Animales y el derecho panameño

LEGISLACIÓN.

Animales ante el derecho panameño

Harley James Mitchell Morán

El contenido material que nutre el derecho ambiental es muy variado, pero existen temas que tradicionalmente han sido el centro de sus preocupaciones, como es el tratamiento a los animales. En Panamá, la Ley de Vida Silvestre, expedida en 1995, diferencia entre diversidad biológica y la vida silvestre, atendiendo a que la primera trata sobre la variabilidad de organismos, mientras que la segunda trata de cada una de sus especies y especímenes.

Tradicionalmente y por el tratamiento jurídico dado por la antigua Roma, los “animales bravíos” eran de libre apropiación, siempre y cuando esta se diera cuando se encontraban en un estado de res nullius, es decir, cuando eran “cosas de nadie”, hasta que alguien se las apropiara. De escapar un animal de vuelta a la naturaleza, recuperaba la condición original. Esta categoría es diferente a la de los animales domésticos, que son de libre traspaso, considerándose como bienes semovientes, o aquellos capaces de movilizarse por sus propios medios.

No obstante, la legislación ambiental ha separado a la vida silvestre de los bienes de apropiación privada, declarándolos de “dominio público”, lo cual significa que se encuentran regulados por el derecho público y no por el privado, cualquier apropiación, transferencia o uso está condicionado a permisos que otorga el Estado, representado en Panamá por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La Constitución Política se caracteriza por ordenar que el Estado promulgue leyes para que la utilización de la fauna terrestre, fluvial y marina sea sostenible, así como que el desarrollo social y económico mantenga el equilibrio ecológico. También ordena la regulación de la caza y la pesca, de modo que sus beneficios permanezcan siendo renovables.

La Convención de Diversidad Biológica de 1992, ratificada por Panamá desde ese mismo año, admite dos vías principales de conservación, aquella en su hábitat original (conservación in situ) y aquella dada en recintos diferentes (conservación ex situ). El país, en su Ley de Vida Silvestre, favorece la primera sin perjuicio de la segunda. La reglamentación de esta Ley, desde el año 2004, regula esta conservación ex situ en los zoológicos y los acuarios, entre otras modalidades. Todas estas maneras de conservación, para ser lícitas deben seguir un procedimiento bastante estricto, pero aún así, también muy común en países desarrollados, estos recintos deben someterse a la aprobación y consecuente supervisión de la Anam.

La utilización de la vida silvestre se ocasiona por razones de subsistencia, cuando el ser humano y sus comunidades dependen de ella directamente para su alimentación; científicas, para diversos fines investigativos; deportivas, ante la práctica de la cacería o la pesca; y otros usos (mascotas, recreativos, etc.). Todas estas maneras de utilización, así como la de huevos, nidos, trofeos o cualquier subproducto de vida silvestre, están condicionadas a procedimientos y permisos, cosa en ocasiones de difícil comprensión por parte de las personas, al existir todavía en la memoria colectiva de los panameños, la versión privatista de la antigua Roma del acceso a estos recursos, recogido por muchos años en nuestro Código Civil.

Se ha afirmado erróneamente que el Convenio para el Tráfico de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Cites) de 1973, prohíbe automáticamente el comercio de especies. Cites unifica los requisitos aduaneros relacionados a fin de regularlo, no prohibirlo, a menos que este sea un deseo manifiesto de la Conferencia de las Partes.

Los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Ley General de Ambiente de 1998 ayudan a la protección de la vida silvestre. Dos de los cinco criterios de categorización para los Estudios de Impacto Ambiental, consideran a la biodiversidad biológica. Si no se toman medidas adecuadas para protegerla ante una actividad de desarrollo, las consecuencias se dan en la esfera administrativa e incluso penal. Existen también las normas secundarias de calidad ambiental, concebidas para proteger la calidad del ambiente en los ecosistemas naturales. Recientemente, el Código Penal ha recogido la protección de las especies amenazadas, terrestres y acuáticas, así como el daño a sus ecosistemas, con penas que rondan el máximo de tres años de prisión.

Existen disposiciones destinadas a proteger especialmente a las “especies carismáticas”, que son aquellas que, sin ser más o menos importantes que el resto de la diversidad biológica, han logrado simbolizar las nociones éticas que alimentan a toda la protección de la naturaleza. Desde el año 2002 se protege al águila harpía y durante el año 2005 se expidieron, por parte de la Asamblea Nacional, sendas leyes en beneficio de todas las especies de tiburones, donde se prohíbe su mutilación ante la infame práctica del aleteo (corte de sus aletas aún estando vivo, descartando el resto del animal) y aquella que declara a las aguas del Istmo como corredor para la protección de los mamíferos marinos. Lo más importante de estas normas es que su presencia no impide la aplicación de las demás normas anteriormente citadas.

Actualmente, la Anam trabaja en una resolución administrativa que actualizaría la lista de especies amenazadas, la cual data de hace más de veinticinco años, con criterios de la Cites y de la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La conciencia ciudadana sobre la necesidad de la protección de los animales y sus hábitats está creciendo a cada momento en Panamá, y es hora de que esto se considere desde el punto de vista de la ética, pues ésta ya ha sido el patrón de un conjunto de normas jurídicas, cuya aplicación armónica puede ser útil para reconciliar la difícil relación que ha tenido el ser humano con estas criaturas que comparten el país con nosotros.

 

El autor es abogado y labora en la Anam

Fuente: La Prensa, 7 de abril de 2007

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