EIA en el Canal sin transparencia

Estudio de Impacto Ambiental en el Canal destaca la falta de transparencia

Entre fuegos artificiales y explosiones de dinamita, el gobierno trató de disimular sus negocios, poco transparentes, relacionados con la construcción del tercer juego de esclusas en el Canal. Según el presupuesto aprobado, Panamá invertirá más de $5 mil millones en la ampliación en los próximos siete años.

Pocos días antes de las celebraciones del 30º aniversario de la firma de los Tratados del Canal Torrijos-Carter (1977), el vicepresidente de la República, Samuel Lewis N., dio a conocer las oportunidades maravillosas que ofrece el Canal a los capitalistas españoles que “han olisqueado el olor a dinero ocho mil kilómetros al oeste”. (Cita textual de El País de Madrid).

Lewis destacó 8 maravillas que merecen enumerarse: 1. “La operación saldrá por más de 4,000 millones de euros. Algo menos de la mitad lo pondrá Panamá”; 2. El “proyecto empleará a 40,000 trabajadores”; 3. “..El gran éxito del país es su estrategia sostenida de desarrollo”; 4. “En Panamá se están construyendo más viviendas que nunca”; 5. “Panamá es uno de los países que tiene mayores estándares en cuanto a la protección del medioambiente”; 6. “El boom inmobiliario ha (promovido) áreas que permanecían como atractivas, pero estaban sin explotar”; 7. “Nuestro turismo no es masivo, sino de calidad”; y 8. “Las encuestas demuestran que la preocupación en torno a la corrupción ha ido bajando”.

El vicepresidente está viajando mucho. ¿Será que las 8 maravillas son de algún libro imaginario o se equivocó de discurso o de país? Cada una de las afirmaciones de Lewis parece revelar un deseo de enmascarar la realidad y de anunciarle a los inversionistas extranjeros y nacionales verdades a medias.

En este escrito nos detendremos en la quinta maravilla: “Panamá es uno de los países que tiene mayores estándares en cuanto a la protección del medioambiente”. Esta afirmación no es una media verdad, es absurda. La propia ANAM se encuentra incapaz de poner orden en lo que se refiere a la destrucción sistemática del ambiente. La primera prioridad es de los inversionistas, como diría el renunciado director del IDAAN, Juan J. Amado.

Con relación al Canal, se está destruyendo la cuenca del río Chagres a una velocidad no prevista por los estrategas de la ampliación. Para estudiar esta situación, el 2 de septiembre se realizó un foro donde se dio a conocer el estudio de impacto ambiental realizado por la URS Holding Inc. En la presentación no se incluyó la metodología y tampoco se identificaron los impactos ambientales.

Según los ambientalistas que asistieron “el dato más destacado de esta jornada es la aseveración de la ACP de que dentro de un futuro cercano se requerirá de una fuente adicional de agua dulce (para la operación del Canal)”. Los asistentes también se sorprendieron cuando los funcionarios de la ACP dijeron que “el lago Miraflores se ha convertido en un lago salobre, por efecto del uso intensivo de las esclusas actuales”. Durante el debate nacional sobre la ampliación, a mediados de 2006, los ambientalistas acusaron a la ACP de ocultar la salinización del lago Miraflores y la necesidad del uso del río Indio como fuente adicional de agua para satisfacer las demandas del tercer juego de esclusas. En aquel entonces los argumentos fueron negados tajantemente e, incluso, se pagaron avisos en los medios para hacer los desmentidos.

Sería oportuno que el vicepresidente Lewis revisara sus datos. Existen serias dudas de su transparencia en el manejo de la información, que sigue siendo más propaganda que realidad confiable.

* Marco Gandásegui Jr. El autor es profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

CHANGING COURSE

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Narcos y magnates se han tomado las islas de Panamá

NARCOTRÁFICO | Creó 15 sociedades anónimas en el país
Jefe de cartel montaba un imperio en Panamá

Penetró el sistema bancario nacional al mantener cuentas por B/.12 millones.

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Era dueño de la isla Chapera en el archipiélago de Las Perlas, valorada en B/.12 millones.

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Grisel Bethancourt

PANAMA AMERICA

EL JEFE de comunicaciones del Cartel del Norte del Valle detenido en Panamá, José Nelson Urrego Cárdenas, era el tercero en importancia de esta estructura criminal del narcotráfico colombiano, quien logró penetrar el sistema bancario nacional.

Quería hacer aquí su imperio. Así se introdujo hábilmente en el sistema bancario, donde la Fiscalía Primera de Drogas ha detectado en las primeras investigaciones flujos de movimientos de dinero por 12 millones de dólares, en cuentas que abría y cerraba en el lapso de un año.

La fiscalía encontró que la organización constituyó depósitos a plazo fijo que fueron abiertos desde el año 2002 hasta inicios del 2006.

Al menos han sido localizadas 15 sociedades anónimas en Panamá y otras en Islas Vírgenes.

Por estar ligadas a Urrego Cárdenas, hay siete personas detenidas, entre ellas un empresario de la Zona Libre de Colón.

