Cementera sí sería fuente de contaminación del aire

CEMENTERAS. ‘LA PRENSA’ VISITÓ VARIAS PLANTAS EN ESPAÑA.

El negocio del polvo

Para apoyar su cementera, Pimsa exhibió algunas firmas españolas como modelos de producción limpia.

Los gerentes de varias plantas afirmaron que en esta industria no existe la llamada ‘contaminación cero’.

LA PRENSA/Santiago Fascetto

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¿Modelo? Un camión de la firma española Cementos Esfera recibe una carga de ‘clinker’ en el puerto de Tarragona, Cataluña. Para Pimsa, esa firma es un ejemplo de industria ecológica.

Santiago Fascetto
Enviado Especial
sfascetto@prensa.com

A 300 metros de la empresa española Cementos Esfera se respira polvo. A pesar de que está cerrada y cuenta con 26 filtros, las partículas de polvo que se desprenden del clinker, el yeso y la piedra caliza (materias primas del cemento) bañan de gris calles, fábricas vecinas y la vegetación cercana a la planta, ubicada en el polígono industrial de Tarragona, España. La culpa está repartida: por una parte la tiene el molino que fabrica el cemento; mientras que por la otra, los ocho camiones que entran y salen, por minuto, del predio.

Es que Cementos Esfera, como también lo prevé hacer Parque Industrial Marítimo S.A.(Pimsa), transporta parte su materia prima a través de camiones, que a su paso dejan una polvareda que se eleva varios metros sobre el nivel del suelo.

Según Pimsa, la cementera que pretende instalar en Rodman, en las riberas del Canal de Panamá, será una fotografía de la planta española.

A 70 kilómetros de allí, en el puerto de Barcelona, el otro modelo de planta de molienda de clinker que presentó Pimsa a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ni siquiera existe: en el principal puerto de la región de Cataluña lo único que hay son dos silos de depósito de cemento y clinker de la empresa Porcement.

Según aseguró el subdirector general de Explotación y Planificación de Puertos de Barcelona, Alex García, lo más cerca que estuvo el puerto de instalar una cementera en sus muelles fue hace 15 años atrás. “Se descartó porque la actividad genera polución ambiental”, dijo.

La Prensa viajó a España, invitada por un grupo de empresarios que se opone a la instalación de la cementera, y conoció dos de las seis plantas que Pimsa presentó como modelos a seguir.

A pesar de la tecnología, ninguna de las plantas aseguraba contaminación “cero”, como sí lo promete Pimsa. Este diario no pudo ubicar al vocero de la compañía cementera.

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INVESTIGACIÓN. CÓMO OPERAN LAS fábricas ESPAÑOLAS DE MOLIENDA DE ‘CLINKER’.

Cero contaminación no existe

Pimsa envió a la Anam una lista con varias empresas españolas que -según ellos- producen cemento sin dañar el medioambiente.

‘La Prensa’ viajó a España y comprobó que las firmas presentadas como ‘ejemplos’ tienen problemas ambientales. Y otras, además, no existen.

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ALMACENAJE En el puerto de Barcelona solo funcionan dos silos de almacenaje de cemento y ‘clinker’. Según Pimsa, allí había una planta de molienda de ‘clinker’.

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

La empresa Parque Industrial Marítimo S.A. (Pimsa) deberá buscar en Europa otras fábricas “modelos” para convencer a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) que la planta de molienda de clinker que pretende construir en el puerto de Rodman, a la orilla del Canal, no dañará el medioambiente.

Según comprobó La Prensa durante un viaje que realizó a España -invitado por un grupo de empresas que se opone a la cementera-, las plantas presentadas como espejos, y que utilizan la misma tecnología que intenta instalar la firma, no están libres de problemas ambientales.

Pero eso no es todo: la empresa, que controla el argentino Samuel Liberman, aseguró que en el puerto de Barcelona había una planta de molienda de clinker; pero la realidad es otra, allí solo funcionan dos silos de almacenamiento de la empresa Portcemet S.A.

“Hubo un proyecto para construir una planta de molienda de clinker hace 15 años, pero el puerto no lo autorizó porque la actividad genera polución ambiental”, explicó el subdirector general de Explotación y Planificación de Puertos de Barcelona, Alex García.

Según el funcionario, ese sector es “generador de polvo” y por eso es “incompatible” con otras actividades que funcionan en el principal puerto de Cataluña.

Un negocio sucio

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TRÁFICO En la planta de Cementos Esfera, ubicada en Tarragona, Cataluña, salen y entran ocho camiones por minuto con materia prima, según dijo su director.

El polvo tiñe de gris los alrededores de la planta. En la entrada, el movimiento es continuo: ocho camiones pasan, por minuto, frente al puesto de control de la planta de clinker Cementos Esfera S.A., ubicada en la ciudad catalana de Tarragona.

Pimsa presentó, en la documentación que entregó a la Anam, a la firma Cementos Esfera como una empresa “modelo” a raíz de su estricta gestión ambiental.

Pero los residentes cercanos a la planta -propiedad de la multinacional francesa Lafarge- no piensan lo mismo. Desde su construcción en 2001, la empresa mantiene un duro enfrentamiento con los vecinos del complejo “Tarragona”, situado a 750 metros de la fábrica.

“Hace rato que nos venimos quejando porque hay días que las partículas pintan de gris todo el suelo”, relató Sebastián Gutiérrez, de 53 años.

Cementos Esfera produce 2 mil toneladas de cemento por día, según explicó su director gerente, José Casals. La planta de Pimsa, por su parte, producirá diariamente mil 200 toneladas. “La planta se puede cerrar íntegra y se pueden instalar filtros suficientes para evitar que el polvo salga de allí”, aseguró el ejecutivo.

No obstante, Casals reconoció que la industria cementera es “un negocio de polvo”, hecho que se puede comprobar varias cuadras a la redonda. Calles grises y plantas descoloridas adornan el paisaje alrededor de la planta “cerrada” en forma hermética, según declaró su director.

Casals culpó del polvo que flota en el aire a los 8 camiones que, por minuto, ingresan a la planta para abastecerla de clinker, yeso y piedra caliza, los componentes básicos del cemento. “Los camioneros son una raza aparte”, se quejó.

A pesar de la evidencia, Casals -tras ver unos planos de la zona- se muestra a favor de instalar la planta de clinker en Rodman. “Creo que se puede hacer”, opinó.

Enemigos Íntimos

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MONTAÑA En el puerto de Tarragona, Cataluña, los montículos de ‘clinker’ de Cementos Esfera se acumulan sin control. Para Pimsa, esa empresa es ‘modelo’.

Joan Gasol Virgili vivió toda la vida del cemento. Durante 25 años fue director comercial para Cataluña de Cementos del Mar S.A. Actualmente jubilado, Gasol no coincidió con su ex colega. “Es imposible que no haya contaminación, este sector es de por sí nocivo para el medioambiente”, subrayó.

El biólogo Roberto Oliverios, de la junta de directores de la ONG española “Ecologistas en Acción”, es más radical. Según Oliverios, en el entorno inmediato las fábricas de clinker producen “un fuerte impacto ambiental que afecta la calidad del aire”.

Por eso -explicó- la legislación española prohíbe la instalación de cementeras y moliendas de clinker a menos de dos kilómetros de los centros urbanos.

“No existe la tecnología que asegure un impacto ambiental cero en el kilómetro cero”, amplió.

La Prensa intentó comunicarse con el encargado de prensa de Pimsa, pero no obtuvo respuesta.

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CEMENTERA.

‘Somos una firma pro ambiente’

Aunque los ejemplos que exhibió exponen lo contrario, el director de Pimpsa dijo que su planta no contaminará.

