Carta de mexicanos sobre delfines e islas y costas

Carta de ambientalistas de Nayarit al Presidente Torrijos de Panamá

Puerto Vallarta, México a 28 de Febrero, 2007

Exc. Martín Torrijos Espino

Presidente de la República de Panamá

Estimado Señor Presidente,

Grupos Ecologistas de Nayarit, A.C. es una ONG mexicana, fundada en 1997, con la finalidad de realizar labores de protección y conservación de especies marinas: ballenas, delfines y especialmente la tortuga marina. Bajo la premisa de que estos grandes animales marinos viven, se alimentan y reproducen en los mares y océanos de todos, es que nos compete directamente interceder a favor de su cuidado y protección. Dos son los temas que nos preocupan y por los cuales le enviamos la presente misiva.

Nos hemos enterado de la intención de Ocean Embassy, Inc. de capturar 80 delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) en aguas Panameñas. Le peticionamos, en nombre de Grupos Ecologistas de Nayarit, A.C. y de todos los mexicanos que apoyamos la observación y la investigación científica de animales marinos en su entorno natural -más no su captura y encarcelamiento-, que usted pronuncie un firme apoyo a la gran mayoría del pueblo panameño, que se opone a la captura de estos animales y exige el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes en su país. Le instamos a que se cerciore, personalmente, que la Comisión del Corredor Marino de Panamá actúe de acuerdo a las normas y tratados del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y la Declaración Universal de los Derechos del Animal y reconsidere las decisiones que están siendo tomadas en este asunto.

En nuestra trayectoria, hemos abogado por la observación de animales en su hábitat natural, promoviendo el ecoturismo. NO apoyamos la captura de animales marinos, especialmente delfines, con fines circenses. Determinación respaldada por numerosos estudios científicos que explican todos los motivos por los cuales las prácticas de extracción y captura son perjudiciales y demuestran que los delfines en cautiverio viven muy pocos años. Su tasa de mortalidad es elevada, en gran parte debido al shock y trauma de su captura y al ambiente donde viven con estrés y hambre permanente. A cambio de alimento deben realizar diversas actividades, entre ellas, una de falsa educación: nadar con niños y adultos que pagan por ello, beneficiando únicamente a los intereses privados de la empresa que está detrás y no al pueblo panameño.

En cambio, el turismo de observación in situ, de ballenas, delfines, tortugas y aves es una actividad no extractiva, basada en un concepto de desarrollo sustentable de aprovechamiento de recursos naturales, que contiene los elementos para hacerla altamente compatible con los objetivos de protección y conservación: beneficiar la investigación científica, la educación, la conservación, la conciencia pública y la protección de estas especies. El ecoturismo brinda una alternativa de trabajo y beneficio real a los habitantes de comunidades locales panameñas, a la par que es favorable para la promoción turística.

Asi mismo, con creciente preocupación, escuchamos que importantes playas y zonas de anidamiento de Tortuga Verde (Chelonia mydas), Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), Tortuga Caguama (Caretta caretta) y Tortuga Canales (Dermochelys coriacea) en la zona de Archipiélago de Bocas del Toro, están siendo ocupadas por proyectos inmobiliarios de alto impacto, disfrazados de actividades turísticas, sin haber un ordenamiento territorial, ni estudio alguno sobre la capacidad demográfica e impactos adversos que pudieran provocar. Preocupados por esta amenaza directa a las Tortugas marinas, especies que se encuentran en peligro de extinción y cuya protección compete a la población mundial en general, sin distinción de fronteras políticas, le instamos a prestar atención y tomar cartas en este asunto.

Respetuosamente,

Jessica Soler

Secretaria de Asuntos Ambientales

Grupos Ecologistas de Nayarit, A.C.

Tel. 52 (322) 2211044

grupoecologistanayarit@gmail.com

CC: Dra. Ligia Castro, Administradora General de la ANAM

Dr. Richard Pretto, Administrador de la ARAP

Lic. Samuel Lewis Navarro, Ministro de Relaciones Exteriores

Guillermo Salazar, Ministro de Desarrollo Agropecuario

Dr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá

Ricardo Parker, Decano de FCNET, Universidad de Panamá

Lic. Gabriela Etchelecu, Representante de la Sociedad Civil Ambiental

Dr. Ira Rubinoff, Director del Instituto Smithsonian

Alianza para Conservación y Desarrolllo Panamá

Grupo Activista Ambiental

Medios de Comunicación

Historia en fotos de la retención de activistas ambientales panameños

 

Toma del Puente de la Américas por paso de Material Radioactivo

¿Debemos esperar una tragedia nuclear en Panamá para actuar?

