La lucha por el medio ambiente de Raisa Banfield

El espeso y hermoso bosque se ha convertido en un imán de venta para el sector inmobiliario que ha visto en los pulmones del país, un escenario ideal para invertir. Foto Jihan Rodríguez, editada por Burica Press

La lucha por el medio ambiente   Grandes proyectos turísticos y residenciales están en el ojo de la tormenta. ¿Funciona la figura de los estudios de impacto ambiental (EIA)? El método de aprobación de este requisito es cuestionado por ambientalistas y juristas   JOSÉ ARCIA jarcia@prensa.com

Cortesía. 1. INMOBILIARIA. El proyecto Red Frog Beach mantiene a los ambientalistas en pie de guerra porque se construye en un área de amortiguamiento del Parque Marino de Bastimentos. La Prensa | David Mesa 2.TENACIDAD. Raisa Banfield lideró varias protestas para proteger reservas forestales en la ciudad capital. Ahora está pendiente de los proyectos que se desarrollan en Bocas del Toro. La Prensa | Jihan Rodríguez. 3.autoridad. Bolívar Zambrano, director nacional de Ordenamiento Ambiental de la Anam, tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar los estudios de impacto ambiental. El espeso bosque se ha convertido en un imán de venta para el sector inmobiliario que ha visto en los pulmones del país, un escenario ideal para invertir. El proyecto Red Frog Beach, en la provincia de Bocas del Toro, que incluye tres fases de construcción —sólo en las dos primeras se destinarán 400 millones de dólares— es un claro ejemplo del provecho que sacan inversionistas del Panamá aún verde. Pero este ambicioso plan, al igual que otros en el resto del país, ha encontrado una “piedra en su camino” al no contar con el aval de los ambientalistas que cuestionan los estudios de impacto ambiental (EIA) que hacen las promotoras, a través de consultores ambientales independientes, como parte de los requisitos previos a la aprobación de sus proyectos. El espíritu de la ley general del ambiente que establece los EIA se ha “distorsionado”. Esa es la percepción de Raisa Banfield que en mayo de 2002 inició una lucha abierta por la protección de los bosques panameños al oponerse, al igual que los residentes de Clayton, al proyecto residencial Camino de Cruces que se pretendía desarrollar en un área boscosa del Parque Nacional Camino de Cruces. El proyecto está suspendido provisionalmente, ya que la Corte Suprema de Justicia acogió una demanda de la Asociación de Residentes de Clayton. Ahora Banfield como el resto de los ambientalistas tiene su mirada puesta sobre la isla de Bastimentos en Bocas del Toro, donde el pasado jueves se realizó un foro público para discutir el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach que con una inversión de 340 millones construirá 650 casas, un campo de golf y una marina. Aunque la empresa alega tomar todas las medidas de mitigación, los ambientalistas no le ven viabilidad al proyecto por los “efectos negativos” que ocasionará al ecosistema marino. Una de las principales preocupaciones es el deterioro de los corales, debido a los agroquímicos que se requiere utilizar para el mantenimiento del campo de golf. No es para menos. En los indicadores ambientales preparados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) se reconoce que los recursos marino-costeros del país no están al margen de los grandes problemas ambientales que la sociedad mundial enfrenta actualmente. Uno de esos problemas es la degradación de las zonas costeras por el desarrollo industrial, turístico y la urbanización incontrolada. Otra de las alertas que lanzan los ambientalistas cuando hablan del tema, es que el proyecto se desarrolla dentro del área de amortiguamiento del Parque Marino Bastimentos. Panamá, como pocos países en el mundo, posee costas en ambos océanos que son áreas de asentamiento de importantes ecosistemas como los arrecifes de coral, los manglares y las playas de arenas. El presidente de Red Frog Beach, Joe Haley, se defiende de los ambientalistas y alega haber tomado todas las medidas de mitigación. “Por el hecho de que el proyecto está próximo a las áreas del parque, la empresa ha puesto en ejecución las medidas necesarias para minimizar los impactos en el medio ambiente”. Y es así como proyectan levantar las residencias en áreas de menor impacto ambiental. Adicional, realizarán un programa de reforestación que consiste en plantar tecas. ¿Será suficiente? Peligro en la altura El complejo turístico Red Frog Beach no es el único que está en el ojo de los ambientalistas. Los ejemplos sobran, dice Banfield. El punto más alto de la ciudad de Panamá, el cerro Ancón, área protegida y reserva natural del distrito, también es custodiada de cerca. Allí la Anam aprobó el EIA para construir un teleférico, sin embargo, un análisis realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá determinó que la capacidad geológica de la reserva no era apta para desarrollar un proyecto de tal magnitud. Banfield se pregunta cómo la Anam puede aprobar estudios de impacto ambiental de proyectos que a todas luces pueden ocasionar daños al ecosistema. Es por eso que los ambientalistas, como Banfield, cuestionan los EIA principalmente de proyectos inmobiliarios, turísticos y de generación de energía eléctrica. Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2005 ingresaron a la Anam 812 EIA (Ver cuadro: EIA ingresados al proceso de evaluación). En la Anam hay 582 personas naturales y 110 personas jurídicas registradas para realizar EIA. Estas consultorías se hacen por un precio superior a los 10 mil dólares, dependiéndio de la categoría del estudio, que es definida por los consultores y los promotores, según los parámetros establecidos en el Decreto 59 de 16 de marzo de 2000, que reglamenta la ley general de ambiente de 1998. De acuerdo a la magnitud del proyecto y del lugar donde se realice el EIA puede ser categoría I (bajo impacto ambiental), II (mediano impacto ambiental) y de categoría III (cuando el proyecto implica un gran impacto ambiental). Según Banfield este requisito se ha quedado en la “buena intención” para proteger al medio ambiente. El asunto es que la Anam no tiene una metodología de seguimiento de los proyectos para hacer cumplir las medidas de mitigación. “Y en el peor de los casos, las empresas inician la construcción de los proyectos sin contar con los EIA aprobados”, dijo. Lo cierto es que el proceso es relativamente nuevo en el país y para el director nacional de Ordenamiento Ambiental de la Anam, Bolívar Zambrano, se han empezado a tomar algunas disposiciones en lo referente al control de los estudios de impacto ambiental. El año pasado la entidad y los consultores ambientales firmaron un pacto ético que establece sanciones morales por el incumplimiento de los requisitos que se exigen en el Decreto 59. Una de las sanciones es cancelar la licencia de los consultores por un tiempo determinado o definitivo. De hecho, Zambrano dijo que en la actualidad hay entre 10 y 15 procesos de seguimiento. En la Anam le siguen la pista a los consultores que presentan los EIA con una categoría inferior a la que se requiere en los proyectos que representan. La categorización de los estudios es otra de las críticas que hacen los ambientalistas, por ser definida por los consultores y los promotores, en vez de ser determinada por la Anam. Zambrano defiende el sistema. Los promotores son los únicos que saben qué tipo de proyectos quieren desarrollar y en base a eso los consultores ambientales deben establecer la categoría del estudio. Lo primero que evalúa la institución es si el EIA corresponde al tipo de proyecto, de lo contrario es devuelto para su recategorización. Aunque Haley considera que los EIA son procesos “muy valiosos y esenciales” para la realización de cualquier proyecto, hay cosas que se deben mejorar. Por ejemplo: que los impactos económicos de los proyectos sean evaluados en la misma dimensión que los aspectos naturales, sociales y culturales de las áreas por urbanizar. Participación ciudadana La ley general de ambiente establece la consulta ciudadana como un requisito para la aprobación de los estudios cuando son de categoría II y III, pero para Banfield es otra “burla” de las autoridades y los promotores. Las consideraciones que hacen los ciudadanos en los foros públicos sobre un proyecto no son vinculantes e incluso hacen consultas ciudadanas con personas que no son residentes en el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto. Zambrano, por su parte, prefiere hablar de los planes de modernización que adelanta la institución para lograr la mayor participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. En ese sentido analiza la posibilidad de automatizar el proceso de evaluación de los EIA. En medio de este debate Banfield sacó su primera enseñanza. “Hay una ciudadanía que ha empezado a despertar en la protección del medio ambiente”. Las luchas están sustentadas en que el país, en el año 2000, tenía una superficie boscosa de 3 millones 364 mil 591 hectáreas que representaba el 45% del territorio nacional. Sin embargo, la Anam reconoce que esta cobertura boscosa “se ha ido reduciendo con gran rapidez en los últimos años”. La mayor parte de estos bosques se encuentra en la vertiente atlántica, donde los inversionistas han empezado a llegar con sus proyectos inmobiliarios. Consultar ante de construir La lucha de los ambientalistas ya ha empezado a crear conciencia en el sector empresarial, o por lo menos ha logrado que un inversionista toque las puertas de quienes viven en la zona en la que pretende invertir. Este fue el caso de Alfredo Alemán que desarrolla el proyecto residencial Embassy Garden en Clayton y antes de colocar la primera piedra optó por sentarse con los residentes del área para analizar la viabilidad de la iniciativa. Al final salió con un proyecto modificado, pero con la sensación de que su inversión no afectará al medio ambiente. El proyecto se desarrollaría sobre un área boscosa, pero los residentes se opusieron porque se trataba de una zona verde no desarrollable. Alemán se comprometió con los residentes a modificar los planos y dejar el bosque como parque público. “Dado que ha surgido un gran interés por el medio ambiente, nos hemos sensibilizado y hemos considerado como algo imprescindible conocer las preocupaciones de las comunidades antes de desarrollar un proyecto”, dijo Alemán.

