PEDREGAL. Los PESCADORES DICEN QUE SE DESTRUIRÁN LAS PLAYAS.
Se oponen a concesión para extraer arena
Los daños al ecosistema afectarán el turismo en el Golfo de Chiriquí y la bahía de Charco Azul.
Bajo Pipón es un islote al sur del puerto de Pedregal y es un bastión de lucha contra los depredadores.
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NATURALEZA. Los moradores de Pedregal dicen que lucharán hasta lo último para defender la playa. |
Boris Gómez
DAVID, Chiriquí
Osvaldo Grenald, un pescador del distrito de David, no comprende cómo alguien pretende llevarse miles de toneladas de arena del corazón de una zona pesquera y turística.
«No hay manera de entenderlo. Es como darle un balazo en la sien a las playas, manglares, especies marinas, a nosotros los pescadores y a nuestros hijos», dijo el pescador.
Ambientalistas como Demetrio Miranda; el abogado Enoch Rodríguez, apoderado del grupo Las Olas, con sede en Playa Barqueta; y Grenald, en representación de los pescadores asociados de Pedregal, aseguran que una extracción de arena submarina en esa parte provocará daños irreparables al turismo y al medio ambiente en el Golfo de Chiriquí y la bahía de Charco Azul.
LA CONCESIÓN
«Si se extrae arena de una zona, el mar la reclama de otra. Vamos a estar alerta, pues en el país tenemos ejemplos claros de otras zonas donde se ha extraído arena del mar y se han visto los perjuicios», explicó Miranda.
Julio Cáceres, de Recursos Mineros del Ministerio de Comercio e Industrias de Chiriquí (Mici), confirmó que la empresa denominada Grupo San José adelanta trámites para obtener la concesión de la extracción de 300 hectáreas de arena submarina. De acuerdo a un mapa del Mici, se llevará a cabo cerca de la desembocadura de ríos del estero de Pedregal y de islas que pertenecen al Golfo de Chiriquí.
Cáceres señaló que la empresa está en búsqueda de comprobar que el proyecto es viable, y tendría que hacerlo a través de consultas públicas.
Grupo San José es una sociedad anónima con sede en Panamá. Su presidenta es Aura Icela Navarrete.
BAJO PIPÓN EN PELIGRO
ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez |

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CENTINELAS. Observatorio para controlar los delitos ambientales. |
Los pescadores del puerto de Pedregal estaban orgullosos de haber convertido a Bajo Pipón, un islote al sur de dicho puerto, en su último bastión de lucha contra los depredadores y taladores de manglares.
Desde allí vigilaban a los que cometían delitos ambientales, y hasta llegaron a recibir al embajador de Estados Unidos para que observara el puesto de vigilancia.
Hoy los trabajadores del mar aseguran que de aprobarse la extracción de arena del lecho marino, esta superficie y todas las playas y manglares del occidente de Chiriquí serían devastadas.
Por eso Osvaldo Grenald distribuyó copias a sus colegas pescadores, a los empresarios del Grupo Las Olas del aviso oficial del director de Recursos Minerales del Mici, Jaime Roquebert, sobre la solicitud de concesión.
«Al mar tú no le puedes quitar sin que él te pase la factura. Si se excava arena submarina creando un efecto de embudo, entonces las arenas de miles de hectáreas a la redonda van a ser arrastradas y no podemos calcular el daño que vendrá», dijo Grenald.
Dijo que están conformando un grupo, pues este proyecto va a traer miseria al distrito.
DAÑOS AL TURISMO
Pero la extracción no solo ha causado un dolor de cabeza a los pescadores sino a los inversionistas. Juan Araúz, presidente del Grupo Las Olas, y su abogado, Enoch Rodríguez, explicaron que existe el precedente de Playa Gorgona, donde fueron afectadas las zonas costeras por la extracción de arena.
«En playa La Barqueta hay un equipo protegiendo a las tortugas que llegan a desovar. Esta ruta de arribo puede ser afectada y esto constituye un peligro ecológico», dijo Rodríguez.
Al final de una reunión con otros pescadores, Osvaldo Grenald señaló: «Hemos visto amenazas serias contra el ecosistema, pero esta es la mayor; definitivamente que se volaron la cerca esta vez».
El director de la Autoridad Nacional del Ambiente en Chiriquí (Anam), Gilberto Samaniego, mantiene en su poder un expediente donde se rechazó el estudio de impacto ambiental (EIA) a la empresa Grupo Arenero S.A. en el año 2005.
La Anam determinó que esa empresa no cumplió con los avisos formales para someter el proyecto a la consulta pública.
La Autoridad Marítima de Panamá en ese entonces determinó que el proyecto no era viable, debido a que el EIA debía ser actualizado y que era contradictorio en algunos aspectos.
La empresa promotora en aquella época no respondió a la solicitud de información complementaria.
La Anam en Resolución con fecha del 16 de septiembre de 2005 rechazó el EIA de una solicitud de concesión similar a una empresa llamada Grupo Arenero S.A. La resolución de rechazo fue enviada a Panamá el 10 de abril de 2006 para que los proponentes se notificaran, pues en Chiriquí no se les pudo localizar.
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