LA PRENSA/Archivo

MOLIENDA. La instalación de la cementera en Coiros, La Coruña, se detuvo en forma temporal por la presión de los vecinos. 843379

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

Luis Moreno III defiende su planta a capa y espada, a pesar de la catarata de críticas. Para el director ejecutivo de la firma Parque Industrial Marítimo de Panamá (Pimpsa), la planta de molienda de clinker que pretende construir en la ex base naval Rodman no contaminará el ambiente ni siquiera un ápice. “Nuestra empresa es pro ambiente y pro protección ecológica”, aseguró ayer.

“Nuestra planta dista mucho de la que mostraron. No hay plantas modelos, sino ejemplos de otras fábricas”, agregó. Esos “ejemplos” -Cementos Esfera y Porcement, entre otros- fueron los que Pimpsa presentó al Gobierno para demostrar que en España existen plantas de molienda de clinker con la última tecnología que no dañan el medio ambiente.

“Esto es un negocio de polvo. Pero ese polvo puede estar en un ambiente herméticamente cerrado”, aclaró Moreno III. Para sostener esa afirmación, Pimpsa no eligió el mejor espejo: Cementos Esfera descarga el clinker que recibe del exterior en elevados montículos al aire libre. Luego, traslada el material en camiones.

“El problema del polvo es la descarga de los barcos en el puerto. En nuestra planta, todo el proceso de descarga y traslado está herméticamente cerrado”, insistió el ejecutivo.

Para cumplir con esa premisa, Moreno III anunció que Pimpsa está analizando cambiar la tecnología propuesta en su Estudio de Impacto Ambiental. Ya no serían tolvas ecológicas (una especie de embudo gigante con un extractor) sino grúas con tornillos huecos que extraen el clinker directamente del barco. “Nos costará tres millones de dólares más, pero estamos analizando seriamente utilizar esa tecnología”, dijo a La Prensa.

En la planta de Cementos Esfera -ubicada en Tarragona, Cataluña- el movimiento de camiones es frenético. Y a pesar de que ambas plantas producirán casi la misma cantidad de cemento, Moreno III remarcó que no entrarán más de ocho camiones por mes a la planta de Rodman. “Si no consigo yeso suficiente, lo voy a importar. Pero la planta usará ocho camiones por mes”. A Cementos Esfera entran ocho camiones por minuto.

La fábrica inexistente

En el puerto de Barcelona no existe una planta de molienda de clinker y tampoco hay planes para instalar una allí, según dijo Alex García, subdirector general de Explotación y Planificación de Puertos de Barcelona. “El puerto de Barcelona fue mostrado como un ejemplo de descarga”, aclaró Moreno III. No obstante, Pimpsa no le explicó ese detalle a la Autoridad Nacional del Ambiente.

¿Existen ejemplos de fábricas de producción limpia de cemento? El ejecutivo está convencido de que sí, aunque no identifica puntualmente dónde están ubicadas. “En función de los análisis científicos y la ley de Panamá, la fábrica de Pimpsa no es contaminante. No digo que no genere polvo, sino que está por debajo de lo que exigen las normas internacionales, por eso puedo decir que es contaminación cero”, destacó.

La Prensa, 1 de mayo de 2007

 

Las mentiras de Ted Turner sobre Delfinarios

La entrevista que va leer a continuación con las respuestas de Ted Turner, debe leerlas en antónimo.

El negocio con delfines es inescrupuloso y todo el que lo defienda es inescrupuloso y mentiroso.

El propio O´Barry que entrenó delfines por muchos años y que ahora los defiende y los ayuda a liberarse de los cautiverios, lo ha corroborado.

Las pretensiones de Ocean Embassy y la osadía con que actúan indican que no le tienen el más mínimo respeto a este país y sus riquezas.

Burica Press
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Turner defiende oceanario
El directivo de la empresa Ocean Embassy niega que herirán a delfines
 
Ted N. Turner / Foto Josué García

Julio A. Jiménez
periodistas@estrelladepanama.com

Tras las declaraciones del especialista en mamíferos marinos, Richard O’Barry, de que tiene pruebas contra los directivos de Ocean Embassy Panama (OEP), el vicepresidente de esta empresa, Ted N. Turner se defiende diciendo que su oceanario, como lo cataloga, cumple con los estándares exigidos por organizaciones internacionales para la conservación y protección de los delfines.
Turner afirma que los zoológicos y acuarios incrementan la conciencia de las personas sobre estos animales, que los delfines viven más tiempo en estas instalaciones que en alta mar donde se hace presa de muchos depredadores. Negó que pretenda cazar 80 delfines al año, menos venderlos.

LEP: La empresa OEP tiene planeado instalar el proyecto de delfinario en el país, ¿cómo va a ser estas instalaciones?
TT: OEP no pretende instalar un delfinario sino un oceanario, un centro turístico de gran escala. Allí se llevará a cabo actividades como rescate y rehabilitación de animales en peligro y varados en nuestros mares, el estudio de los animales en su hábitat natural y dentro de las instalaciones. Suministra recursos educativos a niños y niñas de escuelas primarias para elevar la conciencia de la existencia de los animales y de la conservación de las especies. Es una laguna que va a ser una de las más grandes del mundo. Se ha demostrado que son sumamente beneficiosos para los animales. Se construyen con los más altos estándares del mundo. Provee un medio ambiente, un entorno seguro y limpio donde los animales se ven libres de sus depredadores. Están lejos y a salvo de las redes que los matan. Todos los días reciben cuidados médicos excelentes y reciben mejor atención médica. Por eso, los animales que viven en estas instalaciones viven mucho tiempo más que los que viven en alta mar.

LEP: ¿Cuánto costará el oceanario y cómo va a ser administrado?
TT: El costo sucederá en tres fases: la primera de 23 millones de dólares, la segunda de 60 millones, adicionales. Eso permite traer otros tipos de animales como peces, aves y otras especies de mamíferos marinos. La tercera fase es el desarrollo de toda la propiedad con temas marinos e incluye hoteles, restaurantes y otras empresas. Lo que representa una inversión de 400 a 500 millones de dólares. Hasta ahora hemos invertido 17 millones de dólares. Estas instalaciones van a ser administradas, manejadas y operadas por el 96% del personal, panameños y panameñas.

LEP: ¿Con cuáles autoridades nacionales conversaron para la instalación del oceanario y qué falta para su ejecución?
TT: Nos hemos acercado a todas las autoridades necesarias para pedir los permisos exigidos por la ley de Panamá. Se consultó con la ANAM, la ARAP (Autoridad de los Recursos Acuáticos) y el IPAT. Las agencias del gobierno de Panamá llevan tres años analizando este proyecto. Presentamos nuestra solicitud de permiso el 5 de abril de este año. Tenemos todos nuestros permisos ya aprobados. Ya se aprobó nuestro Estudio de Impacto Ambiental. Estamos esperando un permiso final que está ahora en solicitud. Esa solicitud de permiso está en manos del Gobierno que está evaluando muy a fondo y de manera sumamente responsable. Anticipamos que una decisión final se hará dentro de muy poco tiempo.

LEP: ¿Cuántos oceanarios piensan instalar en Panamá? ¿Tienen permiso legal para ello?
TT: Uno solo. Quizás tengamos algunos centros de investigación que serán como satélites; pero, por el momento no hay ninguno planeado. Sólo incluye OEP en San Carlos. Llevamos tres años en Panamá. Estamos aquí para ayudar a Panamá a proteger su vida marina, su vida silvestre. Nosotros somos una empresa panameña, registrada en Panamá desde hace dos años.
LEP: ¿Conoce usted a Richard O’Barry? ¿Por qué cree que está tras de ustedes?
TT: Sé de él pero nunca nos hemos conocido. Él nunca ha conocido a nuestro personal; sin embargo, habla negativamente. Él fue expulsado de la Comisión Ballenera Internacional el año pasado, por problemático. En 1970 fue detenido en la Isla Bimini por la liberación ilegal de delfines. Tiene una larga historia de estar atacando las instalaciones zoológicas de gran reputación y de altos estándares. Es un ex convicto. En seis ocasiones ha sido condenado por violación a la Ley Internacional de Protección de Mamíferos Marinos. Yo no estoy inventando esta información. El juez dijo que las acciones del señor O’Barry causaron el sufrimiento innecesario de los delfines y su posterior muerte.

