Carta a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre inconstitucionalidad de Ley Insular (5)

Panamá, 4 de agosto de 2006.

Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
República de Panamá
E. S. D.

Estimados Magistrados:

Desde hace días pensábamos que podíamos escribirles, como ciudadanos y sociedad civil organizada a nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en relación a la consulta ciudadana sobre la conveniencia de declarar inconstitucional ciertos artículos de la Ley insular (Ley No. 2 del 7 de enero de 2006, “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”) porque violan el principio de la autonomía municipal y el régimen ecológico, al permitir que los promotores inmobiliarios y promotores turísticos, establezcan sus propias normas de ordenamiento del territorio en cualquier municipio, inhabilitando por defecto el deber municipal de ordenar su territorio y custodiar el patrimonio natural del país dentro de su circunscripción, promoviendo por ende, la anarquía en la ocupación y uso de las tierras y causando con esta política errada y anárquica la pérdida acelerada de recursos naturales y de todas las potencialidades de desarrollo integral y sostenible que se puede lograr en el país.

Mis dudas de qué cosas les podía escribir, no era por falta de argumentos, todo lo contrario, por abundancia de estos. Mi duda venía en función si valía la pena mencionarlos y enumerarlos, dado que muchos son argumentos de carácter científico, otros de carácter filosófico y otros de carácter legal y la demanda sólo aborda un aspecto muy puntual, sobre el régimen municipal y sus potestades de ordenamiento, arriba mencionado. La mayoría de nuestros planteamientos lo hemos publicado en medios diversos, pero también los hemos agrupado en el sitio de internet (www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com) que además funciona como sitio de denuncia y proveedor de información, análisis, críticas y todo tipo de información que orienta la opinión pública nacional e internacional y la vez sirve de fundamento para formalizar un documento histórico relacionado con esta antipatriótica ley insular.

Ante esta situación hemos decidido dos cosas: 1- solicitar el apoyo de la honorable Corte Suprema para la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por abogado José Santos, sobre esta ley insular, y 2- compartir con ustedes una visión del problema por parte de gran jurista y pro-hombre de nuestro país el Dr. Humberto Ricord, a quien, hace poco tuve el placer de conocer personalmente y percatarme de su amplio conocimiento y sabiduría y quien publicó en El Panamá América el 15 de marzo de 2005, el siguiente artículo de Opinión donde aborda el tema:

Islas, Costas y Negocios

Humberto E. Ricord (ver biografía de H.R.D)
CONSTITUCIONALISTA

Grupos adinerados de Panamá y algunos del extranjero están muy de plácemes, porque originalmente había en las Constituciones panameñas desde 1903, bienes de uso público y no podían ser objeto de apropiación privada (esta frase es muy distinta a “propiedad privada”), ya en estos últimos años han venido a ser objeto de “concesiones”, que es un contradictorio régimen jurídico de la “apropiación privada”, en cuya virtud la comunidad podía hacer uso de una playa o una costa, sin hacerla de su propiedad, porque la limitación estaba en que tales bienes no podían ser objeto de “apropiación privada”. Pero en las últimas décadas, la fórmula de la “concesión” ha sido la vía por la cual las islas y las costas de Panamá sirven a los intereses del capital nativo o foráneo, y la frase de que no pueden ser “apropiaciones privadas”, queda como letra muerta, pese a que sigue en la Carta Magna.

Se ha disparado así una feria de compraventa de islas y costas en el litoral panameño, con propósitos muy conocidos, aprovechándose de una “concesión” que, en la práctica, elimina la muribunda veda de “apropiación privada”. Ni siquiera los puertos del Canal se han salvado de estos retorcimientos legalistas, que en la práctica hacen de ventas simuladas, quien sabe por cuántos largos años, al ser objeto de prórrogas dizque legítimas. Por este camino, islas y costas viene siendo objeto de una verdadera explotación, que desfigura todo el paisaje so capa del eufemismo de la “concesión”, para que el capital, ya nativo, ya foráneo, se aproveche de este resucitar de la “Patria Boba”, que continúa siendo Panamá, en donde fórmulas “jurídicas” que no cuestan ningún trabajo, y para enriquecimientos que consideramos oportunistas, porque de lo que se trata es de un negociado, tan “legítimo” como cualquier otro, al menos en su superficie, ya que se lleva a cabo “con todas las de la Ley”.

