El siguiente artículo ha sido escrito por Kevin L. Harrington, Administrador Judicial, PYCSA PANAMA, S.A. y lo ponemos a disposición de quien desea investigar la corrupción ligada a la autopista Panamá Colón, que recientemente ha sido concesionada de manera extraña o no transparente a la empresa Norberto Odebrecht.
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Por el derecho a la verdad que tiene el país, y por coincidir en los ideales de Notre Dame que la ética y la transparencia deben primar al gobernar, ejercito mi derecho a réplica a las críticas que me hace –constructivamente– don Antonio Domínguez hoy – pero no sin antes aplaudirlas.
Es tan sólo la más reciente demostración de la vocación democrática que ejerce a diario, que queda como ejemplo a las nuevas generaciones y para aquellos que ven pasar el acontecer nacional como una telenovela frente a la cual intentan «pasar agachados», salvo que les afecte de una manera inmediata. Predica con este ejemplo, que la verdadera democracia es un debate continuo sobre el manejo de los gobernantes de turno, para que ella no quede más que una pantomima para disfrazar el abuso del poder; por ello trae al tapete éste tema. ¡Honor al mérito!
Consigno de salida que NO estoy en contra de una autopista a Colón: se necesita una segunda vía transístmica – pero no una cualquiera, ni de cualquier manera. En una democracia el bien supremo es el imperio del estado de derecho, y además el interés nacional está en: 1. que sea capaz de soportar el peso de los contenedores que hoy destruyen la Boyd-Roosevelt, 3. que llegue a los puertos mismos del Atlántico, y no a medio palo, 4.que sea mediante licitación pública, con el menor costo, la mayor transparencia, y con «cero corrupción«.
Es demagógico pisotear nuestra sufrida seguridad jurídica, so pretexto de que «Colón necesita una autopista». E inaceptable la amenaza de «darle palo» a quien se le oponga (de un Subsecretario del PRD, quien no se ha retractado aún) porque, según el decir del Secretario General del PRD Martín Torrijos Espino, «nadie está por encima de la ley».
Razón tiene don Tony al extrañarse que no se haya demandado (aún) la ilegalidad de simulación de cesión de la concesión original de PYCSA Panamá, S.A. («PYCSA») a Constructora Norberto Odebrecht, S.A., sobre la cual se ha construido un castillo de naipes. Pero no ha sido por abulia, si no porque, en su hábito de darle largas a los asuntos en la esperanza que bien se olviden o se resuelvan sólos, la administración actual no ha cooperado en proveer en término la información requerida para documentar un litigio que no se fuera a caer por defectos de forma.
Al extremo de que, en esta oportunidad, su viveza ha logrado ponerle «una raya más al tigre», al interferir con el debido proceso de esta acción, por el encubrimiento ilícito de documentos sobre sus actos y omisiones de dudosa legalidad.
Cabe aclarar aquí mis funciones. Un administrador judicial vela por la buena marcha de la empresa secuestrada, de suerte que sus activos no hayan desaparecido a la hora de satisfacer la decisión del tribunal (en este caso, respecto del Patronato del Parque Natural Metropolitano prioritariamente, pero sin menoscabo de la legión de otros acreedores de PYCSA). Actuando siempre en derecho. Todos los demás activos de PYCSA se encontraron comprometidos a terceros, quedando únicamente libre de gravámenes sus derechos a la concesión en el tramo de marras, que peligran por esta expropiación ilícita. Por ello se demandará la nulidad contra el acto del Concejo de Gabinete que brinda anuencia a la cesión de una Directiva, sin capacidad legal y sin la aprobación ni conocimiento del auxiliar de la Justicia.
De haber mediado la buena-fe y actuado el gobierno en derecho, este callejón sin salida jamás se habría dado.
