Cobertura boscosa por provincia en Panamá

La superficie total del territorio de la República de Panamá es de 7,551,690 hectáreas, de las cuales en 1992 existían 3,358,304 con cobertura boscosa, que representaba el 44.4% de la superficie total del país. Sin embargo, si tomamos en cuenta la tasa de deforestación para el periodo 1986-1992, se estima que en 1998 la cobertura boscosa es de 3,052,304 hectáreas y para el año 2010 se ha proyectado una cifra de 2,440,304 hectáreas.

Las características físicas y biológicas de los bosques de panamá pueden extenderse mejor siguiendo el sistema de clasificación de zona de Vida de Holdrige (Holdrige 1947,1967,1978

Cobertura boscosa por provincia año 1992-1998

provincia Superficie por provincia (ha) Superficie boscosa, 1992 (ha) Superficie boscosa 1992 (%) %boscoso de la superficie por provincia, 1992 Superficie boscosa, 1988 (ha) (*) % boscoso de la superficie por provincia (*)
Bocas del Toro

874,540

593,550

17.67

67.86

539,342

61.67

Coclé

492,730

47,080

1.40

9.55

42,732

8.67

Colón

489,010

233,541

6.96

47.75

212,440

43.44

Chiriquí

865,320

117,872

3.51

13.62

107,136

12.38

Darién

1,667,100

1,258,830

37.48

75.51

1,144,004

68.62

Herrera

234,070

10,049

0.30

4.29

9,158

3.91

Los Santos

380,550

29,613

0.88

7.78

26,860

7.06

Panamá

1,188,740

538,812

16.05

45.32

489,895

41.21

Veraguas

1,123,930

298,033

8.87

26.51

270,739

24.09

Kuna Yala

235,700

230,924

6.88

297.97

209,998

90.00

Total de país

7,551,690

3,358,304

100

44.47

3,052,304

40.040

De acuerdo a la ley 1, del 3 de Febrero de 1994 (Ley forestal), existen en el país tres categorías de bosques que se clasifican según sus diversas funciones y especiales. Los de producción, protección y especiales. Los de producción son aquellos en los que resulta posible aprovechar en forma intensiva y racional con rendimiento sostenido, productos forestales de valor económico. Los bosques de protección cumplen funciones reguladoras y protectoras de procesos ecológicos esenciales, en tanto que los especiales son aquellos dedicados a preservar áreas de orden científico, educativo, histórico, turístico, recreativo, y otros sitios de interés social y utilidad publica. A la fecha no existe un estudio nacional que identifique los bosques especiales. De la superficie con cobertura boscosa actual estimada del país (3,052,304 hectáreas) aproximadamente 946,795 hectáreas corresponden a superficies boscosas que no han sido evaluadas para determinar su vocación ecológica y poder clasificarlas dentro de las categorías que establece la ley. Adicional en 1997 y según el “plan de ordenación y conservación de los manglares de Panamá” existían aproximadamente 170,827 hectáreas de manglares.

DIVISIÓN ECOLÓGICA DE PANAMÁ.

SEGÚN DR. J. A. TONOSI (ZONAS DE VIDA DE HOLDRIDGE)

  • Tres zonas en la faja tropical basal que incluye el bosque seco tropical, bosque húmedo tropical y el bosque muy húmedo tropical.
  • Cuadro zonas de vida pertenecientes a la faja premontano tropical, donde se encuentra el bosque seco premontano, húmedo premontano, muy húmedo premontano y premontano pluvial.
  • Tres zonas que pertenezcan a la faja montano bajo tropical abarcando el bosque húmedo montano bajo, bosque húmedo, muy húmedo montano bajo y bosque pluvial montano bajo y
  • Dos zonas de vida dentro de la faja montano tropical, el bosque muy húmedo montano y el bosque pluvial montano.

El sistema Nacional de Áreas protegidas abarca una superficie aproximada de 1,902,379 hectáreas y en su mayoría se clasifican en la categorías de parques nacionales (71.4% de la superficie total de áreas protegidas) de la superficie total del sistema Nacional de Áreas protegidas aproximadamente 1,548, 682 hectáreas (SIG, ANAM, 1997), mantienen aún su cobertura boscosa y el área restante se compone de cuerpos de agua, áreas marinas, costeras y áreas deforestadas.

