ACP no defiende la cuenca del Canal

La destrucción de la Cuenca

Desde hace varios años  Panamá ha venido realizando una serie de estudios técnicos y científicos relacionados con la conservación de los recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica del Canal, siendo el primero de éstos el Plan Maestro de Usos del Suelo para la zona y la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica (1979).  El último de estos estudios, “Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal-2000.  Informe Final”, concluye que dentro de las acciones antropogénicas que son motivo de preocupación en torno a la salud ambiental de la Cuenca se encuentran la urbanización y las actividades comerciales.

El Informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuenca del Canal de Panamá (Sumario Ejecutivo) (1986), coordinado por el Dr. Stanley Heckadon, y el documento “La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá: Prioridades y Acciones Recomendadas para su Manejo Integral (1995)”, coordinado por el Ing. Jaime Johnson, no sólo coinciden en que la urbanización es una amenaza para los recursos naturales de la Cuenca del Canal, sino que se constituyeron en el principal antecedente del mandato constitucional consagrado en el Artículo 316 de Nuestra Carta Fundamental y que, como alguien atinadamente dijo, “(…) busca evitar que las decisiones adoptadas en relación con los bienes del Canal y de sus recursos naturales se vean afectados por los desórdenes e improvisaciones de orden político”, al otorgarle a la ACP la responsabilidad, de manera “privativa”, de la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Canal.

En desarrollo del mandato constitucional nace toda una normativa destinada a proteger los recursos naturales que garantizan el buen funcionamiento del Canal y el abastecimiento de agua para la población, tales como la Ley No. 19 de 11 de julio de 1997, “Por la cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá”, y los Acuerdos No. 53 de 29 de enero de 2002, “Por el cual se aprueba el Reglamento del Uso de Área de Compatibilidad con la Operación del Canal y de las Aguas y Riberas del Canal”, y No. 116 de 27 de julio de 2006, “Por el cual se aprueba el Reglamento sobre Ambiente, Cuenca Hidrográfica y Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá”, ambos de la Junta Directiva de la ACP.

Frente a ese panorama jurídico, la Administración de la ACP ha dado muestras de negligencia al permitir la aprobación de la Ley No. 12 de 2007, que favorece el desarrollo de actividades económicas y de generación de empleos de carácter comercial y residencial en la Cuenca del Canal.  ¿Por qué el Administrador de la ACP no adoptó una postura más crítica en un debate legislativo con serias implicaciones sobre los recursos naturales adyacentes al Canal?

En un acto de desprecio a un esfuerzo intergeneracional destinado a velar por la sostenibilidad de los recursos naturales necesarios para el funcionamiento del Canal, la aplanadora legislativa del gobernante Partido Revolucionario Democrático aprobó en tercer debate, en plena madrugada del 31 de diciembre de 2006, un cuerpo normativo que a todas luces es incompatible con la conservación de la Cuenca del Canal.  Tristemente, al final prevaleció la política de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, instancia gubernamental que se ha burlado del Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica, un instrumento de ordenamiento territorial adoptado mediante Ley No. 21 de 1997 que recomienda orientar el crecimiento urbano fuera de la Cuenca del Canal, a fin de garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos naturales necesarios para el funcionamiento del Canal de Panamá y el abastecimiento de agua para la población.

Ante la posible construcción de una autopista energética que, en mi opinión, es incompatible con la conservación de la Cuenca del Canal, instamos a la Junta Directiva de la ACP y a los organismos no gubernamentales y de cooperación internacional con intereses en la Cuenca del Canal, entiéndase Cáritas Arquidiocesana, Fundación Natura y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a pronunciarse en torno a este entuerto legislativo, producto de una gestión gubernamental que se ha caracterizado por la improvisación y la ausencia total de planificación.

José H. Santos Aguilera
Abogado y ambientalista

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