Ministerio de Vivienda comienza a despertar

INVESTIGACIÓN. EL GOBIERNO ASEGURA QUE UN COMPLEJO PRIVADO OCUPÓ UN PARQUE VECINAL TASADO EN 15 MILLONES DE DÓLARES.

CIUDAD
Conflicto millonario en Punta Pacífica

El complejo Pacific Point habría ocupado parte de los más de 6 mil metros cuadrados de área pública.

El dueño de la urbanización asegura que pagó por esas tierras. En el Registro Público figuran a su nombre.

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Detrás de la Torre 100 de la urbanización aparece un sector de espacio público. Para ingresar allí, hay que pasar una garita de acceso con seguridad privada.825715
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Según los planos, el césped debajo del cartel que identifica al complejo se cuenta como parte del parque vecinal.
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Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

La diferencia entre uno y otro es solo el significado de cuatro palabras: “Servidumbre y áreas verdes”. Detrás de esa inocente expresión se esconde una guerra cuyo premio asciende a unos 15 millones de dólares. Ese es el valor actual del terreno que, según el Gobierno, ocupó en forma ilícita el complejo residencial Pacific Point, ubicado en la exclusiva zona de Punta Pacífica.

Es un área de más de 6 mil metros cuadrados –casi la dimensión del césped del estadio Rommel Fernández– que figura como parque vecinal en el último mapa oficial del corregimiento de San Francisco. No obstante, la realidad es otra: el sector está amurallado y los únicos que pueden acceder a ese parque son las personas que compraron un apartamento dentro de la urbanización, cuyos lotes están a nombre de sociedades en las que aparece como dignatario el empresario Joseph Homsany.

“Tomaron un parque vecinal público, eso es ilegal”, aseguró a este diario la ministra de Vivienda, Balbina Herrera.

Herrera anunció que durante el día de hoy un grupo de inspectores concurrirá al lugar para levantar un acta, el paso previo, según la ministra, para devolver el terreno a la comunidad.

Sin embargo, la versión de Homsany es muy diferente. “Eso no puede ser de uso público. Yo pagué por la totalidad de las tierras y [aún] abono los impuesto sobre ellas”, aseguró.

Y en esto último, el empresario tiene razón: en el Registro Público ese espacio –identificado como lote 18 con el número 213884– está a nombre de Pacific Parks, S. A., cuyo presidente es, precisamente, Homsany.

Esas cuatro palabras

Pero lo que el empresario no dijo es la clave legal de la disputa: en el plano este lote 18 aparece identificado –y aprobado por los organismos pertinentes– como “servidumbre y área verde”.

La ministra Herrera aseguró que esa identificación convierte al lote en público, lo cual coincide con las definiciones que aparecen en el Decreto Ejecutivo No. 36 de agosto de 1998 del Ministerio de Vivienda (Mivi), que regulaba la construcción de urbanizaciones. Todos los urbanistas consultados por este diario coincidieron también con la opinión de la funcionaria.

Pero Homsany aseveró que su utilización es exclusiva de los habitantes de Pacific Point. Tan convencido está, que la publicidad de la urbanización afirma: “Pacific Point se levanta sobre una parcela de más de 45 mil metros cuadrados de terreno frente al mar en Punta Pacífica”, lo que supone que incluye los más de 6 mil metros cuadrados de uso público.

Y redondea: “Imponentes torres, selectas villas y residencias frente al mar, se conjugan dentro de un ambiente rodeado por jardines tropicales”.

Esos “jardines tropicales” valen una fortuna. “El último terreno que se vendió en Punta Pacífica se pagó entre 2 mil 300 dólares y 2 mil 500 dólares el metro cuadrado”, comentó Iván Carlucci, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces. Es decir, los terrenos supuestamente tomados tendrían –si se valoraran de acuerdo con las ventas de hoy– un valor de mercado de casi 15 millones de dólares.

Lujo en la orilla

El complejo Pacific Point fue diseñado para personas exigentes. Cuenta con siete torres de diferente diseño y altura (la mitad aún está en obra) construidas sobre un terreno de más de cuatro hectáreas frente a la bahía de Panamá.

El precio de los apartamentos está en relación con el confort ofrecido: entre 685 mil y 725 mil 500 dólares, según la firma Pacific Realty, encargada de comercializar la lujosa urbanización.

Al grupo de edificios y villas no le falta nada: áreas de juegos para niños, salón de eventos para 350 personas, canchas de squash, racquetball, tenis, gimnasio de última generación, cabinas de masaje, jacuzzi y baño de vapor.

Lo que le faltaría, según la ministra Herrera, es el espacio para instalar algunos de esos atractivos. “Vamos a hacer cumplir la ley”, enfatizó, al referirse al mencionado Decreto Ejecutivo No. 36 del Ministerio de Vivienda, que luego fue reemplazado por la Ley 6 de Urbanismo, aprobada el 1 de febrero de 2006. Todo el complejo Pacific Point fue aprobado durante la vigencia del Decreto No. 36.