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Este pueblo no se merece los diputados que tiene

Falta de transparencia en torno a los fondos de la ACP

Marco A. Gandásegui, hijo
gandasegui@hotmail.com

Era casi la medianoche del viernes, 29 de junio, la tensión en la Asamblea Nacional de Diputados era casi insoportable. Faltaban aún varios proyectos de ley que tenían que ser aprobados antes de levantar la sesión. Entre ellos, el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el reglamento interno de la propia Asamblea y el presidente saliente tenía que presentar su discurso de despedida.

Los diputados también tenían que refrendar los nombramientos de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y también derogar la “Ley Faúndes”. Con tanto trabajo muchos ánimos estaban caldeados.

La preocupación de los diputados se centraba en el proyecto de Ley que reformaba el reglamento interno que por segundo año consecutivo llegaba al pleno de la Asamblea. Mediante un arreglo de última hora entre bancadas, el proyecto de Ley que reformaba el reglamento interno fue enviado nuevamente a primer debate. En otras palabras, fue engavetado hasta el próximo año legislativo (que se inicia en septiembre de 2007). Resuelto este problema, todo comenzó a marchar mejor y los diputados volvieron
a su normal desempeño.

Poco antes de la medianoche, después de cinco minutos de debate, se aprobó el presupuesto de la ACP para el año que se inicia el 1º de octubre de 2007. El monto del presupuesto es de $2.028 millones. Incluyó una partida que supera los $500 millones para dar inicio a la ampliación del Canal de Panamá.

El presupuesto contempló un rubro de $660 millones que será traspasado al Tesoro Nacional. Según un diario de la capital, los diputados aprobaron el presupuesto sin conocer el contenido del proyecto de ley. Ninguno de los legisladores leyó la propuesta preparada por los técnicos de la ACP y aprobada por el Consejo de Gabinete.

Mientras la Asamblea aprobó a ciegas el presupuesto de la ACP, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolla un enfrentamiento jurídico entre el gobierno y un grupo del Frente Panamá Soberana (FPS) sobre una denuncia de bien oculto contra la ACP. Según el FPS, la ACP tiene una reserva de $200 millones que no ha sido aprobada por el Consejo de Gabinete y tampoco ha sido refrendada por la Asamblea de Diputados, como señala la ley.
Los miembros del FPS alegan que los $200 millones deberían estar en el Tesoro Nacional. Voceros de la ACP han descartado la denuncia del FPS sin presentar pruebas. Igualmente, el gobierno rechazó los planteamientos del FPS, pero solo de forma. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia presentar una posición basada en derecho.

La falta de transparencia se presta para toda clase de sospechas, generalmente, bien fundamentadas. La Asamblea de Diputados aprobó un presupuesto para la ACP de $2 mil millones que no conoce. Además, no se detuvo a efectuar un balance del debate y del referéndum de 2006. Tampoco consideró oportuno estudiar la destrucción de la cuenca del Canal, producto de las leyes absurdas que aprueba sin leerlas.

El futuro del Canal de Panamá fue decidido en un debate de cinco minutos. El pueblo panameño merece algo más de respeto.

-El autor es profesor de la Universidad de Panamá e Investigador del CELA.

 

Publicado en la Estrella de Panamá, 5 de julio de 2007

Derrame de petróleo enfrenta a terceros entre sí

CHIRIQUÍ GRANDE.DEFENSA DE CASTOR ALEGA QUE FIANZA ES INSUFICIENTE.

Las secuelas del derrame enfrentan a dos grupos

El 13 de junio, la empresa presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia.

Hace una semana, 90 indígenas de 42 de las comunidades afectadas, protestaron en la capital.

 
 
 

José González Pinilla
Flor Bocharel
nacionales@prensa.com

Hace ya cinco meses de aquel domingo en que la nave Petrosvsk, de bandera liberiana, sufriera un daño en una de sus válvulas y derramara 4 mil 800 barriles de petróleo en la bahía de Chiriquí Grande en Bocas del Toro. Desde entonces, la historia del petróleo derramado ha tomado un giro inesperado y ahora dos frentes se ven la cara en los tribunales en busca de la razón.

Dinero y ambiente, dos elementos discordantes son los protagonistas de esta historia que dejó de ser exclusiva de los pescadores de Chiriquí Grande para trascender fronteras.