Pero se trata de una fuente de riqueza que perjudica la economía nacional, y al mismo tiempo acaba con las bellezas naturales, porque el afán concesionario no tiene límites de ninguna clase y nada significa, sino murallas económicas contra el pueblo que está impedido de gozar normalmente de los beneficios de una bella naturaleza, que viene desapareciendo tras la “concesiones”, de quienes lucran con los “pedazos de la Patria” como decía nuestro gran lirida Miró, “envueltos en girones de amor o de dolor”.

No hemos debido ser tan generosos, ni tan ciegos, empeñando el territorio nacional, para una explotación que no se traduce en bienestar de nuestro pueblo, pero nuestro aparente candor de los primeros años de la República que nació en 1903, ya está abolido, mediante la licitación pública que ampara las “concesiones”, porque si no es jurídico el régimen de “apropiación privada” sí ha venido a serlo el del ” patrimonio en concesión”, que viene a parar en poco tiempo en riqueza de los menos (incluso de extranjeros que ni nos visitan y saben hacer negocios extraproductivos).

No queda más remedio en pensar cuándo cesará esta nueva época de la Patria Boba, que ya sigue extendiendo su predominio y su patrimonio, en tanto que toda la delgada cintura nacional (nuestro territorio), pasa a manos de verdaderos “genios” de la economía, y convierte a nuestros conciudadanos en verdaderos parias, sin perspectiva y sin porvenir, y que están sufriendo últimamente los grandes aumentos del costo de la vida, e incrementando sus filas escuálidas y trágicas, a quienes hoy dedicamos este “lamento borincano”.

Sin más palabras que agregar a nuestra solicitud, nos despedimos.

Atentamente

Ariel R. Rodríguez Vargas
Céd. 4-237-244
Alianza para la Conservación y el Desarrollo –ACD Panamá
Secretario de Asuntos Ambientales
Correo: ariel.rodriguez@acdpanama.org
Telefax. 223-9170

Carta a la Corte Suprema Sala en Pleno sobre inconstitucionalidad de Ley Insular (4)

Panamá, 2 de agosto de 2006

ASUNTO: Inconstitucionalidad de la Ley de 2 del 7 de enero de 2006 que “regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”

Señores Magistrados
Corte Suprema de Justicia
República de Panamá
E. S. D.

Estimados Magistrados:

Como académicos e investigadores del Centro de Estudios de Recursos Bióticos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarle, con todo el respeto, que vuestra envestidura merece, una posición favorable con tal que los artículos que vulneran el principio del régimen municipal sobre ordenamiento territorial para fines urbanísticos, de la Ley de 2 del 7 de enero de 2006 que “regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones” sean declarados inconstitucionales, tal y como lo ha solicitado el Licenciado José Santos, en una demanda de inconstitucionalidad, que la Corte ha tenido a bien, consultar con los ciudadanos para saber nuestra posición al respecto.

Nosotros desde el primer momento que apareció como proyecto de Ley consideramos que la Ley 2 era inconveniente para el país porque era la puerta a la enajenación sin controles efectivos del patrimonio natural, especialmente en nuestras islas y costas, que hasta ese momento, eran patrimonio inalienable de uso y usufructo de todos los compatriotas y que por su gran potencial paisajístico y natural eran un importante eslabón de promoción turística, especialmente el ecoturismo.

