Derrame de petróleo enfrenta a terceros entre sí

CHIRIQUÍ GRANDE.DEFENSA DE CASTOR ALEGA QUE FIANZA ES INSUFICIENTE.

Las secuelas del derrame enfrentan a dos grupos

El 13 de junio, la empresa presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia.

Hace una semana, 90 indígenas de 42 de las comunidades afectadas, protestaron en la capital.

 
 
 

José González Pinilla
Flor Bocharel
nacionales@prensa.com

Hace ya cinco meses de aquel domingo en que la nave Petrosvsk, de bandera liberiana, sufriera un daño en una de sus válvulas y derramara 4 mil 800 barriles de petróleo en la bahía de Chiriquí Grande en Bocas del Toro. Desde entonces, la historia del petróleo derramado ha tomado un giro inesperado y ahora dos frentes se ven la cara en los tribunales en busca de la razón.

Dinero y ambiente, dos elementos discordantes son los protagonistas de esta historia que dejó de ser exclusiva de los pescadores de Chiriquí Grande para trascender fronteras.

De un lado, están las comunidades afectadas por el derrame y las acciones legales que han interpuesto. Hace solo una semana, 90 indígenas de 42 de las comunidades afectadas estuvieron en la capital protestando por las secuelas del derrame.

Ellos alegan que en los últimos cinco meses no han podido ejercer la actividad que históricamente ha sido el sustento de las familias indígenas de esa área: la pesca. Por esta razón fue que el abogado Silvio Guerra, quien representa a 16 de las comunidades afectadas, demandó a Petroterminal de Panamá (PTP) por 500 millones de dólares, alegando daños en el ecosistema y a los moradores. Partiendo de esta base, el Tribunal Marítimo de Panamá secuestró 5 millones 400 mil barriles de petróleo a la empresa Castor Petroleum, quien almacenaba su petróleo en los depósitos de PTP.

En el otro frente se encuentran los trabajadores de PTP que están ahora de brazos cruzados porque las operaciones de la empresa están paralizadas por la acción judicial.

Y ahora la compañía dueña del petróleo secuestrado, Castor Petroleum, entró en acción. Raymond Kohut, vicepresidente de la petrolera, rompió ayer el silencio y manifestó que la acción judicial aparte de representarles millonarias pérdidas económicas, ha lesionado su imagen comercial a nivel internacional.

Kohut valora en 300 millones de dólares el petróleo retenido y alega que la medida no tiene base jurídica porque Castor es, simplemente, un cliente más de PTP.

Explicó, además, que al menos cuatro tanqueros están esperando para poder cargar y distribuir el producto. Esto les significa un costo diario, según Kohut, de 400 mil dólares en concepto de fletes.

El 13 de junio la empresa presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia para que estudie el caso y levante el secuestro del producto.

El abogado Juan David Morgan Jr., representante legal de Castor Petroleum, cuestiona la fianza de mil dólares que aportaron los demandantes para sustentar la acción legal.

Explica que la jurisdicción marítima estipula que bajo ciertas circunstancias se puede secuestrar con mil dólares

de contra garantía, “sin embargo, para poder hacerlo hay que presentar pruebas de legitimidad del derecho contra el demandado, lo cual en este caso no aplica porque no existe base legal para poder secuestrar al propietario del producto que otra persona demandó”.

Diego de La Guardia, quien ha seguido el caso de cerca, le explicó a La Prensa que para practicar un secuestro a fin de garantizar el juicio, el demandante tiene que consignar una caución que va entre el 20% y el 30% del monto que quiere secuestrar. Es decir, en este caso que la demanda asciende a los 500 millones de dólares, la afianza a pagar, según De la Guardia, sería de 100 millones de dólares, si se toma en cuenta el 20%.

Pero el equipo de abogados que defiende a los indígenas no se da por vencido y el pasado martes puso una denuncia criminal en contra de PTP por delitos contra la fe pública y contra la economía nacional del Estado, argumentando que PTP ha difundido declaraciones falsas en los medios de comunicación, poniendo en riesgo la economía nacional o el crédito público.

Regresa la vida a la zona impactada

Humberto Duguel, quien representa a los indígenas de las comunidades afectadas, asegura que desde febrero pasado la pesca es una actividad vetada en la zona, sin embargo, hay quienes contradicen las decisiones de sus caciques y dirigentes, y tiran la cuerda o bucean en las profundidades de los ríos para aprovechar los frutos que esa mar les brinda y con ello llevar un sustento a sus casas. Eliseo todos los días bucea en Cayo de Agua, saca centollos, langostas, cangrejos y otros moluscos para venderlos a 75 centésimos. Igualmente lo hacen Eliseo, Felipe Santos y Carlos Green, quienes pescan pargos muy cerca de las boyas e instalaciones de Petroterminal de Panamá. …

El mar se observa limpio y claro. A un lado de esos pescadores hay grandes pargos y jureles, “ellos comen mariscos sin temor, pues están seguros de que no están contaminados”, coinciden. Contrario a esos entusiastas pescadores, Aquiles Surgeon está confundido con la información que a duras pena le llega hasta su hogar. Lo poco que sabe es por los dirigentes indígenas que han entablado una demanda; ellos le han pedido que no pesque porque podría enfermar.

La Prensa, 5 de julio de 2007.

—————————————–

Las versiones de una u otra parte deben ser sólo eso.  Una investigación más profunda y científica es requerida para complementar esta información, ya que sólo colocar versiones de gente común, puede generar sospechas de cuál es la verdadera realidad.

Burica Press

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: