CREHO ofrece becas para evaluación ambiental para el manejo de humedales

El Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental ofrece

Becas para participar del Curso Internacional

de Evaluación de Impacto Ambiental y

Evaluación Ambiental Estratégica

para el manejo de Humedales

 

Noviembre 19 – Diciembre 5 de 2007

Convocatoria a partir de: viernes 28 de septiembre de 2007

Cierre de recepción de documentos: lunes 22 de octubre de 2007

Es un curso intensivo de 17 días que se dictará en idioma español, en Ciudad de Panamá, del 19 de noviembre al 5 de diciembre de 2007, como parte del Programa Regional de Capacitación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental-CREHO.

OBJETIVO

El curso tiene como objetivo proveer a los participantes con el conocimiento y las destrezas necesarias tanto analíticas como metodológicas para usar y aplicar herramientas de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica en la conservación y uso racional de humedales. El currículo fue diseñado con base en los lineamientos y legislación referentes a EIA y EAE para planeación territorial y procesos de toma de decisiones de licenciamiento ambiental bajo la Convención Ramsar.

PERFIL DEL SOLICITANTE

  • Profesionales o técnicos del sector privado, gubernamental, organizaciones no gubernamentales, profesionales independientes vinculados al tema de humedales o toma de decisiones en ecosistemas de humedales.
  • Tres años de experiencia profesional en el sector ambiental o áreas relacionadas preferiblemente con impacto ambiental.
  • Responsables del desarrollo de políticas, manejadores de sitios (áreas protegidas, reservas privadas o propiedades con humedales) asesores o consultores.
  • Se valorará la capacidad de transmitir conocimientos.

REQUISITOS GENERALES.

Enviar la siguiente documentación a través de correo electrónico a: info@creho.org o vía Fax: (507) 317-0876. Atención: Aplicación a becas para Curso EIA y EAE 2007

1. Formulario de solicitud. El formulario y más información sobre el curso se encuentran disponibles en la página web www.creho.org o vía e-mail a info@creho.org

2. Hoja de vida con la educación formal y experiencia en el área de recursos naturales y/o humedales.

3. Un resumen de una cuartilla con los intereses específicos de participación en el curso.

4. Una carta oficial de la institución para la cual trabaja el candidato autorizando que asista al curso si es el caso.

5. Nacional de un país miembro de la Convención Ramsar en el Hemisferio Occidental

6. Dominio hablado y escrito del idioma español.

7. Pasaporte vigente.

CONDICIONES GENERALES

1. Las becas otorgadas serán exclusivamente para participar del Curso EIA y EAE para manejo de Humedales, el cual es organizado por el Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación en Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO) y la Convención Ramsar.

2. Se otorgarán 10 becas. La selección se hará entre las aplicaciones recibidas dentro del periodo estipulado.

3. Es indispensable poseer pasaporte con validez mínima de 6 meses.

4. Solicitud de una sola beca por persona.

5. No se cubrirá ningún gasto que no haya sido establecido en forma expresa previamente.

6. Completar en buena y debida forma, enteramente en español, el formulario. Las aplicaciones incompletas serán anuladas del proceso de selección.

7. Cumplir con los requisitos específicos indicado en el perfil de los solicitantes.

8. Indicar una dirección de correo electrónico permanente, personal e intransferible a efectos de notificaciones.

9. La selección de los participantes se hará con base en el perfil profesional, la potencialidad de uso de lo aprendido en forma periódica y continua, la existencia de conocimiento previo que permita igualmente al participante realizar aportes y mantener una discusión técnica sobre el tema durante el curso.

10. Las actividades académicas serán de carácter obligatorio y el participante deberá dedicarle tiempo completo.

 

11. El idioma oficial del curso será español y todos los materiales, charlas y sesiones serán en este idioma, no obstante se contará con traducción simultánea para las sesiones con expertos internacionales angloparlantes.

12. El equipo de instructores estará integrado por expertos con amplio conocimiento y experiencia internacional en el manejo de humedales, estudios de impacto ambiental y entrenamiento de la Convención Ramsar y otras instituciones reconocidas internacionalmente.

 

13. La selección de los posibles becarios estará a cargo de un panel de selección que realizará una pre-selección de los participantes con base en una matriz de evaluación, con la cual se calificará a los postulantes.