El último cambio de la constitución dejó la puerta abierta para enajenar y concesionar a empresarios, nuestras islas y costas con características naturales sobresalientes y efectivamente dicha puerta fue abierta. Se aprobó la Ley Insular y de Costas con urgencia notoria y sin levantar siquiera en las actas de la Asamblea Nacional las posiciones contrarias de todos los que participamos en las comisiones que discutieron la conveniencia de esta ley. Mucho menos escucharon las posiciones contrarias de varias personas isleñas y costeños que con muchos esfuerzos vinieron a defender sus tierras ancestrales y su modo de vida. O sea, fueron ignoradas todas las posiciones que no respondieran a los intereses de los empresarios que buscaron y promovieron la ley ante los señores diputados. Las actas del primer debate son testigos de ello.

Los intereses creados estaban en varios proyectos netamente inmobiliarios, pero que se disfrazaron de proyectos turísticos y por ello introdujeron no sólo el nocivo concepto de –turismo residencial—término que no es reconocido por el Organismo Internacional de Turismo, ni por el BID, debido a que es un concepto netamente inmobiliario y no turístico, que no solo le resta valor a las fuentes naturales para el desarrollo de un verdadero turismo, sino que para colmo le da una serie de fueros y privilegios y excepciones de impuestos de todo tipo y cuyos privilegios los reciben muchas personas extranjeras que no lo necesitan, ni lo han solicitado. Esto permitirá que en muy poco tiempo, cada globo de tierra en islas y costas que hayan sido declarados áreas de interés turísticos, sean irremediablemente vendidos a nacionales y extranjeros, que utilizarán el hueco legal que existe en el país de ordenamiento territorial para hacer sobre éstas lo que a ellos les conviene y no lo que el país requiere. Perdemos con ello varias cosas: nuestro patrimonio colectivo y nuestro derecho a usufructo de los mismos, así como también perdemos el derecho a normar y administrar sabiamente el potencial de nuestros recursos.

Nuestra Asamblea Nacional, no estando conforme con el derecho a enajenar y concesionar hasta por 90 años nuestro patrimonio insular y costero, aprobó además que el promotor inmobiliario puede determinar por libre albedrío, sin control, ni participación de la autoridad municipal el ordenamiento y uso de la tierra, sin ningún otro criterio que su propio interés. Con ello se condena, como en efecto está ocurriendo que prístinas islas y costas los desarrollistas están imponiendo inauditos modelos de urbanizaciones, villas, hoteles resorts, campos de golf, centros de convenciones, muelles, atracaderos, marinas, que evidentemente destruyen el paisaje y los valores naturales y biológicos a corto, mediano y largo plazo. Al final las áreas de excepcional belleza de Panamá se convertirán en tugurios y sitios comunes con formas y actividades comunes, yéndose con ello todas las potencialidades de turismo que estas áreas deberían ser.

Pero la enajenación y por ende, especulación inmobiliaria que se promueve, no solo afecta al territorio de tierra firme de islas y costas, sino que afecta todo el entorno marino costero, afectando los sistemas de arrecifes de coral, sitios de anidación de tortugas, playas, sitios de anidación de aves marinas y costeras. Además afecta valores o razas únicas de plantas y animales que han desarrollado procesos parciales o totales de especiación por efecto del aislamiento. No basta creer que las otras autoridades controlarán estos efectos nocivos, si en la misma ley se le dan potestades que promueven por efecto de la misma actividad o negocio, daños irreversibles a los sistemas ecológicos frágiles contenidos en islas.

Actualmente existen proyectos inmobiliarios turísticos, que no vale la pena mencionar, ya que nuestra filosofía y preocupaciones, va más allá de proyectos específicos, pero que ilustran con meridiana claridad lo que se ve venir de manera masiva en todos nuestros archipiélagos. Residenciales de alto costo para extranjeros en Las Perlas, Bocas del Toro, Golfo de Chiriquí, Golfo de Montijo, etc. La especulación ha tomado fuerza ya que el Estado ha abierto la caja de Pandora de la compra venta, afectando con ello a nuestra sociedad residente en las diversas islas y costas de Panamá y afectando los escenarios naturales y la riqueza biológica de una manera lamentable.