LEP: Richard O’Barry vincula a Robin B. Friday, presidente de OEP, en la captura de delfines en Islas Salomón. ¿Por qué?
TT: El gobierno de Islas Salomón nos invitó a mejorar los estándares de las instalaciones del delfinario llamado Centro de Educación de Mamíferos Marinos. Aquí enseñan a la gente de la localidad a cuidar a los animales en lugar de usar sus dientes como moneda. Hemos mejorado la salud de los delfines allí existentes. Es una buena misión y nosotros la apoyamos. Nos enorgullece nuestra participación en Islas Salomón. Hemos asistido a los gobiernos de Islas Bahamas, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos (EEUU).

LEP: ¿Cómo es el proceso de recolección de delfines sin que esto afecte física o psicológicamente a estos animales?
TT: Si lo hacen personas profesionales, observando condiciones altamente regulados, la recolección profesional para zoológico de los delfines es un procedimiento sumamente seguro. En 30 años de estar recolectando animales para parques zoológicos y donde ha estado participando Robin Friday, presidente de la compañía, no hemos perdido un solo animal. Ninguno ha muerto. Si fuera tan dañino para los delfines no participaríamos. Sabemos que esto de hecho beneficia a los animales. Nos permite crear programas de cría. También, permite a veterinarios, biólogos marinos y otros científicos recabar información importante necesaria para poder administrar la población de delfines silvestres. Los delfines en alta mar están muriendo en números más crecientes.

Comunicado en defensa de los bosques urbanos y Parque Nacional Camino de Cruces

COMUNICADO A LA NACIÓN

Logo Camino de Cruces

Comité Pro-defensa de los Bosques Urbanos y el Parque Nacional Camino de Cruces

En defensa de los bosques urbanos y
el Parque Nacional Camino de Cruces

Considerando

Que en la Gaceta Oficial Electrónica No. 25777 del día 24 de abril salió publicada la Resolución de Gabinete No. 48 del 20 de abril de 2007, “Que autoriza la venta de una finca de propiedad de la Asamblea Nacional, mediante el procedimiento de Subasta Pública de Bienes Públicos, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, y que el importe de la venta sea depositado en una cuenta bancaria oficial de la Asamblea Nacional, para la construcción de un nuevo anexo”

Que la mencionada finca está ubicada en la Avenida de La Paz, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, y que inequívocamente está dentro de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces, ya que ha sido ignorada la compensación que se dio al mismo por la pérdida boscosa con la construcción del Corredor Norte.

Que la finca en mención está conformada por bosques naturales de rica biodiversidad y belleza escénica únicas en el mundo, que datan de hace más de 100 años y que le dan un valor agregado incalculable a la ciudad de Panamá y la calidad de vida de todos los ciudadanos que la habitan.

Que el artículo 119 de la Constitución Nacional estable que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. La Ley y la Resolución de Gabinete aprobada que avalan la venta de estas tierras para urbanizarlas es totalmente violatoria de este artículo.

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional estable que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia. La Ley y la Resolución de Gabinete aprobada violan este principio de desarrollo sostenible y de respeto a la naturaleza que sustenta la vida en la Tierra.

Que esta Resolución además de irrespetar la letra y espíritu de la Constitución Nacional, viola la Ley de Parque Nacional Camino de Cruces y la Ley Forestal, por tanto, no salvaguarda los intereses del Estado, ni los derechos difusos de los ciudadanos, quienes son los legítimos dueños de los valores naturales y culturales que se encuentran incluidos dentro de los bosques naturales urbanos, pertenecientes al Parque Nacional Camino de Cruces.

Esta Resolución rompe el principio jurídico que el Estado debe ser el custodio y protector de los bosques naturales y del uso racional de la tierra de acuerdo a su aptitud natural.

Que esta Resolución es contraria al espíritu de respeto a la naturaleza, al ordenamiento territorial sabio y al principio de desarrollo sostenible.

Que esta Resolución y la Ley que le ampara es un aval a un crimen ecológico sobre sitios patrimoniales naturales de todos los panameños.

Resolvemos

1. Rechazar como en efecto rechazamos la letra y espíritu de la Ley 10 del 30 de marzo de 2006,que segrega del Parque Nacional Camino de Cruces estos bosques y la Resolución de Gabinete No. 48 que avalan un crimen ecológico en los bosques naturales urbanos del Parque Nacional Camino de Cruces.

2. Denunciar como en efecto denunciamos estos malsanos intentos que irrespetan los elementales principios de respeto a la naturaleza y al ordenamiento territorial sabio.

3. Demandar ante la Corte Suprema de Justicia, las violaciones constitucionales que ha aprobado la Asamblea Nacional y ha avalado el Consejo de Gabinete.

4. Solicitar el apoyo como en efecto, lo hacemos a comunidad nacional, grupos ambientales, gremios, ciudadanos, universidades, colegios y líderes locales de barrios, y todos los ciudadanos comprometidos con los caros intereses nacionales y los bienes patrimoniales naturales y culturales que están en juego en este momento en el Parque Nacional Camino de Cruces y bosques nacionales inmediatos para hacer causa común en la defensa de este patrimonio de todos.

5. Exhortar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Gabinete a desistir de esta errada decisión que promueve la destrucción natural de los templos naturales de todos los panameños y la violación del ordenamiento jurídico de la nación, situación realmente lamentable.

Por el Comité Directivo

Raisa Banfield (Presidenta)

Ariel Rodríguez (Secretario)

Susana Serracín (Fiscal)

Dado en la Ciudad de Panamá, 29 de abril de 2007.

Un bosque de Camino de Cruces por un anexo a la Asamblea Nacional

Un bosque por un anexo al edificio legislativo

Ariel Rodríguez

(arielrdrz@yahoo.com)

Ambientalista

OBSERVANDO los reportajes de la prensa escrita vemos que con urgencia y sin ninguna objeción, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que autoriza la venta de 16 hectáreas de tierras de su propiedad para obtener los recursos y construir un edificio anexo. De acuerdo a los periodistas que cubrieron el evento, contrario a otras iniciativas legislativas, en donde los discursos polémicos son la tónica de los debates, en esta ocasión el proyecto que legaliza la venta de estas tierras ubicadas en la vía la Amistad, en las cercanías de Clayton, fue aprobado en menos de 15 minutos. Esta información en que al parecer los periodistas intentaron desnudar la “urgencia notoria” de la venta nos hace reaccionar y reflexionar de cómo se están manejando temas tan delicados de una manera fugaz y sin tiempo siquiera a reaccionar como sociedad democrática para sugerir o disentir al respecto.

Observando los informes de los tres debates, observamos que el Proyecto de Ley 187, “Por el cual se otorga una autorización y se modifica el artículo 4 de la ley 9 de enero de 1998 y se dictan otras disposiciones” con tal de lograr con dicho proyecto la venta de 10 hectáreas de bosques que deben rendir 10 millones de balboas para financiar un anexo al edificio de la Asamblea Nacional, ya que argumentan que la asamblea está colmada de 1,100 funcionarios y 78 diputados y 156 suplentes.

Este proyecto fue presentado al pleno el día 2 de marzo de 2006. Fue discutido por la Comisión de Hacienda en primer debate el día jueves 9 de marzo y aprobado ese mismo día. El día lunes 13 de marzo fue discutida en segundo debate en 15 minutos por el pleno y fue aprobada. El martes 14 de marzo fue bajado nuevamente a segundo debate debido a habían varios errores y omisiones en dos de los seis artículos que componen dicho proyecto. El día miércoles 15 de marzo nuevamente fue sometido y aprobado en tercer debate. Hoy espera la rúbrica presidencial y así la venta de estos bosques para urbanizaciones se puede concretar.

