país ocurre bajo los auspicios y
la tolerancia del gobierno. Hoy, ante las amenazas sobre las áreas
costeras del país se hace necesario gestionarlas de una manera
ordenada.

El principio general, podríamos decir, es que las costas de Panamá
deben poder seguir siempre produciendo riquezas para el país. Un
posible modelo de gestión de las islas y costas es uno que las ve
como parte esencial y frágil del capital natural de la nación, y que
comienza por garantizar que la costa siga siendo de uso público, al
tiempo que se preocupa de regular racionalmente los distintos tipos
y niveles de desarrollo y en qué lugares se pueden dar.

Fomentando, además, empresas turísticas de propiedad local en las
comunidades costeras, para que sean muchos, y de manera sostenible,
los que puedan aprovecharse del turismo y que las comunidades se
aseguren de que se conserve la naturaleza. Hay otra manera de
manejar nuestras costas. Es la que prefieren los que se dedican a
comprar islas y a fabricar urbanizaciones para inmigrantes
adinerados. Los que promovieron la Ley 2 de 2006 son este tipo de
personas.Cuando ellos ven una playa no piensan viento, cocos o
pescado, piensan “dólares por metro cuadrado”.

Son personas e intereses que consideran que los bosques de Cambutal
o los corales de Escudo de Veraguas no sirven para nada sin cemento,
cercas, salarios y guardias de seguridad.Son dos visiones bastante
diferentes de las cosas, y dependiendo de cuál gane ventaja, la cara
futura de Panamá nunca será la misma.

*El autor es editor de la guía de playas http://www.almanaqueazul.org
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¿Considera usted que con la legislación vigente el Estado garantiza la
conservación de las riquezas naturales de las islas dadas en
concesión?

Sí 6.0% (35)
No 79.4% (465)
No sabe 14.7% (86)

Temor en Barú ante posible concesión de Isla Burica

Justamente habiamos colocado previo a esta entrada del blog, una foto de la Isla de Burica. No nos imaginabamos que al día siguiente aparecería una noticia como la que se lee abajo, donde se rumora que desean concesionar la Isla de Burica.

Sólo podemos decirle a la comunidad de Limones, Balsa, Bella Vista, Burica, Quebrada de Tallo, que no permitan bajo ninguna circunstancia la Isla de Burica sea concesionada, ni mucho menos vendida. Las islas cercanas a la frontera no son concesionables, ni vendibles.

Igualmente le solicitamos protección y custodia de todos los ciudadanos de esta magnífica isla.

Señores, el gobierno nacional y el mercantilismo vende nuestro país sin ruborizarse.

No sabemos adónde va llegar todo este asunto. Lo que si sabemos es que es en nuestra generación que estamos permitiendo este negociado y usurpación de nuestro patrimonio de dominio público.

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Para la comunidad la Isla de Burica es un lugar que deber ser usado por todos.

La comunidad niega que ellos atenten contra la flora y fauna del lugar.
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Marcelino Rosario
PANAMA AMERICA –27 de junio de 2006

CHIRIQUÍ UNA lista con la firma de 250 moradores del corregimiento de Limones, ubicado en la Península de Burica en el distrito de Barú (Chiriquí), respalda una solicitud de la comunidad ante las autoridades nacionales para que no se otorgue en concesión la Isla de Punta Burica, porque se trata de un patrimonio de esta región.

Click en la imagen para agrandar. Nótese que la Isla de Burica se localiza en el extremo de la Península de Burica a 3.35 km de la frontera con Costa Rica.

La preocupación de los residentes del lugar obedece a que en estos momentos Punta Burica representa un refugio para los pescadores artesanales, cuando enfrentan problemas con las condiciones del tiempo o en sus embarcaciones.

Los residentes del lugar empezaron a inquietarse cuando se enteraron a través de algunos medios locales, de las intenciones de construir en ese lugar un restaurante y algunas cabañas.

Arcesia Garibaldi, edil del corregimiento de Limones, explicó que la comunidad se pronunció mediante una nota que enviaron a la ANAM y a la Autoridad Marítima de Panamá en donde están en desacuerdo que se otorgue la concesión de Punta Burica a un ciudadano en particular o a un extranjero.

“Los pescadores artesanales que han naufragado, toda la vida han utilizado como refugio esta isla y es mentira que este lugar se utilice para cosas indebidas. Hay una persona extranjera que está detrás de esta isla para hacer construcciones y al final va a impedir que la comunidad entre a este lugar”, denunció.

De igual manera aseguró que esta isla es utilizada por los residentes de Limones para ir de paseo o de pesca.

Descartó el hecho que se haya denunciado que los moradores de Limones estén matando monos, tras sostener que toda la vida han convivido con estos animales ycon la vegetación que rodea esta región costera y que han aprendido a defender la flora y la fauna.

Los moradores llevaron el tema al Consejo Municipal de Barú para que se conociera el malestar de la comunidad y descartar todo vínculo con la matanza de monos, indicó.

Agregó que los moradores de Limones siempre han recibido beneficios de esta isla y han convivido en armonía con este lugar.

El corregimiento de Limones se localiza en la zona costera de Barú y es precisamente en el lugar donde se espera construir la refinería, donde sus habitantes se han dedicado a la agricultura de subsistencia y a la pesca.

Playa de Península de Burica

Isla Burica en Punta Burica, tesoro en un extremo de Panamá

La isla de Burica está ubicada en el extremo Suroccidental del Istmo de Panamá. Esta a menos de 3 km de la frontera de Panama con Costa Rica.

Fig. 1. Isla Burica vista desde Punta Burica. Cortesía de AlmanaqueAzul.org

Es una isla con un bosque seco y un singular paisaje.