“¡Pillar es mi enemigo!”

El martes 22 de agosto fue en Bocas el el foro público del estudio de impacto ambiental de la “fase 2” del proyecto. Uno de los primeros en hablar fue Joe Haley, a través de un intérprete, para decir que él sabe que su proyecto es “grande”, pero que están dispuestos a escuchar.

Joe obtuvo lo que pidió, es decir escuchar, cuando pocos minutos después de empezar a hablar comenzó una protesta afuera del local del evento. Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver al presidente de Pillar Panamá sudando y tragando duro mientras trataba de hablar por encima… de los gritos de las familias gnöbes de Bahía Honda.

Después de una presentación por parte de los técnicos que hicieron el estudio, vino el momento de los comentarios y preguntas. Entre los asistentes al foro público había varios empleados de Pillar Panamá, los cuales se mantuvieron callados en sus sillas viendo cómo varios miembros del público se ponían de pie para expresar su oposición al proyecto. Habló gente de Bocas, miembros de grupos ambientalistas de Panamá y de repente un señor en gorra tomó el micrófono.

Era Polo, el ermitaño de Bastimentos. “Ustedes serán millonarios y yo pobre, pero voy a pelear hasta el final”, dijo Polo. “¡Pillar es mi enemigo!”, le gritó a Joe, y el público ahogaba su voz en aplausos.

Bienvenidos a Salvemos las Costas de Panamá

La gente se cansa de tanto abuso –O defienden sus tierras ahora o las perderán para siempre

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No se dan cifras de la supuesta estrechez energética

Estrechez en el tendido eléctrico La demanda de energía eléctrica aumenta en 50 MW por año, mientras que la oferta detiene su ritmo. El país necesita invertir en generadoras. JOSÉ ARCIA jarcia@prensa.com