Si usted caro lector se percata, fue casi imposible participar de la discusión de este proyecto y por ende plagado de violaciones legales de carácter ambiental que hacen inconveniente esta ley, a pesar que los proponentes pretenden hacer ver que “es viable y que no crea cargas onerosas al Estado…” siempre y cuando obvien que se tratan de bosques de rica biodiversidad, de valor paisajístico único, que son área de amortiguamiento de dos parques nacionales: Camino de Cruces y Parque Natural Metropolitano y que son además parte de un corredor biológico de la periferia urbana, entre otras cosas.

La proyecto de ley 187 aprobado viola la Carta Magna en todos los artículos del capítulo 7º del régimen ecológico en el artículo 118, al no garantizarle a la población como deber del Estado, que pueda vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. La viola en el artículo 119 al no propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Igualmente la viola en el artículo 120 ya que el Estado no está reglamentando, fiscalizando y aplicando oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia y provocando con ello finalmente y como corolario la violación del artículo 121 al no evitar que se den perjuicios sociales, económicos y ambientales en el aprovechamiento de los recursos naturales.

¿Qué nos queda como ciudadanos?: Esperar que el Presidente no sancione por inconstitucional esta ley, o de lo contrario, debemos solicitar a la Corte Suprema que detenga el voraz apetito de los diputados de obtener 10 millones de balboas, a costa de nuestro patrimonio natural inalienable.

Le instamos al Ejecutivo y al Legislativo en consenso con la sociedad civil ambiental a buscar una mejor solución, que no lastime los caros intereses nacionales, hoy amenazados.

Fuente: El Panamá América,  27 de marzo del 2006.

LEY QUE LE QUITA TIERRAS AL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES

 

Legislación ambiental sobre manglares de Panamá

Ley General de Ambiente (Ley No. 41 de 1995)

Recursos marinocosteros. Son aquellos constituidos por las aguas del mar territorial, los esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las bahías, los estuarios, manglares, arrecifes, vegetación submarina, bellezas escénicas, los recursos bióticos y abióticos dentro de dichas aguas, así como una franja costera de doscientos metros de ancho de la línea de la pleamar, paralela al litoral de las costas del océano Atlántico y Pacífico.

Capítulo X

Recursos Marinocosteros y Humedales

Artículo 94. Los recursos marinocosteros constituyen patrimonio nacional, y su aprovechamiento, manejo y conservación, estarán sujetos a las disposiciones que, para tal efecto, emita la Autoridad Marítima de Panamá.

En el caso de las áreas protegidas con recursos marinocosteros bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional del Ambiente, tales disposiciones serán emitidas y aplicadas por esta entidad.

Artículo 95. La Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá darán prioridad, en sus políticas, a la conservación de ecosistemas marinos con niveles altos de diversidad biológica y productividad, tales como los ecosistemas de arrecifes de coral, estuarios, humedales y otras zonas de reproducción y cría. Las medidas de conservación de humedales establecerán la protección de las aves acuáticas migratorias que utilizan y dependen de estos ecosistemas.

Legislación relacionada con los manglares:

1: (100.00%) Resolución JD-08-94 de 25 de marzo de 1994
Resolución JD-08-94 de 25 de marzo de 1994. “Por medio de la cual se dictan Medidas para el Uso y Protección del Manglar”. ( G.O. 22,540 de 20 de mayo de 1994) La Junta Directiva del Instituto Nacional d

2: (100.00%) Ley 10 de 7 de marzo de 1997
Ley 10 de 7 de marzo de 1997. “Por la cual se crea la Comarca Ngöbe-Buglé y se toman otras Medidas”. ( G.O. 23,242 de 11 de marzo de 1997) La Asamblea Legislativa DECRETA: Capítulo I

3: (28.57%) Resolución J.D. 023-93 de 14 de abril de 1993
Resolución J.D. 023-93 de 14 de abril de 1993. “Por medio de la cual se reglamenta la Repoblación Forestal y la Compensación Ecológica por la Tala de Manglares en la Zona Libre de Colón”. ( G.

4: (21.43%) Ley 21 de 2 de julio de 1997
Ley 21 de 2 de julio de 1997. “Por la cual se aprueban el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal”. ( G.O. 23,

5: (21.43%) Ley 21 de 2 de julio de 1997
Ley 21 de 2 de julio de 1997. “Por la cual se aprueban el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal”. ( G.O. 23,

6: (21.43%) Resolución ADM-035-87 de 30 de septiembre de 1987
Resolución ADM-035-87 de 30 de septiembre de 1987. “Por medio de la cual se reglamenta el Uso del Manglar”. ( G.O. 20,907 de 15 de octubre de 1987) El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables en uso

7: (21.43%) Acuerdo Municipal 4 de 11 de febrero de 1992
Acuerdo Municipal 4 de 11 de febrero de 1992. “Mediante el cual se declara “Refugio de Vida Silvestre” un Sector del Área y Litoral del Distrito de Pedasí”. ( G.O. 22,148 de 21 de octubre de 1992)

8: (14.29%) Decreto Ejecutivo 72 de 2 de octubre de 1984
Decreto Ejecutivo 72 de 2 de octubre de 1984. “Por el cual se declara el Parque Nacional Sarigua en la Provincia de Herrera”. ( G.O.20,231 de 24 de enero de 1985) El Presidente de la República En uso de sus facu

9: (14.29%) Resolución JD-016-94 de 2 de agosto de 1994
Resolución JD-016-94 de 2 de agosto de 1994. ( 1 ) “Por la cual se establece el Refugio de Vida Silvestre Playa de la Barqueta Agrícola, en la Provincia de Chiriquí”. ( G.O. 22,617 de 7 de septiembre de

10: (14.29%) Resolución JD-020-94 de 2 de agosto de 1994
Resolución JD-020-94 de 2 de agosto de 1994. “Por medio de la cual se declara el Humedal de San San-Pond Sak en la Provincia de Bocas del Toro”. ( G.O. 22,617 de 7 de septiembre de 1994) La Junta Directiva del

11: (14.29%) Resolución AG-0548 de 19 de octubre de 2004
Resolución AG-0548 de 19 de octubre de 2004. “Por la cual se concede a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) un permiso de uso de un polígono de 45.06 hectáreas en Paisaje Protegido de Punta Bruja y

12: (14.29%) Decreto Ejecutivo 2 de 17 de enero de 2003
Decreto Ejecutivo 2 de 17 de enero de 2003. “Por el cual se aprueban los Principios y Lineamientos Básicos, de la Política Forestal de Panamá”. ( G.O. 24,724 de 22 de enero de 2003) La Presidenta

13: (14.29%) Resolución 109 de 14 de julio de 1995
Resolución 109 de 14 de julio de 1995. “Establecer un limite de Protección de la Zona de Influencia del Litoral”. ( G.O. 22,876 de 25 de septiembre de 1995) La Directora de Recursos Minerales CONSIDERAN

14: (14.29%) Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990
Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990. “Por medio del cual se dictan disposiciones para regular la pesca de camarón”. ( G.O. 21.669 de 20 de noviembre del 990) El Presidente de la República en

15: (14.29%) Acuerdo 205 de 23 de diciembre de 2002
Acuerdo 205 de 23 de diciembre de 2002. “Por el cual se establece y reglamenta el servicio de Aseo Urbano y Domiciliario y se dictan otras disposiciones relativas al manejo de los desechos sólidos no peligrosos en el Distrito de

16: (7.14%) Ley 26 de 26 de marzo de 2003
Ley 26 de 26 de marzo de 2003. “Por la cual se aprueba el Protocolo relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestre del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Regi&oa