14. Si como resultado de la preselección son pocos los candidatos, se realizará la apertura de un segundo llamado, para una nueva selección.

 

15. En caso de contar con un alto nivel de candidatos se realizará una nueva selección en términos de costos, a fin de procurar utilizar los recursos de modo que se permita un mayor número de participantes. Los criterios que se considerarán en esta etapa son: capacidad de financiamiento, co-financiamiento, costos de traslados aéreos, distribución geográfica, multidisciplinariedad.

16. El resultado emitido por el Panel de Selección será inapelable y se dará a conocer el 31 de octubre de 2007.

 

17. Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será definido y resuelto por el Panel de Selección

CONDICIONES ECONOMICAS

1. Los merecedores a la beca se beneficiarán con la cobertura de los siguientes gastos:

  • traslado aéreo (ida y vuelta)
  • traslados hotel / aeropuerto
  • inscripción al curso
  • materiales
  • giras a campo
  • seguro médico
  • hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios)
  • Traducciones simultáneas en las sesiones con expertos internacionales

2. La beca no cubre los gastos de:

  • cambios de fecha en tiquete de avión
  • prolongación de la estadía establecida
  • visas e impuestos
  • actividades turísticas
  • llamadas telefónicas
  • Internet
  • lavandería
  • ningún otro gasto que no haya sido establecido en forma expresa previamente.

3. Es recomendable que cada participante traiga consigo fondos para emergencias, llamadas telefónicas, taxis, lavandería, compras personales etc.

CALENDARIO

1. Lanzamiento de Convocatoria. Viernes 28 de septiembre de 2007

2. Fecha tope para aplicar. Cierre de recepción de documentos. Lunes 22 de octubre de 2007

3. Inicio del proceso de selección. Martes 23 de octubre de 2007

4. Notificación de resultados. 31 de octubre de 2007

  • Se informará a los participantes inmediatamente que han sido seleccionados.
  • Se iniciarán los arreglos de trámites para viaje.
  • Sólo nos comunicaremos con los candidatos seleccionados.

Para mayor información. Persona de contacto.

Cristina Tzanetatos

Asistente de Comunicaciones

Centro Regional Ramsar para

la Capacitación e Investigación sobre

Humedales para el Hemisferio Occidental

Ciudad del Saber Casa 826 A, Panamá

Tel (507) 317 12 42 / Fax (507) 317 08 76

info@creho.org / www.creho.org

El deshielo y el Canal de Panamá

He leído con asombro la pobre calidad del editorial «El deshielo y el Canal», publicado el 5 de octubre del 2007. No pude menos que recordar los sabios y bien documentados editoriales del pasado, escritos por el Dr. Harmodio Arias Madrid y otros distinguidos maestros de la pluma. El autor escribe sin fundamento alguno.

Chile, Argentina y Brasil representan un pequeño porcentaje de los ingresos del canal. El autor no menciona la Costa Este de los Estados Unidos que representa más del 50% de esos ingresos. Ese mercado va a tener una ruta más corta hacia Asia. A Venezuela sí le importa que se despeje el hielo; son 12,000 millas náuticas menos de navegación a Asia.

El editorialista no exhibe conocimientos serios sobre el tema. Revela una cultura cinematográfica más que un reflejo de la realidad actual. Se nota que no se ha tomado el trabajo de investigar. Pienso que está muy relacionado con la ACP, porque ningún empleado de la ACP (y los hay muy inteligentes), puede apartarse de su librito ni tiene derecho a sacar conclusiones. Es como los religiosos ortodoxos: lo que no está en la Biblia o el Corán, ni mencionarlo. La propuesta de la ACP, para ellos, no puede cuestionarse.

Tampoco ha oído hablar de las naves modernas (azipod), que navegan económicamente con hielo o sin hielo. La reaseguradora Lloyds de Londres ha celebrado ya dos conferencias sobre navegación ártica. Están interesados. Los científicos dicen que el deshielo ártico es irreversible. Los doctores Lawson Brigham y George Newton, abundan actualmente en predicciones y opiniones sobre el futuro de la navegación ártica, tal como puede verse en Internet.

«Las compañías comerciales sienten la picazón de usar el Pasaje del Noroeste como ruta preferida entre la Costa Este de los Estados Unidos y Asia», ha dicho George Newton, presidente de la Comisión Artica de EE.UU.. (Junio 15, 2006).