Son embarcaciones portadoras de basura nuclear y sustancias peligrosas para la salud humana.

Raúl Leis R.
Sociólogo y Escritor

SI USTED LO VIO pasar el lunes mejor es mejor que no lo olvide nunca. Es un barco de 104 metros de largo y 7700 toneladas de desplazamiento, el casco es color azul oscuro y muestra una línea horizontal amarilla a media altura entre el nivel del agua y la cubierta. El puente de mando del barco es blanco y tiene una pequeña placa y bandera con las iniciales PNTL (Pacific Nuclear Transport Limited) y el nombre es fácil de recordar: Pacific Sandpiper.

Este es uno de los navíos que atraviesa cuatro veces al año por el Canal de Panamá, y su carga no es inocente se trata de seis embalajes donde se almacenan 130 recipientes con residuos vitrificados radioactivos con un peso de siete toneladas de basura nuclear. «Una disposición que data desde el fin de la segunda guerra mundial limita la tecnología atómica de Japón, como país vencido, por lo que depende de plantas en Francia y el Reino Unido para reciclar su combustible nuclear. La ruta más utilizada es Panamá». (Acan efe).

Hoy podemos respirar aliviados, por el momento, pues la nave no colisionó, no encalló, se accidentó o incendió, ni fue saboteada por terroristas… ¿pero siempre tendremos tanta suerte?

Nos pasan lejos, sino demasiado cerca de usted y de mí, de nosotros, cuando atraviesan el Canal y el gran lago Gatún. Eso sucede desde hace muchos años y constantemente. Es una suerte que esta vez no haya sucedido una desgracia, pues el peligro se cierne sobre el Istmo cuando ellos transitan. Son embarcaciones portadoras de basura nuclear y sustancias peligrosas para la salud humana.

El peligro no es ficticio, pues está claro que en el transporte de desechos nucleares y de plutonio involucran riesgos significativos para la gente y el ambiente de nuestro país.

Informes científicos señalan que un accidente grave que involucre un transporte de plutonio o de desechos nucleares que tuviera como consecuencia un incendio de larga duración y de alta intensidad y el eventual hundimiento del carguero afectado, podría tener como consecuencia una contaminación radiactiva significativa y de larga duración del medio ambiente. Por ejemplo, si una colisión resultara en un impacto y en un daño de incendio de los contenedores de transporte y su contenido, el material radiactivo pudiera ser liberado al medio ambiente.

Mientras que las condiciones del tiempo afectarían la dirección y la difusión de la radioactividad, el calor y las corrientes de aire causadas por el fuego elevarían los radionucleidos en el aire formando un chorro de radioactividad.

Los seres humanos y los animales que estén en la ruta de la dirección del viento proveniente del accidente caerían víctimas de la precipitación y de la inhalación de las partículas radiactivas.

La precipitación también ocasionaría la contaminación radiactiva de los alimentos y de los abastecimientos de agua. Las comunidades afectadas por un accidente semejante tendrían que enfrentar esfuerzos de evacuaciones masivas y/o una descontaminación masiva.

Al mismo tiempo, las industrias locales y regionales, de pesca, agricultura y turismo serían afectadas adversamente, sino destruidas, por los temores públicos sobre la contaminación radiactiva.

Como lo ha demostrado la explosión del reactor de Chernobyl, los efectos de los desastres nucleares son amplios y deben ser estimados en términos de las generaciones futuras, así como también presentes. Dado que los materiales nucleares involucrados en estos transportes seguirían siendo un contaminante ambiental mortífero por decenas o cientos de años, los impactos de un accidente de transporte son demasiado enormes para ser imaginados.

Como actividad humana que es, el tránsito de buques está sujeto a accidentes, situación que es demostrada por los del buque Neápolis (24 de enero de 2001), el Jag Rekha (7 de enero de 2001), Exxon Valdez (24 de marzo de 1998), el submarino Kursk (12 de agosto de 2000), el Pool Fisher (1979), recientemente el Prestige (19 de noviembre de 2003) en las costas de Galicia, Amoco Cadiz (1978), y Argo Merchant (1976), entre otros.