Un cálculo sospechoso

Aunque en el Registro Público la tierra aparece a nombre de una sociedad de Homsany, el Decreto No. 36 obliga a las urbanizaciones de más de dos hectáreas a ceder al Estado el 15% del total del terreno para servidumbre y áreas verdes.

Tan exacto es el decreto, que al momento de presentar los planos ante el Ministerio de Vivienda, el arquitecto que diseñó Pacific Point, George Moreno II, calculó ese 15%. Y justo coincide con la dimensión del lote 18, espacio que ahora reclama el Gobierno.

Para aclarar esta situación, este diario mantuvo una reunión de dos horas con una asesora legal de Homsany, que pidió no ser identificada. La abogada no presentó ningún documento que aclare la polémica. Aparte de mantener esa extensa entrevista, se solicitó un encuentro con Moreno II, quien nunca respondió los llamados hasta hace unas pocas horas, cuando –por intermedio de Homsany– ofreció una reunión para esta semana a condición de no publicar la información recabada hasta este momento.

Política de Costa del Este

El urbanista Álvaro Uribe –al igual que el director de Desarrollo Urbano del Mivi, José Batista– explicó que los propietarios de otra urbanización –Costa del Este– cumplieron con dejar el 15% de terreno público. Para ello, extendieron el parque público en el centro de la urbanización y ampliaron las veredas al doble del tamaño exigido, con el propósito de sumar más metros.

Luego de eso, Costa del Este pudo diseñar los distintos complejos cerrados sin violar la normativa. Para el urbanista Rodrigo Mejía-Andrión, lo que ocurre en Pacific Point es “un reflejo de la falta de acción de las autoridades”. “Esto es la ley del menor esfuerzo”.

Más casos

Pero la situación del Pacific Point no sería la única. A pocos metros de allí, el Mivi detectó otro parque vecinal que habría sido convertido por una empresa en “jardines tropicales” privados. “Vamos a seguir investigando a todos aquellos que se están tomando el espacio público de los ciudadanos”, dijo la ministra Herrera.

Mientras tanto, la zona de Punta Pacífica continúa convirtiéndose en una mole de cemento con mil lujosos balcones y ninguna flor.

Alcaldía: ‘Los planos de aprobación de Pacific Point se perdieron’

“Los planos se perdieron, no están”. Rosa Moreira no anda con vueltas. Detrás de su escritorio, atestado de mapas, la jefa del departamento de planos de la Alcaldía de Panamá afirma que los documentos de aprobación de las obras en el complejo Pacific Point desaparecieron de su archivo. A pesar de no contar con los papeles, Moreira justificó la supuesta ocupación del parque vecinal. “El área de uso público es solo para los residentes. No tengo nada que objetar”, señaló. Y así, sin ninguna “objeción”, la Dirección de Obras y Construcciones Municipales extendió el permiso de obra en diciembre de 2001.

Luego, inspecciones de la oficina tampoco vieron nada: ni el muro que rodea la propiedad ni las garitas de acceso. Es decir, todo el cemento que encerró el espacio público que reclama el ahora Ejecutivo. Este diario intentó, sin éxito, contactar al jefe de Ingeniería Municipal, Jaime Salas. Por su parte, el director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Mivi), José Batista, no opina igual que su colega de la Alcaldía. “Eso es ilegal. En el Mivi no hay ninguna resolución que desafecte el lote, que sería la única forma que dejaría de ser público”, explicó.

Batista aseguró que Pacific Point nunca cedió ningún terreno en otro sector de la ciudad para compensar el área utilizada. Por eso, para el funcionario es “imposible que pueda ser utilizada en forma privada”.

ENFOQUE
Una mezcla de ilegalidad y gula urbanística

Álvaro Uribe
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Punta Pacífica es un fiasco en construcción. Es una muestra lamentable de los extremos a los que puede llegar el mercado inmobiliario ante la ausencia de normas (y autoridades). El barrio es tan malo, que las razones abundan. Entre otras: es abusivo porque se apropió de una parte del espacio público al rellenar el fondo marino mediante una desigual concesión con la ciudad; es disfuncional porque añade demandas sin aportar conexiones adicionales; es anti-urbano porque no produce ciudad ni espacios de calidad: es, en cambio, una aglomeración de torres de apartamentos que lleva el viejo hacinamiento de las casas de cuartos a una nueva dimensión de escala urbana; es una estafa para la ciudad y eventualmente para sus residentes, porque va a obligarnos a todos a sacar el barrio del hueco en que se metió, a costo de la ciudadanía; es un mal ejemplo social porque muestra que el despojo a la ciudad se tolera sin consecuencias.

Pero también, y sobre todo, es ilegal, porque no le deja a la ciudad el porcentaje de espacio abierto que las normas piden a cualquier urbanización y que las autoridades están llamadas a hacer respetar. Este caso exagerado de “gula urbanística”, producido por una mezcla de mala educación y codicia, también será el mejor ejemplo de lo que hay que evitar en el futuro, y también la vacuna contra brotes similares de la bulimia y la “constructivitis” inmobiliaria.

El autor es urbanista

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