Una historia muy diferente a la que dice la ACP que ellos contaron aquí, en enero de 2005.

Panamá América, 9 de octubre de 2007

El agua, ¿derecho humano o mercancía?

PROYECTO DE LEY.

El agua, ¿derecho humano o mercancía?

Susana A. Serracín Lezcano

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2001), alrededor de 20% de la población mundial no cuenta con acceso a agua potable y mil 200 millones de personas sufren enfermedades hídricas, que causan la muerte de más de 125 millones de niños menores de cinco años. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma, 2000), calcula que dos tercios de los habitantes tendrán en el 2025, condiciones de estrés hídrico, esto es, que no tendrán acceso al agua.

Existe la urgencia de reflexionar sobre el gran dilema existencial del agua como derecho humano, consustancial con la vida y del cual se derivan otros derechos como la salud humana y de los ecosistemas, frente a la concepción del agua como mercancía.

El agua es un bien público y no es, ni puede ser considerada mercancía, bajo la carátula de la «modernización» de la política hídrica que se ha dado en varios países, generando el más infame despojo y la peor de las injusticias sociales de la historia. No es casualidad que las poblaciones donde el agua es de baja calidad o inaccesible, son las que presentan el índice de pobreza más alto.

En México, la tendencia a la privatización del agua se inició con el debilitamiento de la inversión estatal, que incrementó la contaminación de las aguas y se avalaron programas de privatización enmascarada, amparados en concesiones y acuerdos con capital privado nacional y extranjero, para que empresas transnacionales de agua embotellada y refrescos, se fortalecieran como una «exitosa industria» acaparadora y monopolizadora de los recursos hídricos. Actualmente, los conflictos de los ciudadanos con la política del agua en México, se traducen en una lucha por la supervivencia donde llevan la peor parte, los pobres y las poblaciones más vulnerables.

Organizaciones de defensa del agua, como el Instituto Polaris de Canadá y el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular de México (Casifop), identificaron las siguientes modalidades de privatización orientadas a garantizarse el monopolio del recurso, a través de la privatización de los territorios y biorregiones ricas en agua; la construcción de represas e hidroeléctricas; la apropiación de facto del agua al contaminarla e imposibilitar que otros la aprovechen; la privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas, a través de concesiones y contratos de servicios múltiples; la apropiación de redes de distribución y plantas purificadoras, fijando las condiciones de su acceso y tarifas a la población; la privatización mediante el embotellamiento de agua por empresas que «transforman agua en agua» y el monopolio de las tecnologías, por parte de las mismas industrias que despilfarran y contaminan el agua y que se presentan como las únicas capaces de extraer el agua más profunda (tecnología que ya usan las petroleras), o de purificarla adecuadamente, a través del monopolio de mercados y patentes de tecnología.

El proyecto de Ley No. 278, que establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Panamá, requiere el más amplio y transparente debate de cara a la sociedad, pues pretende crear un nuevo marco jurídico, que si bien es cierto, reconoce el agua como un bien de dominio público, no contempla el agua como un derecho humano y contiene aspectos contradictorios que nos preocupan, como el establecimiento de concesiones que le garantizan al solicitante el derecho al uso con carácter transitorio o permanente, del agua. Las concesiones transitorias, podrían incluso otorgarse por un plazo no mayor de treinta (30) años prorrogables. Esto es muy peligroso.

Se permitiría además concesiones y/o permisos para el uso del recurso hídrico, dentro de áreas protegidas y/o reservas equivalentes y establece que los derechos que se otorguen estarán protegidos por las cláusulas constitucionales de la propiedad privada. Señala además, que la Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, le correspondería fijar el valor económico total del agua, canon y tarifas. Estos y otros aspectos, merecen nuestra atención.

No permitamos que Panamá sea víctima de este «renovado asalto» y propiciemos la gestión del agua con base a un modelo de gestión local y participativo, en el que las comunidades elaboren y ejecuten, en coordinación con las instancias públicas competentes las políticas relacionadas con la protección, conservación, uso equitativo sostenible y del recurso, como única forma de garantizar el agua como un derecho humano.

 

La autora es abogada ambientalista y miembro de la Asociación de Derecho Ambiental

San Felipe y su derecho a tener playas libres de construcción

CASCO VIEJO. PROCURADOR RECLAMA FINCAS PARA EL ESTADO.