LA PRENSA | Bernardino Freire BAJA. Las centrales hidroeléctricas tuvieron una disminución en la generación de energía de 170 mil 528 kilovatios hora durante el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2005. El mercado energético está en el ojo de la tormenta. Aunque en la actualidad la demanda no supera la oferta, la primera crece entre 4 y 5% anual, lo que exige instalaciones a corto plazo de más plantas generadoras de energía eléctrica. A lo interno del sector generador se habla de una posible “crisis energética” si en los próximos dos o tres años no se incorporan nuevas inversiones para la generación de energía eléctrica. En la actualidad la demanda diaria es de 940 megavatios y se estima que crecerá anualmente en 50 megavatios en los próximos 10 años. El temor del sector es que la reserva (100 megavatios) se está reduciendo y no se tendrá la suficiente capacidad de generación para atender la demanda que necesita el país con los grandes proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales que están por venir, si no se hacen inversiones a corto y largo plazo. Es más, durante el primer trimestre de 2006 el consumo total de electricidad se incrementó en 2.9%, comparado con el mismo periodo del año pasado, mientras que la generación de electricidad tuvo un incremento de solo 1.4%, según cifras de la Contraloría General de la República. Aunque se han adjudicado licitaciones para futuras inversiones en el sector (ver recuadro: Futuras inversiones), el crecimiento de la demanda a un ritmo acelerado provocaría un racionamiento en la energía, lo que tendrá un efecto negativo en la economía y la imagen del país que busca captar inversiones extranjeras y debate la construcción de megaproyectos como la ampliación del Canal de Panamá. Esta es la visión de un inversionista del sector, que prefiere mantener la reserva de su nombre. Es por eso, agregó el empresario, que es imprescindible que el Gobierno empiece a adoptar medidas necesarias para implementar una política energética y económica “coherente”, con el objeto de atraer las inversiones en nuevas plantas hidroeléctricas para garantizar a mediano y largo plazo el suministro de energía confiable y continua. En tono más optimista el director de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSP), Víctor Urrutia, señala que el crecimiento de la demanda y la seguridad en la estabilidad de las reglas para la construcción, operación y comercialización de nuevas centrales de generación, son elementos fundamentales para incentivar las inversiones requeridas. Desde 1998, cuando se privatizó el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), hasta 2004 las inversiones realizadas en el sector ascendieron a 966 millones de dólares, de los cuales 558 millones correspondieron a facilidades de generación con una capacidad de 465 mil kilovatios. Según los cálculos de Urrutia para 2015 se requerirá de 400 mil a 600 mil kilovatios adicionales de capacidad de generación, lo que representa inversiones entre 500 y 700 millones de dólares. Pero mientras se dan estas inversiones a largo plazo, para el gerente general de la empresa Pedregal Power Company, Eduardo de la Guardia, es importante asumir medidas urgentes a corto plazo para evitar apagones en un término de dos años, porque la situación de la capacidad eléctrica en Panamá en este momento “es débil”. De la Guardia reconoció que el Gobierno está impulsando nuevas inversiones en el sector eléctrico, pero recomendó que la iniciativa gubernamental promueva la generación hídrica y térmica, ya que es “importante mantener una mezcla de los tipos de generación”. Las inversiones en la generación de energía térmica no necesariamente deben ser de los derivados de combustibles fósiles, sino de plantas de carbón y gas natural, dijo. Al debate se suma el gerente de Alternegy S.A., Arturo Algandona, quien consideró que uno de los problemas del mercado energético panameño es que las distribuidoras no compraban energía a largo plazo pensando que lograrían mejores precios en el mercado ocasional. Ahora la realidad parece cambiar. Este año se empezaron a realizar las primeras licitaciones para la compra de energía eléctrica a largo plazo. La empresa distribuidora Elektra Noreste lo hizo el pasado 18 de julio y Unión Fenosa ha previsto hacerlo el próximo mes. Apagones e integración Pero el problema en el mercado energético panameño no es solo de las empresas generadoras. Los constantes apagones ponen en la mira a las empresas distribuidoras. Con la finalidad de prepararse para el crecimiento de la demanda estas compañías también hablan de millonarias inversiones. Solo Elektra Noreste invirtió 19 millones 400 mil dólares en 2005 para ampliar su capacidad de distribución. Para este año espera invertir la misma cantidad. El pasado jueves inauguró la subestación de Tinajitas con una inversión de 4 millones 200 mil dólares. Con esta, la empresa aumenta su capacidad de distribución en 42 megavatios para los clientes residenciales, comerciales e industriales del distrito de San Miguelito. La expansión no termina. Según un comunicado de Elektra, la demanda que se genere producto de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá será atendida con las inversiones que se hagan en la provincia de Colón. En materia energética el Gobierno no solo debe garantizar el servicio en el mercado local, sino también concluir el proceso de integración energético de Centroamérica y México como parte del Plan Puebla Panamá. El pasado 11 de julio, durante la Cumbre Extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), se entregó la orden de proceder para la construcción de la infraestructura del proyecto que tiene aproximadamente mil 830 kilómetros de líneas de transmisión. La medida regional tiene entre otros objetivos lograr una mayor confiabilidad del sistema de transmisión, mayores niveles de competencia en los mercados nacionales y aumento del acceso a los recursos energéticos. También para tener mayor seguridad en el suministro de la energía a los mercados nacionales para la atracción de la inversión extranjera. Martes Financiero, 22 agosto de 2006 ———————————–

Las generadoras térmicas pueden ser de fuentes alternativas al petróleo como gas y carbón y las generadoras alternativas en Panamá ni siquieran se exploran como opcion real, tal es el caso de la energía solar, eólica, etc.

Burica Press

Bocatoreños defienden sus tierras insulares

Bocas del Toro.

En una nutrida marcha de más de 700 personas que recorrió la calle principal de la Isla de Bocas del Toro, los bocatoreños de territorios insulares irrumpieron en un encuentro de periodistas, para denunciar que está siendo acosados por las autoridades y empresarios con tal de ser despojados de sus tierras insulares. “Esta decisión de apersonarse a los periodistas es para que ellos se enteren del problema que estamos confrontando y que amenaza nuestras tierras y forma de vida en el archipiélago” dijo Feliciano Santos, uno de los dirigentes comunales que participó de la marcha.

Con lemas de “esta tierra no se vende, esta tierra se defiende”, centenares de ciudadanos de comunidades como Bahía Honda, Bluff Centro, Bocatorito, Boca del Drago, Salt Creek, San Cristóbal, Carenero, Solarte, etc, denunciaron ante los periodistas reunidos en la Isla de Bocas del Toro que los extranjeros y algunos nacionales están especulando con la tierra. Exigieron además, que el gobierno nacional y las autoridades locales paren toda compra y venta de tierras ilegal que va en contra de los moradores de la provincia de Bocas del Toro.

La denuncia incluye corrupción de funcionarios locales que por presión de grupos de poder económico ejercen la autoridad de manera sesgada con tal de desalojar individuos y comunidades de sus tierras. A la marcha se sumó un grupo de trabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, que en estos momentos presionan a la empresa Pillar Panamá, S. A. que desarrolla un megaproyecto en la Isla de Bastimentos para que le pague el salario acordado en la convención colectiva.
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Biodiversitas

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