Colón necesita autopista sin corrupción

El siguiente artículo ha sido escrito por Kevin L. Harrington, Administrador Judicial, PYCSA PANAMA, S.A. y lo ponemos a disposición de quien desea investigar la corrupción ligada a la autopista Panamá Colón, que recientemente ha sido concesionada de manera extraña o no transparente a la empresa Norberto Odebrecht.

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Por el derecho a la verdad que tiene el país, y por coincidir en los ideales de Notre Dame que la ética y la transparencia deben primar al gobernar, ejercito mi derecho a réplica a las críticas que me hace –constructivamente– don Antonio Domínguez hoy – pero no sin antes aplaudirlas.

Es tan sólo la más reciente demostración de la vocación democrática que ejerce a diario, que queda como ejemplo a las nuevas generaciones y para aquellos que ven pasar el acontecer nacional como una telenovela frente a la cual intentan “pasar agachados”, salvo que les afecte de una manera inmediata. Predica con este ejemplo, que la verdadera democracia es un debate continuo sobre el manejo de los gobernantes de turno, para que ella no quede más que una pantomima para disfrazar el abuso del poder; por ello trae al tapete éste tema. ¡Honor al mérito!

Consigno de salida que NO estoy en contra de una autopista a Colón: se necesita una segunda vía transístmica – pero no una cualquiera, ni de cualquier manera. En una democracia el bien supremo es el imperio del estado de derecho, y además el interés nacional está en: 1. que sea capaz de soportar el peso de los contenedores que hoy destruyen la Boyd-Roosevelt, 3. que llegue a los puertos mismos del Atlántico, y no a medio palo, 4.que sea mediante licitación pública, con el menor costo, la mayor transparencia, y con “cero corrupción.

Es demagógico pisotear nuestra sufrida seguridad jurídica, so pretexto de que “Colón necesita una autopista”. E inaceptable la amenaza de “darle palo” a quien se le oponga (de un Subsecretario del PRD, quien no se ha retractado aún) porque, según el decir del Secretario General del PRD Martín Torrijos Espino, “nadie está por encima de la ley”.

Razón tiene don Tony al extrañarse que no se haya demandado (aún) la ilegalidad de simulación de cesión de la concesión original de PYCSA Panamá, S.A. (“PYCSA”) a Constructora Norberto Odebrecht, S.A., sobre la cual se ha construido un castillo de naipes. Pero no ha sido por abulia, si no porque, en su hábito de darle largas a los asuntos en la esperanza que bien se olviden o se resuelvan sólos, la administración actual no ha cooperado en proveer en término la información requerida para documentar un litigio que no se fuera a caer por defectos de forma.

Al extremo de que, en esta oportunidad, su viveza ha logrado ponerle “una raya más al tigre”, al interferir con el debido proceso de esta acción, por el encubrimiento ilícito de documentos sobre sus actos y omisiones de dudosa legalidad.

Cabe aclarar aquí mis funciones. Un administrador judicial vela por la buena marcha de la empresa secuestrada, de suerte que sus activos no hayan desaparecido a la hora de satisfacer la decisión del tribunal (en este caso, respecto del Patronato del Parque Natural Metropolitano prioritariamente, pero sin menoscabo de la legión de otros acreedores de PYCSA). Actuando siempre en derecho. Todos los demás activos de PYCSA se encontraron comprometidos a terceros, quedando únicamente libre de gravámenes sus derechos a la concesión en el tramo de marras, que peligran por esta expropiación ilícita. Por ello se demandará la nulidad contra el acto del Concejo de Gabinete que brinda anuencia a la cesión de una Directiva, sin capacidad legal y sin la aprobación ni conocimiento del auxiliar de la Justicia.

De haber mediado la buena-fe y actuado el gobierno en derecho, este callejón sin salida jamás se habría dado.

Aunque el concepto del Procurador de la Administración recibido el 19 de enero 2005 omite mención de ello, el Gabinete sabía – individualmente (a excepción del ministro Benjamín Colamarco) el 19 de julio 2005 y mediante inscripción en el Registro Público del Auto Nº 808 de 11 de julio 2005 — que PYCSA estaba intervenida antes de brindar su anuencia a la Addenda Nº 5 que aprobara el 12 de enero 2005. El 9 de agosto 2005 el entonces ministro de Obras Públicas Carlos Vallarino omite mencionar en su nota Nº DM-AL-1665 que negociaba la concesión con la Junta Directiva de PYCSA, sin participar de ello al Administrador Judicial, pese a que éste le había pedido esa información el 26 de julio 2005. El ministro de la Presidencia Ubaldino Real “no pudo” ubicar ni 1 sola pieza de documentación en torno a la concesión original, casualmente en momentos en que se re-negociaban sus términos con la Junta Directiva. Y todo esto antes que el actual ministro de Obras Públicas firmara (26 de enero 2005) y el contralor Dani Kuzniecky refrendara (30 de enero 2005) la referida Addenda Nº 5. Dicha multimillonaria Addenda, a la que el Gabinete diera su anuencia antes de que existiera siquiera un borrador de su texto comprometedor, fue promulgada el 5 de marzo 2005, casi 2 meses después de que se hiciera el correspondiente show en Colón.

