Lo que esta en discusión es el concepto de valor y significado del agua dentro de la filosofía de las presentes regulaciones.
Agua y desarrollo en Panamá
José Gonzalez Jara
Oilwatch Panamá
Contacto: josegonzalezjara@ gmail.com
Anteproyecto de Ley para Privatizar Agua en Panamá
La Asamblea de Diputados de Panamá someterá a aprobación en el próximo periodo legislativo un anteproyecto sobre concesiones de recursos hídricos. Los diputados han señalado que, con ese marco legal, tratan de promover el aprovechamiento integrado de los recursos hídricos (La Prensa). El mismo establece el marco regulatorio para la gestión integral de los recursos hídricos de Panamá, señala la comisión de Ambiente del poder legislativo.
La organización Consumo Ético, esta semana, realizó un foro público para divulgar los análisis del anteproyecto de ley. Yakarta Ríos, de la organización Consumo Ético, explicó que este proyecto busca privatizar las fuentes de agua panameñas como ríos, lagos y quebradas, y que en sus artículos la norma plantea otorgar en concesión las fuentes de agua por espacio hasta de 50 años, a la empresa internacional que brinde una oferta. «Las trasnacionales se adueñarán del vital líquido panameño», agregó.
Puntualizó que el proyecto le da un valor económico al agua y la convertirá en una mercancía, por lo que los panameños deben estar pendientes de esta discusión (La Prensa). La urgencia de esta regulación dentro de la agenda estatal, se inscribe en la necesidad planteada por el Tratado de Libre Comercio con E. U. de homologar los marcos jurídicos a los principios del tratado, como ya ha sido regla en centro y sur América.
En Panamá, aproximadamente el 37% del Producto Interno Bruto, posee una relación directa con el uso del agua, y el 62.3% indirectamente, en actividades portuarias, ecoturísticas, trasiego de crudos, etc. pero también estas actividades producen la disminución de la calidad y cantidad de agua.
En las zonas del país depredadas forestalmente el agua se evapora el 40%, mientras que en la escasa zona de bosques sólo el 15%, sumado a ello el insustentable modelo de uso de suelos arrasado por al ganadería y la agricultura extensiva provoca el escurrimiento del 50% del agua, lo que dificulta la filtración por la acción compactadora sobre el suelo. Mientras que en las escasas áreas boscosas del país sólo escurre el 25%. Todo esto ha producido la extinción cuantitativa y cualitativa de manto acuífero, que se recarga con la
filtración en áreas boscosas en un 35%, mientras que en áreas depredadas por el monocultivo, el desorden urbanístico, y deforestadas sólo filtra el 10%. De manera tal que tenemos un creciente desequilibrio sobre el ciclo hidrológico por efecto de desaparición de bosques y desorden en el uso de los suelos.
Petróleo, minería, hidroeléctricas y Agua en Panamá
La ciencia ha ilustrado ya ampliamente que los dos eventos más significativos que tuvieron lugar en el Mioceno tardío y a principios del Plioceno fueron la crisis de salinidad en el Mediterráneo y la formación del Istmo de Panamá en América Central. De tal manera que estos factores vinieron a ser determinantes en la conformación climática y física del país. De ahí que la configuración hidrográfica del istmo es de ríos cortos, que nacen de montañas próximas al mar, por las obvias limitaciones del tamaño de territorio continental. De esta forma la escala ecológica del país expresa sus particularidades y la dimensión real de los fenómenos ecológicos y socioambientales, prueba de ello es la configuración del flujo genético de la compleja biodiversidad endémica del istmo. Pero así mismo, esta complejidad significa un alto de nivel de desequilibrio por los impactos de la actividad antropogénica, es decir, del «desarrollo». A pesar de estas condiciones particulares de Panamá, el Estado no ha constituido un sistema de clasificación de los ecosistemas locales que posibiliten la realización de una evaluación integral de las riquezas naturales, sólo se conocen la existencia de 12 zonas de vida de las 30 existentes en el planeta.
Fuera de este componente de muestreo analítico del conocimiento científico ambiental, lamentablemente también en nuestro país las autoridades de ambiente no han desarrollo mecanismos de evaluaciones ambientales estratégicas sobre la totalidad de la interfuncionalidad de las formaciones ecosistemáticas del territorio nacional y sus subregiones, con la cual ubicar las potencialidades y los posibles puntos de desequilibrio principales que pueda producir el desarrollo económico como parte del problema de la gestión ambiental de los recursos hídricos.
