Evaluación ambiental de TLC de E.U con Panamá

A continuación la evaluación ambiental de TPC de EU con Panamá (en inglés):

http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Panama_FTA/Reports/asset_upload_file953_11245.pdf

Demanda de inconstitucionalidad en contra de cinco artículos de la Ley 10 del 30 de marzo de 2006 que vende 15 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces

COMITÉ PRO DEFENSA DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES Y LOS BOSQUES URBANOS Y LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA PANAMEÑA

COMUNICADO AL PAÍS

 

ASUNTO: DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE CINCO ARTÍCULOS DE LA LEY 10 DEL 30 DE MARZO DE 2006 QUE PERMITE A LA ASAMBLEA NACIONAL LA VENTA DE 15.2 HECTÁREAS DE BOSQUES DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES

En el día de hoy 16 de julio de 2007 el Comité Pro Defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos y la Asociación Ecologista Panameña interpusimos ante la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia una recurso legal de inconstitucionalidad en contra de los cinco primeros artículos de la ley 10 del 30 de marzo de 2006, ley que le permite a la Asamblea Nacional vender y subastar un total de 15.1 hectáreas de bosques centenarios a empresarios interesados en desarrollar proyectos urbanísticos y afines.

Al promover la Asamblea Nacional, la venta de estos bosques urbanos de rica e importante biodiversidad y que en esencia, cumplen un fin social, se está derivando precisamente serios perjuicios sociales, económicos y ambientales.

Siendo así las cosas, al revisar las normas ambientales que por disposición constitucional se han creado en el país para regular la materia ambiental, es evidente que son vulneradas con las normas atacadas mediante este recurso.

El artículo 4 de la Ley No. 10 de 30 de marzo de 2006, que autoriza a la Asamblea Nacional, para que una vez, realizada la enajenación de la Finca número 154328, con los dineros producto de la venta, contrate la confección de planos y proceda a la construcción de un edificio anexo al existente sobre la Finca número 25598, inscrita al Tomo 624, Folio 801 de la Sección de Propiedad del Registro Público, provincia de Panamá, propiedad de la Nación, viola de manera directa por comisión el artículo 118, del Régimen Ecológico, que establece que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

La Constitución Política es la ley suprema de la nación, de ella se derivan el conjunto de normas relativas al cuidado del ambiente, la salud y la vida misma. El tema de la protección del ambiente, es un asunto esencial donde al Estado le incumbe por expreso mandato constitucional y legal una función primordial e indelegable de custodia.

Al respecto, las áreas protegidas y de manera especial el Parque Nacional Camino de Cruces, es un espacio donde hay valores naturales, históricos y culturales de incalculable valor, que necesitan ser resguardados para obtener de ellos servicios ambientales y culturales vitales para la sociedad de ahora y del futuro.

Esta ley demandada rebasa el marco constitucional, por lo que solicitamos a la Corte declarar el articulado de la Ley No. 10 de 30 de marzo de 2006, como inconstitucional ya que el análisis de los derechos en juego está ubicado en el ámbito de las garantías constitucionales ambientales y la salud humana, que son esenciales para la calidad de vida de los panameños.

No cumple los presupuestos mínimos exigidos para asegurar una gestión ambiental sustentable y adecuada. Además, no contempla el impacto ecológico y ambiental, sino sólo los intereses particulares de la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo para obtener dinero líquido para una anexo del actual edificio legislativo. Por otro lado, desnaturaliza los objetivos de conservación que dan sentido a las áreas protegidas, dejándolas a merced de intereses particulares indiferentes a esos objetivos. Sumado a lo anterior, desarticular el sistema de áreas protegidas vigente, afectando áreas legalmente establecidas, reduciendo límites y modificando arbitrariamente las categorías de manejo y de uso del suelo.