La documentación solicitada sobre esta transacción no fue entregada en término, en violación de la Ley de Transparencia. Por lo que el pasado 20 de abril se entablaron acciones de habeas data contra el entonces-Contralor General Dani Kuzniecky (aunque su nombre aparece como antefirma en la negativa a suministrar, no es quien la firmó) y contra los ministros Ubaldino Real, Carlos Vallarino y Benjamín Colamarco (que tocaron por sorteo a los magistrados Adán Arjona, Winston Spadafora, Alberto Cigarrüista).

Por lo visto ésta tónica de no-rendir cuentas se extiende al propio don Tony, quien aqueja que el actual ministro para Asuntos del Canal, y entonces contralor, tampoco respondió en término a sus propios cuestionamientos al respecto. (Se desconoce si aprobó (o no) lo que daría paso a un adelanto por $41 millones a Odebrecht, antes de dimitir.)

Similar falta de transparencia se ha impreso al resto del gobierno, al extremo que el Banco Nacional de Panamá se negó a informar — a su Administración Judicial– sobre cuánto le adeuda PYCSA – ¡todo so pretexto de secreto bancario!

Hoy se prefiere desinformar el problema, corriendose los ministros Colamarco y Vallarino a un debate en Canal 4 al respecto, repitiendo interminables monólogos, imponiendo un cerco informativo en medios que manipulan, y brindando shows semióticos (una voladura tan hermosa como innecesaria, el Presidente trepado en un tractor terminando los 2 kilómetros que PYCSA dejó de hacer en 1999 (y no comenzando lo de Odebrecht), según aclaró textualmente la ANAM ese mismo 8 de marzo 2007.

No ha sido sino hasta hoy que se ha podido obtener (fuera de canales normales) fotocopia de una versión de una “cesión”. Sin la certeza de que sea la única versión en existencia, y que no haya alguna otra supletoria o sustitutiva, con él se procederá a demandar la nulidad de lo actuado. Este instrumento, negociado personalmente por el Dr. Jaime Arias Calderón, el chef del gabinete de cocina del Presidente Torrijos, supondría crear (posiblemente entre líneas en alguna anuencia..) determinado compromiso para el Estado panameño, sin ser éste ni firmante ni parte de éste convenio “privado” entre una multinacional y una sociedad anónima panameña con su sede en la cafetería en una caseta en Cerro Patacón.

Quienes comemos 3 veces al día tenemos la obligación de velar por quienes no comen – y la mejor forma de cumplirla es promoviendo un estado de derecho que funcione como debe.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,
Kevin L. Harrington
Administrador Judicial, PYCSA PANAMA, S.A.

38 hectáreas de manglares destruidos en Punta Chame

PUNTA CHAME. ANAM PROMETE UN proceso RIGUROSO.

Espino devastó 38 hectáreas de costa

Tras comprobar los daños causados a la zona costera, la Anam comenzó una investigación administrativa.

Charro Espino fue notificado ayer del proceso, y la próxima semana tiene que comparecer para declarar.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

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MANGLES. La Anam busca determinar cuál es la magnitud del daño causado, para fijar la sanción.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) confirmó ayer que el tío del presidente Martín Torrijos, Rodolfo Charro Espino, devastó 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame, por lo que enfrentará una investigación administrativa por tala y relleno, sin permiso, de esa área cubierta en su mayoría por manglar.

La conclusión de la Anam es el resultado de una inspección que personal técnico realizó en el área el viernes 20 y el lunes 23 de abril, ya que los dos funcionarios que hicieron la primera, días antes, se negaron a firmar el informe por temor a perder sus trabajos y, por ahora, están separados de la investigación.

El proceso administrativo que la entidad abrió ayer busca determinar la cantidad exacta de mangle que Espino destruyó, así como el daño al entorno, incluida la fauna, a fin de establecer la sanción.

Espino fue notificado ayer mismo de la investigación, a primeras horas de la tarde, y deberá presentarse la próxima semana ante la Dirección Regional de Panamá Oeste de la Anam, a realizar sus primeras declaraciones .

El director de Asesoría Legal de la entidad, Harley Mitchell Morán, dijo que la investigación se hará con el mismo rigor con que se realiza en casos de bajo perfil, en clara alusión a que se trata de un familiar del presidente Torrijos.

Este tema, que ha puesto sobre el tapete la destrucción de las costas y la venta de tierras estatales a precios irrisorios, también es investigado por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional.

PUNTA CHAME. HERMANOS FONTANE RECLAMAN DERECHOS POSESORIOS.

Dos investigaciones en curso

Sin permisos de la Anam ni de la Autoridad Marítima los mangles sucumbieron ante el proyecto de Charro Espino.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Dos especies de mangles (salado y negro) integraban parte del área de vegetación de las 38 hectáreas devastadas por Rodolfo Charro Espino, tío del jefe del Ejecutivo, Martín Torrijos. Así lo determinaron las inspecciones que adelanta la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para medir la magnitud del daño a la flora y fauna del lugar.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell Morán, dijo que en las inspecciones que se realizaron el viernes y el lunes pasado, se determinó igualmente que el área devastada la componen las dos fincas que adquirió Charro Espino.