El colombiano detenido el sábado en el Archipiélago de Las Perlas, hacía fuertes depósitos superiores al millón de dólares en cuentas de sociedades controladas, que también tenían nexos en la Zona Libre de Colón.

Urrego Cárdenas fue referido a la firma Cochez, Pagés & Asociados en junio del año 2002, recomendado por un oficial de plataforma de la casa matriz del Banco Continental, como un cliente que constituiría una sociedad anónima a través de esta entidad bancaria.

El abogado Guillermo Cochez informó a este diario, como así lo hizo saber a la Fiscalía Primera de Drogas, que el nombre de José Nelson Urrego Cárdenas fue referido mediante carta del oficial bancario Miguel Sierra, a la firma de abogados de que era socio junto con Pagés.

También abrió una cuenta en el Banistmo referido por el propio Miguel Sierra.

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Gracias a los patriotas diputados y al patriota presidente hoy las islas, más que nunca, no son de los panameños y hasta la mafia se las está tomando.

Burica Press

Agua, nueva regulación y debate

PROYECTO.CONCESIONES EN LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Agua, nuevo debate ambiental

En la Asamblea Nacional se analiza una norma que busca regular el uso del líquido. Ambientalistas están alerta.

Foto: Panamasunset

Rio Caldera, Chiriqu�

PREOCUPACIÓN. Ambientalistas temen que la propuesta legislativa, de ser aprobada, termine restringiendo el acceso a los recursos hídricos.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una iniciativa legislativa que busca regular el uso del agua es la nueva preocupación de los ambientalistas. Se trata del proyecto de ley número 278 que establece el marco regulatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos.

La regulación no es nueva. De hecho, el Decreto Ley número 35 del 22 de septiembre de 1966 establece las concesiones de agua.

 

No obstante, la nueva propuesta inquieta a los ambientalistas porque temen que se trate de una privatización de los recursos hídricos.

 

Por su parte, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) considera que el proyecto busca actualizar la vieja norma y descarta el término privatización.

 

POSICIONES ENCONTRADAS

 

La abogada y ambientalista Susana Serracín dice que el artículo 50 del proyecto es claro. “La concesión de uso de aguas es un acto administrativo a favor del solicitante, mediante el que se le garantiza el derecho al uso con carácter transitorio o permanente…”.

 

La palabra “permanente” aterra a Serracín y así lo hizo saber cuando revisó el documento que todavía es objeto de discusión en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

 

Concesionar el agua de forma permanente a terceros es crear la misma figura de terrateniente en cuanto a la tenencia de tierra, aunque en el caso de los recursos hídricos serían “aguatenientes” porque permite que personas se apoderen del recurso, dijo.

 

“Esto es muy peligroso. Es abrir las puertas a una injusticia social porque está limitando el libre acceso a las fuentes hídricas”, recalcó.

 

El último párrafo del artículo 50 del proyecto establece que las concesiones transitorias se concederán por un plazo no mayor de 30 años prorrogables y el artículo 51 les da el derecho a los concesionarios a ampliar la concesión por el mismo periodo solicitado.

 

Ariel Rodríguez, biólogo y ambientalista, no se opone a la creación de una regulación sobre los recursos hídricos, pero se suma a la preocupación de otorgar concesiones permanentes. “Se debe contar con una ley que busca la protección de este recurso natural”, sostuvo.

 

Estas críticas en contra del proyecto se agregan a la de la organización Consumo Ético, que preside Yakarta Ríos, quien fue la primera voz que salió públicamente a oponerse a la iniciativa legislativa.

 

Entre las consideraciones de Ríos está el hecho de que la norma no es más que la entrega de las fuentes de agua a manos privadas y, en consecuencia, una afectación a “la vida de los ciudadanos”.

 

DOMINIO PÚBLICO

 

La Anam reconoce que el agua es un bien de dominio público, descarta la privatización de los recursos hídricos y defiende el proyecto de ley. La entidad, de acuerdo con el proyecto, será la responsable de otorgar las concesiones “transitorias o permanentes”.

 

Un comunicado de la institución explica que el proyecto de ley busca actualizar y ampliar el marco regulatorio que rige para los recursos hídricos.

 

La propuesta, señaló el comunicado, incorpora principios para la política hídrica que reconocen que el agua es un recurso finito y vulnerable.

 

La iniciativa también es apoyada por el ex administrador de la Anam Ricardo Anguizola, quien dijo que se requiere de una nueva norma de esos recursos porque la actual no contempla su uso sostenible ni muchos menos hace referencias al problema de las cuencas hidrográficas del país.

 

“Desde hace 41 años se vienen dando concesiones de agua y era hora de que se creara una nueva norma”, precisó.

 

Serracín, en tanto, recomendó que antes de aprobar el proyecto se observe el caso de México, que según dijo, mantiene normas similares.

 

El diario La Jornada, en su edición del 3 de julio de 2005, publica un estudio de Public Citizen para el Banco Mundial en el que se cuestiona la norma, al crear sistemas de aguas que quedaron controlados por empresas transnacionales.

La Prensa, 18 de septiembre de 2007