¿Qué sucede en el territorio Naso Teribe?

¿QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL TERRITORIO NASO TERIBE?

Changuinola, Bur¡ca Press, 30 de noviembre de 2007. A continuación publicamos una entrevista al dirigente Naso, Félix Sánchez sobre la situación de los Nasos Teribes de Bocas del Toro acerca de la situación que enfrentan en relación a un proyecto hidroeléctrico en su territorio. A continuación una transcripción de sus palabras.

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Los Nasos Teribes es una de las naciones indígenas de Panamá que mantiene una rica biodiversidad. Para el año 1972 el pueblo Naso creó un reglamento interno para el uso y aprovechamiento de la flora y fauna y fue aprobada por una magna asamblea. Sin embargo, nuestro país creó hasta 1979 el Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) y que en 1998 se convierte en lo que hoy es Autoridad Nacional del Ambiente(ANAM). Como quiera que fuere estos nombres al gobierno nacional se le a olvidado que el pueblo Naso esta dentro del Bosque Protector Palo Seco y que además está en el Parque Internacional La Amistad (PILA) declarado en 1990 por la UNESCO como sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Hoy la institución que tiene que ser la rectora del medio ambiente solo a propiciado el camino al mayor desastre ambiental en nuestro país, al propiciar el negociado hidroeléctrico con los promotores de proyectos hidroeléctricos donde han perdido los objetivos que la ley le delega como Autoridad Nacional del Ambiente y la ha convertido en una Autoridad Negociadora del Ambiente y a expensas de nuestras tierras e historia de vida en esta hermosa zona del país.

Ante esta realidad queremos ratificar que nuestras instituciones tradicionales Nasos, nuestras organizaciones de base y ambientales y nuestro pueblo es el garante de la existencia de este rico patrimonio natural y cultural de este territorio.

Hoy les queremos mostrar claro con la mayor evidencia que el proyecto de esa mencionada hidroeléctrica Bonyic solo le asegura un futuro incierto y un gran atropello como lo que vemos en esta fotografía en la que estas acciones está siendo auspiciada por el Gobierno Nacional y la Empresas Públicas de Medellín que desean a la fuerza ingresar a nuestro territorio para explotar lo que no es de ellos y que sólo soberanía Naso el uso y usufructo de estas aguas prístinas que corren desde las montañas por nuestro hermoso territorio.

No hay forma de interpretar un desarrollo de esta naturaleza en el que vemos unos policías prohibiendo el uso de las cámaras para asegurarse de que esta verdad nunca lo conozca el mundo sobre cómo intentan a la fuerza hacer que las maquinarias y tractores de una empresa que no tiene autorización para ingresar a nuestros legítimos dominios intactos y que nunca lo tendrá de nuestro pueblo.

Sabemos que esta historia nunca se podrá borrar de nuestros corazones por que esto llevó a más de 300 Nasos a las calles de Changuinola y rodear totalmente las paredes del cuartel y gritar en coro la libertad de nuestros compañeros aprehendidos de manera ilegal por las autoridades locales que se están prestando con el brazo de la fuerza para amedrentar y encarcelar al pueblo Naso que lucha por sus tierras ancestrales, hoy amenazadas.

Para hacer el proyecto a la fuerza de han valido de escuadrones policiales que ha llegado en varias ocasiones hasta el punto donde se encontra la protesta que impide sólo el acceso de las maquinarias de la Empresas Públicas de Medellín hacia territorio Naso.

Esta situación es totalmente vergonzosa para un país que habla del respeto a los derechos de los pueblos indígenas de Panamá, pero en el caso del Teribe es todo lo contrario, ya que el pueblo sigue esperando su comarca y que por otro lado el gobierno y las Empresas Públicas de Medellín impulsan este proyecto hidroeléctrico que de ninguna forma el pueblo Naso aceptará.

A pesar de todas estas situaciones el pueblo mantiene la lucha, ya que hemos mantenido una línea en la que decidimos no retroceder un metro de nuestra tierra.

Con los dueños de finca hemos abierto una trocha en el que hoy hemos cumplido un mes y un día consolidando una gran barrera que día a día y de forma permanente se custodia por nuestra gente.

Además en los próximo días a la empresa se le entregara un documento de cada dueño de finca debidamente autentificado donde se le manifestara que no se le tolerara más personas en sus predios.

Consideramos que los mecanismos que aún continuamos realizando como pueblo Naso no van más allá que la defensa de nuestros derechos territoriales.