De un lado, están las comunidades afectadas por el derrame y las acciones legales que han interpuesto. Hace solo una semana, 90 indígenas de 42 de las comunidades afectadas estuvieron en la capital protestando por las secuelas del derrame.

Ellos alegan que en los últimos cinco meses no han podido ejercer la actividad que históricamente ha sido el sustento de las familias indígenas de esa área: la pesca. Por esta razón fue que el abogado Silvio Guerra, quien representa a 16 de las comunidades afectadas, demandó a Petroterminal de Panamá (PTP) por 500 millones de dólares, alegando daños en el ecosistema y a los moradores. Partiendo de esta base, el Tribunal Marítimo de Panamá secuestró 5 millones 400 mil barriles de petróleo a la empresa Castor Petroleum, quien almacenaba su petróleo en los depósitos de PTP.

En el otro frente se encuentran los trabajadores de PTP que están ahora de brazos cruzados porque las operaciones de la empresa están paralizadas por la acción judicial.

Y ahora la compañía dueña del petróleo secuestrado, Castor Petroleum, entró en acción. Raymond Kohut, vicepresidente de la petrolera, rompió ayer el silencio y manifestó que la acción judicial aparte de representarles millonarias pérdidas económicas, ha lesionado su imagen comercial a nivel internacional.

Kohut valora en 300 millones de dólares el petróleo retenido y alega que la medida no tiene base jurídica porque Castor es, simplemente, un cliente más de PTP.

Explicó, además, que al menos cuatro tanqueros están esperando para poder cargar y distribuir el producto. Esto les significa un costo diario, según Kohut, de 400 mil dólares en concepto de fletes.

El 13 de junio la empresa presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia para que estudie el caso y levante el secuestro del producto.

El abogado Juan David Morgan Jr., representante legal de Castor Petroleum, cuestiona la fianza de mil dólares que aportaron los demandantes para sustentar la acción legal.

Explica que la jurisdicción marítima estipula que bajo ciertas circunstancias se puede secuestrar con mil dólares

de contra garantía, “sin embargo, para poder hacerlo hay que presentar pruebas de legitimidad del derecho contra el demandado, lo cual en este caso no aplica porque no existe base legal para poder secuestrar al propietario del producto que otra persona demandó”.

Diego de La Guardia, quien ha seguido el caso de cerca, le explicó a La Prensa que para practicar un secuestro a fin de garantizar el juicio, el demandante tiene que consignar una caución que va entre el 20% y el 30% del monto que quiere secuestrar. Es decir, en este caso que la demanda asciende a los 500 millones de dólares, la afianza a pagar, según De la Guardia, sería de 100 millones de dólares, si se toma en cuenta el 20%.

Pero el equipo de abogados que defiende a los indígenas no se da por vencido y el pasado martes puso una denuncia criminal en contra de PTP por delitos contra la fe pública y contra la economía nacional del Estado, argumentando que PTP ha difundido declaraciones falsas en los medios de comunicación, poniendo en riesgo la economía nacional o el crédito público.

Regresa la vida a la zona impactada

Humberto Duguel, quien representa a los indígenas de las comunidades afectadas, asegura que desde febrero pasado la pesca es una actividad vetada en la zona, sin embargo, hay quienes contradicen las decisiones de sus caciques y dirigentes, y tiran la cuerda o bucean en las profundidades de los ríos para aprovechar los frutos que esa mar les brinda y con ello llevar un sustento a sus casas. Eliseo todos los días bucea en Cayo de Agua, saca centollos, langostas, cangrejos y otros moluscos para venderlos a 75 centésimos. Igualmente lo hacen Eliseo, Felipe Santos y Carlos Green, quienes pescan pargos muy cerca de las boyas e instalaciones de Petroterminal de Panamá. …

El mar se observa limpio y claro. A un lado de esos pescadores hay grandes pargos y jureles, “ellos comen mariscos sin temor, pues están seguros de que no están contaminados”, coinciden. Contrario a esos entusiastas pescadores, Aquiles Surgeon está confundido con la información que a duras pena le llega hasta su hogar. Lo poco que sabe es por los dirigentes indígenas que han entablado una demanda; ellos le han pedido que no pesque porque podría enfermar.

