Se acabó la libertad de expresión en Panamá

EL PANAMA AMERICA
viernes 30 de marzo de 2007

Las mordazas de Martín
Emulan lo actuado por la dictadura de Omar Torrijos y de Manuel A. Noriega…

Miguel Antonio Bernal

EL CÓDIGO Penal recién aprobado, al pasar por encima de claras disposiciones vigentes en el sistema interamericano y de principios universales en materia de libertad de expresión y del derecho de información, servirá de guillotina para dichas garantías, que son pilares fundamentales de un Estado de Derecho y de las instituciones democráticas que deben acompañarlo.

Así pues, las mordazas de Martín emulan lo actuado por la dictadura de Omar Torrijos y de Manuel A. Noriega con los decretos 342 y 343 de 31 de octubre de 1969 (Gaceta Oficial Nº 16.480), que limitaban el derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, en nombre del «orden público», al igual que las leyes Nº 7 y 8 de 10 de febrero 1978 (Gaceta Oficial Nº 18.516)

Con las mordazas de Martín se ignora que «una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre».
Las mordazas de Martín se burlan de la reiterada jurisprudencia de tribunales internacionales y regionales, que han dejado claramente establecido que: «la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada».

Con las mordazas de Martín se busca impedir el control sobre las instituciones y los actos de gobierno, lo cual es vital en un Estado de Derecho y como instrumento cotidiano para el fortalecimiento de los derechos ciudadanos.

Las mordazas de Martín enfrentan la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que: «No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor».

Al aprobar en el Capítulo III de Delitos contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, del Nuevo Código el:

«Artículo 162. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo           electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días-multa, prisión domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad».

Lo que buscan las mordazas de Martín, por ejemplo, es que si se publica o difunde la carta que el Binbin le envió a Noriega, diciéndole «¡regáñeme general!», va preso; el que re-envié un correo electrónico que haya recibido, corre el riesgo de ir a prisión; como preso irían también el periodista, el director y los dueños del medio que publicó la carta donde se pedían róbalos para Martín.

Con las mordazas de Martín, entra a regir el:

«Artículo 164: Quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubieran sido dirigidos, y los haga públicos sin la debida autorización y de ello resultara un perjuicio sera sancionado con doscientos a quinientos días-multa o arresto de fines de semana.
No se considerará delito la divulgación de documentos indispensables para la comprensión de la historia, las ciencias y las artes. Si media el perdón de la víctima se ordenará el archivo de la causa».

Con este artículo, por ejemplo, si a un ciudadano le envían un correo electrónico amenazándolo de muerte y lo difunde y publica para así protegerse ante la opinión pública, va preso.

Gracias a las mordazas de Martín. también tenemos el:

Artículo 166. Quien, sin contar con la autorización correspondiente, practique seguimiento, persecución o   vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos.

Gracias a esta norma, el periodista que investigue un auto Porshe Cayenne para verificar que un diputado lo vendió indebidamente, ¡va preso!, como preso va también el jefe de redacción del medio que permita al periodista realizar esa investigación.

Con las mordazas de Martín, también deberán cerrar los negocios de «investigadores privados».

Con las mordazas de Martín, en el Título XIV de los Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado, tenemos en Capítulo I de los Delitos contra la Personalidad Internacional del Estado, el.

«Artículo 420: Quien revele información confidencial de acceso restringido, así declarada en virtud de las disposiciones legales vigentes, referente a la seguridad del Estado, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Si la información revelada cae en poder de un Estado que esté en guerra con Panamá o si la revelación da lugar a que se interrumpan las relaciones amistosas con otro Estado, la sanción será de cinco a ocho años de prisión.

Las sanciones se agravarán hasta en una tercera parte, si el autor conocía la información en su carácter de servidor público o emplea violencia, fraude u otro engaño para obtener los datos o la información».

En otras palabras, si se negocia otro Centro Multilateral Antidroga o algo parecido, y se clasifica como confidencial y el diario el Excelsior de México lo publica y alguien lo reproduce en Panamá, en algún medio de comunicación o en Internet, irá a la cárcel, gracias… a las mordazas de Martín.

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