San Felipe, eje de una polémica

El pedido de Oscar Ceville incluye al ex Club Unión, que un inversor compró en abril pasado por $7.5 millones.

Están en igual situación al menos 10 fincas del Casco Viejo, ubicadas entre el mar y la antigua muralla.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

PROPIEDAD. La Constitución de 1941 estableció que las áreas de playa o ribera del mar son bienes de dominio público.

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

El antiguo Club Unión en San Felipe supo esconder muchos misterios: por sus lujosos salones se decidió una porción del destino de Panamá. Hoy sus ruinas también esconden un secreto.

Según el procurador de la Administración, Oscar Ceville, el terreno debió pasar al Estado en 1961. Y para hacer realidad esa disposición instó –en una nota fechada el 24 de julio de 2007– a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas para que reclame esa parcela. El viejo Club Unión no sería el único que permanece en la nebulosa legal: hay unas 10 fincas más, ubicadas entre la antigua muralla que rodeaba a San Felipe y el mar.

Vea San Felipe: entre lo público y lo privado

INVESTIGACIÓN. PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PIDE RECUPERAR PARA EL ESTADO MILLONARIOS TERRENOS.

San Felipe: entre lo público y lo privado

El director de Catastro, Mariano Quintero, dijo que estudiará la situación de las fincas sobre el mar.

En el centro de la pelea se encuentra uno de los edificios más representativos de la zona: el ex Club Unión.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

PLAYA. La propiedad donde funcionaba el ex Club Unión se encuentra fuera de los primeros límites originales de San Felipe.

Presione para ver

La ley prohíbe que los cambios aumenten la altura y el tamaño del edificio, pero pretenden construir cuatro pisos.

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

Una atmósfera indescifrable rodea las ruinas de la construcción blanca. Como si una muda ligazón al pasado de Panamá lo mantuviera en pie, a pesar del abandono. Pero el edificio del ex Club Unión en el Casco Viejo no solo refleja la imagen de otro tiempo, sino que además representa algo menos romántico: al Estado holgazán.

Desde 1961 la finca 14861, sobre la que está construida el edificio, debió pasar al Estado por estar constituida sobre áreas de playa o ribera de mar, según lo estableció la Constitución Política de 1941. Así lo ratificó el 3 de marzo de 1997 la ex procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher. Igual postura tomó su reemplazo, Oscar Ceville, el 24 de julio pasado.

Sin embargo, ningún gobierno se interesó en su suerte. Y el millonario terreno continuó en manos privadas.

Aparte de la finca del ex Club Unión, Ceville reclamó para el Estado alrededor de 10 parcelas que se encuentran entre la antigua muralla de la ciudad colonial –hoy casi desaparecida– y el mar.

El funcionario emitió su opinión a pedido de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), quien le remitió una nota el 10 de abril último. ¿El motivo? La sociedad Propiedades de la Bahía –del inversor estadounidense Paul Stallings– había comprado el terreno por 7 millones y medio de dólares y deseaba construir un hotel de lujo. Por eso, la OCA quería asegurarse de que fueran viables los planos a pesar de que el inmueble encerraba una contradicción: se hallaba sobre la ribera del mar (en terreno público) pero, por otro lado, estaba inscripta en el Registro Público a nombre de un particular.

Ceville zanjó esa incoherencia de un plumazo: reclamó a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que presente una acción judicial para intentar recuperar los terrenos. «Basados en la opinión del Procurador, vamos a empezar una investigación para identificar qué fincas se encuentran sobre la ribera del mar», anunció su director, Mariano Quintero, quien conoció el escrito de Ceville por La Prensa.

En un cajón

A pesar de la opinión de Ceville, la Oficina del Casco Antiguo continuó con el trámite de factibilidad de los planos que presentó la firma Propiedades de la Bahía. El escrito del Procurador incomodaba y su destino estuvo cantado: terminó congelado en un cajón del elegante edificio de la calle 3.

Sin el documento en el horizonte, el director del organismo que decide sobre San Felipe, Ariel Espino, aprobó el anteproyecto que presentó la empresa el 20 de agosto pasado.

Espino, además, dejó esperando al cartero: nunca informó a la Dirección de Catastro de la situación. «Lo que dice el Procurador es que es muy posible que eso [la finca del ex Club Unión] sea del Estado y el MEF tiene que hacer esto y aquello, pero mientras eso no ocurra esa propiedad sigue siendo de un particular», se justificó (ver recuadro).