Vale la pena llegar allá y disfrutar de las playas y parajes únicos del país. En la costa de tierra firme, justo al frente de esta isla se pueden ver tres especies de monos: aulladores (Alouatta palliata), carablancas (Cebus capucinus) y monos ardillas (Saimiri oerstedii).


Fig. 2. Mono aullador

Fig. 3. Mono carablanca

Fig. 4. Mono ardilla. En Costa Rica y en Chiriquí le llaman mono ardilla

Ojalá no se siga deforestando estos bosques a la orilla de estas magnificas playas de la Peninsula de Burica para que estas criaturas no desaparezcan.

Ojalá estas costas hermosas no pasen a ser presa de la especulación y la enajenación.

¿Para qué una casa cuando puede comprar isla propia?

Edmundo M. anuncia la venta de islas en el Archipiélago de Las Perlas en la sección de clasificados de periódicos. Al llamarlo a su teléfono celular te ofrece inmediatamente todos los detalles. “Es la Isla Lampón e Isla de Afuera, al norte y sur de Isla de Rey. Son nueve hectáreas cada una y tienen costos…
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Especulación en la venta de territorio insular y costas impulsó al Gobierno crear una ley de ordenamiento.
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Los ambientalistas objetan la Ley 2 y protestan por la enajenación del patrimonio natural a largo plazo.
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LA PRENSA/Alexander Arosemena–25 de junio de 2006


PARAÍSO A LA VENTA. Panamá posee miles de islas en los litorales pacífico y atlántico, algunas más remotas que otras. Para inversionistas privados que aprecian la exclusividad y privacidad, estas propiedades son un tesoro verdadero.

Raúl A. Bernal
rbernal@prensa.com

Edmundo M. anuncia la venta de islas en el Archipiélago de Las Perlas en la sección de clasificados de periódicos. Al llamarlo a su teléfono celular te ofrece inmediatamente todos los detalles. “Es la Isla Lampón e Isla de Afuera, al norte y sur de Isla de Rey. Son nueve hectáreas cada una y tienen costos de un millón de dólares”, dice, y agrega que vende las islas con su respectivo título de propiedad.

En internet hay un mundo de ofertas de venta por islas y costas panameñas. Una búsqueda en Google por “Panama islands for sale” (ventas de islas en Panamá) retorna 10.7 millones de resultados. Entre la gama de ofertas aparecen islas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Colón.

Isla Majagual, dos horas en lancha desde la ciudad de Panamá en el Pacífico, tiene 44 hectáreas y se vende a 1.2 millón de dólares. Isla Paradita, 56 kilómetros al sur de Costa Rica en el Golfo de Chiriquí, tiene 26 hectáreas y se vende en 3.7 millones de dólares.

Entonces, una ley

Ante una ola de especulaciones en la venta de tierras, el Gobierno creó la Ley 2 de 7 de enero de 2006, una norma que establece las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular. La reglamentación de la ley el lunes pasado todavía tiene a muchas personas a oscuras.

Desde que la ley comenzó a debatirse el año pasado en la Asamblea Nacional, ciudadanos afectados manifestaron que perderían tierras que habían ocupado por generaciones y grupos ambientalistas alegaban que se lesionaría el patrimonio natural.
El alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría fue uno de los que alzó su voz, junto con otros dirigentes colonenses, ante el temor de que podrían perder sus derechos sobre territorios, pero con las reformas incorporadas, las cosas mejoraron.

“No he conocido una sola organización ambientalista, ni individuo preocupado por el tema ambiental que no haya reprobado la ley insular”, dijo el biólogo Ariel Rodríguez, para quien la norma es un retroceso que no solo niega derecho generacionales, sino que permite la enajenación a largo plazo de sitios, islas y costas, con patrimonio natural valiosos que debe conservarse.
Los sistemas insulares por su propia naturaleza son frágiles, tanto en tierra firme como en su área marina circunvecina.

“El Archipiélago de Bocas del Toro y de Las Perlas tienen recursos marinos de gran valor como arrecifes de coral, sitios de anidación de tortugas, el cortejo y reproducción de ballenas. En tierra firme la incorporación de residenciales, de resorts, de campos de golf, de aterrizaje, de muelles y de carreteras hará que los sistemas insulares vayan a ser sacrificados en nombre de falsa premisa de desarrollo”, dijo.

Los ambientalistas han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Ley 2.

Voces a favor

El diputado perredista Raúl Rodríguez dice que la ley insular es favorable al país, y brinda seguridad jurídica a los inversionistas. Una gran parte del territorio insular y costero está bajo el derecho posesorio o título de propiedad que “es algo que no otorga seguridad”.

Con las reformas que se realizaron a la Constitución de 1941 se establecía que las tierras insulares son inadjudicables. No obstante, antes de ese año se titularon y vendieron varias islas, y de acuerdo con la nueva ley, se respetarán esos derechos.

El corredor de bienes raíces, Félix Carles, asegura que la ley facilitará la inversión en términos legales, especialmente para el extranjero, que encontraba muchas dificultades al invertir.
El Instituto Panameño de Turismo tiene grandes expectativas sobre la norma, específicamente piensa que creará un ordenamiento en los territorios insulares aptos para la inversión turística.
En tanto, la Autoridad Nacional del Ambiente manifiesta que con la ley insular las normas ambientales no sufren ninguna modificación y todos los proyectos que se levanten en territorio nacional tendrán igual trato en cuanto a estudios de impacto ambiental.

Hasta el momento la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas no ha revelado cuantas concesiones se han otorgado desde que se promulgó la ley insular.

Una fuente de esa entidad sostiene que posiblemente no se haya hecho avances en esta materia, especialmente, por la reciente reglamentación de esta ley.