Es importante destacar, dentro de este orden de ideas, que con la Ley No. 10 de 30 de marzo de 2006, se desvirtúa totalmente la figura de la compensación que otorga 590 hectáreas de bosque al Parque Nacional Camino de Cruces, debido a la construcción de la vía de cuatro carriles, más servidumbre denominada Corredor Norte. Además, viola convenciones internacionales de las cuales es signataria la República de Panamá, tal como el Convenio de Diversidad Biológica aprobado mediante la Ley No. 2 de 12 de enero de 1995, en el cual se reconoce la importancia de las áreas protegidas para la conservación de la diversidad de las especies y los Estados se comprometen a adoptar medidas para respetarlas.

La Asociación Ecologista Panameña y el Comité Pro defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos invocan ante los magistrados de la Corte Suprema su celo en la defensa de la Constitución y los derechos humanos fundamentales, hoy amenazados por decisiones que afectan el patrimonio de todos los panameños, de las presentes y futuras generaciones, ya que de no detenerlos, estamos permitiendo precedentes de los cuales todos lamentaremos sus implicaciones negativas en el futuro.

Basta ya, conservemos los bosques y no destruyamos los ecosistemas de Panamá.

Atentamente,

Donaldo Sousa, Presidente, Asociación Ecologista Panameña.

Raisa Banfield, Coordinadora, Comité Pro Defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos.

Ariel R. Rodríguez, Asesor científico, Comité Pro Defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos.

 

PANAMÁ, 16 DE JULIO DE 2007

El Parque Nacional Camino de Cruces, editorial

El Parque Camino de Cruces

NUEVAMENTE LA atención de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones ambientalistas se centra sobre la integridad del Parque Nacional Camino de Cruces, por obra y gracia del intento de la Asamblea Nacional de subastar unos polígonos de terreno de su propiedad que podrían estar incluidos dentro de los límites del parque.

Con acertado criterio y en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, el defensor le ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que suspenda el acto de subasta pública, programado para dentro de una semana, con el propósito que se pueda hacer un levantamiento topográfico que nos permita a todos, autoridades y ciudadanía, constatar que no se estarán subastando terrenos que hacen parte del parque.

Ya hace tres años, la Defensoría del Pueblo tuvo importante participación en la defensa del ambiente y de la biodiversidad existente en el Parque Nacional Camino de Cruces, apoyando la gesta de la Asociación de Residentes de Clayton, que lograron suspender la construcción de una urbanización en terrenos vendidos por la ARI en que se encontraron senderos del propio Camino Real de Cruces.

Esperamos que en esta ocasión, tanto la Autoridad Nacional del Ambiente, como el Ministerio de Economía y Finanzas, apoyen la solicitud formulada por Ricardo Julio Vargas en su calidad de defensor del Pueblo, de manera que sin sobresaltos se logre disipar la duda razonable que se cierne sobre la posible e irreversible afectación que podría sufrir el valioso Parque Nacional Camino de Cruces.

El Panamá América, Editorial, 16 de julio de 2007

Un megaproyecto petrolero en el área del Canal!

ENERGÍA. INVERSIÓN EN PRIMERA ETAPA SERÁ DE MIL MILLONES DE DÓLARES.

Un oleoducto que atravesará el Canal

El plan incluye una tubería de 90 kilómetros que afectará de modo irreversible parques y áreas protegidas.

La empresa que promueve el negocio entregó el estudio ambiental a la Autoridad Nacional del Ambiente.

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

La empresa Centro Energético de las Américas pretende construir un multimillonario proyecto: tres parques para refinerías de petróleo, plantas petroquímicas y complejos de acopio de gas, hidrocarburos y productos químicos.

¿La ubicación? Uno en María Chiquita (Colón), otro en Howard y el último en la isla de Taboga. Todas las plantas estarán unidas por un oleoducto de 90 kilómetros que pasará por debajo del Canal y áreas protegidas, incluida Barro Colorado y el Parque Soberanía.

La empresa presentó el estudio de impacto ambiental a la Autoridad Nacional del Ambiente. La propuesta afirma que dará empleo a 6 mil personas, pero su construcción y actividad tendrán efectos irreversibles en el ambiente.

————————————

ECONOMÍA. UNA EMPRESA EXTRANJERA TIENE PREVISTO INVERTIR MIL MILLONES DE DÓLARES.