17: (7.14%) Resolución JD-010-94 de 29 de junio de 1994
Resolución JD-010-94 de 29 de junio de 1994. “Por medio de la cual se declara el Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas, en la Provincia de Los Santos”. ( G.O. 22,586 de 25 de julio de 1994) La Junta Dir

18: (7.14%) Resolución J.D.-021-94 de 2 de agosto de 1994
Resolución J.D.-021-94 de 2 de agosto de 1994. “Por medio del cual se declara el Humedal de Punta Patiño en la Provincia de Darién”. ( G.O. 22,617 de 7 de septiembre de 1994) La Junta Directiva del

19: (7.14%) Decreto Ejecutivo 15 de 27 de febrero de 2003
Decreto Ejecutivo 15 de 27 de febrero de 2003. “Por el cual se establece el Refugio de Vida Silvestre La Playa de la Barqueta Agrícola, en la Provincia de Chiriquí” ( G.O. 24,755 de 7 de marzo de 2003) La Presidenta de

20: (7.14%) Resolución AG-0022-2004 de 26 de enero 2004
Resolución AG-0022-2004 de 26 de enero 2004. ( G.O. 24,983 de 6 de febrero de 2004) El Suscritor General de la Autoridad Nacional del Ambiente, en uso de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: Que mediante el Art&iacu

21: (7.14%) Resolucion AG-0346 de 17 de agosto de 2004
Resolucion AG-0346 de 17 de agosto de 2004. “Que Declara el Humedal de Importancia Internacional Damani-Guariviara, en la región de Ñö kribo, Comarca Ngöbe Buglé”. ( G.O. 25,136 de 14 de septiembre de 2

22: (7.14%) LEY NUMERO 37
CÓDIGO AGRARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Ley 37 de 21 de septiembre de 1962 publicada en la Gaceta Oficial 14,923 de 22 de julio de 1963 INDICE GENERAL TÍT

23: (7.14%) Resolución de Junta Directiva 02-98 de 22 de enero de 1998
Resolución de Junta Directiva 02-98 de 22 de enero de 1998. ( 1 ) “Por medio de la cual se establecen Tarifas por los Servicios Técnicos que presta el Instituto Nacional Recursos Naturales Renovables (INRENARE), para la Eva

24: (7.14%) Decreto Ejecutivo 43 de 16 de junio de 1999
Decreto Ejecutivo 43 de 16 de junio de 1999. “Por el cual se reglamentan los Capítulos II y III de la Ley 91 de 22 de diciembre de 1976 y se establece el Ordenamiento Territorial del Parque Nacional de Portobelo y el Conjunto Mon

25: (7.14%) Ley 2 de 7 de enero de 2006
Ley 2 de 7 de enero de 2006. “Que regula las Concesiones para la Inversión Turística y la Enajenación de Territorio Insular para Fines de su Aprovechamiento Turístico y dicta otras Disposiciones”. (

26: (7.14%) Ley 6 de 1 de febrero de 2006
Ley 6 de 1 de febrero de 2006. “Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones”. ( G.O. 25,478 de 3 de febrero de 2006) La Asamblea Nacional DECRETA: Capítulo

27: (7.14%) Resolución J.D. 01-98 de 22 de enero de 1997
Resolución J.D. 01-98 de 22 de enero de 1997. “Por medio de la cual se establecen tasas por los servicios que presta el INRENARE para el manejo, uso y aprovechamiento de los Recursos Forestales”. ( G.O. 23,552 de 28 d

28: (7.14%) Resolución AG-0235-2003 de 12 de junio de 2003
Resolución AG-0235-2003 de 12 de junio de 2003. “Por la cual se establece la tarifa para el pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala rasa y eliminación de

29: (7.14%) Resolución de Junta Directiva 022-93 de 14 de abril de 1993
Resolución de Junta Directiva 022-93 de 14 de abril de 1993. “Por la cual se crea la Zona de Protección Hidrológica Tapagra en la Zona Boscosa Alta de las Montañuelas de Tapagra en el Distrito de Chepo”.

30: (7.14%) Ley 41 de 1 de julio de 1998
Ley 41 de 1 de julio de 1998. “General de Ambiente de la República de Panamá”. ( G.O. 23,578 de 3 de julio de 1998) La Asamblea Legislativa DECRETA: Título I De los Fines, Objetivos y Def

31: (7.14%) Decreto Ejecutivo 73 de 8 de abril de 1995
Decreto Ejecutivo 73 de 8 de abril de 1995. “Por el cual se reglamenta la Ley 8 de 14 de junio de 1994 ”. ( G.O. 22,762 de 12 de abril de 1995) El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales

32: (7.14%) Ley 2 de 7 de enero de 2006
Ley 2 de 7 de enero de 2006. “Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones”. (

33: (7.14%) Decreto Ejecutivo 15 de 27 de febrero de 2003
Decreto Ejecutivo 15 de 27 de febrero de 2003. “Por el cual se establece el Refugio de Vida Silvestre la Playa de la Barqueta Agrícola, en la Provincia de Chiriquí”. ( G.O. 24,755 de 7 de marzo de 2003)

Legislación específica sobre manglares:

Resolución JD-08-94 de 25 de marzo de 1994.

“Por medio de la cual se dictan Medidas para el Uso y Protección del Manglar”.
(G.O. 22,540 de 20 de mayo de 1994)

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables,
en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Panamá, en el Título III, Capítulo VII sobre el Régimen Ecológico y en especial el Artículo 116, establece que El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que lo utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como los bosques, tierras y agua, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
Que la Ley 21 de 1 de diciembre de 1986, por la cual se crea el instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables en su Artículo 5, Numeral 11 indica que “Para el logro de los objetivos enunciados el Instituto tendrá los siguientes funciones y facultades: Establecer las reglamentaciones paro el buen desarrollo, aprovechamiento, enriquecimiento y conservación de los Recursos Naturales Renovables”.
Que la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, faculta al Estado para reglamentar, administrar, proteger y conservar los Recursos Forestales.
Que mediante la Ley 6 de 3 de enero de 1989, se aprueba la Convención Relativo a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitats de Aves Acuáticos (Convención de Ramsar) y el protocolo Con vista a modificarla, constituyendo otro aporte legislativo para proteger los HumedaIes.
Que se estima existen 170,687 hectáreas de bosques de manglar en Panamá, los de mayor superficie de América Central.
Que un considerable número de familias de escasos recursos económicos dependen del uso del manglar como medio de subsistencia.
Que uno de los mayores rubros de exportación del país lo constituyen el camarón y otras especies marinas, que para su reproducción dependen de la estabilidad de los ecosistemas de manglares.
Que los manglares constituyen un ecosistema dinámico, el cual juega un papel muy importante en el equilibrio ecológico de la zona costera.
Que actualmente no existe una reglamentación específica sobre la utilización de los manglares,
Que Panamá está ejecutando el Proyecto PD-128-91 rev. 2 (F) Manejo, Conservación y Desarrollo los Manglares con el objetivo de proponer las alternativas más viables para la sostenibilidad de los manglares.

RESUELVE:

Primero.
Permitir el uso ordenado del manglar para el aprovechamiento de sus recursos previa autorización del INRENARE.

Segundo.

El aprovechamiento estará sujeto al cumplimiento de las normas siguientes:
-Inscripción de los usuarios en el INRENARE, registrándose su condición económica y dependencia de la actividad del manglar.

-El INRENARE en coordinación con IPACOOP y otras organizaciones debe iniciar la organización de los usuarios.

-El INRENARE, a través de sus Direcciones Ejecutivas Regionales definirá las áreas de trabajo dentro de los manglares.

-Aquellas áreas que se consideren como Áreas Silvestres Protegidas no podrán ser aprovechadas bajo ningún pretexto.

