Sobre delitos ambientales en Panamá

CUANDO SE ATACA AL MEDIO AMBIENTE.

Un delito contra la vida

Juan Ramón Sevillano Callejas

Cuando en 1990 me contrató el director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, en ese año, Juan Carlos Navarro Quelquejeu, para prestar servicio profesional como abogado, no pensé que tendría que interponer tantas denuncias ambientales.

Por ello, no fue sino hasta 1992 cuando en nombre de ANCON presentamos la primera incidencia ambiental, a través de una oposición a concesión maderera de diez mil hectáreas en la provincia de Darién.

El entonces Inrenare no admitió la oposición, al argumentar que nuestra organización no era colindante con el área que se iba a talar. Presentamos recurso de reconsideración con apelación en subsidio, bajo la tesis de que la devastación que se produciría afectaría también a la finca Patiño, propiedad de la Asociación en dicha provincia.

Al negarse ambos recursos, presentamos recurso contencioso administrativo, motivo por el cual la Sala Tercera de la Corte sentó el precedente jurídico referente a los intereses difusos y/o derechos colectivos, reconociéndole a ANCON capacidad legal para defender los recursos naturales en todo el país.

De ahí en adelante interpusimos varias denuncias penales por tala ilegal y daños a la propiedad ante la Fiscalía de Circuito de La Palma, Darién.

Por todo ello se nos solicitó desde 1995, en algunas ocasiones por parte de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y de otras entidades, dictar charlas y talleres, en compañía del fiscal segundo superior de Chiriquí y de magistrados centroamericanos, colombianos y españoles, a jueces y fiscales panameños.

ANCON creó un Departamento de Denuncias Ambientales, bajo la jefatura de mi recordado compañero, el biólogo Carlos Enrique Brandaris Montaño (q.e.p.d.), con quien me dediqué a recorrer el país, denunciando entre otras tantas, la matanza de mil patos guichichi en los arrozales de Penonomé; la matanza de nonos en el distrito de Parita, la extracción de piedra en Utivé, etc.

Por casualidades de la vida, cuando la mayor extractora mundial de arena submarina intentó trabajar frente al Hotel Royal Decameron, ubicado en Farallón, era yo el jefe de Asuntos Legales de Hoteles Decameron, S.A. y aunque la campaña fue más mediática, igual interpusimos una denuncia penal cuando durante nuestro trabajo de oposición nos enteramos, por los propios funcionarios de la Dirección de Recursos Minerales, que se había aprobado la concesión sin que la unidad ambiental de esa dependencia hubiese hecho un análisis técnico de la extracción.

Como no pudieron sacar arena en el área mencionada, la compañía intentó sacar arena frente a la comunidad de pescadores de Garachiné, por lo que la legisladora de ese circuito, solicitó apoyo a ANCON, logrando nuestra organización reunirse con la empresa y después de eso se retiraron del país.

Ya existen comunidades organizadas, como la de Pacora, cuya dirigente nos contrató en 1994 para poner la primera demanda civil ambiental para exigir compensación por el daño económico ocasionado a los moradores de ese corregimiento por la extracción de arena, ripio, cascajo y piedra. También existen las beligerantes organizaciones ambientales de las tierras altas chiricanas, las del cerro Ancón y ahora las de Clayton.

Cuando trabajamos en el proyecto, hoy ley de la república, Ley de Delitos Ecológicos, recuerdo que un representante empresarial, mencionó durante la discusión, que “si por Sevillano fuera todos estaríamos presos”.

También recuerdo que ahí fue cuando el Ministerio Público aceptó que se introdujese la palabra “irreversible” que ha servido de defensa fundamental en todas las denuncias ambientales interpuestas. Por ello solicite al presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea, ingeniero Milciades Concepción, la eliminación de ella.

En la actualidad tenemos denunciados los proyectos, supuestamente turísticos, ubicados en Vista Mar (San Carlos), Isla Gallo e Isla Viveros (archipiélago de Las Perlas), así como también tenemos denunciados al hospital de la Caja de Seguro Social en Chepo y al matadero municipal de ese mismo distrito; a Industrias Amado, en Milla 8; a la mina de Petaquilla; y al proyecto del señor Pazco en Clayton.

La lucha continúa y nuestra pretensión con este artículo es dar a entender que todos los ciudadanos panameños, sin importar la edad, pueden interponer denuncias ambientales, ya sean administrativas, civiles o penales, para defender la mayor riqueza que tiene nuestro país, los recursos naturales y su enorme biodiversidad.

Para muestra un botón… ¿sabe usted que Panamá tiene más especies de aves que toda Europa junta?

No somos radicales, creemos en el desarrollo sostenible, pero no creemos en el desarrollo salvaje y criminal que estamos viviendo, que lo único que pretende es generar más riquezas para los que ya mucho tienen.

 

El autor es abogado

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