Se esconden los archivos.

En la Dirección de Catastro hay un antecedente respecto de los terrenos en San Felipe: es la circular que envió el 9 de marzo de 2005 a esa dependencia el antiguo director nacional de Patrimonio Histórico, Domingo Varela. La inquietud de Varela era la misma: ¿Se puede aprobar un proyecto turístico en el ex Club Unión cuya finca se encuentra sobre la ribera del mar por fuera de los límites de la antigua muralla? En aquella época el grupo hotelero Decameron analizaba levantar un hotel allí.

Varela se quedó esperando una respuesta que nunca llegó. O sí, pero sin ir hasta el fondo del asunto. El entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hizo lo más fácil: el 22 de marzo de 2005 se limitó a informar que la finca en cuestión estaba inscrita por un particular. Y nada más.

La situación de la finca del viejo club social se repite en unas 10 fincas más. Según la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que los terrenos están en manos privadas, en 1961 las «playas, riberas de playa y fondo de mar, en manos de particulares pasaron a ser bienes de dominio público».

Ese fue el argumento que utilizó Ceville y que la Oficina del Casco Antiguo ignoró. Y la Dirección de Catastro ni se enteró.

Para que esos terrenos pasen al Estado, entonces, solo resta que se formalice la titularidad, según Ceville. Los nuevos dueños del ex Club Unión, por su parte, no están tan convencidos de ello. «Existen fincas costeras debidamente constituidas y legalmente inscritas en la república de Panamá, cuyos titulares son particulares y cuyo derecho de propiedad es anterior a las reformas constitucionales», consideró el bufete Fábrega, Molino & Mulino, representante de Stallings, quien le compró el viejo Club Unión a la empresa Hoteles Decameron el 16 de abril de 2007.

¿Más problemas?

La situación de la finca no es el único escollo que deberá sortear Stallings si en algún momento piensa cortar la cinta de su nuevo negocio: según la ley, las restauraciones en el Casco Viejo no pueden aumentar la altura y el tamaño del edificio original. Y los planos que Stallings presentó a la Oficina del Casco Antiguo incluyen volúmenes nuevos. «La parcela y las ruinas son de tamaño diferente y es un problema porque, al tratar de usar el total de la propiedad, se está creando una volumetría que nunca existió», comentó Espino.

«Siempre –amplió–, desde que se hizo el primer proyecto en esa propiedad, se dijo que el edifico existente debía restaurarse y, tomando en cuenta que la finca era mucho más grande que el edificio, se podía añadir una segunda ala que fuera compatible con el diseño». Espino aseguró que en los planos la cuestión está resuelta. Especialistas consultados, sin embargo, opinaron lo contrario.

Ariel Espino: ‘El Casco Antiguo es previo a toda la legislación’

Para el director de la Oficina del Casco Antiguo, Ariel Espino, la situación de las tierras ubicadas entre la antigua muralla y el mar están en un laberinto. Y la salida no está al alcance de la mano. «El Casco Viejo es previo a toda la legislación que tiene que ver con estos temas», dijo. «Por eso –agregó– es una situación bastante anómala donde la interpretación de la ley se complica».

Espino no está convencido, por otro lado, de los resultados de un posible reclamo judicial por parte del Estado. «Es posible que se determine que solo un porcentaje de la finca está en el lecho marino y otro porcentaje no», pronosticó.

Linet Montenegro, titular de la Dirección de Patrimonio Histórico, tiene otras prioridades: cuidar que la herencia que existe no se deteriore. «Nuestra función es recibir un proyecto y ver si cumple con los requisitos». Montenegro insistió en que el MEF ya se pronunció sobre la cuestión en 2005. Sin embargo, esa dependencia nunca dictaminó sobre el fondo del asunto: ¿De quién son los millonarios terrenos?

Para el representante legal de Propiedades de la Bahía esa pregunta no admite doble respuesta. «El Procurador dice que el Estado tiene ciertos derechos sobre la finca, pero para reclamarla tiene que presentar una acción judicial», señaló el abogado José Preciado. «Eso es lo mismo que expropiar la propiedad», añadió. Ayer, Guillermo Cochez (junto con Víctor Martínez) se adelantó y presentó una demanda de bien oculto para ser beneficiario, junto con el Estado, de la recuperación de los bienes.