Ambientalistas denuncian a ANAM ante el BID

Panamá, 30 de noviembre de 2007

Doctor

Luis Alberto Moreno

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estimado Dr. Moreno:

Como organizaciones ciudadanas que estamos preocupadas por la creación de una institucionalidad ambiental que sea moderna, justa e incluyente, queremos expresarle nuestro rechazo a la reciente decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de otorgar un nuevo préstamo ambiental al Estado Panameño (PN-L1013). Si bien consideramos que es un apoyo importante para el país, el mismo no se debe dar antes de que se haya realizado un análisis comprensivo y verdaderamente participativo de los logros alcanzados por el Programa Ambiental Nacional (PAN) (PN0122).

Nosotros consideramos que la mayor parte del financiamiento del PAN ha sido utilizado de manera deficiente e irresponsable por las administraciones generales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pues las mismas han ignorado sistemáticamente los principios establecidos en la Ley 41 de 1998, así como las recomendaciones de las consultorías que han sustentado técnicamente la entrega de estos préstamos. En este sentido, queremos enfatizar los siguientes puntos:

La negativa hasta la fecha, de conformar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como lo establece los artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998. Esta instancia hubiera servido de espacio de diálogo y concertación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta violación abierta a la ley ha generado numerosos conflictos y daños ambientales irreparables durante los últimos nueve años.

La negativa de separar la función de regulación de los procesos productivos de la de administración de los recursos naturales, como lo sugirió el estudio de reingeniería de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esto ha llevado a que la ANAM sea juez y parte en numerosos conflictos ambientales, lo que ha erosionado por completo la credibilidad de la Institución y ha puesto a sus funcionarios en claras situaciones de conflictos de intereses. No es posible que la misma entidad que reciba ingresos por el otorgamiento de concesiones sobre los recursos naturales también sea la responsable de fiscalizar estos mismos proyectos de desarrollo.

La centralización de las evaluaciones de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, lo que contradice el espíritu de la Ley 41 y echa al suelo las inversiones realizadas por el PAN en la creación y fortalecimiento de las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS). Estos cambios fueron realizados de manera inconsulta y sin la debida participación de organizaciones de la sociedad civil.

La falta de transparencia y participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que ha llevado a la aprobación de numerosos estudios de impacto ambiental que son técnicamente deficientes, a pesar de las opiniones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y otras instancias gubernamentales. A esto se suma, la aprobación condicionada de proyectos que no tienen línea base; la subcategorización de proyectos; y el fraccionamiento de un mismo proyecto en numerosas fases y etapas. Finalmente, es común que se de la introducción de enmiendas, addendas y actualizaciones a estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en ejecución, lo que atenta contra la seguridad jurídica, invalida los procesos de consulta publica realizados previamente y entorpece de manera significativa los procesos de participación ciudadana y la aplicación de las normas respectivas, entre otros aspectos de fundamental importancia.

La no aplicación del principio precautorio en la fiscalización de los proyectos de desarrollo. Actualmente, el Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental, permite la aprobación condicionada de estudios de impacto ambiental, atentando precisamente con el Principio Precautorio y generando daños ambientales, injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos. Además, se aplica extemporáneamente multas y otras sanciones administrativas, luego de que los proyectos ya han causado daños irreversibles, lo que ha llevado al deterioro severo de nuestros ecosistemas naturales sin siquiera considerar los impactos acumulativos ni una Evaluación Ambiental Estratégica.

El desconocimiento sistemático de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha puesto a estos grupos vulnerables en una situación de completa indefensión, atentando contra su modo de vida, cultura y tradiciones, y ocasionando numerosos conflictos ambientales con las autoridades tradicionales escogidas según sus propios usos y costumbres.

La aprobación inconsulta de cambios en las regulaciones ambientales a fin de legitimar actuaciones irregulares y contrarias a los principios y normas básicas para la protección ambiental, los aspectos sociales y culturales que deben respetarse y sin la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, ignorando las opiniones expresadas por la ciudadanía en otros foros de consulta ciudadana.

La distorsión de la funciones de la institución, que ha pasado de ser reguladora a promotora de proyectos de desarrollo. Esto se evidencia especialmente en el inusual énfasis que se le está dando en la presente administración a la promoción de numerosos proyectos hidroeléctricos y a la ampliación del Canal de Panamá.

La intromisión de la política partidista en la administración de la ANAM tanto a nivel central como a nivel de las administraciones regionales, así como el contubernio escandaloso con empresas privadas, lo que ha llevado al descrédito absoluto de la Institución, la judicializacion de los conflictos ambientales y la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo antes expuesto, queremos solicitarle muy respetuosamente que se suspenda inmediatamente la tramitación del citado préstamo ambiental (PN-L1013) hasta que se haya realizado una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados por el PAN (PN0122), así como una discusión verdaderamente significativa con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales sobre la situación actual y el futuro de la institucionalidad ambiental en Panamá.