Sabemos que la ley tiene muchos puntos cuestionables e inconstitucionales, pero en esta ocasión le solicitamos apoyen los argumentos de inconstitucionalidad planteados por el Licenciado José Santos, panameño íntegro y entregado a defender los caros intereses nacionales, ya que es evidente que la Ley Insular le está pasando por encima a las potestades constitucionales otorgadas a los municipios en el capítulo de régimen municipal de la Constitución Nacional. De hecho creemos que la Ley 5 de febrero de 2006 ¨Ley marco para el ordenamiento territorial para fines urbanísticos¨ es un poco más sabia y se sobrepone a las pretensiones anárquicas de la Ley Insular sobre el ordenamiento territorial y por ende del uso sabio de nuestros recursos y valores.

Argumentos biológicos sobre la inconveniencia son numerosos, que a vuestra solicitud estamos en anuentes de atender sus interrogantes.

Con muestras de gran aprecio, consideración y respeto.

Atentamente,

Prof. Raúl Carranza
Director
Centro de Estudios de Recursos Bióticos
Universidad de Panamá
Panamá

Carta a la Corte Suprema sobre inconstitucionalidad de Ley Insular (3)

Panamá, 3 de agosto de 2006.

ASUNTO: Sobre Demanda de Inconstitucionalidad de la Ley No. 2 del 7 de enero de 2006 “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento jurídico y dicta otras disposiciones”

Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ – En Pleno
E. S. D.

Estimados Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno:

En atención a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, de tener diversas opiniones de la sociedad civil panameña, con relación a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 2 del 7 de enero de 2006, “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”, presentamos a vuestra consideración nuestras observaciones, desde el punto de vista jurídico y ambiental para que la Corte Suprema de Justicia, tome una decisión a conciencia, sabia y en defensa de los caros intereses de la Nación, sus ciudadanos y el patrimonio natural de todos los habitantes del Planeta:

1. Violación del Régimen Ecológico.
Artículo 119- El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.
Artículo 120- El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
Como puede apreciarse, existe una violación directa de la ley por comisión, toda vez que el Estado con la Ley Insular, no está propiciando un desarrollo social y económico, ni mucho menos está protegiendo el equilibrio ecológico, con la construcción de proyectos urbanísticos en estas zonas que se caracterizan por su riqueza y la fragilidad de sus ecosistemas.
En este sentido, el artículo 120 es violado de manera directa por comisión, pues al eliminarse la potestad que tienen los Municipios y el Estado de dirigir y regular el desarrollo, crecimiento y la conservación de los recursos; por el contrario, se está fomentando la depredación ambiental y graves daños al entorno natural que ha venido preservando por generaciones.
Es contradictorio, que mientras las leyes procuran la preservación, renovación y permanencia de la biodiversidad, prueba de ello es que se está utilizando la riqueza natural y la belleza escénica de estas como elementos de promoción y atractivos eco-turísticos, por otro lado, se está creando todo un escenario de improvisación, de inseguridad jurídica al ambiente y de las personas.

2. Violación de las Garantías Fundamentales
Artículo 17- Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que están bajo su jurisdicción; la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.
Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.
Con la Ley Insular, las autoridades panameñas, particularmente las autoridades municipales, se ven anulados en cuanto a su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, toda vez que dicha Ley Insular lo que promueve es una especie de anarquía, porque el Estado no estaría entrando a regular los parámetros necesarios para el ordenamiento territorial y por lo tanto, quedaría al libre arbitrio de los particulares, lo cual es muy peligroso para la seguridad jurídica del Estado, del ambiente, de la inversión, de las personas, la protección de los derechos intergeneracionales y los Derechos Humanos de Tercera Generación.