La Prensa, 5 de julio de 2007.

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Las versiones de una u otra parte deben ser sólo eso.  Una investigación más profunda y científica es requerida para complementar esta información, ya que sólo colocar versiones de gente común, puede generar sospechas de cuál es la verdadera realidad.

Burica Press

Un TLC sin análisis de costo-beneficio!

¡Qué lástima que Martín Torrijos NO está a la altura de lo que cuesta al Tesoro sufragar sus gastos como Presidente de la República !

 

Ante una decisión tan importante para el futuro del país como lo es el “Tratado de Promoción Comercial” con los Estados Unidos, habría pensado la ciudadanía que al Órgano Ejecutivo le habría nacido suficiente patriotismo como para acompañar al texto en sí un análisis de costo-beneficio de lo que el mismo representa para Panamá.

 

Evidentemente Panamá no gana en cada faceta del arreglo comercial; en todo negocio uno gana en ciertos rubros, y pierde en otros: lo verdaderamente responsable es que se entre con los ojos bien abiertos.

 

En este caso, y plagiando del título de reciente cinta de Hollywood, gracias a la falta de profesionalismo en un Concejo de Gabinete que nos cuesta un ojo de la cara, a éste Tratado entramos con los ojos bien cerrados.

 

Asumiendo que fuera un colectivo realmente responsable, los ministros habrían tenido la misma inquietud de determinar si, en su conjunto, el Tratado amerita firmarlo.

 

Pero, con el cinismo que ha marcado el actuar de una Patria Nueva que tras tres años de haber eliminado sin sustituir el anterior reglamento de la Ley de Transparencia rehúsa definir lo que entiende por ese ideal que dice propugnar, manda a su aplanadora en la Asamblea a aprobar en un abrir y cerrar de ojos y a tambor batiente un mamotreto que el mismo Gabinete no entiende.

 

Y menos se atreve a sustentar ante la Nación.

 

Kevin Harrington

La parodia del Canal de Panamá

Estimado Abdiel:

Te quedaste corto con la parodia.  El embrollo y robo a la nación con este proyecto de ampliación es considerablemente más escandaloso. Y el pueblo panameño muy bien y usted, no se darán por enterados hasta cuando el robo se afiance.

Burica Press 

La parodia del Canal

Abdiel Augusto Patiño I.

Se entiende ahora por qué ya se habla de buscar los créditos y se mencionan cifras superiores a tres mil millones de dólares?

El 19 de junio de 2007, ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministro para Asuntos del Canal, Danny Kuzniecky, y el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta; sin vergüenza alguna, continuaron la parodia de la propuesta de ampliación del Canal de Panamá a través de la construcción de un tercer juego de esclusas.

En sus respectivas exposiciones, ambos funcionarios sustentaron un presupuesto histórico de dos mil veintiocho punto uno millones de dólares, los cuales incluyen quinientos cincuenta y dos punto cinco millones de dólares para los primero trabajos de ejecución del multimillonario proyecto de ampliación del Canal, y seiscientos sesenta y dos punto dos millones de dólares de aportes directos al Estado. 

Hasta aquí, para muchos, todo parece bien; no obstante, el presupuesto canalero presenta un aditivo al que no se le ha prestado la debida atención, y se trata de la astronómica cifra tres mil noventa y seis punto cinco millones de dólares, monto máximo de los créditos que podría adquirir la Autoridad del Canal de Panamá para la mencionada obra y que no se suman dentro del monto oficial del presupuesto.  Según la ACP estos fondos son el tope máximo de endeudamiento que se podrá contratar, inclusive, en el año fiscal 2007-2008, para financiar el proceso de diseño y construcción de las nuevas esclusas y las tinas paralelas de reciclaje, obras que de acuerdo al cronograma de ejecución deben arrancar en enero de 2008. 

