Solicitan se reasignen tierras no boscosas a la Asamblea Nacional

Panamá, miércoles 15 de agosto de 2007

Polémica venta de terrenos.

Piden que se reasignen nuevas tierras a diputados

El MEF negó ayer que se haya destituido a la persona que realizó los trámites de la subasta de los terrenos.

LA PRENSA/Jihan Rodríguez

Ariel Rodriguez Vargas

Ariel Rodríguez

Leonardo Flores
lflores@prensa.com

Ni los diputados ni los ambientalistas dan su brazo a torcer en la polémica venta de las 15.1 hectáreas de tierras boscosas ubicadas en Clayton y que son propiedad de la Asamblea Nacional.

En este nuevo episodio, que se inició luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró desierta la subasta realizada el pasado 23 de julio, los ambientalistas piden que se reasigne a los diputados otra propiedad, en las áreas revertidas o donde sea posible.

Sin embargo, días después de conocerse la decisión del MEF, el presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo, insistió en que se tendría que empezar otro proceso para tratar de vender el lote, ya que el problema se debió a fallas técnicas de procedimientos y no porque las tierras estén dentro del Parque Camino de Cruces.

En tanto, ayer el MEF, a través de la oficina de Relaciones Públicas, negó que se haya destituido a la persona que realizó los trámites de la subasta.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez es “lamentable y vergonzosa” la insistencia del presidente de la Asamblea de tratar de vender las tierras, “lo que demuestra una falta de cultura ambiental”.

“No se debe utilizar el patrimonio de todos los panameños para obtener recursos que financien obras de infraestructura en la Asamblea. Si se sigue aceptando esto, otras instituciones también lo harán para financiar gastos corrientes”, dijo Rodríguez, al tiempo que recalcó que la decisión es “inadmisible y violatoria a los acuerdos internacionales” en materia ambiental.

El titular del MEF, Héctor Alexander, determinó en una resolución que emitió el pasado 8 de agosto, que la empresa Eya’s Mazal Tov, S.A. incumplió las formalidades legales, ya que el registro se hizo fuera de los términos legales requeridos para admitir la inscripción. Además, ordenó la devolución de la fianza de 1.3 millón de dólares.