¿Privatización del agua en Panamá?

PROYECTO DE LEY.

¿Privatizará el agua el Gobierno?

Vladimir Herrera

El agua es un elemento natural fundamental e indispensable para la vida. Los seres humanos la necesitan para su desarrollo personal, pero además, como seres civilizados, la utilizan en múltiples actividades, particularmente en la producción. Por esta característica del vital líquido, la intención del Gobierno de transformar un recurso natural en un bien económico sometido a la especulación del mercado, ha provocado muchas suspicacias.

“La privatización de la generación de agua potable y del servicio de alcantarillado puede adoptar distintas variantes, según los antecedentes de esta reforma estructural impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en varios países del mundo, como condiciones para los desembolsos de préstamos multilaterales. Por supuesto, un paso a priori es la revisión del marco regulador y la reestructuración de las empresas, pero siempre se ha observado poca transparencia en los procesos de licitación de cualquiera de las variantes de privatización, que usualmente son otorgados a empresas transnacionales o a sus subsidiarias”. (www.afsc.org).

Con relación a este tema, en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional reposa el proyecto de ley 278 bajo el título de “Proyecto de Ley que Establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá”, que en la actualidad es objeto de estudio por parte de una subcomisión, pero también es fuertemente cuestionado por voceros de algunas organizaciones de la sociedad civil, las cuales sostienen que las concesiones otorgadas en el proyecto de ley son eufemismos o sofismas jurídicos que ocultan las verdaderas intenciones de privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país.

De conformidad con la exposición de motivos, el proyecto tiene como propósito “regular el uso de las aguas del Estado, para garantizar que este sea sostenible, mediante una gestión integrada de los recursos hídricos”. Sin embargo, también tiene la intención de ofrecer en concesión un recurso estratégico que será mañana algo muy similar a lo ha sido el petróleo hasta nuestros días. De hecho, el proyecto podría resultar inconveniente porque con este modelo de gestión el Idaan tendría que pagar por el agua de los ríos y de los lagos, produciendo de forma directa el encarecimiento del costo de los bienes y servicios, al aumentarse el precio de un producto -el agua potable- que es fundamental para el desarrollo de la vida humana.

Es evidente que este proceso de desestatización de los servicios públicos (energía eléctrica, telecomunicaciones y agua) no es un fenómeno exclusivo de nuestro país; por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, la sociedad civil rechazó la privatización de los recursos hídricos que fue impuesto con el Plan Bolivia de Agua y Saneamiento, bajo el auspicio de instituciones financieras como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que condicionaron varios de sus créditos en Bolivia a la privatización de la Empresa Municipal de Distribución de Agua en la ciudad de Cochabamba y del Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz y El Alto, considerados según el BM como “los mayores centros de necesidades de inversiones y potencialidades para el manejo privado”. Para tal efecto fue promulgada de manera sorpresiva, el 20 de octubre de 1999, con el apoyo del BID, la Ley 2029 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, a fin de evitar el debate sobre el acceso a los recursos hídricos del proyecto de ley de aguas.

En abril de 2000, después de siete días de paro en la ciudad y fuertes protestas en las calles, el presidente de Bolivia fue forzado a terminar un contrato de privatización del agua, con Aguas del Tunari, subsidiaria de la corporación transnacional Bechtel. El Gobierno boliviano dio en concesión por 40 años la administración del servicio en 1999. Pero los términos del contrato eran tan nefastos -las tarifas inmediatamente subieron en 200%- que en sólo cuestión de meses la población se levantó y acabó con ello. (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo).

En virtud del aleccionador ejemplo de lo ocurrido en Bolivia y por la repulsa ciudadana que ha despertado el proyecto de ley 278, solo cabe decirle al gobierno de “Patria Nueva”: Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo.

El autor es diputado

La Prensa, 24 de septiembre de 2007

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