-Las Direcciones Ejecutivas Regionales en coordinación con la Dirección Nacional de Administración Forestal definirán cuotas máximas de aprovechamiento por mes, en función del potencial del recurso boscoso del Manglar.

-El Diámetro mínimo de corta será de 7cm.

-Ningún permiso de tala podrá ser extendido sin que antes se haya realizado una inspección de campo.

-El transporte de los productos del manglar no podrá realizarse si los mismos no están amparados por su correspondientes guías extendidas por el INRENARE y que se haya cumplido con el pago de los impuestos municipales.

-Los permisos, guías y las inspecciones tendrán que pagar un aforo, tasa o servicio de la manera siguiente:

a- Permisos de tala para:

Leña: Producto forestal utilizado para la producción de energía calórica, en el hogar y la industria.
Generalmente se comercializa en forma de astillas de 2 a 2,5 pies de longitud.
Delgada B/.3.00 por millar
Gruesa B/.10.00 por millar

Varas: Producto forestal sin corteza que presenta diámetro de 7 cm. (DAP) y largo mayores de 4mts., y que se utilizan para la construcción de ranchos, tiene como función soporte de las pencas u otro material a utilizar como techo.
De 3.0 m. a 4.5 m B/.0.20 por unidad
De 4.5 m. a 5.5 m B/.0.25 par unidad
Más de 5.5 m B/.0.30 por unidad

Muletillas: Producto forestal con corteza que presenta diámetro de 7cm. (DAP) y 4mts. de largo más. Es utilizado en la construcción para sostenes de loza de edificios.
Hasta 3.0 m B/.0.15 por unidad
Más de 3.0 m B/.0.20 por unidad

Soleras: Producto forestal de más de 10 cm. (DALP) y más de 8mts. de largo. Se utiliza para colocar en los armazones de los ranchos, tiene como función el soporte del techo de los ranchos.

Horcones: Producto forestal de más de 20cm, (DAP y 4mts. de largo, tiene como el soporte de todo el techo de la casa.
De 3.0m. a 3.5 m B/.0.70 por unidad
De 3.5m. a 4.0 m B/.0.75 par unidad
Más de 4.0 m B/.0.80 par unidad

Pilotes: Producto forestal de más de 30cm. (DAP) y largo de 6mts. o más, se utiliza para la construcción de muelles.
Hasta 5.0 m B/.1.50 por unidad
De 5.0m. a 10.0 m B/.2.D0 por unidad
Más de 10.0 m B/.2.50 por unidad
Producción de Carbón B/.0.50 por árbol
Extracción de corteza B/.5.00 par árbol

b. Guías de Transporte:

Leña: B/.2.00 por millar
Varas, Muletillas, Soleras,
Horcones, Pilotes y otros B/.2.00 por las primeras 25 unidades más B/.0.05 por unidad adicional.
Carbón B/.0.10 por saco
Corteza B/.2.00 los primeros 20 quintales más 0.10 por quintal adicional.

c. Inspección:

Las inspecciones se realizarán individuales o en grupos, tendrán una tasa por persona, independiente del producto a extraer, y se fijarán techas fijas para su realización.
El servicio de inspección tendrá un costo individual, variará con la distancia y tiempo empleado y en ningún caso será menor de B/.2.50. En aquellos casos que se requiera movilización los interesados tendrán que proporcionarlo.
Las personas que se dediquen a la extracción de cáscara de mangle tendrán la obligación de aprovechar la madera de los árboles que hayan utilizado o ceder el derecho a terceras personas.
En aquellos casos que amerite tendrán que pagar la guía de transporte.
Las Direcciones Ejecutivas Regionales llevarán un registro estadístico a cada persona como medida de control de las cuotas asignados y bajo ninguna justificación se podrá exceder de los mismas, solicitar cuotas adelantadas, o traspasar permisos o guías. Los Direcciones Regionales deberán cada mes, enviar un informe a la Dirección Nacional de Administración Forestal.

Tercero.

Iniciada la ejecución del Proyecto PD-128/91 rev. 2 (F) Manejo, Conservación y Desarrollo los Manglares de Panamá, aquellas áreas que se destinen a investigación u otros actividades del Proyecto no podrán ser sujetas de aprovechamiento. Estas áreas sólo podrán ser aprovechadas cuando se requiera realizar algún estudio relacionado al mismo.

Cuarto.

No se podrá extender permiso de tala para ampliación de actividades agrícolas, ganaderas, urbanísticas, turísticos; industriales, y de vías de comunicación en áreas que afecten los manglares directa o indirectamente, sin la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, que deberá ser sometido a la consideración del INRENARE, sin el cual el Instituto no extenderá autorización.

Quinto.

Todo proyecto de construcción de estanques para la cría de camarones y ampliación de salinas sólo se podrá desarrollar en aquellas áreas de albinas y en ningún caso se permitirá eliminar el manglar para llevar a cabo los mencionados proyectos.

Sexto.

Se prohíbe la utilización del Ecosistema de Manglar para el depósito de basura u otros contaminantes que alteren el equilibrio ecológico del área.

Séptimo.

Toda persona natural o jurídica que tale o destruya áreas de manglar, tendrá la obligación de restituir las mismas mediante reforestación y/o manejo de la regeneración natural durante un período no menor a tres años, sin desmedro de las sanciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Octavo.

Previa evaluación y autorización del Instituto, los usuarios podrán reforestar con otras especies forestales y en áreas distintas al manglar siempre que la especie a plantar tenga característica para reemplazar el uso del manglar en lo que respecta a producción de varas, leña, carbón, muletillas, soleras, horcones, pilotes, entre otras.

Noveno.

Se prohíbe la construcción de muros, canales u otras obras de infraestructura que afecten el libre flujo y reflujo de las aguas en las áreas de manglares.

Décimo.

Toda persona que viole las disposiciones de este reglamento será sancionada con las disposiciones que establece para tal efecto la Ley 1 de 3 de febrero de 1994.

Décimo Primero.

Esta Resolución tendrá carácter temporal hasta tanto el Proyecto Manejo, Conservación y Desarrollo de los Manglares de Panamá genere la información técnica y proponga las nuevas normas jurídicas para el manejo adecuado de los manglares.

Décimo Segundo.

La presente Resolución entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Décimo Tercero.

Fundamento Legal: Constitución Política Ley 21 de 1 de diciembre de 1986. Ley 6 de 3 de enero de 1989. Ley 1 de 3 de febrero de 1994.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Resolución ADM-035-87 de 30 de septiembre de 1987.
“Por medio de la cual se reglamenta el Uso del Manglar”.
(G.O. 20,907 de 15 de octubre de 1987)

El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 013-87 el Instituto Nacional de Recursos Renovables suspendió la tala de árboles en todo el territorio nacional por un período de cinco (5) años.
Que se estima que existen aproximadamente una 225,000 hectáreas de bosques de mangle, principalmente en el litoral pacífico. Que estos bosques suministran el sustento de más de 3,300 beneficiarios de comunidades marginales.
Que estas tierras permanecen inundados la mayor parte del año presentando severas limitaciones para usos agropecuarios permanentes.
Que los bosques de mangle mantienen e forma armónica actividades forestales y de protección con fines de pesca de alta mar y acuicultura si se manejan ordenada y racionalmente.
Que la Resolución 013-87 veda la producción forestal de los manglares, pero no controla el impacto de las otras actividades humanas y agroindustriales que provocan más daños a este ecosistema.
Que la única alternativa inmediata para suministrar materia prima a la industria de la curtiembre es mediante el aprovechamiento racional y sostenible de los bosques de mangle.
Que los productos tales como: leña, muletillas, varas, carbón y tutores de hortalizas pueden sustituirse por plantaciones artificiales con árboles de uso múltiple en las comunidades aledañas al manglar.
Que el Artículo 116 de la Constitución nacional faculta al Estado para reglamentar, fiscalizar y aplicar las medidas necesarias que garanticen el uso de los recursos naturales renovables, de tal manera que se asegure su renovación permanencia.
Que el Consejo Técnico Consultivo con base a los numerales 1 y 2 del Artículo 23 de la Ley 21 del 16 de diciembre de 1986, recomendó a la Dirección General y a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables que se permitiera el uso del manglar.
Que la Junta Directiva basándose en el Numeral 1 del Artículo 14 de la Ley 21 del 16 de diciembre de 1986, aprobó que se permitiera la tala indicada en la presente Resolución.

RESUELVE:

Primero.

Ratificar la Resolución 013 del 6 de abril de 1987, por medio de la cual se prohíbe la tala de árboles y la cacería por un período de cinco (5) años en todo el territorio nacional.

Segundo.

Se exceptúa del Artículo anterior la explotación y el aprovechamiento racional de productos forestales del manglar tales como: varas, muletillas, astillas, carbón, leña, cáscara y otros usos de subsistencia técnicamente viable.

Tercero.

El aprovechamiento estará sujeto al siguiente plan de ejecución, el cual se efectuará en término de un año.
a) Registro de los productores;
b) La organización de los grupos de productores en coordinación con el IPACOOP u otras organizaciones;
c) Definición de cuotas de producción;
d) Delimitación de áreas de producción y área de conservación.

Cuarto.

En este mismo plazo, el Instituto elaborará un plan de manejo de los manglares y brindará asistencia técnica a los productores, para iniciar un programa de reforestación con especies de rápido crecimiento y de uso múltiple para sustituir la utilización de los manglares en el corto plazo.

Quinto.

Proponer al Ejecutivo el establecimiento de una Comisión Interinstitucional con participación tanto pública como privada y de gremios afines, para armonizar el aprovechamiento del mangle con las actividades de pesca y cría de camarones y otras actividades humanas que influyen en el ecosistema manglar.

Sexto.

Realizar los cobros establecidos en las reglamentaciones.

Séptimo.

La presente Resolución entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Derecho: Constitución Nacional, Ley 21 de 16 de diciembre de 1986, Decreto Ley 39 del 29 de septiembre de 1966.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 30 días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Legislación y Jurisprudencia Relacionada con Punta Chame.

1: (100.00%) Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la firma de Abogados Francisco Chiari & Asociados, en representación del señor John Maduro Representante Legal de la sociedad Punta Chame Turística, S.A
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la firma de Abogados Francisco Chiari & Asociados, en representación del señor John Maduro Representante Legal de la sociedad Punta Chame Turística, S.A. contra la conces

2: (61.54%) Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la firma de Abogados Francisco Chiari & Asociados en contra de la concesión otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias a la Empresa Dragarena, S.A.
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la firma de Abogados Francisco Chiari & Asociados en contra de la concesión otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias a la Empresa Dragarena, S.A. y se hagan otras declaracio

3: (30.77%) Decreto Ejecutivo 4 de 4 de febrero de 1997
Decreto Ejecutivo 4 de 4 de febrero de 1997. “Por medio del cual se reglamenta la Extracción, Comercialización y Exportación de Poliquetos y se dictan otras medidas para limitar El esfuerzo de extracción sobr

4: (23.08%) Resolución Ejecutiva 4 de 27 de octubre de 1993
Resolución Ejecutiva 4 de 27 de octubre de 1993. ( G.O. 22,435 de 17 de diciembre de 1993) CONSIDERANDO: Que el Código de Recursos Minerales en su Artículo 2 establece que los yacimientos minerales de tod

5: (23.08%) Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990
Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990. “Por medio del cual se dictan disposiciones para regular la pesca de camarón”. ( G.O. 21.669 de 20 de noviembre del 990) El Presidente de la República en

6: (15.38%) Decreto 153 de 28 de junio de 1966
Decreto 153 de 28 de junio de 1966. “Por la cual se señala Reserva Forestal unos Terrenos ubicados en los Distritos de Capira y Chame en la Provincia de Panamá”. ( G.O. 15,655 de 6 de julio de 1966) El P

7: (15.38%) Decreto 35 de 28 de abril de 1977
Decreto 35 de 28 de abril de 1977. “Por el cual se modifica el Decreto 153 de 28 de junio de 1966 , que crea el Parque Nacional y Reserva Biológica “Altos de Campana” en la provincia de Panamá, y se dictan o

8: (15.38%) Resolución 109 de 14 de julio de 1995
Resolución 109 de 14 de julio de 1995. “Establecer un limite de Protección de la Zona de Influencia del Litoral”. ( G.O. 22,876 de 25 de septiembre de 1995) La Directora de Recursos Minerales CONSIDERAN

9: (7.69%) Resolución Ejecutiva 5 de 27 de octubre de 1993
Resolución Ejecutiva 5 de 27 de octubre de 1993. ( G.O. 22,435 de 17 de diciembre de 1993) El Presidente de la República en uso de sus facultades legales CONSIDERANDO: Que establece el Código de Recursos

10: (7.69%) Legislación Ambiental – Jurisprudencia Ambiental
Jurisprudencia Ambiental Fallo de 13 de junio de 1995_Francisco Chiari & Asociados vs Gragarena, S.A. Fallo de 8 de marzo de 1996_Sociedad Punta Chame Turística, S.A. vs Servicios de Dragado y Cabotaje, S.A.

11: (7.69%) Demanda de Inconstitucionalidad formulada por el Dr. Donaldo Sousa Guevara contra el Contrato de Concesión 37 del 5 de julio de 1995 y la Resolución 95-107 del 13 de julio de 1995 del Ministerio de Comercio e Industrias
Demanda de Inconstitucionalidad formulada por el Dr. Donaldo Sousa Guevara contra el Contrato de Concesión 37 del 5 de julio de 1995 y la Resolución 95-107 del 13 de julio de 1995 del Ministerio de Comercio e Industrias. Magistrado

12: (7.69%) Decreto Ejecutivo 2 de 21 de febrero de 1973
Decreto Ejecutivo 2 de 21 de febrero de 1973. “Por medio del cual se dictan medidas para reglamentar la captura de camarones blancos juveniles durante la temporada de 1973”. ( G.O. 17,290 de 22 de febrero de 1973) El

Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990.
“Por medio del cual se dictan disposiciones para regular la pesca de camarón”.
(G.O. 21.669 de 20 de noviembre del 990)

El Presidente de la República
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que como resultado de la pesca excesiva tanto industrial como artesanal del camarón se ha sobrepasado el límite racional de su explotación, provocándose una reducción en la producción nacional;
Que la tala de manglares, el uso indiscriminado de semilla salvaje de camarones, el creciente deterioro de las zonas costeras y el número excesivo de barcos pesqueros camaroneros agudizan el problema que confronta este importante recurso.

DECRETA:

Primero.

Definir la pesca ribereña como la que se realiza en áreas cercanas a la costa, utilizando artes o aparejos de pesca como chinchorros, trasmallos, redes agalleras o de enmalle, redes de cerco, cordel y anzuelo, nasas, palangres, sean de profundidad o de superficie y en términos generales con una baja tecnología.

Segundo.

Todas las embarcaciones menores o de bajura con un Tonelaje de Registro Bruto (TRB) hasta de diez toneladas, que dediquen a la pesca ribereña deberán proveerse de un permiso que será expedido por el Ministerio de Comercio e Industrias. Se concederá hasta el treinta y uno (31) marzo de 1991 para cumplir con lo establecido en el presente Artículo.

Tercero.

El permiso de pesca ribereña a que se hace referencia el Artículo Anterior no tendrá costo alguno, será intransferible y se expedirá a favor de una nave cuyo propietario deberá ser panameño. Este permiso se obtendrá mediante solicitud en papel sellada que se hará a la Dirección General de Recursos Marinos del Ministerio de Comercio e Industrias y junto con ésta se llenará un formulario de registro.
Solo se permitirá una embarcación con permiso de pesca ribereña o artesanal por persona.

