‘El que contamina paga’ el caso de derrame de petróleo en Bocas del Toro

DERRAME DE PETRÓLEO EN BOCAS.

‘El que contamina paga’

Indira Figueroa

La opinión pública lo tiene claro: «El que contamina paga». Este principio que está ampliamente consagrado en nuestra legislación da la opción de pedir el resarcimiento por daños materiales ocasionados a la fauna, flora, aguas, personas y a los sectores de la pesca y turismo, así como los ingresos que dejarán de percibir dichas industrias en los próximos años (lucro cesante) además de los daños morales a las víctimas.

Existen dos convenciones internacionales suscritas por Panamá que pueden activarse en el caso de derrame de casi 5 mil barriles de petróleo ocurrido el 4 de febrero pasado en la bahía de Chiriquí Grande, Bocas del Toro y que hasta ahora ha afectado un área de más de 4 millas de zona costera. El Fondo Internacional de Indemnización por los Daños Causados por la Contaminación por Hidrocarburos (Fipol) es un presupuesto formado con las contribuciones de las principales compañías petroleras, que se encarga de cubrir indemnizaciones de hasta 300 millones de dólares. Este fondo es administrado por la Organización Marítima Internacional (OMI). Panamá también ha adoptado el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CRC), el cual establece la responsabilidad terminante de los propietarios de barcos por la contaminación causada a los mares. Los fondos acordados por estos convenios internacionales se activarán, claro está, luego de que las autoridades judiciales correspondientes hayan deslindado las responsabilidades y evaluado los daños causados en toda su amplitud.

El derrame de crudo más costoso de la historia fue el causado por el buque Exxon Valdez en Alaska (1989); solo el costo de la limpieza alcanzó unos US$2.5 billones y los costos totales (incluyendo multas, faltas, transacciones, etc.) se estimaron en US$9.5 billones. Los reclamos por el derrame del Erika en Francia (1999), aún están siendo procesados y se han calculado por unos US$ 180 millones. Obviamente, es prematuro precisar el costo total de los daños ocasionados por el derrame del Prestige en España (2003), pero solo el Gobierno español está reclamando más de US$ 800 millones a la compañía clasificadora del buque.

Con confianza esperamos que al igual que en Estados Unidos y en la UE, se aprovechen las catástrofes de derrame, en particular la de Chiriquí Grande, para poner a punto normas y convenios de responsabilidad civil.

 

La autora es abogada

La Prensa, 27 de junio de 2007

El Parque Internacional La Amistad en la mira de la UNESCO

Unesco.

Declaran al PILA en peligro

Sandra A. Rivera
BOQUETE, Chiriquí

El Comité de Patrimonio Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), aceptó la petición de 41 organismos nacionales de declarar al Parque Internacional La Amistad, (PILA) en peligro.

Mediante una resolución, el Comité de Patrimonio Mundial solicitó que una misión integrada por ellos y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) sea invitada a Panamá para evaluar las amenazas al PILA.

La UICN es la mayor alianza internacional, conformada por diversas organizaciones e individuos, que trabaja por asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de los seres humanos; promoviendo así, el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo.

Señala, además, que el Centro de Patrimonio Mundial está preocupado por las amenazas, documentadas en la petición de las organizaciones ambientales de Panamá y en otros registros preparados por los gobiernos de Panamá y Costa Rica, sobre la situación de peligro en que se encuentra el parque nacional.

Protestan damnificados de derrame de petróleo

PetroTerminal.

Protestan afectados por derrame

José Arcia Rafael Pérez G.
panorama@prensa.com

Un centenar de indígenas de 42 comunidades afectadas por el derrame de crudo en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, llegó a la ciudad capital el pasado lunes para exigir indemnización por los daños ecológicos y sociales ocasionados por la empresa Petroterminal de Panamá (PTP), responsable del petróleo.

Los indígenas se aglutinaron en la mañana de ayer debajo del puente vehicular, a un costado de la sede de la Policía Técnica Judicial (PTJ) en Ancón, para caminar hacia la Presidencia, en Catedral. Allí fueron atendidos por el director de la Gaceta Oficial, Otto Arles Acosta, dijo el dirigente Humberto Duguel.

Mientras tanto, en el pleno de la Corte Suprema están por resolverse tres amparos presentados contra los secuestros ordenados por el Tribunal Marítimo en este caso. Uno de ellos, a favor de PTP, fue asignado al magistrado Adán Arjona; en otro, interpuesto por Castor Petroleon LTD, el ponente es Víctor Benavides, y en el interpuesto por el gerente de PTP, Luis Roquebert, el sustanciador es José Troyano.

Harken obtuvo permisos de exploración petrolera en Darién

hidrocarburos.la empresa obtuvo permisos para explotar 279 mil hectáreas.

Harken gana concesión por 25 años

Durante los primeros cinco años de explotación el Estado recibirá el 20% de la producción neta.

Se comprobó que hay tanto petróleo como gas en Panamá, pero falta determinar si es comercial.

Mario A. Muñoz
andresm@prensa.com

El ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, (autorizado por el Consejo de Gabinete) otorgó mediante contrato a la empresa estadounidense Harken de Panamá Limited una concesión en el Golfo de San Miguel para explorar y explotar hidrocarburos por 25 años prorrogables.

La estadounidense Harken, que se comprometió a invertir 10 millones de dólares en los primeros cinco años de operaciones, terminó las exploraciones preliminares, que incluyen investigaciones geológicas y geofísicas que determinaron un área de potencial para la suscripción del contrato.

Por parte de la petrolera (subsidiaria del grupo Global Energy Development) suscribió el documento Stephen Voss, director.

El bloque donde las operaciones serán desarrolladas se encuentra en el Golfo de San Miguel (colindante con Garachiné, provincia de Darién, y en cercanía con la frontera de Colombia), con un área total de 279 mil 883.01 hectáreas, localizada totalmente en aguas del Pacífico.

Durante los primeros cinco años de explotación el Estado recibirá el 20% de la producción neta de hidrocarburos, y durante el resto del contrato, el Estado recibirá el 50% de la producción neta.

De prorrogarse el contrato, el Estado recibirá el 60% de la producción neta de hidrocarburos. Harken también se compromete a pagar derechos establecidos en la ley por explorar en dicha área.

Sí hay petróleo

Para Voss, «existe evidencia considerable de que hay tanto petróleo como gas en Panamá y lo que tenemos que determinar ahora es si es comercial; eso es lo que trataremos de definir en los próximos tres o cuatro años», según una nota de prensa del Ministerio.

Como crédito de sus operaciones, Voss citó los 15 años de estar en Colombia donde mantienen ocho contratos en la actualidad. En ese país, se produce gas y petróleo y se siguen realizando exploraciones.

Voss dijo que desea mantener la misma relación con el Gobierno de Panamá.

Ferrer por su parte comentó que «firmar un contrato con una empresa del prestigio de Harken para determinar si tenemos petróleo o gas en nuestro país representa un gran avance en la implementación del plan de acción de hidrocarburos y energía alternativas, impulsado desde el primer día por el Gobierno Nacional».

Ni representantes de la empresa ni el ministro estuvieron disponibles para responder preguntas o despejar dudas.

La Prensa, 27 de junio de 2007