Autopista energética unirá océanos

El proyecto incluye parques energéticos en el Atlántico y en el Pacífico. Para unirlos, se construirá un oleoducto.

La firma extranjera que promueve la obra está a la espera del permiso de la Anam.


 
 

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

El primero en soltar una pista fue el viceministro de Comercio e Industrias, Manuel José Paredes, el último 11 de junio. Dijo que un consorcio 100% extranjero analizaba construir un inmenso parque energético en María Chiquita, Colón. Por razones de confidencialidad, no dio más detalles.

Detrás del tibio anticipo del funcionario se esconde una de las obras más monumentales que apoya la gestión del presidente, Martín Torrijos: un megaproyecto energético que comienza en el Atlántico y termina en el Pacífico, cuya inversión solo en la primera etapa alcanza los mil millones de dólares.

La principal “joya de la corona” es la construcción de un oleoducto de alrededor de 90 kilómetros de largo que unirá ambos océanos y que pasará por debajo del Canal a la altura de la zona de Gamboa.

La firma extranjera Centro Energético de las Américas (CELA) es el principal promotor e inversionista, según se desprende del estudio de impacto ambiental (EIA) –al que tuvo acceso este diario– que la compañía presentó a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) el pasado 3 de julio.

Naciendo en el Atlántico

En la pequeña localidad de María Chiquita, a 15 kilómetros de Colón, se encontrará el núcleo neurálgico de la empresa: un parque energético de unas mil 500 hectáreas, que incluye un centro de refinería de petróleo, plantas petroquímicas, de regasificación y un complejo de almacenamiento de gas natural, hidrocarburos y productos químicos.

En total, el parque tendrá una capacidad de refinación de petróleo de hasta 2 millones de barriles por día. A ello se suma un volumen de producción petroquímica de hasta 3 millones de toneladas por año.

Del otro lado del país, la empresa prevé instalar en la antigua base aérea de Howard (en un terreno de 60 hectáreas) una terminal con capacidad de acopio de 20 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados (gasolina y diésel, entre otros).

Pero eso no es todo: también pretende construir un atracadero y un patio de tanques de almacenamiento –que estará conectado al continente por medio del oleoducto– en el extremo noroeste de la isla de Taboga. Para ese propósito, la empresa compró allí 20 hectáreas de tierra, aunque en la primera etapa utilizará 13 hectáreas y media.

El Plan Maestro que elaboró la empresa prevé empezar la fase de construcción durante el último trimestre de 2007. En el tercer trimestre de 2009 –según ese estudio– estarían culminadas las obras de la primera etapa.

El centro industrial fue desarrollado por la empresa extranjera con la colaboración de las firmas Técnicas Reunidas (España), Cryogas (Estados Unidos) y Jurong (Singapur). Los dueños: un grupo de empresarios extranjeros que encabezan Jesús Barderas, Abraham Hazoury y Luis Marín.

Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Como el personaje de la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde, el megaproyecto tiene dos caras: dará empleo directo a 6 mil 400 personas, pero su construcción y funcionamiento traerán consecuencias irreversibles para el medio ambiente: desde alteración en la calidad del agua dulce y salada, hasta la eliminación de árboles autóctonos (ver recuadro).

El oleoducto, además, invadirá áreas protegidas en el 36.7% de su recorrido, según se aclara en el EIA. Durante su camino, en el que unirá los dos océanos, las tuberías –que irán bajo tierra– afectarán los manglares ubicados entre la desembocadura del río Viejo hasta María Chiquita (Colón), así como también los manglares situados al final del río Venado, en la comunidad de Veracruz (Panamá).

“No hemos evaluado el proyecto en sí, sino que lo hemos admitido. Ahora sigue la fase de evaluación”, aclaró Bolívar Zambrano, director nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Anam.

Un largo camino

El proyecto deberá tener el visto bueno, antes de comenzar la obra, de un rosario de dependencias oficiales: Ministerio de Vivienda, Autoridad del Canal de Panamá, Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Autoridad Marítima de Panamá e Instituto Nacional de Cultura.