Cuarto.

Las embarcaciones amparadas con permiso de pesca ribereña deberán llevar pintado en ambas amuras el número de permiso, cuyos dígitos no tendrán un tamaño menor a cinco (5) pulgadas.

Quinto.

El permiso de pesca ribereña tendrá validez par un (1) año y deberá ser renovado antes del treinta y uno (31) de marzo del año correspondiente.

Sexto.

Los trasmallos, redes de enmalle o agalleras que se usen en la pesca ribereña no podrán tener una longitud mayor de doscientos metros (200 m.) y no podrán ser colocados a menos de doscientos metros (200 m.) de otras redes para no estorbar la libre navegación.

Séptimo.

Las redes y demás artes de pesca deberán estar correctamente señalados con bollarines en el centro y extremos, los cuales portarán una bandera blanca durante el día y luces durante la noche, para poder ser vistos o una distancia no menor de una (1) milla náutica.

Octavo.

En la pesca ribereña queda prohibido el uso de redes agalleras, conocidas en Panamá como trasmallos, con longitud de malla menor de tres (3) pulgadas, medida de nudo a nudo, con la malla completamente extendida.
La red agallera no podrá armarse anteponiendo a la misma otros palos con la finalidad de afectar la selectividad de captura de la malla de tres (3) pulgadas.
Los interesados tienen plazo hasta el 8 de noviembre de 1991 para cumplir con los requisitos aquí establecidos.
Se prohíbe igualmente el uso de atajos y cercas de cualquier luz de malla, en los manglares, esteros y cauces de los ríos. (1)

Noveno.

Se prohíbe durante el período de veda de camarón que se establezca cada año, el uso de redes de enmalle o agalleras y trasmallos con longitud de malla menor de 3 1/2 pulgadas, medida de nudo a nudo con la malla completamente extendida.

Décimo.

La Dirección General de Recursos Marinos limitará el número de embarcaciones de pesca ribereña dedicadas al recurso camarón, según los criterios científicos establecidos por los técnicos de esta Dirección.

Décimo Primero.

Se prohíbe la pesca ribereña en las áreas estuarinas entre Punta Chame y la Isla de Tamborcillo, en la Bahía de Panamá.

Décimo Segundo.

Las siguientes áreas costeras estarán vedadas a la pesca industrial: En el Golfo de Montijo, de Punta Calabazal a Punta Corotú; en la Bahía de Parita, desde Punta Lisa a la Boya de Aguadulce y de la Boya una línea perpendicular a la Costa; en la Bahía de Chame, desde Punta Chame a Isla Tamborcillo; en Pásiga desde Chepillo a Punta Mangle, a profundidades menores de dos (2) brazas durante los tres meses siguientes al período de reclutamiento anual de camarones
blancos; en la Maestra, todas las desembocaduras de los ríos comprendidos entre Punta Mangle y Punta Brujas; en el Golfo de San Miguel, desde la población de Río Congo a Punta Buena Vista a Punta Momosenega; en el área de Búcaro en Los Santos desde Punta Tiñidero al Morro de Venado.

Décimo Tercero.
Se establecen los períodos de veda para todas las especies de camarones marinos en la República de Panamá, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:
Desde las 12:01 a.m. del 1 de febrero hasta las 12:00 m. del 11 de abril y desde las 12:01 a.m. del 1 de septiembre hasta las 12:00 m. del 11 de octubre. (2) (2a) (2b) (2c)

Décimo Cuarto.

Las limitaciones sobre el número de Licencias de pesca de Camarón serán las mismas que las establecidas en el Decreto Ejecutivo 10 de 28 de febrero de 1985. (3)

Décimo Quinto.

Se prohíbe la pesca de más de un 10% de camarones blancos con tallas comerciales 26/30 o menor, lo cual se verificará mediante muestreos en los sitios de desembarque.

Décimo Sexto.

Se prohíbe la exportación de larvas, post larvas y reproductores salvajes de camarones.

Décimo Séptimo.

Se prohíbe la exportación de poliquetos hasta que estudios científicos establezcan el nivel de explotación óptimo de la especie. (4)

Décimo Octavo.

A partir del treinta y uno (31) de diciembre de 1990 quedará prohibida la importación de paños de redes de enmalle o agalleras y trasmallos con luz de malla menor de tres (3) pulgadas medidas nudo a nudo con la malla completamente estirada.

Décimo Noveno.

La violación de cualquiera de las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo causará la cancelación del permiso de pesca respectivo.

Vigésimo.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Anterior, las transgresiones del presente Decreto Ejecutivo serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 297 del Código Fiscal.

Vigésimo Primero.

El presente Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa (1990).

Resolución 109 de 14 de julio de 1995.
“Establecer un limite de Protección de la Zona de Influencia del Litoral”.
(G.O. 22,876 de 25 de septiembre de 1995)

La Directora de Recursos Minerales

CONSIDERANDO:

– Que es conveniente para el interés nacional y para el desarrollo del Sector Minero, reglamentar las normas dirigidas a la protección del Medio Ambiente.
– Que el Artículo 118 del Código de Recursos Minerales facultad a la Dirección General de Recursos Minerales para expedir los reglamentos que deben llevarse para evitar desperdicios y actos peligrosos en las operaciones mineras.
– Que mediante Resolución 91-36 de la Dirección General de Recursos Minerales se reglamentó la presentación de los Informes Ambientales.
– Que dicha Resolución contempla entre otras cosas, la evaluación de las unidades geomorfológicas que integran el Medio Ambiente.
– Que las unidades geomorfológicas (playas, bahías, desembocaduras de ríos, manglares, islas, albinas, barras marinas, bancos de sedimentos, arrecifes y otros) que componen el litoral del Territorio Nacional están siendo afectadas por esfuerzos erosionales que modifican su estructura, estabilidad y seguridad.
– Que el litoral constituye un valiosos patrimonio nacional sobre el cual el Estado tiene la obligación de conservarlo y protegerlo.

RESUELVE:

Primero.

Establecer un límite de protección de la “zona de influencia del litoral” definida en la presente Resolución y ubicada a lo largo de ambas costas del territorio nacional de la República de Panamá y sobre la cual queda prohibido cualquiera actividad de exploración o extracción de toda clase de minerales.

Segundo.

Que para efectos de esta Resolución se define como “zona de influencia del litoral” toda la superficie comprendida a lo largo de toda la costa y alrededor de cualquier isla del territorio Nacional y con un ancho en el Sector Pacifico de 1,500 metros mar afuera y de 200 metros tierra adentro y en el Sector Atlántico un ancho de 1,000 metros mar afuera y de 150 metros tierra adentro.
(Se incluyen los esteros en las desembocaduras de los ríos, manglares y albinas).

Tercero.

Establecer un límite de protección de la Bahía de Chame limitada por la línea que une el extremo Norte de la Punta Chame con la Isla Taborcillo.

Cuarto.

Queda prohibido dentro de la zona de exclusión toda actividad de exploración o de extracción de toda clase de minerales.

Quinto.

La presente Resolución no afecta a:
1. Ninguna concesión minera válida de exploración, extracción, transporte o beneficio otorgada previamente, ni ningún privilegio emanante de esa concesión.
2. Aquellas actividades de dragado propias de la construcción de obras marítimas, como puertos, vías de navegación, etc. y aquellos casos que requieran dragados por emergencias, debidamente certificado por la autoridad competente.
3. El área de Reserva Minera establecida mediante Resolución 4 del 27 de octubre de 1993.

Fundamento Legal: Artículo 118 del Código de Recursos Minerales y Resolución 91-36 de la Dirección General de Recursos Minerales.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.