Varias organizaciones han demandado al Gobierno de Panamá ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, cuya audiencia se celebró a mediados de marzo del 2006. Ya en el 2004, el Tribunal Centroamericano del Agua emitió una resolución contra el Gobierno panameño por permitir el tránsito de materiales altamente radiactivos por Panamá y someter a la población a los peligros posibles.

El peligro implícito en tránsitos de estos desechos ha sido motivo de debate internacional y objeto de numerosos pronunciamientos y fallos que destacan la amenaza que éstos constituyen para la vida humana. Por ejemplo, la resolución del 12 de diciembre de 2001 en la Tercera Cumbre de los jefes de Estado y/o Gobierno de los Estados, países y territorios de la Asociación de Estados del Caribe: «Reiteramos nuestro enérgico y total rechazo a la utilización continua del Mar Caribe para el tránsito y el trasbordo de materiales nucleares y desechos tóxicos, dada la amenaza que cualquier derrame accidental o indicado de estos materiales representaría para la vida y los ecosistemas de la región».

Cuatro veces al año la vida de cientos de miles de panameños está en riesgo. ¿Debemos esperar una tragedia para detener esta situación?

raulleisr@hotmail.com
Fuente: El Panamá América, 28 de febrero de 2007

Un delfinario es incivilidad

Panamá, jueves 1 de marzo de 2007

El agua en Azuero tiene precio

AZUERO.LA MEDIDA PODRÍA AUMENTAR los COSTOs.

Productores se oponen a cobro de agua

José Urane, arrocero del Valle de Tonosí, dijo que con esa normativa desaparecerán los pequeños productores.La ley establece que para hacer uso de agua superficial o subterránea, se debe obtener un permiso.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/A. Cortés

PROCESOS. En la siembra de diferentes productos, los agricultores utilizan distintos tipos de riego.813710

Alcibiades Cortés
PEDASÍ, Los Santos

Productores de la provincia de Los Santos rechazaron ayer las intenciones de las autoridades de poner en práctica la Ley Nº 35 de 1966 que reglamenta el uso de las aguas en Panamá, debido a que aumentará aún más los costos de producción de los diferentes renglones sembrados en la zona.

La reacción de los productores surge luego de enterarse que mediante nota AG-0244-, la directora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Ligia Castro, le informó al ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, que los beneficiados de los proyectos deben cumplir con los permisos reglamentarios de uso de agua. La misiva también señala entre otros puntos que la Anam es consciente de que el recurso hídrico contribuye a la economía del país y de que en el área del arco seco de Azuero, donde existe una marcada escasez del mismo, se promueve un sinnúmero de proyectos de desarrollo de agroexportadores que involucran el uso de agua como insumo principal, pero que no cumplen con lo establecido en la Ley No. 35 y el Decreto No. 70.

José Urane, arrocero del Valle de Tonosí, dijo que se oponen a la aplicación de la ley por parte de la Anam. A su juicio, de aprobarse la normativa muchos productores pequeños desaparecerán porque en la actualidad los costos de producción se han incrementado en un 30%, debido al aumento de los insumos agrícolas y el combustible para preparar los cultivos. Luis Cárdenas, ex presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, también afirmó que miembros de ese sector, uno de los más grandes en la región, no están de acuerdo con la medida.

«¿Cómo los productores van a mejorar para ser más competitivos con otros países si una vez sea aplicada la ley aumentará el costo de producción?», se preguntó Cárdenas.

Entre algunos de sus puntos, la Ley No. 35 señala que para hacer uso de agua superficial o subterránea solo se puede obtener el derecho a través de permiso, concesión transitoria y concesión permanente.

El productor debe indicar en su solicitud de legalización, la fuente que va a usar como suministro, la naturaleza del uso, la cantidad de agua que utilizará y la descripción y ubicación del trabajo que va a desarrollar.

El no cumplimiento de las disposiciones que contempla la ley establece multas que van desde los 20 dólares hasta 10 mil dólares a nivel regional, y la dirección general de la Anam puede imponer sanciones hasta los 10 millones de dólares.

En Los Santos hay registrados 5 mil 265 productores agrícolas y 7 mil 463 productores pecuarios.

Fuente: La Prensa, 1 de marzo de 2007