Rechazamos por completo la afirmación de que los problemas ambientales en Panamá se reducen a la falta de recursos técnicos y financieros para la ANAM, y le recordamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que como ciudadanos panameños seremos los responsables de pagar los préstamos que se le confieran al Estado, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de asegurarnos de que estas inversiones sean utilizadas de la manera más apropiada.

Consideramos que la introducción de nuevas tecnologías y la realización de estudios técnicos no contribuirán a mejorar la gestión ambiental en Panamá, y serían simples paliativos, hasta que se resuelvan cuestiones fundamentales sobre el marco jurídico y la implementación de la políticas públicas ambientales en nuestro país.

Para cualquier comunicación posterior, puede llamar a Ariel Rodríguez u Osvaldo Jordán al teléfono de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (507) 223-9170, o escribirnos a nuestras respectivas direcciones electrónicas.

Agradeciéndole de antemano su atención a esta solicitud, quedan de Usted,

Atentamente,

 

Ariel Rodríguez

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

 

Raisa Banfield

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (entidad en formación)

 

Donaldo Sousa

Asociación Ecologista Panameña (ASEP)

 

Susana Serracín

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

 

Larissa Duarte

Fundación para la Defensa del Ecosistema (FUDECO/

 

Ezequiel Miranda

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

 

Félix Sánchez

Fundación Alianza Naso Tjer Di

c. c. Fernando Eleta Casanovas, Director Alterno Panama-Venezuela (BID)

Ari Herschowitz, Natural Resources Defense Council (NRDC)

Aaron Goldzimer, Environmental Defense

Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD)

Vince McElhinny, Bank Information Center (BIC)

Nadia Martinez, Institute for Policy Studies (IPS)

Irregularidades y corrupción en proceso de proyecto hidroeléctrico en el Río Cobre

Denuncian irregularidades y corrupción en proceso de proyecto hidroeléctrico en el Río Cobre

Las Palmas, 29 de noviembre de 2007 (Burica Press). El Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO) ha denunciado que el foro público del proyecto hidroeléctrico Los Estrechos S.A. realizado en Las Palmas de Veraguas fue un proceso deficiente, debido que no se dio la participación ciudadana que contempla el decreto ejecutivo 209 que reglamenta todo lo concerniente a los estudios de impacto ambiental en la República de Panamá.

Al lugar de los hechos, se presentaron más de 1,000 personas de comunidades de los distritos de la Mesa, Las Palmas, Cañazas y hasta Soná que son usuarios del Río Cobre.

La denuncia pública de MOCAMDERCO incluye a la empresa Estrechos S.A., a la consultora Corporación de Desarrollo Ambiental (CODESA), la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de los Servicios Públicos “por unir esfuerzos para actuar de mala fé en contra del humilde pueblo campesino que durante más de 5 años se ha organizado pacíficamente para hacerles entender que queremos a nuestro río cobre libre y no represado, solidario y no privatizado” indican los denunciantes.

Indican además que es la segunda ocasión en que la empresa Estrechos S.A. intenta con apoyo de ANAM hacer el Foro Público violando los procesos legales establecidos. La primera vez intentaron hacer el foro el 20 de octubre en la ciudad de Santiago con una convocatoria de solo 15 días para la comunidad. Y la segunda ocasión lo convocaron para el 17 de noviembre fecha en la cual el proyecto ya había perdido la cuarta prorroga extendida por la Autoridad de los Servicios Públicos la cual les permitía hacer todas las gestiones para conseguir la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la concesión de aguas antes del 6 de noviembre de 2007.

La Autoridad de los Servicios Públicos fue visitada el pasado 14 de noviembre por miembros de la organización MOCAMDERCO para exigir se les entregara copia autenticada del expediente del mencionado proyecto, la cual les fue entregada de forma incompleta y donde verbalmente el departamento de asuntos jurídicos de dicha entidad les notificó que no existía hasta el viernes 16 de noviembre una extensión de prorroga adicional. Sin embargo se negaron a entregarles una nota por escrito de esta información.

Es por eso que el día del Foro Público MOCAMDERCO presentó nota manuscrita dirigida a la Administradora General de ANAM, Ligia Castro de Dones, exigiendo la anulación del mismo ya que cualquier acto administrativo conducente a adelantar el proyecto era nulo y en abierta violación a las leyes porque el proceso había vencido el 6 de noviembre de 2007. Sin embargo, la Autoridad de los Servicios Públicos se atreve a firmar y publicar una semana después del Foro Público una quinta prórroga con fecha del 15 de noviembre de 2007, solo con el objetivo invalidar nuestros argumentos que exigían la nulidad del foro del proyecto de hidroeléctrica de la empresa Estrechos S.A. El nuevo plazo para esta empresa es hasta el 6 de noviembre de 2008.

Los denunciantes indicaron además que en menos de 3 meses, increíblemente, esta entidad emite las Resoluciones AN No. 1161-Elec de 24 de septiembre de 2007 y la AN No.1287-Elec de 15 de Noviembre de 2007 para aprobar prórrogas sucesivas.

