Inician devastación de área verde urbana en Clayton
Ante el levantamiento de la suspensión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la medida que impedía que Inmobiliaria P & P interviniera un bosque que fue declarado área verde no desarrollable a través de la Ley 21 de 1997, trabajadores a nombre de la empresa, durante el pasado fin de semana, han estado socolando todo el sotobosque de este prístino bosque.
La comunidad de las áreas revertidas y grupos ambientales están interpelando a los ciudadanos a pronunciarse contra este crimen ambiental, para que la fuerza de la insensatez no se imponga y destruya un patrimonio de todos.
Para Raisa Banfield, urbanista y ambientalista la Corte Suprema de Justicia, no ha fallado de fondo en cuanto a la constitucionalidad que le otorga legalidad a las acciones que realiza de facto el promotor de viviendas, Carlos Pasco.
Al parecer todo estos abusos provienen de la legalización de actos corruptos en el MIVI iniciados en el gobierno de Mireya Moscoso y consolidados con más fuerza en el gobierno de Martín Torrijos.
Es por ello que las acciones que se están llevando a cabo en detrimento de esta importante área boscosa son deplorables y no pueden ser ignoradas por la ciudadanía, acotó la Arquitecta Banfield.
Otros líderes comunales como el Dr. Azael Barrera, presidente de la Asociación de Residentes de Clayton, han llamado a la solidaridad ciudadana para cuidar este pulmón verde y para ello ya iniciaron este lunes acciones concretas para detener a los taladores de Carlos Pasco, ante la impotencia que reina en la comunidad por la falta de autoridad que detenga tan criminal acto en contra de valores que se suponen estaban protegidos.
El día de mañana martes 18 de marzo el Comité Pro Defensa de Bosques Urbanos y Parque Nacional Camino de Cruces, junto con la Confederación de Comunidades Residentes de las Áreas Revertidas se apersonaran a la Corte Suprema a pedir justicia «para que se detengan estos actos brutales contra el patrimonio natural, que desnuda, la corrupción imperante en el país y la indefensión ciudadana ante tales actos, al carecer de un justicia eficaz y congruente con la Constitución y con los caros valores nacionales» acotó el ecologista Ariel Rodríguez.
La sala tercera debe acoger unos recursos legales que se supone aclaran los principios legales y constitucionales que impiden que estos bosques naturales sean enajenados por el Estado.
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