Según dijo Zambrano, se realizarán dos foros públicos: uno en Colón y otro en Panamá.

No obstante, en el EIA se incluyó una encuesta a 381 personas del área de Colón, Veracruz y Taboga. Según el sondeo, el 66% de las personas considera que el proyecto traerá efectos positivos sobre sus comunidades. La gente, sin embargo, plasmó en las entrevistas sus miedos: derrame de combustible, inmigrantes de la capital, daños al ecosistema, posible contaminación del agua y las playas, destrucción de propiedades y sobrecarga del sistema vial.

La actualidad se entrelaza, a lo largo del oleoducto, con la historia de Panamá. Según el EIA se identificaron 12 posibles localidades arqueológicas a lo largo del área de influencia del proyecto.

(Con información de Rocío Grimaldo).

———————————————

El Gobierno concede a la empresa facilidades fiscales y arancelarias

El puntapié inicial al proyecto lo dio el 13 de marzo último el Ministerio de Comercio e Industrias. Ese día, la empresa y el Gobierno firmaron un acuerdo de entendimiento, hasta ahora desconocido, en el cual el Estado se compromete a “realizar sus mejores esfuerzos para asistir en las actividades desarrolladas” por el Centro Energético de las Américas.

También el Estado se obliga a ayudar a la empresa en la tramitación de “cualquier permiso” que requiera, previo cumplimiento de las leyes. El memorándum –al que tuvo acceso este diario– lleva la firma del ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, y del vicepresidente ejecutivo de la firma, el venezolano Luis Marín.

El acuerdo establece, además, que se le concederá “el tratamiento fiscal y arancelario beneficioso de una Zona Libre de Petróleo”. El documento le entrega un cheque en blanco a la empresa. Según el artículo 5, “tendrá derecho a cualquier beneficio fiscal o arancelario que facilite el desarrollo del proyecto”, siempre que cumpla las leyes de Panamá.

La compañía actuará, según el memorándum, como el principal promotor e inversionista.

El acuerdo tiene seis meses de vigencia, aunque se podrá prorrogar por seis meses más. Si la empresa –tras realizar los estudios– considera que no es viable la obra, podrá abandonar el proyecto previa entrega al Estado de los reportes, datos y demás informaciones.

Oleoducto irá por áreas protegidas

El medio ambiente “padecerá” el desarrollo del proyecto energético que pretende construir la firma Centro Energético de las Américas. Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que entregó la empresa a la Autoridad Nacional de Medio Ambiente, la realización del proyecto traerá como consecuencia:

- La eliminación de árboles en sitios “con algún grado de conservación”.

- La remoción de cobertura vegetal autóctona.

- La alteración de la calidad del agua dulce y salada.

- La sedimentación de fondo lacustre y marino por la instalación del oleoducto.

- La alteración de especies marinas de plantas y animales (incluyendo áreas de corales y manglares).

- La alteración de sitios arqueológicos e históricos.

Según el EIA, 23.2 kilómetros de la tubería invadirán lugares protegidos.

El EIA calculó que la fauna y la flora sufrirán efectos directos en los 40 metros alrededor del oleoducto, mientras que otros 40 metros serán áreas que padecerán la construcción en forma indirecta.

El EIA calcula que 92.8 hectáreas de serán impactadas en su recorrido. Pero cálculos hechos por este diario en base a datos del EIA, fijan ese número en, al menos, cinco veces esa cantidad.

Las áreas que se afectarán con este proyecto son:

- El Parque Nacional Soberanía.

- El lago Gatún

- Barro Colorado

– El Refugio de Vida Silvestre Taboga

EL CAMINO DEL MEGAPROYECTO

  • ACUERDO: El 13 de marzo último, el Gobierno firma un acuerdo con la empresa Centro Energético de las Américas, a la que le concede facilidades fiscales y arancelarias.
  • ANUNCIO: El 11 de junio pasado, el viceministro de Comercio e Industrias, Manuel José Paredes, hace el anuncio sin brindar detalles.
  • INGRESO: El 3 de julio, la empresa presenta el EIA a la Anam.

 

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 504 seguidores