3. Confrontación de la garantía de la propiedad privada vs. derechos ambientales

Debido a que la Ley Insular garantiza al promotor derechos de propiedad en sentido amplio y absoluto (ius fruendi, ius utendi, ius abutendi – usufructo, uso y abuso), ello genera una serie de afectaciones al ambiente, y en abierta contraposición a la función social que debe desempeñar la sociedad, al quedar fuera de la potestad del Estado de intervenir en los usos del bien adquirido, lo que provoca que en los territorios insulares con ecosistemas frágiles y que además, con ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial, el Estado no pueda garantizar la conservación de los valores naturales como la fauna, la flora, el paisaje, y el atractivo turístico que le son propios y que la Constitución garantiza su protección.

4. Violación al Régimen Municipal

Impide el ejercicio de la participación ciudadana y por lo tanto la decisión ciudadana.

Impide el ordenamiento territorial, lo cual es un deber inherente a los Municipios, ya que no debe dejarse al libre albedrío de los particulares, una función que debe estar basada en parámetros científicos, legales y técnicos.

No se cumple el mejoramiento social y económico de los habitantes del Municipio, porque al promover la entrada de extranjeros y las decisiones de los extranjeros en el ordenamiento del territorio, atenta contra la calidad de vida de los habitantes del municipio, sus costumbres, identidad, valores, creencias, idiosincrasia, etc.

Impide que el Municipio cumpla la Constitución y la Ley.

5. Violación al Régimen de Economía Nacional

Art. 289. El Estado regulará la adecuada utilización de la tierra de conformidad con su uso potencial y los programas nacionales de desarrollo, con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo.

Al respecto, no hay cumplimiento de los programas nacionales de desarrollo, ni turísticos, ni urbanísticos y no promueve el aprovechamiento óptimo.

6. Violación a la Política de Ordenación Urbana del Territorio

No se enmarca dentro de la Política de Ordenación Urbana del Territorio planteada en el Informe del Estado GEO Panamá 2004 (Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial Ambiental PIGOT) ya que no armoniza los instrumentos de gestión territorial y metodologías participativas que permitan el mejor uso de los suelos del país en atención a su aptitud ecológica y capacidad de carga sobre la base de políticas diseñadas para tales efectos.

7. Viola la Política de Aprovechamiento de Recursos Naturales

Específicamente, la Política de Recursos Políticos Recreativos y de Recursos Marino Costeros y Territorio Marino, ya que se saldrían del marco del turismo sostenible ecológico y de aventura, porque la enajenación y planificación privada impide la ejecución y cumplimiento de dichas políticas.

No se aprovecha los espacios marino costeros, la plataforma continental y por consiguiente las islas y archipiélagos, ya que hasta el momento no existe (a pesar de haberse planteado) en el Informe del Estado del Ambiente GEO Panamá, 2004), un Plan de Ordenamiento Territorial del área marino-costera.

8. Viola la Política de Protección Ambiental

Especialmente la política de fauna silvestre, debido a que no garantiza la conservación de hábitats, ni los espacios requeridos para la conservación de la biodiversidad, debido a que promueve por defecto, la afectación al valor ecológico, histórico, cultural y paisajístico de las islas y costas del país.

9. De acuerdo al Informe del Estado del Ambiente GEO Panamá, 2004

A pesar de que el ordenamiento territorial ha sido declarado clave para la gestión ambiental ordenada y científica, ésta sólo se ha planteado de manera formal en algunos sectores del país, pero no se ha incluido hasta el momento, ningún ordenamiento territorial sobre territorios insulares y costeros específicos. Por consiguiente, los planes de ordenamiento que permitiría la Ley Insular, están al margen de los preceptos constitucionales y de ordenamiento territorial que evidentemente, de existir estos planes no permitirían las urbanizaciones en islas que en la actualidad conservan recursos naturales y biodiversidad importantes, para las presentes y futuras generaciones.

Esperando haber contribuido positivamente con argumentos importantes, ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, para este caso concreto y de gran relevancia para el futuro de nuestra Nación.

Atentamente,

Susana A. Serracín Lezcano
Abogada ambientalista
Cédula No. 4-246-825