Relacionado: Un terreno atravesado por el lujo

Un terreno atravesado por el lujo

La finca nació en 1942.

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La finca sobre la que el Club Unión construyó su primera sede propia, en San Felipe, nació el 18 de noviembre de 1942 de la fusión de dos lotes que le vendió el Municipio de Panamá. Casi 30 años después, la sociedad Club Unión S.A. se desprendió de sus terrenos: fue el 9 de junio de 1971.

En aquella época los cuarteles dominaban la política de Panamá y el edificio no escapó de ello: su nuevo propietario pasó a ser la Sociedad de Beneficencia de la Guardia Nacional. Lo pagó en 112 mil dólares.

Luego de la invasión de Estados Unidos, el 15 de julio de 1992, la Asociación de Beneficencia de los Miembros de la Fuerza Pública (antes Sociedad de Beneficencia de la Guardia Nacional) traspasó por 340 mil dólares la propiedad a la sociedad Falúa Investments, que por el mismo precio la vendió a Yack Financial el 27 de agosto de 1999.

El nuevo siglo trajo consigo una fiebre inmobiliaria en el istmo. El negocio del ladrillo comenzó a despegar y la finca no fue la excepción. El 23 de mayo de 2003 la compró la sociedad Hoteles Decameron por un millón 800 mil dólares. El grupo hotelero comenzó los estudios para levantar un hotel de lujo. Pero, al tiempo, la idea se desinfló. Ahora la empresa Propiedades de la Bahía, de Paul Stallings, volvió a reactivar la idea. Solo para contar con la tierra pagó 7 millones y medio de dólares.

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Muy buen reportaje de La Prensa, Felicitaciones al periodista Santiago Fascetto.

Burica Press

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SAN FELIPE.

Ariel Espino se aleja de polémica por terrenos

El titular de la Oficina del Casco Antiguo aclaró que la Dirección de Patrimonio Histórico aprueba los planos.

LA PRENSA/Archivo

Viejo Club Unión923753

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

El titular de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), Ariel Espino, dijo ayer que la Dirección de Patrimonio Histórico –del Instituto Nacional de Cultura (INAC)– es la encargada de aprobar los proyectos del área de San Felipe. «Patrimonio Histórico pone el sello y la firma», se excusó. Espino se alejó así de la polémica por la aprobación de los planos del hotel de lujo que la firma Propiedades de la Bahía analiza construir en el terreno del ex Club Unión.

A pesar de que el procurador de la Administración, Oscar Ceville, le advirtió mediante una nota a Espino –el 24 de julio pasado– que la finca del viejo Club Unión debió pasar al Estado en 1961, la Dirección de Patrimonio Histórico –que maneja Linet Montenegro– ignoró la advertencia y aprobó el proyecto el 20 de agosto último.

Ceville reclamó las tierras para el Estado, basado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2005, que ratificó la letra de la Constitución de 1941.

«No estamos escondiendo información», dijo Espino, y luego aclaró: «La duda legal sobre la propiedad de la finca se decide en la justicia, y la presentación debe hacerla el Ministerio de Economía y Finanzas». Aparte del viejo Club Unión, unos 10 terrenos –entre la antigua muralla y el mar– estarían en igual situación.

«La Oficina del Casco Antiguo depende del Instituto Nacional de Cultura, pero no forma parte de su organigrama», se atajó el funcionario. «No somos autónomos pero casi», amplió. Espino detalló que hizo la consulta al Procurador por pedido del ex director del INAC, Domingo Varela. Y no en forma autónoma.

CONSENSO HISTÓRICO

Junto a la situación legal del inmueble, el flamante dueño del ex Club Unión –que pagó 7 millones y medio por la propiedad– enfrenta otro problema: la prohibición legal de aumentar la altura y el tamaño del edificio original.

Pero, según Espino, eso no es un escollo. «La propiedad es muy complicada: por 10 años el consenso en la Dirección de Patrimonio Histórico fue que los dueños debían restaurar el edificio original y añadir un ala nueva», comentó.

«La normativa no dice claramente qué hacer con ese lote, porque esa propiedad sería la excepción y no la regla», destacó en diálogo telefónico con este diario.