¿Y que pasó con el compromiso de endeudamiento de apenas dos mil trescientos millones de dólares?  La propuesta de ampliación del Canal señala en el punto Costo estimado del Tercer Juego de Esclusas que “el grado de detalle al que se ha llegado en la estimación de los costos y los imprevistos permite sostener que el cálculo es sólido…”, añade además que “con un aumento de peajes de 3.5% anual promedio por veinte años…  se requerirán aproximadamente dos mil trescientos millones de financiamiento externo… para sufragar, entre 2009 y 2011, los picos de mayor intensidad en la construcción…?  Pregunta, ¿por qué el aproximado de dos mil trescientos millones ha sido aumentado en más de seiscientos millones de dólares de buenas a primeras?, ¿qué pasó con los cálculos fríos de la propuesta canalera, esos aupados por una pléyade de incuestionables e infalibles estudios?

Esta nueva etapa de la parodia se suma a la recién pasada aprobación del nuevo escalafón tarifario del Canal de Panamá, el cuál involucra un aumento promedio anual de 10% a partir del 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2010.  Recordemos que la propuesta hablaba de 3.5% anual de ajuste por 20 años, cosa que quedó solo en el papel, ya que para poder cumplir con este compromiso, a partir de 2010 y por 17 años la ACP debería hacer ajustes inferiores al 3.5% anual, y eso es en definitiva imposible, si es que quieren que los peajes realmente sirvan para pagar la obra.  Cabe destacar que con este aumento tarifario la ACP pretende recaudar en los 3 años señalados, la suma aproximada de quinientos millones de dólares adicionales, es decir, un promedio de ciento sesenta y seis millones por año sobre el estimado anual de ingreso, totalmente desconocido, ya que no se incluyó en la propuesta distribuida a nivel nacional y no se me facilitó las veces que la pedí vía electrónica a funcionarios encargados de “resolver las preguntas de la gente”.  Queda claro que lo  que espera recaudar la ACP en aditivo a su estimado, en los tres años contados a partir del 1 de julio de 2007, no alcanza ni para sufragar los gastos del periodo 2007-2008, que como ya hemos dicho, suman quinientos cincuenta y dos millones de dólares.  ¿Se entiende ahora por qué ya se habla de buscar los créditos y se mencionan cifras superiores a tres mil millones de dólares?

Pero la parodia no queda solo en cifras, estimados y demás datos contables y numéricos; por el contrario, el asunto se pone todavía mejor a nivel administrativo.  El Presidente Martín Torrijos, en uso de sus facultades legales y poniendo aplomo en compromisos de quien sabe qué tipo, propone la designación pendiente hacía sus buenos meses, de dos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, ambos con antecedentes no muy gratos para los que panameños que si tienen memoria histórica y que luchan porque no se las borren.  Uno, Ricardo de la Espriella , amigo del régimen militar, tanto cuando Torrijos, como cuando Paredes y Noriega; fue vicepresidente  de Arístides Royo, también colaborador de los militares, el que sufrió el gargantazo y que ahora es nuestro Embajador ante la Organización de Estados Americanos.  Sí, ese mismo, de la Espriella , el que fue Presidente entre 1982 y 1984, ahora desempolvado como otros tantos del régimen militar, que han encontrado buena ubicación en la falsa Patria Nueva de Martín Torrijos.  El otro, Guillermo Chapman, el economista estrella de la gestión de Ernesto Pérez Balladares, artífice del plan “Políticas Públicas para el Desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Económica”, mismo que dio pie al proceso de privatizaciones de entidades del Estado –algunas muy mal llevadas- y a la ejecución de políticas fiscales y económicas que contribuyeron solo a sostener lo insostenible y a aumentar en creces la deuda externa.  ¡Parece que para la Patria Nueva no hay más gente capaz y con mejores antecedentes en la nación entera!

¿Qué sigue en esta historia?, pues podemos imaginar muchas cosas; total, luego de ver como el 29 de junio, en poco más de 5 minutos, sin lectura analítica alguna, los honorables Diputados Padres y Madres de la Patria hicieron eco de su gran capacidad cognoscitiva y de amor a la Patria aprobando a tambor batiente sin cuestionamiento alguno, el gran presupuesto de la ACP ; pues podemos esperar cualquier cosa.  Por ahora estemos pendientes del cronograma de ejecución, que está bastante atrasado; de los diseños finales, que ahora nadie se atreve a negar que no existen; y de los costos finales de la obra, que los conoceremos de a poco, en el transcurso de 2008.  Ni siquiera los que auparon todo esto saben la Caja de Pandora que han abierto.

El autor es el Director Editorial de Expresiones.  

Panamá, domingo 1 de julio de 2007.