Favorecen suspensión de teleférico en el Cerro Ancón

Favorecen suspensión de teleférico

José Arcia
jarcia@prensa.com

El procurador de la Administración, Óscar Ceville, opinó que se debe mantener suspendido provisionalmente el contrato entre la antigua Autoridad de la Región Interoceánica y la empresa Inversiones Guararé para la construcción de un teleférico en el cerro Ancón.

La opinión de Ceville es parte de una demanda de ilegalidad en contra del contrato, presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

 

TELEFÉRICO DE AMADOR.

Óscar Ceville a favor de suspender contrato

LA PRENSA/Archivo

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Procurador de la administración, Óscar Ceville

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los ambientalistas panameños celebran dos decisiones a favor de la naturaleza.

La última llegó el pasado 23 de abril del procurador de la Administración, Óscar Ceville, quien opinó a favor de la suspensión del contrato entre la desaparecida Autoridad Interoceánica de la Región (ARI) y la empresa Inversiones Guararé para la construcción de un teleférico en el cerro Ancón.

La opinión del Procurador surge como parte del proceso de una demanda de ilegalidad en contra del contrato que presentó en abril del año pasado el abogado José Santos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia .

El 19 de marzo de 2004, la ARI e Inversiones Guararé suscribieron el contrato número 112-04 para la construcción del teleférico.

Santos sustentó su demanda en que la ARI no está facultada para realizar contrato de proyectos en áreas protegidas y el cerro Ancón fue declarado área protegida mediante Acuerdo Municipal No. 157 del 31 de julio de 2001.

Santos, además, solicitó a la Corte la suspensión provisional del contrato hasta tanto los magistrados de la Sala Tercera decidan el fondo de la demanda. Los argumentos de Santos, que fueron acogidos por los magistrados y ahora secundados por el Procurador de la Administración, se basan en la existencia de un inminente peligro que puede generar perjuicios irreversibles e irreparables al cerro Ancón.

Por otro lado, la Sala Tercera de la Corte ratificó su decisión de mantener suspendidos los efectos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que aprobó la Autoridad Nacional del Ambiente para la construcción del proyecto Urbanización Senderos Camino de Cruces, a cargo de la empresa P&P.

La medida de la Sala Tercera se debe a que el procurador de la Administración, Óscar Ceville, estimó que no debía accederse a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del EIA porque el promotor no había sido notificado de su aprobación.

Sin embargo, los magistrados consideraron que la empresa había sido notificada toda vez que en la parte final de la resolución consta el nombre, la firma y la fecha en que Fernando Pasco, representante legal de la Inmobiliaria P&P recibió la documentación citada. Este EIA también fue demandado por ilegal por Santos al considerar que no se valoró adecuadamente el criterio de protección ambiental.

Raisa Banfield, de Alianza Pro Ciudad, consideró que estas decisiones le hacen justicia al interés colectivo.

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La corrupción de ACP comienza a desnudarse

Burica Press se complace de la admisión de esta denuncia que desnuda el juego no transparente con fondos públicos que hace la ACP.
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Canal. el caso fue presentado ante el MEF en mayo de 2006.

Corte admite recurso legal sobre denuncia de bien oculto

Los denunciantes alegan que la ACP dejó en en reserva 206 millones de dólares y no los reportó.

El Estado alega que no puede haber bien oculto en la ACP porque es 100% estatal.

LA PRENSA/Wilfredo Jordán

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REGLA. La Constitución establece que la ACP traspasará los excedentes económicos al Tesoro Nacional, una vez cubiertos los costos de operación, inversión, funcionamiento, modernización y ampliación del Canal.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de nulidad presentado por Humberto Ricord y solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que explique la razón por la cual rechazó la denuncia de bien oculto interpuesta contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Ricord representa a un grupo de cinco personas que presentó ante el MEF una denuncia de bien oculto por 206 millones de dólares en mayo de 2006, meses antes de que se realizara el referéndum para la ampliación del Canal.

Según la denuncia de Ricord y otros cuatro miembros del Frente Panamá Soberana (FPS), la ACP estuvo reteniendo ilegalmente fondos en sus reservas, no contemplados por los presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo entre 2001 y 2005. El MEF, en una primera instancia, rechazó esta denuncia de bien oculto.

Los 206 millones de dólares referidos, de acuerdo con los denunciantes, fueron retenidos por la ACP en calidad de “reserva”, en lugar de incorporarlos como excedentes económicos en la liquidación financiera de la utilidad neta.

La Sala Tercera, bajo la presidencia del magistrado Víctor Benavides, acogió el 15 de diciembre de 2006, el recurso de nulidad presentado por los miembros del FPS.

Como consecuencia, la Sala pidió un informe de conducta a los funcionarios del MEF. Al mismo tiempo, el magistrado Benavides le solicitó a Oscar Ceville, procurador de la Administración, una opinión sobre la demanda presentada contra la actuación del MEF.

Según una fuente judicial, los magistrados esperan la opinión del Procurador de la Administración para proceder a fallar sobre el fondo de la denuncia presentada ante el ministerio.

Los denunciantes

LA PRENSA

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Demandantes. En su orden, Méndez, Chen, Ricord y Gandásegui, cuando presentaron la denuncia en mayo de 2006.

Ricord (representante legal del grupo), Luis Chen, Roberto N. Méndez, Mario A. Rodríguez y Marco A. Gandásegui han señalado que el “bien oculto de la ACP” es una “muestra de la falta de transparencia” en esa institución al igual que a nivel del Gobierno nacional.

“Lo que queremos es que haya transparencia en los fondos que maneja la Autoridad, especialmente ahora que comienza el baile de los millones destinados para la ampliación”, dijo Gandásegui.

La Prensa solicitó a las actuales autoridades del MEF y la ACP su versión sobre este asunto, pero hasta el momento de cierre de esta edición no habían dado respuesta.

En 2006, el hoy ex presidente de la junta directiva del Canal y ministro del MEF, Ricaurte Vásquez, manifestó que no entendía cómo puede haber una situación de bien oculto, si el 100% del patrimonio de la ACP es del Estado.

Para Vásquez, el concepto de bien oculto consiste en que de alguna manera se ha escondido o hay algo que el Estado no tiene recogido dentro de su patrimonio, “pero aquí eso no existe”. La legislación otorga al denunciante el 30% de los bienes que sean recuperados por el Estado, producto de una denuncia de bien oculto. Pero Gandásegui asegura que con la denuncia no se está buscando sacar un provecho económico, sino transparencia administrativa. No obstante, luego de la denuncia, Eloy Alfaro, uno de los 11 miembros de la junta directiva de la ACP, cuestionó la actuación del grupo. “A mí me da vergüenza y me da la impresión de que hay cazafortunas que están tratando de lograr hacerse de 60 millones de dólares que son patrimonio del Estado y de todos los panameños”.

Ahora le corresponde a la Sala Tercera fallar sobre el fondo de la denuncia de bien oculto, con base en la información que recabe del MEF y del Procurador de la Administración.