Espino, a través de su empresa Corporación Playa Blanca, compró el 14 de abril de 2004 a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 29 hectáreas de zona costera a cinco centésimos el metro cuadrado. Este año la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario le adjudicó a Corporación Playa Blanca 26 hectáreas a menos de un centésimo el metro cuadrado.

Sin embargo, para los hermanos Idania y Fernando Fontane esas compras son el “despojo” de sus derechos posesorios. Ambos iniciaron un proceso de titulación de esas tierras que, según ellos, fue ignorado por las autoridades.

Ayer el abogado de Idania, Esteban López, dijo que “interpondrá todos los recursos legales que estén en sus manos” para que esos derechos sean reconocidos.

Lo cierto es que antes que Espino terminara el proceso de adjudicación de las últimas 26 hectáreas –entre octubre y noviembre del año pasado– comenzó a talar las 38 hectáreas de zona costera, y este año empezó a rellenarlas con arena de la playa de Punta Chame sin el estudio de impacto ambiental. Ayer la Anam abrió un proceso administrativo en contra de Espino y la semana pasada la comisión de Hacienda de la Asamblea, controlada por el oficialismo, inició otro por la venta en esos terrenos en menos de un centésimo el metro cuadrado.

Por ley, la administración general de la Anam puede sancionar hasta por un millón de dólares. Si se considera que el caso amerita una multa mayor se necesita la aprobación del Consejo Nacional del Ambiente, que preside el ministro del MEF. Este diario ha intentado varias veces comunicarse con Espino, pero no ha respondido llamadas. En su última declaración pública a KW Continente, Espino dijo tener todos los permisos en regla, lo cual fue desmentido por la Autoridad Marítima de Panamá.

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TAL CUAL

OPORTUNIDAD. El debate sobre la venta regalada de los terrenos de Punta Chame a tío Espino debería aprovecharse para poner luz dentro de Catastro y del MEF sobre la venta de derechos posesorios en todo el país. Primero, por los abusos de muchos inversionistas nacionales y extranjeros que compran terrenos, con habitantes incluidos, a precios que, obviamente, no son de mercado. Si van a repartir el país, al menos que lo vendan en lugar de regalarlo.

FIASCO. Claro, que no vendan tanto porque luego el que compra se puede llevar una desilusión. Bocas del Toro estuvo este verano sin agua porque el cielo la castigó, y ahora por una falla eléctrica en la potabilizadora de Changuinola. La saturación y la falta de planificación en Bocas la han convertido en una zona inhabitable. De este bazar, salen perjudicados los nuevos residentes y, por supuesto, los de siempre.

REVUELO. Si el limbo ya no es limbo, y el infierno vuelve a estar de moda… ¿por qué no puede aparecer el Cristo de Esquipulas en un árbol del Valle de Antón? El Presidente debería nombrar una Comisión que estudie el fenómeno por tres meses. No servirá de nada, pero al menos desviará la atención sobre tío Espino y los demás fiascos.

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

La Prensa, 27 de abril de 2007

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Charro contra-ataca

La historia de los manglares no termina allí. Ahora Charro Espino contraataca las versiones de La Prensa.

Lo cierto es que mucha gente está haciendo fiesta con las tierras nacionales y en este caso si son manglares son inadjudicables.

Burica Press

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PUNTA CHAME.

Espino defiende su compra y anuncia acciones legales

LA PRENSA/Maydée Romero

ÁREA AFECTADA. Así se veía el sector de la costa de Chame, motivo de la polémica, el pasado 12 de abril.

José Arcia y Sady Tapia — 15 mayo 2007
panorama@prensa.com

Rodolfo Charro Espino, tío del presidente Martín Torrijos, salió ayer a defender su compra en menos de un centavo el metro cuadrado de área costera y la destrucción de un manglar en Punta Chame. También anunció que recurrirá a acciones legales, que no precisó.

En un anuncio pagado en varios diarios, Charro Espino alega que la compra cumplió con todo el proceso legal vigente desde 1990. Incluso señala que antes de ese año el precio por hectárea era tan solo de seis dólares con cincuenta centavos, muy por debajo de los 80 dólares que él pagó por hectárea.

Señala que muchas empresas han comprado tierras por estos mismos precios.

“Después de la ola de mentiras y calumnias en contra mía y de nuestra empresa, ha llegado el momento de que Corporación Playa Blanca inicie la defensa de sus acciones, por lo que recurriremos a todos los recursos legales que disponen la Constitución y las leyes de nuestro país”, dice el anuncio.

Espino advierte -en su anuncio – que la mayor parte del terreno afectado es un simple rastrojo y que por ello han sembrado 13 mil 800 plantones de mangle, cinco mil más de lo que pidió la Autoridad de Recursos Acuáticos.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, volvió a defender el proceso legal de las compras de tierra de la familia de Torrijos. Dijo que sería interesante saber si hay alguna fórmula legal que establezca que los familiares de los presidentes de la República no pueden adquirir tierras en el país.