De tal manera que llama la atención como el gobierno pretende regular sobre el recurso estratégico AGUA adoleciendo de conocimientos científicos verificables, sobre las condiciones que la hacen posible en su contexto, a no de ser por las segmentadas consultarías «econométricas» financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y entidades similares, las cuales muestrean los recursos estratégicos del país para «vender a Panamá» en el «mercado internacional».
Preocupa cómo se está gestionando el desarrollo de proyectos de un evidente alto impacto ambiental.
El proyecto de Centro Energético de las Américas, ya presto a desarrollar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las Autoridades Panameñas, amenaza potencialmente, entre otras cosas, la calidad del agua de las zonas metropolitanas del país al atravesar con su oleoducto las principales zonas de productividad de hídrica de la región de Panama y Colon que son el Parque Nacional Chagres y el Lago Gatún. Esta «autopista energética» se constituye en una amenaza inmediata, así como la ampliación del oleoducto transístmico de la empresa Petroterminales que va de la Laguna de Chiriquí en Bocas del Toro a Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí.
En el mismo sentido, la actividad minera que se empieza a desplegar en el país se ubica en zonas de potencial productividad hídrica, en áreas de relieve, y es que el istmo por su condición orográfica, orientación de la cordillera y variable climática hacen que el derrame de precipitaciones de 223 700.000.000 m3/año se distribuya por una conformación hidrográfica con las particularidades que ya mencionamos. Preocupa sobremanera esta perspectiva de desarrollo minero ya que produce un evidente conflicto con la distribución territorial de lugares poblados, donde se asientan comunidades humanas las cuales se ven amenazadas de ser borradas del mapa socioecológico junto con sus formaciones productivas y cultural locales, gracias a las cuales los índices de pobreza del país no son peores. Y no menos diferente es la situación del desarrollo de concesiones de agua para proyectos hidroeléctricos. Ríos importantes para la biodiversidad y la sostenibilidad de los mantos acuíferos como el Santa María, el Changuinola, el Tabasará, San Pablo, ente otros, están amenazados y con ellos, las poblaciones humanas a las cuales brindan sus servicios ambientales.
No hemos mencionado, el impacto que tendrá la redefinición de uso de los recursos hídricos en la ampliación del Canal de Panamá, que de por sí, ya significa un aumento en al erosión y sedimentación de las fuentes hídricas base del grandioso proyecto.
Como ya han señalado algunos autores locales existe una evidente incongruencia en esta obra de gran hidráulica del canal y el Estado-Nación y el desarrollo sustentable de la sociedad Panameña, el cual es «la sociedad hidráulica impuesta a Panamá» por el Modelo Capitalista Internacional, con el uso del agua no para promover la transformación socioeconómica nacional, para redefinir la formación de un nuevo régimen agrario avanzado. Sino el agua de la vía acuática administrada para incrementar la rentabilidad de la mercancía producida y transportada del mundo industrializado, mediante la reducción de sus tiempos de retorno, pero no para el desarrollo de factores determinantes en la construcción un modelo de desarrollo sustentable en el istmo: como la agricultura y la agroindustria local.
El proyecto de Ampliación es señal de que las élites políticas tradicionales en cuestión, carecen de una perspectiva de desarrollo sustentable. Y lo vuelven a reafirmar con la intención de regular el recurso hídrico en función de la economía transnacional, al considerar el «manejo integrado» de recursos hídricos la integración de este, mediante marcos flexibles y «abiertos», también una integración al «libre mercado».
Lo que está en discusión: la revolución cultural e ideológica del Neoliberalismo en el Modelo de Desarrollo Panameño
Lo que esta en discusión es el concepto de valor y significado del agua dentro de la filosofía de las presentes regulaciones. Dentro de los principios de la Ecología de Mercado, piedra angular del fundamentalismo liberal e inmerso en las políticas de desarrollo del Estado Panameño en materia de recurso estratégico, se considera al agua, así como la energía, una «mercancía» transable en el mercado, no importa el valor social y vital que ocupe en las formaciones culturales y ecológicas del país; de hecho, ni le interesa el estudio y evaluación estratégico de la gestión social de los mismos, como ya hemos demostrado.
