Se siguen robando nuestras playas

Derecho de propiedad peligra en Santa Clara
Las propias autoridades han creado toda clase de enredos que tiene a los propietarios alarmados
Roberto E. Quelne rquelne@estrelladepanama.com
Las playas están cercadas, a pesar que la ley señala que es un bien de uso público. / Fotos cortesía

Por muchos años, el área costera del Pacífico panameño estuvo dormitando. Salvo, por sus pobladores originales, pocas familias de la capital tenían interés en poseer una segunda propiedad a la orilla de la playa. Pero esta realidad empezó a dar un giro de 180 grados y hoy es una de las áreas de mayor crecimiento inmobiliario. Hermosas casas y enormes edificios se erigen a cada instante: ¡es el atractivo turístico del momento!
Pero así como ha llegado el desarrollo, también ha empezado a florecer los problemas. Y es que el boom inmobiliario ha “sorprendido” a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que, sin tener una coordinación establecida, causan una clase de enredos que ponen en peligro el derecho de propiedad. Uno de estos casos ocurre en el distrito de Antón, provincia de Coclé. Allí está la playa Santa Clara, a unos 118 kilómetros de la ciudad capital, cuya hermosa playa de arena blanca es un imán para los residentes de clase alta de la capital. Terrenos que antes se vendían entre 10 y 14 dólares el metro cuadrado se han disparado hasta los 500 dólares el metro cuadrado. Y entre más cerca está de la playa, más costosa es el área.

Los problemas
La regla es clara: la playa es un bien público. Y, es así para el disfrute de todos. Pero como el rápido crecimiento inmobiliario asombra a las autoridades, las disputas surgen a cada rato. Porque mientras la regla general establece una cosa, las municipales fijan otras. ¡Qué decir de las entidades autónomas! También establecen reglas.
Esta semana, las disputas por terrenos de playa en Santa Clara volvieron a ser noticia, cuando la propietaria de una de las finca cercana a la playa, Shirly Maduro denunció a la familia Yohoros por rellenar la playa que es de uso público.
Pero no solo la familia Maduro se siente afectada, también lo están los Betesh, los Cohen, los Mastellari, los Icaza, los Ferrer, los Fidanque, entre otros.
Según estas familias, sus frentes de playa han sido invadidos y por tanto solicitan a las autoridades ponerle fin a este problema. Y es que la construcción que levanta la familia Yohoros les limita el acceso a la playa.

Orden y contraorden
Este conflicto causó la reacción de la comunidad y de las propias autoridades del lugar, ya que al menos tres familias más tienen títulos de propiedad de áreas que debe ser servidumbre pública, de acuerdo con lo que señala el alcalde de Antón, Roger Diver Ríos.
Lo peor de todo, es que el permiso para realizar los trabajos de construcción en esa propiedad estuvieron desde un principio viciados, ya que no contaban con la aprobación de la Junta Técnica de Planificación y el visto bueno de la Dirección de Catastro, dos requisitos exigidos por el Municipio de Antón.
Por eso, el alcalde Diver Ríos ordenó suspender los trabajos de construcción, pero la familia Yohoro interpuso un recurso de nulidad, que deberá resolverse la próxima semana en una audiencia.
¿Pero quién dio el visto bueno para los permisos de construcción? Los permisos fueron aprobados por el jefe del Departamento de Ingeniería Municipal Heriberto Mendoza. Mendoza, en declaraciones al diario El Siglo se defendió manifestando que el permiso no incluía autorización para el levantamiento del terreno, como se estaba haciendo y que el permiso no corresponde al globo C, donde se realizaban los trabajos. Es decir, que su autorización fue utilizada olímpicamente para construir en otro lugar. Pero el alcalde Ríos dice que la culpa no es solamente del ingeniero municipal, ya que gran parte de las irregularidades que ocurren en ese lugar, son responsabilidad de la Oficina de Catastro.
La Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM), también tiene conocimiento de la situación y hasta posee fotos de los rellenos que se están realizando en las áreas de playa.
Harley Mitchell, asesor legal de la ANAM confirmó que “recibieron una denuncia esta semana”, por parte de la empresa Sherley Nandia contra la empresa Border Fundation por realizar movimientos de tierra y arena para construir en un área de supuesta servidumbre pública. Mitchell indicó que la oficina regional de Coclé está investigando el caso.
¿Y qué dice Catastro? Mariano Quintero, su director, no atendió el pedido de La Estrella de Panamá para que explicara su posición en este caso. Este diario sí pudo conocer que la Dirección de Catastro ordenó suspender la construcción, pero curiosamente esa orden no ha llegado al Municipio de Antón.

En resumen
En Santa Clara no hay ley ni orden y el derecho de propiedad corre peligro.
La falta de unificación de reglas en esta materia ha permitido el nacimiento de nudos que solo una entidad como la Dirección de Catastro puede lograr desenredar. ¿Está en disposición?

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