Demanda de inconstitucionalidad en contra de cinco artículos de la Ley 10 del 30 de marzo de 2006 que vende 15 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces

COMITÉ PRO DEFENSA DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES Y LOS BOSQUES URBANOS Y LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA PANAMEÑA

COMUNICADO AL PAÍS

 

ASUNTO: DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE CINCO ARTÍCULOS DE LA LEY 10 DEL 30 DE MARZO DE 2006 QUE PERMITE A LA ASAMBLEA NACIONAL LA VENTA DE 15.2 HECTÁREAS DE BOSQUES DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES

En el día de hoy 16 de julio de 2007 el Comité Pro Defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos y la Asociación Ecologista Panameña interpusimos ante la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia una recurso legal de inconstitucionalidad en contra de los cinco primeros artículos de la ley 10 del 30 de marzo de 2006, ley que le permite a la Asamblea Nacional vender y subastar un total de 15.1 hectáreas de bosques centenarios a empresarios interesados en desarrollar proyectos urbanísticos y afines.

Al promover la Asamblea Nacional, la venta de estos bosques urbanos de rica e importante biodiversidad y que en esencia, cumplen un fin social, se está derivando precisamente serios perjuicios sociales, económicos y ambientales.

Siendo así las cosas, al revisar las normas ambientales que por disposición constitucional se han creado en el país para regular la materia ambiental, es evidente que son vulneradas con las normas atacadas mediante este recurso.

El artículo 4 de la Ley No. 10 de 30 de marzo de 2006, que autoriza a la Asamblea Nacional, para que una vez, realizada la enajenación de la Finca número 154328, con los dineros producto de la venta, contrate la confección de planos y proceda a la construcción de un edificio anexo al existente sobre la Finca número 25598, inscrita al Tomo 624, Folio 801 de la Sección de Propiedad del Registro Público, provincia de Panamá, propiedad de la Nación, viola de manera directa por comisión el artículo 118, del Régimen Ecológico, que establece que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

La Constitución Política es la ley suprema de la nación, de ella se derivan el conjunto de normas relativas al cuidado del ambiente, la salud y la vida misma. El tema de la protección del ambiente, es un asunto esencial donde al Estado le incumbe por expreso mandato constitucional y legal una función primordial e indelegable de custodia.

Al respecto, las áreas protegidas y de manera especial el Parque Nacional Camino de Cruces, es un espacio donde hay valores naturales, históricos y culturales de incalculable valor, que necesitan ser resguardados para obtener de ellos servicios ambientales y culturales vitales para la sociedad de ahora y del futuro.

Esta ley demandada rebasa el marco constitucional, por lo que solicitamos a la Corte declarar el articulado de la Ley No. 10 de 30 de marzo de 2006, como inconstitucional ya que el análisis de los derechos en juego está ubicado en el ámbito de las garantías constitucionales ambientales y la salud humana, que son esenciales para la calidad de vida de los panameños.

No cumple los presupuestos mínimos exigidos para asegurar una gestión ambiental sustentable y adecuada. Además, no contempla el impacto ecológico y ambiental, sino sólo los intereses particulares de la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo para obtener dinero líquido para una anexo del actual edificio legislativo. Por otro lado, desnaturaliza los objetivos de conservación que dan sentido a las áreas protegidas, dejándolas a merced de intereses particulares indiferentes a esos objetivos. Sumado a lo anterior, desarticular el sistema de áreas protegidas vigente, afectando áreas legalmente establecidas, reduciendo límites y modificando arbitrariamente las categorías de manejo y de uso del suelo.

Es importante destacar, dentro de este orden de ideas, que con la Ley No. 10 de 30 de marzo de 2006, se desvirtúa totalmente la figura de la compensación que otorga 590 hectáreas de bosque al Parque Nacional Camino de Cruces, debido a la construcción de la vía de cuatro carriles, más servidumbre denominada Corredor Norte. Además, viola convenciones internacionales de las cuales es signataria la República de Panamá, tal como el Convenio de Diversidad Biológica aprobado mediante la Ley No. 2 de 12 de enero de 1995, en el cual se reconoce la importancia de las áreas protegidas para la conservación de la diversidad de las especies y los Estados se comprometen a adoptar medidas para respetarlas.

La Asociación Ecologista Panameña y el Comité Pro defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos invocan ante los magistrados de la Corte Suprema su celo en la defensa de la Constitución y los derechos humanos fundamentales, hoy amenazados por decisiones que afectan el patrimonio de todos los panameños, de las presentes y futuras generaciones, ya que de no detenerlos, estamos permitiendo precedentes de los cuales todos lamentaremos sus implicaciones negativas en el futuro.

Basta ya, conservemos los bosques y no destruyamos los ecosistemas de Panamá.

Atentamente,

Donaldo Sousa, Presidente, Asociación Ecologista Panameña.

Raisa Banfield, Coordinadora, Comité Pro Defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos.

Ariel R. Rodríguez, Asesor científico, Comité Pro Defensa del Parque Nacional Camino de Cruces y los Bosques Urbanos.

 

PANAMÁ, 16 DE JULIO DE 2007

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