La Prensa, 9 de octubre de 2007

 

 

 

Ampliación del Canal afectará bosques y agua

IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

Ampliación del Canal afectará 1,866 hectáreas

La ACP informó que indemnizará a la Anam con aproximadamente2.5 millones de dólares.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

El proyecto de ampliación del Canal afectará mil 866 hectáreas de vegetación, según el estudio de impacto ambiental del tercer juego de esclusas.

Por estos efectos, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pagará una indemnización de 2.5 millones de dólares a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y reforestará mil hectáreas en diferentes puntos del país, informó el gerente de Manejo y Seguimiento Ambiental de la entidad, Daniel Muschett.

Entre la vegetación afectada hay 500 hectáreas de bosque secundario ubicadas en el área donde se construirán las dos esclusas y mil 366 hectáreas de pajonal.

Para el proyecto de ampliación del Canal de Panamá se realizaron cuatro estudios de impacto ambiental, de los cuales tres están aprobados, y el del tercer juego de esclusas que está pendiente de aprobación de la Anam.

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ambiente.la ACP pagará por afectación ecológica a la Anam.

Industria marítima
Ampliación afectará mil 866 hectáreas de vegetación

Los bosques secundarios están ubicados en el Pacífico y el Atlántico, donde se construirán las esclusas.

Además de pagar por la vegetación afectada la entidad reforestará mil hectáreas en todo el país.

AP/Arnulfo Franco

VEGETACIÓN. Los trabajos de ampliación del Canal de Panamá afectarán el área por donde pasa la ruta y los sectores donde se depositarán los materiales extraídos.923278

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La vegetación parece ser una de las principales afectaciones a la naturaleza que ocasionará el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

El estudio de impacto ambiental (EIA), categoría III, que está pendiente de ser aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) indica que se afectarán mil 866 hectáreas de vegetación.

De este total, 500 hectáreas corresponden a bosque secundario donde se construirán las esclusas y por las cuales la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debe pagar una indemnizar a la Anam y reforestar mil hectáreas.

«La indemnización ecológica está contemplada en el proyecto de ampliación», precisó Daniel Muschett, gerente de manejo y seguimiento ambiental de la División de Planificación de Recursos de la Ampliación.

Por deforestar una hectárea de bosque primario se debe pagar 5 mil dólares a la Anam, por bosque secundario 3 mil dólares la hectárea, mil dólares por rastrojo, 500 dólares por pajonal y 10 mil dólares por hectárea de manglar.

Según Muschett, la mayor parte de los árboles que se afectarán es bosque secundario que está en la ruta donde se levantarán las nuevas esclusas y las tinas de reciclaje de agua.

La indemnización por las 500 hectáreas de bosque totalizan unos dos millones de dólares y por el resto de la vegetación unos 500 mil dólares, añadió Muschett.

La reforestación de mil hectáreas -manteniendo las plantaciones por cinco años- puede realizarlas la ACP en áreas protegidas o cualquier sitio del país donde se necesite regenerar bosque.

La primera reforestación de 115 hectáreas se realizará en el parque Camino de Cruces por la deforestación que se causará con la excavación seca del cerro Paraíso.

Además de los efectos en la vegetación, la obra ocasionará el aumento de polvo, emisiones al aire de los camiones, ruido por las voladuras, la erosión por la lluvia y la afectación a la fauna, para lo cual se establece un plan de rescate de osos, monos, boas, conejos, entre otros.

Para algunos ambientalistas como el biólogo Ariel Rodríguez, el tema más crítico del proyecto de ampliación es la cantidad y calidad de agua para la población y las operaciones futuras del Canal, lo cual no aparece en el EIA.

Según Muschett, el tema sobre la calidad y cantidad de agua no se incluye en el estudio porque esto no fue considerado un efecto que ocasionará la obra. Sin embargo, recalcó que los trabajados de ampliación incluyen la profundización del lago Gatún, que significa almacenamiento de agua para las necesidades de la población y las operaciones de la vía, además de que las tinas de reciclaje ayudarán al ahorro de agua en las operaciones.

LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

. ESCLUSAS: Se realizaron cuatro EIA, uno de ellos categoría III, que tiene que aprobar la Anam.

. EXCAVAR: La Anam aprobó un EIA, categoría II, para el movimiento de tierra en cerro Paraíso.

.DRAGA: El ensanche y profundización tiene un EIA, categoría II, aprobado.

.MATERIAL: Para la habilitación de sitios de disposición se aprobó un EIA, categoría I.