La vida en sociedad y la regulación del uso sustentable del agua no es únicamente un tema para decir que este factor estratégico de la economía deba estar incluido en un plan nacional de desarrollo; muy lejos de eso, de planes de desarrollo en sí (de que son buenos porque son planes), lo que está en cuestión es la filosofía de esos planes, la cual adolece del componente elemental de no surgir de los principios de las ciencias, sino del lucro privado y el tramite desregulacionista del modelo político corsario vigente en el país.
La gestión socioambiental del agua pasa por la gestión de sus conflictos. De tomar en cuenta la decisión de lo que dicen las comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos, mineros o petroleros, hasta las comunidades que luchan por tener acceso al vital líquido, así como aquellos actores sociales tradicionales como el movimiento obrero y gremial.
Hoy escuchamos ha algunos sectores empresariales locales señalar que los precios de la energía eléctrica, industria volcada a la exportación, son un freno a la «competitividad», pero si los actores sociales con voluntades políticas alternativas y nacionales no coinciden en una Agenda Común de profundos cambios cívico-ambientales en las instituciones del ramo, mañana también podremos ver que los precios y la calidad del agua se constituirán en productores de mayores desordenes estructurales a la economía y a la calidad de vida los panameños.
No habrá soluciones reales si éstas no corresponden a una gestión estatal de base, capaz de construir puntos de encuentro desde las diversas posiciones sostenidas por los variados intereses involucrados en tal conflicto; lo que significa poner también sobre el escenario político y social legítimos liderazgos comprometidos con el reforzamiento de la institucionalidad en materia Ambiental y de derechos ciudadanos. He aquí, porque el problema ecológico es un problema eminentemente político y choca con el principio neoliberal de la fragmentación y debilitación institucional del Estado. Y ¿qué actor político o social protagónico de la sociedad Panameña está dispuesto a romper con este paradigma? Es una buena pregunta.
Lamentablemente, la actual Asamblea de Diputados, producto de un modelo político desregulacionista propio del modelo de desarrollo, aparece a la sociedad como una corporación intelectualmente desajustada del contexto histórico para tales efectos, agravando aun más el problema si carece de voluntad política. El tema del parque Camino de Cruces es referencia reciente, entre otros.
La revolución cultural del neoliberalismo en materia de consumo de agua en los últimos años se ha simbolizado por la cultura del agua embotellada, que de ser una práctica de ciertas élites, ha pasado a socializarse terriblemente entre la población. ¿Cómo diluir estas prácticas socioculturales homogenizantes?
En este complejo libro de las preguntas de la construcción sustentable del desarrollo nacional vale preguntar también ¿Qué actores sociales y políticos sí están dispuestos a hacerle caso a la ciencia y coincidir en una agenda común de cambios?
Para Oilwatch en Panamá, germinada a partir de la experiencia en estos ámbitos durante más de diez años en las regiones empobrecidas del sur del planeta, resulta fundamental lo que hagan o dejen de hacer los movimientos sociales, los cuales han sido las bases intelectuales y políticas de resistencias por años, para que la realidad socioambiental actual no sea peor de lo que ya es. En este sentido, hace apenas unos días en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, fuimos testigos del levantamiento ciudadano contra la industria minera de oro a cielo abierto que venia gestionando el Estado Central sin pleno conocimiento de comunidades y gobierno local. Aunque este conflicto está lejos de resolverse aún, anulando el acto administrativo que da concesión a la empresa Oro Gold de Panamá en más de 9000 hectáreas del área norte del distrito, es importante destacar las alianzas despertadas entre los diferentes sectores de la población, la cual ha permitido el suficiente consenso para que emerja del Consejo Municipal un Acuerdo que declara al distrito libre de exploración y explotación minera y llama a la empresa a suspender toda actividad, reafirmando el carácter ambiental y económicamente no negociable de los servicios ambientales que brindan las cuencas hídricas de la zona. Esta vocación de búsqueda de institucionalidad, aunque local, es un paso adelante del Estado Local y la comunidad en la reafirmación de su poder de gestión socioambiental frente a la falta de ejercicio de regulación del Estado Central.
Referencias:
http://www.energias.com.pa/park.html
http://www.usma.ac.pa/web/DI/images/IPC No. 3/p.14-20 Zarate1.pdf
http://www.undp.org.pa/_pnud/Documents/informe-GEO.pdf
https://burica.files.wordpress.com/2007/05/informe-del-estado-del-agua-de-la-repu\
blica-de-panama-1999-2004.doc
El autor es Ambientalista, miembro de Oilwatch.
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