Ante esta situación planteada los campesinos que defienden el Río Cobre indican que iniciarán un proceso legal en contra la Resolución N°: AN No.1287-Elec del Panamá 15 de Noviembre de 2007.

Ambientalistas desfilaron por los ríos en Boquete

Ambientalistas desfilaron por los ríos en Boquete

Boquete, Provincia de Chiriquí, 28 Nov. 2007 (BURICA PRESS).

Grupos ambientalistas y cívicos desfilaron este 28 de noviembre de 2007 en solidaridad con los pueblos campesinos e indígenas afectados por proyectos de hidroeléctricas y de minería a cielo abierto. Este acto cívico tuvo la aprobación ciudadana que aplaudió a los marchantes.

Entre los personajes que desfilaron por la causa ambiental figuraron Julio Yao, Celma Moncada del movimiento de defensa de los delfines y Larissa Duarte del movimiento pro defensa del Río Cobre. También desfilaron representantes de la comunidad de Petaquilla y la comunidad católica de Caisán que defienden al Río Chiriquí Viejo de represas.

Otra decena de ambientalistas de Chiriquí se dieron cita este día patrio para corear consignas a favor de la vida, las aguas y los bosques. Los lemas más destacados en este encuentro cívico fueron: ¨los ríos no se venden… los ríos se defienden¨, ¨las represas y las minas… destruyen nuestras vidas¨.  También se escucharon consignas en favor de los ecosistemas de Coclé del Norte y Donoso en Colón que están afectados por proyectos mineros. 

La organizadora de este evento, la ambientalista Carmencita Tedman de Asociación Pro Defensa de las Cuencas Hidrográficas no ocultó su regocijo por el éxito de esta actividad cívica ambiental, realizado el Día de la Independencia de Panamá de España, que es uno de los actos de mayor afluencia de público a Boquete.

Ezequiel Miranda, de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, indicó que se sentía muy regocijado que Chiriquí siga siendo cuna de grandes hombres y mujeres ambientalistas que defienden sin tapujos la naturaleza que Dios nos ha dado.

El foco de la protesta ambiental radica en que existen decenas de proyectos hidroeléctricos que pretenden tomarse cada fuente de agua corriente que tenga cierto grado de pendiente en la provincia de Chiriquí. Así se encuentran amenazados los ríos: Chiriquí Viejo, Río Chico, Río Gariché, Río Cochea y otra decena más de ríos, contabilizándose poco más de 30 proyectos hidroeléctricos, los cuales los ambientalistas consideran absurdos e indican que no se justifica ninguno de estos proyectos al haber sobreoferta de producción de energía y todo indica que los proyectos tienen sólo fines de producción energética para conectarse al Sistema Centroamericano de Interconexión Eléctrica para exportar energía, pero con los consabidos efectos ambientales que representan estos proyectos en los ecosistemas, en las aguas y los pueblos campesinos e indígenas de la región.

ANAM sigue promoviendo generadores eléctricas convencionales

ENERGÍA. el dinero lo administrará la Anam.

Generadoras aportan para fondo de ayuda

Las empresas aportarán 5 mil dólares por cada megavatio de generación de energía instalado.

No se prevén apagones, y el consumo hasta 500 megavatios será subsidiado con 60 millones de dólares.

LA PRENSA/Maydée Romero

RESERVA. La capacidad instalada es suficiente para la demanda de los próximos meses.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

El Gobierno creará un fondo con el aporte de 5 mil dólares por cada megavatio de energía que instalen las nuevas empresas de generación, anunció el subadministrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Eduardo Reyes.

Dependiendo de la capacidad instalada, la empresa hará el aporte al fondo que se utilizará para obras de infraestructura como puentes, acueductos, centros de salud o cualquier otra necesidad.

Se trata de que las empresas paguen por los servicios ambientales, con la intención de que las comunidades sientan que estos proyectos le traen desarrollo, precisó Reyes. El fondo sería administrado por la Anam en conjunto con las comunidades.

Simultáneamente, se creará otro fondo con el aporte del 30% del valor en los bonos de carbono por reducción en emisiones de cada empresa de generación limpia.

Por ejemplo, un proyecto de 10 megavatios podría generar un certificado de reducción de emisiones por 40 mil toneladas, que a un valor de 10 dólares por tonelada de emisión sería 120 mil dólares anuales.

Subsidio tarifario

Durante el anuncio, el presidente de la Secretaría de Energía y ministro para Asuntos del Canal, Dani Kuzniecky, reiteró que el 92% de los clientes de las distribuidoras, que consumen menos de 500 kilovatios al mes, será subsidiado con 60 millones de dólares.