Aunque el concepto del Procurador de la Administración recibido el 19 de enero 2005 omite mención de ello, el Gabinete sabía – individualmente (a excepción del ministro Benjamín Colamarco) el 19 de julio 2005 y mediante inscripción en el Registro Público del Auto Nº 808 de 11 de julio 2005 — que PYCSA estaba intervenida antes de brindar su anuencia a la Addenda Nº 5 que aprobara el 12 de enero 2005. El 9 de agosto 2005 el entonces ministro de Obras Públicas Carlos Vallarino omite mencionar en su nota Nº DM-AL-1665 que negociaba la concesión con la Junta Directiva de PYCSA, sin participar de ello al Administrador Judicial, pese a que éste le había pedido esa información el 26 de julio 2005. El ministro de la Presidencia Ubaldino Real «no pudo» ubicar ni 1 sola pieza de documentación en torno a la concesión original, casualmente en momentos en que se re-negociaban sus términos con la Junta Directiva. Y todo esto antes que el actual ministro de Obras Públicas firmara (26 de enero 2005) y el contralor Dani Kuzniecky refrendara (30 de enero 2005) la referida Addenda Nº 5. Dicha multimillonaria Addenda, a la que el Gabinete diera su anuencia antes de que existiera siquiera un borrador de su texto comprometedor, fue promulgada el 5 de marzo 2005, casi 2 meses después de que se hiciera el correspondiente show en Colón.
La documentación solicitada sobre esta transacción no fue entregada en término, en violación de la Ley de Transparencia. Por lo que el pasado 20 de abril se entablaron acciones de habeas data contra el entonces-Contralor General Dani Kuzniecky (aunque su nombre aparece como antefirma en la negativa a suministrar, no es quien la firmó) y contra los ministros Ubaldino Real, Carlos Vallarino y Benjamín Colamarco (que tocaron por sorteo a los magistrados Adán Arjona, Winston Spadafora, Alberto Cigarrüista).
Por lo visto ésta tónica de no-rendir cuentas se extiende al propio don Tony, quien aqueja que el actual ministro para Asuntos del Canal, y entonces contralor, tampoco respondió en término a sus propios cuestionamientos al respecto. (Se desconoce si aprobó (o no) lo que daría paso a un adelanto por $41 millones a Odebrecht, antes de dimitir.)
Similar falta de transparencia se ha impreso al resto del gobierno, al extremo que el Banco Nacional de Panamá se negó a informar — a su Administración Judicial– sobre cuánto le adeuda PYCSA – ¡todo so pretexto de secreto bancario!
Hoy se prefiere desinformar el problema, corriendose los ministros Colamarco y Vallarino a un debate en Canal 4 al respecto, repitiendo interminables monólogos, imponiendo un cerco informativo en medios que manipulan, y brindando shows semióticos (una voladura tan hermosa como innecesaria, el Presidente trepado en un tractor terminando los 2 kilómetros que PYCSA dejó de hacer en 1999 (y no comenzando lo de Odebrecht), según aclaró textualmente la ANAM ese mismo 8 de marzo 2007.
No ha sido sino hasta hoy que se ha podido obtener (fuera de canales normales) fotocopia de una versión de una «cesión». Sin la certeza de que sea la única versión en existencia, y que no haya alguna otra supletoria o sustitutiva, con él se procederá a demandar la nulidad de lo actuado. Este instrumento, negociado personalmente por el Dr. Jaime Arias Calderón, el chef del gabinete de cocina del Presidente Torrijos, supondría crear (posiblemente entre líneas en alguna anuencia..) determinado compromiso para el Estado panameño, sin ser éste ni firmante ni parte de éste convenio «privado» entre una multinacional y una sociedad anónima panameña con su sede en la cafetería en una caseta en Cerro Patacón.
Quienes comemos 3 veces al día tenemos la obligación de velar por quienes no comen – y la mejor forma de cumplirla es promoviendo un estado de derecho que funcione como debe.
Sin otro particular, me suscribo,
Atentamente,
Kevin L. Harrington
Administrador Judicial, PYCSA PANAMA, S.A.
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